Día: 13 marzo, 2026

¿Para quién sí y para quién no es Warren Bowie & Smith? Comparativa por perfil de inversionista

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En el mundo del trading online, la plataforma que funciona para un tipo de inversionista puede no ser adecuada para otro. Todo depende de factores como la experiencia, el capital disponible, la tolerancia al riesgo y el objetivo de inversión.

Por eso, en lugar de intentar clasificar a Warren Bowie & Smith como “confiable” o “no confiable”, es más útil analizar qué tipo de usuario podría encontrar valor en esta plataforma y para quién probablemente no sería la mejor opción.

Inversionistas que buscan empezar con poco capital

Uno de los perfiles más comunes en plataformas de trading internacional es el de personas que quieren probar el mercado sin invertir grandes cantidades de dinero desde el principio.

Muchos inversionistas principiantes buscan precisamente eso: una forma de aprender cómo funcionan los mercados, experimentar con pequeñas posiciones y entender la dinámica del trading antes de comprometer capital más serio.

Plataformas con depósitos iniciales relativamente accesibles y procesos de apertura rápidos pueden resultar atractivas para quienes están dando sus primeros pasos.

Eso sí, empezar con poco dinero no elimina el riesgo. El trading sigue siendo una actividad volátil, y aprender a manejar esa volatilidad es parte del proceso.

Traders que buscan operar activamente

Hay otro perfil muy distinto: personas que disfrutan operar de forma frecuente, seguir los movimientos del mercado y tomar decisiones rápidas.

En este tipo de usuario, el interés suele centrarse en instrumentos como CFDs, que permiten especular sobre movimientos de precios sin necesidad de poseer el activo subyacente.

Este tipo de trading puede resultar atractivo porque ofrece flexibilidad y acceso a distintos mercados desde una misma plataforma. Pero también exige disciplina, control emocional y conocimiento del riesgo.

Para quienes buscan ese estilo de operación, algunas plataformas internacionales especializadas en derivados pueden encajar mejor que las pensadas para inversión patrimonial de largo plazo.

Inversionistas que priorizan la máxima protección legal

Ahora bien, existe otro perfil de usuario que suele tener prioridades muy distintas.

Son inversionistas que buscan principalmente seguridad institucional, protección legal robusta y un entorno regulatorio muy estricto. En muchos casos, prefieren operar con plataformas que ofrecen:

  • supervisión de reguladores altamente exigentes
  • esquemas de compensación al cliente
  • productos financieros más tradicionales

Para este perfil, los brokers internacionales orientados al trading activo —especialmente los enfocados en CFDs— pueden no ser la alternativa ideal.

No necesariamente porque sean “malos”, sino porque su modelo está pensado para otro tipo de usuario.

Personas que esperan ingresos rápidos o garantizados

Este es quizá el perfil más vulnerable dentro del mundo del trading.

Muchas personas se acercan a los mercados financieros con la expectativa de ganar dinero rápido, especialmente después de ver historias de éxito en redes sociales o videos que prometen resultados extraordinarios.

El problema es que esa expectativa rara vez coincide con la realidad del mercado.

Ningún bróker serio puede garantizar ganancias, y cualquier plataforma que se utilice para operar (incluyendo Warren Bowie & Smith) implica riesgo real de pérdida de capital.

Quienes buscan ingresos rápidos sin asumir ese riesgo suelen terminar frustrados, independientemente de la plataforma que utilicen.

Pero, si una plataforma dice que puedes volverte rico en pocos pasos, quiere decir que este bróker puede ser un fraude

Inversionistas que entienden el riesgo del trading

Por otro lado, hay usuarios que llegan al trading con una mentalidad diferente.

No buscan promesas, ni fórmulas mágicas. Saben que el mercado puede ser impredecible y que el aprendizaje lleva tiempo.

Este perfil suele empezar con montos moderados, probar la plataforma, hacer retiros pequeños y familiarizarse con las condiciones antes de tomar decisiones mayores.

Para este tipo de inversionista, la plataforma en sí es solo una herramienta. Lo realmente importante es la estrategia, la disciplina y la gestión del riesgo.

Entonces, ¿para quién es realmente una plataforma como esta?

