“La yerba no es un mercado más”: Misiones cuestiona la política nacional y reclama mayor presencia del Estado
La escena está cruzada por la preocupación. En el primer piso de la Casa de Misiones, sobre la porteña avenida Santa Fe, Facundo López Sartori recibe a elDiarioAR con una carpeta de números y un diagnóstico que atraviesa toda la charla: la economía yerbatera atraviesa una crisis profunda. El ministro del Agro mide las palabras, pero no suaviza el diagnóstico. “Desregular desde Buenos Aires es como manejar el tractor desde un escritorio”, grafica apenas empieza, como síntesis de su mirad sobre las políticas nacionales.
Ese punto lo conduce naturalmente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que, desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, perdió su rol central en el funcionamiento del mercado. No es la primera vez que Facundo López Sartori se refiere al tema: en conversaciones anteriores con este medio ya había advertido que quitarle su función ordenadora implicaría dejar al sector sin un precio de referencia. Hoy, sostiene, ese escenario se materializó. El INYM continúa existiendo, pero sin su principal herramienta. “El gran pedido es que le devuelvan sus facultades al instituto”, resume.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fue creado en 2002 por iniciativa de los propios productores y durante más de dos décadas actuó como regulador y árbitro del mercado. En Misiones existen alrededor de 12.500 productores que venden hoja verde a un número reducido de molinos. Esa estructura, explica el ministro, configura una economía imperfecta, donde la asimetría entre compradores y productores se profundiza en ausencia de regulación. “No es un mercado equilibrado. Hay pocos compradores y miles de productores. Cuando el Estado se retira, la desigualdad en la negociación se agranda”, afirma. Desde esa lógica, plantea que el problema no es ideológico sino estructural: “El libre mercado también dice que cuando hay este tipo de patología se debe intervenir”.
—¿Cómo analiza el impacto de la desregulación de la yerba mate impulsada por el Gobierno nacional?
—La desregulación se usa como ejemplo a nivel nacional, pero creemos que hay un desconocimiento profundo de la realidad yerbatera. Se trata a la yerba como si fuera un mercado más, cuando no lo es. Es una economía regional sensible, con una estructura imperfecta. Lo que sí hubo fue coherencia: nunca dijeron que iban a mantener un organismo de regulación, y sabíamos que la yerba iba a terminar en esta situación.
—El INYM volvió a tener presidente tras dos años de acefalía. ¿Eso cambia algo?
—Es positivo tener una cabeza, alguien con quien dialogar. Pero el organismo perdió la facultad de fijar precios, así que hoy no puede cumplir la función que tenía antes. Sin esa herramienta, su capacidad es limitada.
El límite institucional volvió a quedar expuesto cuando el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, se reunió con el flamante titular del organismo, Rodrigo Correa, para trasladarle la preocupación por la situación de los pequeños productores. También participó el referente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez. Desde el oficialismo nacional, sin embargo, ratificaron que no habrá marcha atrás en la política de desregulación ni en el redimensionamiento del Instituto.
En diciembre, más de veinte trabajadores con larga trayectoria fueron desvinculados en el marco de una reconfiguración interna que acompañó la pérdida de funciones. La decisión se produjo poco después de que el Directorio avanzara con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa que financia al Instituto— y sin explicaciones públicas. Para López Sartori, ese movimiento se inscribe en el proceso iniciado con el DNU 70/2023 y profundizado luego por el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025, que adecuaron el funcionamiento del organismo al nuevo marco normativo nacional. Con esos cambios, el INYM dejó de intervenir en la fijación de precios, el ordenamiento del stock y la regulación productiva, y pasó a concentrarse en tareas técnicas de control, trazabilidad y certificación.
—Si tuviera que resumir lo ocurrido desde el DNU 70/23 hasta hoy, ¿qué diría?
—Fue una caída. La yerba tiene un precio ideal dolarizado en torno a 0,60. En diciembre de 2023 cerramos en 0,53, que era un muy buen valor. Era una de las pocas economías regionales en verde según Coninagro. Hoy abrimos zafra entre 0,15 y 0,18 dólares el kilo de hoja verde. Es una caída abrupta.
