Patrimonio en disputa: el decreto por el sable de San Martín desata renuncias y acciones judiciales
La decisión del Gobierno nacional de trasladar el sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo desató una crisis política, institucional y cultural que ya tuvo consecuencias concretas: la renuncia indeclinable de la directora del museo, María Inés Rodríguez Aguilar, y la presentación de acciones judiciales para frenar la medida. El conflicto quedó formalizado con la publicación del Decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, general Carlos Presti, y volvió a poner en el centro del debate el alcance de las decisiones del Poder Ejecutivo sobre el patrimonio histórico nacional.
El Decreto 81/2026 y la salida de la directora del Museo Histórico Nacional
La renuncia de María Inés Rodríguez Aguilar se produjo este martes, pocas horas después de que el Poder Ejecutivo confirmara oficialmente el traslado del sable corvo. La funcionaria había asumido en agosto de 2025 al frente del Museo Histórico Nacional, ubicado en Parque Lezama, tras desempeñarse como directora nacional de Museos, y había reemplazado a Gabriel Di Megio, quien dejó el cargo en medio de reclamos por la falta de presupuesto.
En declaraciones al diario Clarín, Rodríguez Aguilar calificó la decisión oficial como producto de “una interpretación muy original” del proceso de donación de la pieza histórica y sostuvo que el conflicto tiene antecedentes en la historia argentina. “Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó.
El Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial, establece que el sable corvo —uno de los símbolos más representativos de la independencia y la soberanía nacional— dejará de exhibirse en el museo para quedar bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. La norma subraya que la pieza “integra el patrimonio histórico de la Nación Argentina”, recuerda que fue donada al Estado en 1897 y detalla que sufrió dos robos, ocurridos en 1963 y 1965, mientras se encontraba en el museo.
La entrega formal del sable está prevista para este sábado, en una ceremonia en el Campo de Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, un dato que refuerza la carga simbólica y política del traslado.
Reacciones políticas, protestas y tensión institucional
La decisión oficial no solo derivó en la renuncia de la máxima autoridad del museo, sino que también generó reacciones en redes sociales y episodios de tensión dentro de la institución. Según denunciaron trabajadores del Museo Histórico Nacional, en los últimos días se registró la irrupción de jóvenes que se identificaron como libertarios, quienes reclamaron de manera airada el regreso del sable al regimiento y expresaron consignas vinculadas a gestiones anteriores.
Este clima de confrontación expuso un conflicto más amplio sobre el rol del Estado en la administración del patrimonio cultural, el equilibrio entre esfera civil y militar y el uso político de los símbolos históricos. En términos institucionales, la salida de Rodríguez Aguilar reabre además el debate sobre la gestión de los museos nacionales, en un contexto ya marcado por restricciones presupuestarias y reestructuraciones administrativas.
Acciones judiciales: amparos y medidas cautelares contra el traslado
La controversia escaló al plano judicial con la presentación de acciones de amparo contra el Decreto 81/2026. El dirigente de Convergencia Justicialista y candidato a la presidencia del PJ Misiones por la lista Amplitud, Gonzalo Costa de Arguibel, anunció que interpuso un amparo judicial con medida cautelar para impedir el traslado del sable.
Arguibel difundió la iniciativa a través de un video publicado en sus cuentas de Instagram y Facebook, donde destacó su condición de “descendiente de Juan Manuel de Rosas”, a quien San Martín legó el sable con el que combatió en la guerra por la independencia. En ese mensaje, afirmó: “Este sable, donado por la familia Rosas al Estado argentino, debe permanecer en la esfera civil, como símbolo patrio y patrimonio cultural del pueblo”.
Bajo el lema “Defender la historia es defender la Patria”, el dirigente sostuvo que “defenderlo es respetar la voluntad histórica de Juan Manuel de Rosas y su familia, y proteger nuestra identidad nacional frente a decisiones arbitrarias”, y cerró su intervención con consignas políticas: “¡Viva San Martín! ¡Viva Rosas! ¡Viva Perón!”.
En paralelo, no es el único descendiente de Rosas que accionó contra el decreto presidencial. Este martes, la prensa porteña informó sobre la presentación de una medida cautelar de no innovar impulsada por otros herederos del Restaurador, que quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez.
Un debate abierto sobre patrimonio, poder y símbolos
El conflicto por el sable corvo de San Martín trasciende el traslado físico de una reliquia histórica. La renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional, la publicación del Decreto 81/2026 y la judicialización del caso exponen una disputa de fondo sobre quién define el destino del patrimonio histórico, bajo qué criterios institucionales y con qué límites normativos.
Mientras el Gobierno avanza con la ceremonia de entrega en San Lorenzo, el escenario queda marcado por la incertidumbre judicial, la tensión política y un debate que vuelve a poner en discusión la relación entre historia, identidad nacional y decisiones del Poder Ejecutivo.