La respuesta corta es que depende del tipo de inversionista.

Plataformas de trading internacional como Warren Bowie & Smith pueden resultar funcionales para usuarios que:

  • quieren experimentar con trading activo
  • entienden los riesgos de los CFDs
  • buscan empezar con capital moderado
  • están dispuestos a aprender sobre la marcha

En cambio, quienes priorizan estabilidad absoluta, protección institucional fuerte o inversión tradicional de largo plazo probablemente se sentirán más cómodos con otro tipo de intermediarios financieros.

Conclusión

En el mundo del trading online, no existe una plataforma universal que funcione igual para todos.

Evaluar un bróker únicamente con la pregunta “¿es confiable o es estafa?” suele simplificar demasiado una decisión que en realidad depende de muchos factores personales.

El punto más importante es entender qué tipo de inversionista eres y qué expectativas tienes antes de elegir dónde operar.

Al final, el verdadero riesgo no está solo en la plataforma, sino en invertir sin comprender cómo funcionan los mercados.

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Fallo contra la reforma laboral: juez declaró inconstitucional el artículo que limita las indemnizaciones

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La reforma laboral sumó su primer obstáculo en los tribunales. Un juez laboral de Córdoba declaró inconstitucional el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, una cláusula clave que establece cómo deben actualizarse las deudas en los juicios laborales que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la nueva normativa.

La decisión fue firmada el 10 de marzo por el juez Ricardo Gileta y se conoció públicamente este jueves. El fallo no cuestiona la totalidad de la reforma, pero sí uno de sus puntos más sensibles: el mecanismo que buscaba limitar la actualización de indemnizaciones y créditos laborales en procesos judiciales en curso.

El núcleo del conflicto es claro. Según la interpretación del magistrado, el artículo impone un tratamiento diferenciado entre juicios iniciados antes y después de la reforma, lo que podría afectar el principio de igualdad ante la ley. La resolución introduce así una pregunta que excede el caso concreto: si la arquitectura financiera de la reforma laboral resistirá el escrutinio constitucional en los tribunales.

El artículo cuestionado y el cambio en la actualización de los créditos laborales

El artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral regula la forma en que deben actualizarse las deudas en juicios laborales que ya estaban en trámite al momento de aprobarse la norma.

El esquema previsto por la ley establece que esos créditos se actualicen tomando como referencia la tasa pasiva del Banco Central, comparada con la inflación, pero con dos límites claros: Un tope máximo equivalente a inflación más 3% anual. Un piso equivalente al 67% del cálculo previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En términos prácticos, ese mecanismo podía reducir entre un 20% y un 60% el monto final que recibiría un trabajador respecto de los criterios de actualización que aplicaban varios tribunales laborales antes de la reforma.

La lógica de la norma apuntaba a moderar el crecimiento de las indemnizaciones judiciales en un contexto de alta inflación, uno de los argumentos centrales utilizados para justificar la reforma.

El criterio del juez: igualdad ante la ley y protección del crédito laboral

En su sentencia, Gileta resolvió “desechar la validez constitucional del artículo 55” para el caso analizado.

El magistrado sostuvo que la norma introduce un tratamiento diferente para las causas que ya estaban en trámite antes de la sanción de la reforma, lo que a su criterio vulnera el principio de igualdad ante la ley.

En consecuencia, dispuso que el capital reclamado se recalcule según el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la propia reforma laboral.

Ese esquema establece que el monto adeudado debe actualizarse conforme a la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) y sumar un 3% mensual desde el momento en que se produjo la mora hasta el pago efectivo.

El fallo también introduce una consideración de fondo propia del derecho laboral: el carácter alimentario de los créditos derivados de relaciones de trabajo.

Según el magistrado, cualquier mecanismo que reduzca significativamente su valor frente a la inflación puede afectar el principio de reparación plena y el principio protectorio, ambos reconocidos por la Constitución.

Un primer antecedente que puede multiplicarse

Aunque se trata de una decisión en un caso particular, el fallo abre un frente potencialmente relevante para la aplicación de la reforma laboral.

