Día: 12 marzo, 2026

Quién es José Antonio Kast, el ultraderechista que asumió la presidencia de Chile para darle al país su mayor giro conservador desde Pinochet

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Que José Antonio Kast presida Chile era algo impredecible incluso para sus amigos más cercanos hace algunos años.

“No era fácil imaginarse que iba a ser candidato”, dice Rodrigo Pérez Stiepovic a BBC Mundo al recordar cuando Kast y él iniciaron juntos la carrera de Derecho en 1984 y se volvieron íntimos hasta hoy.

El propio Kast ha relatado que, la primera vez que pensó en ser presidente, le preguntó a otro amigo si podría lograrlo y obtuvo una respuesta poco alentadora: “No, te volviste loco”.

Sin embargo, Kast asumió el cargo este miércoles luego de ganar el balotaje de diciembre como candidato opositor, para convertirse en el presidente más derechista de Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Kast llegó a la cima del poder de su país tras dos intentos fallidos.

En las elecciones de 2021 perdió por 12 puntos porcentuales el balotaje ante el presidente saliente de izquierda, Gabriel Boric, y en las de 2017 consiguió apenas el 8% de los votos.

El gobierno de Kast tendrá entre sus prioridades la seguridad y el control de la inmigración, temas centrales de las elecciones en las que derrotó holgadamente con el 58,2% de los votos a la candidata comunista Jeannette Jara.

La trayectoria política y el mandato que inicia este abogado católico, comparado con líderes de otros países como Donald Trump, Javier Milei o Nayib Bukele, marcan una nueva etapa en la derecha chilena.

La referencia de Pinochet

Nacido hace 60 años en Paine, una comuna ubicada en la región metropolitana de Santiago, Kast es el menor de diez hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile después de la Segunda Guerra Mundial.

El pasado de su padre, Michael Kast, durante ese conflicto bélico ha sido motivo de controversia.

Kast ha dicho que su padre se alistó por obligación en el ejército alemán para evitar un posible juicio militar y fusilamiento.

“La historia familiar nuestra es lo más distante que alguien se puede imaginar del nazismo”, afirmó en la campaña de 2021.

No obstante, investigaciones periodísticas posteriores indicaron que Michael Kast fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler a los 18 años, según un documento de 1942 del Archivo Federal en Alemania.

Si bien podría haber dudas sobre si se trata de la misma persona, el lugar y fecha de nacimiento coinciden con los del padre del candidato chileno.

Casado con la abogada María Pía Adriasola, con nueve hijos y próximo al movimiento católico conservador Schoenstatt, Kast también ha rechazado la etiqueta de “ultraderecha” que suelen ponerle.

Sin embargo, ha defendido el régimen militar de Pinochet y llegó a decir que si éste estuviera vivo habría votado por él.

Una taza con la imagen de Augusto Pinochet se apoya sonbre otra con el rostro de José Antonio Kast en un comercio de Santiago de Chile.
A lo largo de su carrera política, Kast ha mostrado estima por el régimen militar de Augusto Pinochet.

Su hermano mayor, Miguel Kast, fue ministro y presidente del Banco Central del gobierno militar, en el cual hubo graves violaciones de derechos humanos como torturas, asesinatos o desapariciones de miles de personas.

Kast ha negado avalar ese tipo de abusos, aunque también causó polémicas desde su primera candidatura presidencial al decir, por ejemplo, que “en el gobierno militar se hicieron muchas cosas por los derechos humanos de otras personas”.

También sostuvo que, a diferencia de lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua, con Pinochet en Chile hubo una “transición a la democracia”.

“Lo que (Kast) valora es ciertos avances y cierto desarrollo que se produjo en el gobierno de Pinochet”, explica Pérez, quien ahora será el principal asesor jurídico del flamante presidente. “No hay extremismo para nada: no hay ni fascismo, ni es antidemocrático en mi opinión”.

Pero, sobre todo para las víctimas del régimen de Pinochet, el triunfo de Kast revive fantasmas del pasado que parecían caducos.