El corrimiento del Estado, plantea el ministro, no sólo alteró la dinámica económica del sector, sino también su equilibrio político y social. Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado como instancia de mediación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y modificó su estructura interna: áreas que seguían el comportamiento del mercado quedaron desactivadas, mientras el ajuste de personal aparece como consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.
El trasfondo institucional se superpone con un escenario productivo crítico. La cartera de Agro y Producción de Misiones atraviesa, según describe, uno de los momentos más complejos de los últimos años. La caída del consumo, la pérdida de competitividad y la desregulación del precio de la hoja verde —que el sector considera el detonante de la crisis— alteraron toda la cadena productiva. “La yerba tiene una bajada en precio real de prácticamente un 60%. Y no es solamente la caída: los costos subieron. Hoy no es rentable”, sintetiza.
—¿Qué impacto tiene esto en la economía misionera?
—La yerba es nuestra principal economía regional. Estamos hablando de cerca de mil millones de kilos producidos. A precios razonables, eso mueve unos 700 mil millones de pesos. Hoy se mueven alrededor de 200 mil millones. Son 500 mil millones menos en la economía provincial. Esa plata no circula en el comercio, en el kiosco, en la farmacia. Nos golpea muchísimo.
La crítica se extiende a la ausencia de una estrategia nacional para las economías regionales. López Sartori señala que transmitió la preocupación del Gobierno misionero al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, aunque reconoce que la línea política del sector se define en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la órbita de Federico Sturzenegger.
Frente a ese escenario, la Provincia intenta amortiguar el impacto mediante acuerdos con cooperativas e industrias para sostener precios mínimos, aunque admite que el margen es acotado. La crisis, incluso, comenzó a trascender las fronteras misioneras. Durante la última Fiesta Nacional del Mate, en Entre Ríos, el malestar de los productores se hizo visible a nivel nacional. “Que llegue la crisis de los productores misioneros a un lugar donde no hay productores está bueno”, desliza.
El diagnóstico económico desemboca en una lectura política. El ministro reconoce que el Gobierno nacional conserva respaldo en parte del electorado yerbatero, pero advierte que la disconformidad crece. “Durante 20 años el INYM tuvo legitimidad, nació de los productores. Con el tiempo perdió credibilidad, pero hoy muchos reclaman que vuelva a regular. Cuando empezó 2024, parte del sector apoyaba al Gobierno nacional. Hoy el clima cambió, aunque el Gobierno sigue teniendo predicamento en varios sectores”, apunta.
—¿Por qué el oficialismo misionero acompaña iniciativas de La Libertad Avanza si existen desacuerdos estructurales?
—Porque Milei ganó cuatro elecciones en la provincia. Hay una responsabilidad institucional. Si la mayoría vota un rumbo, el representante debe tomarlo en cuenta. Eso no impide señalar los problemas: hoy todas las economías regionales del país están mal, desde el algodón hasta el tomate, pasando por la cebolla, el limón y el vino, y no vemos una estrategia clara del Estado nacional para resolverlo.
En línea con la tradición pragmática del Frente Renovador de la Concordia, el ministro describe una relación con la Nación basada en la gobernabilidad, pero sin resignar la defensa de los intereses productivos locales. La crisis yerbatera, sin embargo, introduce un factor de tensión creciente: mientras el oficialismo provincial intenta contener el impacto económico y político, el malestar en la base productiva se intensifica.
—¿Qué espera del vínculo con Nación hacia adelante?
—Que el Gobierno nacional se interiorice más en las realidades provinciales. Hay diálogo político, pero mientras el esquema económico sea el actual, no vemos soluciones claras para las economías regionales.
—¿Qué le pediría al Presidente?
—Que visite Misiones y conozca la realidad yerbatera, tabacalera y forestal. Corrientes la visitó varias veces; Misiones todavía no. Lo invitamos a ver de cerca cómo funciona nuestra provincia.