Una derecha “nueva”

La carrera política de Kast empezó cuando estudiaba en la Universidad Católica, donde participó del Movimiento Gremial fundado por Jaime Guzmán, un colaborador de Pinochet y redactor de la Constitución vigente desde 1980.

Después fue concejal y diputado por la derechista Unión Democrática Independiente (UDI), también fundada por Guzmán, quien fue asesinado siendo senador en 1991.

Kast se alejó de la UDI argumentando que debía dejar lo “políticamente correcto” y fundó el Partido Republicano chileno por el que fue candidato en las últimas dos elecciones.

Aunque perdió con Boric en 2021, tras el estallido social en el país, y sufrió otra derrota electoral con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional que impulsó en 2023, su movimiento político mostró vigor en las últimas elecciones.

“Kast ha tratado de representar una derecha ‘nueva’, lo que yo llamo la derecha nacionalista populista”, dice Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile, en diálogo con BBC Mundo.

Y añade que el presidente electo “ha tratado durante estos años de acercarse a otros modelos que hemos visto en distintas partes del mundo” como el presidente estadounidense Trump, el argentino Milei, el salvadoreño Bukele y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Kast felicitó a Trump vía redes sociales por su elección de 2024, que definió como “un nuevo triunfo de la libertad y el sentido común”.

En la campaña del año pasado dijo que, si el mandatario de EE.UU. le planteaba que pensaba invadir Venezuela, le respondería: “Proceda”.

El pasado sábado, Kast y Trump se encontraron por primera vez en persona, en el marco de la cumbre de Escudo de las Américas en Florida, ocasión que el mandatario chileno aprovechó para celebrar la operación militar que terminó con la captura de Maduro.

Kast propone encabezar un “gobierno de emergencia”, con medidas centradas en temas de migración y seguridad pública, un tema que, según algunas encuestas, encabeza las preocupaciones de los chilenos pese a que los índices de violencia del país son menores que otros en la región.

Una de sus promesas es instalar rejas o zanjas en las fronteras de Chile con Bolivia y Perú para impedir el paso de inmigrantes irregulares, como el presidente de EE.UU. hizo en el límite con México.

Y ha dicho que quiere generar más autodeportaciones de extranjeros indocumentados que Trump.

Kast también reivindica el modelo de “mano dura” de Bukele, cuya megacárcel en El Salvador visitó el año pasado para conocer cómo funciona, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos allí.

“Necesitamos más Bukele y menos Boric”, sostuvo en esta campaña.

Kast y Milei se abrazan durante la ceremonia de cambio de mando en Chile
Kast abrazó al presidente argentino Javier Milei durante la ceremonia en que asumió como jefe de Estado de Chile.

En el plano económico, las propuestas de Kast tienen similitudes con las de Milei: propuso un drástico ajuste fiscal de US$6.000 millones en 18 meses bajo el eslogan de “recortar el gasto político”, pese a las dudas sobre su viabilidad.

Uno de sus principales asesores publicó en la campaña un artículo con expresiones propias del presidente argentino, como “casta política” y “parásitos del Estado”, lo que generó molestias hasta en la centroderecha que gobernó Chile en el pasado.

Pero Kast lo respaldó y dijo que, si él hubiese escrito esa columna, “podría haber sido más dura”.

Y en septiembre, cuando el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado ideológico, fue condenado por intento de golpe de Estado, Kast sostuvo que hay jueces en ese país que actúan con ideología política.

Luego de recibir la banda presidencial este miércoles, Kast saludó con un afectuoso abrazo a Milei.

A la ceremonia también fue como invitado el senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista y posible rival en las elecciones de este año en su país del mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien a última hora canceló su viaje a Sanitago alegando problemas de agenda.

Otros jefes de Estado de la región, así como el rey Felipe VI de España, participaron del acto.

“¿Cómo que no se puede?”

Funk evita cuestionar el compromiso de Kast con la democracia, “pero más que nada porque se da cuenta que no hay agua en esa piscina”.

“Él sigue defendiendo la dictadura y todo eso, pero creo que entiende que hoy en día en Chile sugerir de alguna forma que estaría dispuesto a transar con eso sería el fin de su campaña”, señala el politólogo.

Kast tampoco ha sembrado dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral de su país, como sí hicieron Trump o Bolsonaro, y al ser derrotado en el balotaje de 2021 llamó a Boric para felicitarlo “por su gran triunfo”.

Sin embargo, la transición al gobierno de Kast tuvo tensiones insólitas para la democracia chilena por diferencias planteadas por el nuevo presidente sobre cómo manejó el gobierno de Boric un proyecto chino para instalar un cable de fibra óptica entre Asia y Chile, al que EE.UU. se opone.

Pérez, el amigo de décadas de Kast, sostiene que éste “es más racional y moderado en la forma de expresarse en contra de sus adversarios” que Trump o Milei.

A diferencia de estos, que llegaron al poder como outsiders, Kast lleva décadas en la política.

En la última campaña, intentó dejar en un segundo plano temas de la “guerra” cultural que planteó en las elecciones pasadas, como su oposición al aborto o a que exista el ministerio de la Mujer.

Los analistas creen que el candidato buscó así atraer el voto femenino que le fue esquivo antes.

Sin embargo, esto le valió críticas conservadoras.

Cuando en un debate entre candidatos de la primera vuelta un periodista le preguntó si mantiene su férrea oposición incluso a que se venda libremente en farmacias la píldora anticonceptiva “del día después” de una relación sexual, Kast respondió de forma indirecta.

“Tengo las mismas convicciones de defensa a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, dijo en dos ocasiones.

Su esposa relató en 2017 que, tras tener su segundo hijo, buscó controlar la natalidad y un médico le recetó pastillas anticonceptivas. Pero su marido se opuso al enterarse: “¿Estás loca? No se puede”, le dijo Kast, por ser algo ajeno a los valores de la Iglesia católica.

“¿Cómo que no se puede? Si todas mis amigas lo hacen”, contó Adriasola que le respondió a su marido.

Entonces fueron a preguntarle a un cura, que los derivó a otro médico que hablaba del “método natural”, en referencia a la abstinencia sexual durante el ciclo fértil.

En las elecciones en Chile y de otros países latinoamericanos suele haber un movimiento pendular entre izquierda y derecha, que en este caso favoreció a Kast.

El nuevo presidente nombró un gabinete sin gran experiencia de gobierno que incluye a dos exabogados de Pinochet como ministros de Defensa y Justicia, y al economista ultraliberal Jorge Quiroz en Hacienda.

El otrora candidato improbable para sus amigos inicia la presidencia que tanto buscaba con el desafío de lograr el respaldo del variopinto campo conservador chileno para impulsar su agenda en un Parlamento dividido.

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Milei habilita por DNU la participación militar en un ejercicio internacional ante la demora del Congreso

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El Gobierno nacional decidió avanzar por Decreto de Necesidad y Urgencia en un terreno que formalmente requiere aval parlamentario. A través del DNU 149/2026, firmado el 11 de marzo, el presidente Javier Milei autorizó la salida del país de medios y personal de las Fuerzas Armadas para participar en el ejercicio internacional “Cooperación XI”, que se realizará en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, entre el 16 y el 27 de marzo.

La decisión se produce luego de que el Proyecto de Ley para autorizar el ingreso y egreso de tropas en ejercicios combinados —que abarca el período del 1° de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026no fuera tratado aún por la Cámara de Diputados. Ante esa demora, el Poder Ejecutivo optó por activar el mecanismo excepcional del artículo 99 inciso 3 de la Constitución, lo que habilita la medida inmediata pero abre una nueva instancia de revisión política: el decreto deberá pasar ahora por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

La jugada expone una tensión institucional conocida pero sensible: el Gobierno busca sostener la agenda de cooperación militar internacional sin esperar el ritmo legislativo. La pregunta que queda flotando es si el uso del DNU se mantendrá como un recurso excepcional o si anticipa un patrón más frecuente para resolver demoras parlamentarias en temas estratégicos.

Un ejercicio multinacional con foco en ayuda humanitaria

El operativo “Cooperación XI” forma parte del sistema de ejercicios del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) y se desarrolla bajo coordinación de la Fuerza Aérea Brasileña.

El ejercicio se orienta a operaciones de asistencia humanitaria, respuesta ante catástrofes y emergencias, ámbitos donde las fuerzas aéreas de distintos países coordinan procedimientos operativos, sistemas de comunicación y estructuras de comando conjuntas.

Según el decreto, la Argentina se integrará a una dinámica multinacional que involucra nueve países, lo que implica un entrenamiento enfocado en la interoperabilidad de los medios aeroespaciales y en la coordinación regional ante escenarios de desastre.

El cronograma aprobado establece que los medios y el personal argentinos saldrán del país el 15 de marzo, participarán de las operaciones entre el 16 y el 27 de marzo, y regresarán el 28 de marzo.

La norma también define que los costos del operativo serán cubiertos por partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa, específicamente dentro de la jurisdicción asignada a las Fuerzas Armadas.

El trasfondo institucional: una ley pendiente en Diputados

El punto más relevante del decreto no es solo el ejercicio en sí, sino el mecanismo elegido para habilitarlo.

La legislación argentina —en particular la Ley 25.880— establece que la entrada de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas nacionales para ejercicios combinados requiere autorización del Congreso. Por esa razón, el Poder Ejecutivo había enviado previamente un proyecto de ley con el programa anual de ejercicios militares combinados.

Ese proyecto, sin embargo, no fue tratado todavía en la Cámara de Diputados.

Ante la cercanía de la fecha del ejercicio internacional y la invitación formal de Brasil, el Gobierno sostuvo que no resultaba posible seguir el trámite legislativo ordinario. Con ese argumento se justificó la vía del DNU.

La decisión coloca ahora el expediente en la órbita de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre la validez o invalidez del decreto y elevar un dictamen para su tratamiento en ambas cámaras.

En términos institucionales, el procedimiento es habitual en el uso de decretos de necesidad y urgencia, pero siempre implica un delicado equilibrio entre las facultades del Ejecutivo y el control parlamentario.

Cooperación militar y posicionamiento regional

El decreto también subraya un objetivo estratégico: fortalecer la interoperabilidad entre fuerzas aéreas de la región.

La participación argentina en el ejercicio busca integrar operaciones aéreas con otras naciones, adoptar protocolos comunes de comunicación y comando y estandarizar procedimientos para misiones multinacionales.

Desde el punto de vista de la política de defensa, estos ejercicios funcionan como un mecanismo de coordinación regional y construcción de confianza entre fuerzas militares, además de mejorar la preparación para emergencias humanitarias.

El texto oficial también menciona un elemento simbólico: la participación argentina contribuiría a reforzar su reputación internacional como socio confiable y mostrar capacidades operativas que actúan como elemento disuasivo frente a eventuales adversarios.

En ese plano, el ejercicio no solo se presenta como entrenamiento técnico, sino como un movimiento dentro de la arquitectura de cooperación militar del continente.

Un DNU que vuelve al Congreso

El decreto entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y habilita inmediatamente la participación argentina en el ejercicio.

Sin embargo, la decisión no queda cerrada en el plano ejecutivo. Como todo DNU, deberá ser revisado por el Congreso. La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles para emitir un dictamen y elevarlo a ambas cámaras.

Ese proceso determinará si el decreto se mantiene o si enfrenta cuestionamientos parlamentarios.

Por ahora, el Gobierno priorizó evitar la ausencia argentina en un ejercicio internacional que considera estratégico. El episodio, sin embargo, deja planteada una cuestión más amplia: cómo se resolverá hacia adelante la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso en una agenda donde los tiempos militares y diplomáticos rara vez coinciden con los del calendario legislativo.

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Katie Perry contra Katy Perry: diseñadora australiana gana litigio sobre la marca del nombre a la estrella del pop

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La diseñadora de moda con sede en Sydney, Katie Perry, siempre soñó con crear su propia marca de ropa. Nunca imaginó que una estrella del pop mundial sería su mayor obstáculo.

Pero este miércoles, el tribunal más alto de Australia dictaminó que Perry, quien ahora lleva el apellido de casada Katie Taylor, tiene derecho a vender ropa bajo su propio nombre.

Es una gran victoria para la dueña de un pequeño negocio, quien hace más de 15 años recibió una carta de la otra Katy Perry —sí, esa misma.

“Imagínatelo. Acababa de inaugurar mi primer showroom”, le dijo a CNN, recordando el momento en 2009, dos años después de lanzar su línea de moda “Katie Perry”, que vende básicos coloridos y cómodos.

“Volví al showroom, había copas de champán vacías por todas partes, abrí mi correspondencia y todo lo que recuerdo es mirar este papel que decía, cese y desista. Detenga la venta de su ropa, detenga cualquier sitio web y detenga cualquier material publicitario”.

Perry, la cantante estadounidense cuyo nombre real es Katheryn Elizabeth Hudson, estaba alcanzando la fama internacional tras el lanzamiento de sus populares sencillos “I Kissed a Girl” y “Hot N Cold”, que encabezaban las listas australianas y globales en 2008.

Antes de la primera gira australiana de Perry en 2009, sus abogados enviaron a Taylor una carta exigiendo que retirara su solicitud de marca registrada, que ella había presentado meses antes.

“Recuerdo que me puse a llorar y pensé, ¿de qué se trata todo esto? No he hecho nada malo”, dijo Taylor.

Esa carta dio inicio a una saga legal que duraría casi dos décadas, pasando por varios tribunales, hasta que el Tribunal Superior de Australia determinó este miércoles que el uso por parte de la diseñadora de su propio nombre para su marca de ropa no violaba las leyes de marcas registradas.

“Honestamente, se siente como un sueño”, dijo Taylor a CNN después de leer la sentencia. “Sigo pensando, como, oh Dios mío, ¿esto realmente ha sucedido?”

Una victoria para el desvalido

El caso trataba sobre quién tenía el derecho legal de vender ropa bajo el nombre de Katie -o Katy- Perry.

Taylor dijo que escuchó por primera vez sobre Perry en julio de 2008 cuando “I Kissed a Girl” sonó en la radio, según la declaración judicial del miércoles.

Taylor “compró la canción en iTunes porque quería apoyar a una artista que tenía el mismo nombre que ella”.

Pero sus nombres coincidentes pronto empezarían a generar una brecha entre ellas.

Después de la carta de 2009, ambas partes intentaron llegar a un acuerdo, pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos, según los documentos judiciales.

A Taylor se le concedió la marca registrada para ropa y Perry modificó su solicitud para incluir solo música y entretenimiento, de acuerdo con el fallo judicial.

La batalla legal pasó a un segundo plano. Pero a medida que la fama de Perry crecía y continuaba de gira por el mundo, incluyendo Australia, empezó a ofrecer merchandising de sus giras, incluida ropa, a sus fans.

En 2019, Taylor demandó a la cantante, argumentando que Perry había infringido su marca registrada.

Taylor ganó su caso en la Corte Federal pero perdió en la apelación, con los jueces encontrando que la reputación de Perry en Australia era más fuerte que la de Taylor en el momento en que Taylor había registrado su solicitud de marca, y que es una práctica común para las estrellas del pop vender mercancía.

En una fuerte reprimenda contra el caso de Taylor, argumentaron que su marca registrada “Katie Perry” debía ser cancelada.

Pero este miércoles, el Tribunal Superior de Australia revocó la decisión, argumentando que la cancelación de la marca no estaba justificada y que el uso de la marca “Katie Perry” no era probable que engañara o causara confusión.

Taylor dijo que la batalla judicial fue un proceso largo y difícil, pero lo hizo para demostrar que las marcas registradas están para proteger a las pequeñas empresas, no solo a las grandes marcas.

“Mucha gente me dijo, como, ¿por qué no simplemente te rindes? No vale la pena. Realmente creo en defender tus valores. La verdad y la justicia son parte de mi esencia y mis valores”.

Ahora es “volver al negocio” y vender sus prendas en mercados de Sydney, dijo Taylor.

“Pero sin esto sobre mi cabeza, que es como ha sido realmente desde 2009. Solo una pesadez y mucho miedo, un limbo”, dijo.

“Ahora realmente puedo empezar a mirar hacia adelante y enfocarme en el futuro. Estoy muy emocionada”.

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Tras la renuncia de Vítolo, el Gobierno designó al nuevo titular de la IGJ

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El Gobierno designó a Alejandro Horacio Ramírez para estar a cargo de la Inspección General de Justicia tras la renuncia de Daniel Roque Vítolo, según se informó este jueves a través del Boletín Oficial.

Según el informe se le aceptó la renuncia a Vítolo, agradeciéndole “los servicios prestados” en el desempeño del cargo en la citada entidad dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia.

En tanto, en el escrito se oficializó luego la designación de Alejandro Horacio Ramírez en el cargo de Inspector General de Justicia en una medida firmada por Javier Milei y Juan Bautista Mahiques.

Vítolo, presentó su renuncia el pasado viernes tras el pedido de Mahiques, quien había asumido el jueves como nuevo ministro de Justicia y le pidió la dimisión tanto a Vítolo, como a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y de la UIF, Ernesto Gaspari.

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El Gobierno reordena el Ministerio de Economía y concentra funciones estratégicas en producción, energía y análisis económico

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El presidente Javier Milei dispuso una nueva reestructuración del Ministerio de Economía mediante el Decreto 146/2026, firmado el 11 de marzo de 2026 y publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica el organigrama aprobado originalmente por el Decreto 50/2019 y redefine la arquitectura interna de la cartera que concentra buena parte del poder económico del Gobierno.

El movimiento no es menor: elimina varias subsecretarías, crea nuevas áreas técnicas y reorganiza las competencias dentro de secretarías estratégicas como Política Económica, Energía, Industria y Comercio y Obras Públicas.

La decisión llega en un momento en el que el Ejecutivo busca consolidar la conducción económica desde una estructura más compacta y con mayor capacidad de coordinación sectorial. La pregunta que sobrevuela la reforma es política: ¿se trata de una simplificación administrativa o de un intento por reforzar el control estratégico del Ministerio de Economía sobre áreas productivas y regulatorias clave?

Un nuevo mapa del Ministerio de Economía

El decreto sustituye completamente el apartado correspondiente al Ministerio de Economía dentro del organigrama de la Administración Pública Nacional. La cartera mantiene su estructura de secretarías pero introduce modificaciones relevantes en sus dependencias internas.

Entre los cambios más visibles aparece la creación de la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, dentro de la Secretaría de Política Económica, que pasa a concentrar la elaboración de diagnósticos y herramientas analíticas para el diseño de políticas macroeconómicas.

Al mismo tiempo, el decreto elimina los objetivos de dos áreas tradicionales del análisis económico estatal: Subsecretaría de Programación Macroeconómica y Subsecretaría de Programación Microeconómica

La supresión de ambas funciones y su reemplazo por una nueva unidad analítica sugiere un intento de reconfigurar el esquema técnico de producción de información económica dentro del Gobierno.

La estructura central del ministerio queda organizada alrededor de varios polos de decisión:

  • Secretaría de Política Económica
  • Secretaría de Hacienda
  • Secretaría de Finanzas
  • Secretaría de Energía
  • Secretaría de Minería
  • Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
  • Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
  • Secretaría de Obras Públicas
  • Secretaría de Transporte
  • Secretaría de Asuntos Nucleares

En paralelo, se mantienen áreas de coordinación política como la Unidad Gabinete de Asesores y la Secretaría Legal y Administrativa.

Producción y pymes: concentración de áreas y redefinición de competencias

Otro de los movimientos institucionales más relevantes aparece en el área productiva. El decreto elimina la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento y la Secretaría de Industria y Comercio, junto con varias subsecretarías dependientes.

En su lugar, el Gobierno consolida una nueva estructura bajo la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que pasa a concentrar: la política industrial, el desarrollo de pymes, el comercio exterior, y la defensa del consumidor

Dentro de esta reorganización se crean nuevas dependencias como la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento y se redefinen los objetivos de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.

La Secretaría de Coordinación de Producción, por su parte, recibe un rol más explícito: deberá articular la planificación y el seguimiento de planes estratégicos de Industria y Agricultura, lo que sugiere una mayor integración entre política productiva y sector agropecuario.

Energía: simplificación de la estructura regulatoria

El área energética también sufre un rediseño. El decreto elimina los objetivos de tres subsecretarías existentes: Subsecretaría de Combustibles Líquidos, Subsecretaría de Combustibles Gaseosos, y Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético

En su reemplazo, la estructura se reorganiza en torno a tres ejes: Subsecretaría de Energía Eléctrica, Subsecretaría de Hidrocarburos, y Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética

La lógica detrás del cambio parece apuntar a un esquema más concentrado de regulación energética, con foco en hidrocarburos, electricidad y gestión de información sectorial.

Infraestructura y barrios populares: una función que cambia de ubicación

El decreto también reubica funciones vinculadas a políticas urbanas. Las tareas relacionadas con la integración socio-urbana pasan a la órbita de la Subsecretaría de Obras y Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.

Entre los nuevos objetivos asignados aparecen: diseño de políticas de integración urbana, transformación de barrios populares, desarrollo territorial, y gestión del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

El movimiento institucional es relevante porque incorpora formalmente estas políticas dentro de la estructura operativa de Obras Públicas, vinculándolas directamente con programas de infraestructura y desarrollo urbano.

Defensa del consumidor y competencia

La reorganización también redefine funciones regulatorias. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial amplía formalmente su marco de intervención.

Entre otras funciones, deberá asistir a la secretaría correspondiente en la aplicación de normas como: Ley de Defensa del Consumidor, Ley de Tarjetas de Crédito, Ley de Lealtad Comercial, Sistema Métrico Legal Argentino, y Sistema de Identificación de Talles

Además, el área tendrá un rol explícito en el control tutelar de la Autoridad Nacional de la Competencia, lo que refuerza su peso dentro del esquema regulatorio del ministerio.

Reacomodamiento administrativo y transición interna

El decreto establece que la reestructuración entra en vigencia el mismo día de su dictado, aunque aclara que las aperturas estructurales de niveles inferiores a subsecretaría continuarán funcionando de forma transitoria.

Esto implica que: las áreas existentes seguirán operando, el personal mantendrá sus cargos y funciones, y la reorganización completa se implementará progresivamente

El gasto derivado de la medida será cubierto con los créditos presupuestarios ya asignados al Ministerio de Economía, lo que indica que el rediseño no prevé ampliaciones presupuestarias inmediatas.

Un movimiento técnico con lectura política

Las reformas administrativas suelen aparecer en el Boletín Oficial como ajustes técnicos, pero en la práctica definen cómo circula el poder dentro del Estado.

La reorganización del Ministerio de Economía apunta a tres movimientos simultáneos: Centralizar el análisis económico en una nueva unidad técnica. Concentrar la política productiva bajo una estructura más integrada. Y simplificar la regulación energética eliminando áreas intermedias.

    En términos políticos, el rediseño sugiere un intento de alinear la estructura administrativa con las prioridades estratégicas del Gobierno, especialmente en sectores productivos, energéticos y de infraestructura.

    Lo que habrá que observar

    La verdadera dimensión del cambio no se medirá en el organigrama sino en la dinámica del poder dentro del ministerio.

    En las próximas semanas será clave observar: cómo se implementa la transición entre subsecretarías eliminadas y nuevas áreas, qué rol adquiere la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica en el diseño de políticas, cómo se reorganizan las políticas para pymes, industria y economía del conocimiento, y qué capacidad de coordinación real tendrá la Secretaría de Coordinación de Producción

    Las reformas administrativas rara vez generan titulares inmediatos. Pero en la política económica argentina, la forma del organigrama suele anticipar la forma de las decisiones. Y este rediseño deja claro que el Gobierno está dispuesto a seguir ajustando la maquinaria estatal para ordenar su centro de gravedad económico.

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