El artículo cuestionado regula una situación muy específica: los juicios laborales que ya estaban en curso cuando se aprobó la ley. Es decir, un universo de litigios que se tramitan en distintos tribunales del país.

Si otros jueces adoptaran el mismo criterio, el esquema diseñado por la reforma para moderar la actualización de esos créditos podría enfrentar una serie de impugnaciones judiciales.

El impacto no sería menor. El mecanismo de actualización de los créditos laborales es uno de los factores que más inciden en el costo final de los litigios laborales.

Reforma laboral y disputa judicial

El caso también refleja una dinámica habitual en las reformas estructurales del derecho del trabajo: la disputa por su interpretación termina trasladándose rápidamente a los tribunales.

En el diseño de la reforma laboral, el artículo 55 buscaba intervenir en uno de los puntos más debatidos del sistema judicial laboral: el método de actualización de las deudas en contextos de inflación elevada.

La decisión del juez cordobés reintroduce esa discusión bajo una clave constitucional.

El argumento central gira en torno a una pregunta jurídica clásica: hasta qué punto el legislador puede modificar las reglas aplicables a procesos judiciales ya iniciados sin afectar derechos adquiridos o el principio de igualdad.

Lo que viene: más litigios y posibles revisiones judiciales

El fallo no suspende la vigencia general de la reforma laboral, pero sí establece un precedente que podría ser citado en otros expedientes.

En las próximas semanas será clave observar si otras cámaras laborales replican el mismo razonamiento o si aparecen interpretaciones distintas.

La discusión sobre la actualización de créditos laborales —especialmente en contextos de inflación— ha generado criterios divergentes en distintos tribunales durante años.

Ahora esa tensión se traslada a la nueva arquitectura legal creada por la reforma.

El recorrido judicial del artículo 55 recién empieza. Y como suele ocurrir con las reformas de gran impacto en el derecho del trabajo, el verdadero alcance de la norma probablemente termine definiéndose en los tribunales.

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El Agro advierte que la desregulación pone en riesgo el modelo productivo yerbatero de Misiones

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Un informe de la Subsecretaría de Asuntos Yerbateros señala que Misiones produce el 85% de la hoja verde del país con más de 11 mil productores. En el actual escenario de libre mercado, el Gobierno provincial advierte que ese esquema -basado en chacras, cooperativas e industrias- contrasta con modelos más concentrados que predominan en otras regiones productoras.

En el actual escenario de libre mercado, el sector yerbatero enfrenta un momento clave. Desde el Ministerio del Agro y la Producción advierten que la desregulación abre una discusión de fondo sobre el modelo productivo de la actividad. Un informe elaborado por la Subsecretaría de Asuntos Yerbateros muestra que en el país conviven dos esquemas productivos claramente distintos: uno basado en la concentración vertical con pocos actores, y otro sustentado en una estructura horizontal con miles de productores y cooperativas.

Misiones representa este segundo modelo. Durante 2025, la provincia produjo 754.413.373 kilos de hoja verde, lo que equivale al 85% del total nacional, mientras que Corrientes aportó el 15% restante con 135.842.716 kilos. Ese volumen en Misiones es generado por más de 11 mil productores, conformando un entramado social que caracteriza históricamente a la actividad yerbatera de la provincia. El 75% de ellos posee unidades productivas de hasta 50 hectáreas y depende directamente del precio de la hoja verde para sostener su producción.

El subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, explicó que la diferencia entre ambos modelos se vuelve más visible en un escenario de mercado desregulado. “En un esquema de libre mercado se enfrentan claramente dos modelos productivos: uno concentrado con integración vertical en pocos actores y otro más horizontal con miles de productores, cooperativas e industrias. Ese modelo misionero es el que hoy está en juego”, afirmó.

Producción, elaboración y exportaciones

Misiones no solo lidera la producción de hoja verde, sino que también tiene una fuerte participación en los eslabones de elaboración y comercialización. En el mercado interno, la provincia concentra el 41% del volumen de yerba mate elaborada, con más de 116 millones de kilos, distribuidos en 90 establecimientos.

En comparación, Corrientes registra solo 7 operadores que explican un volumen similar de producción elaborada. La diferencia radica en la estructura de la cadena productiva: mientras Misiones presenta una amplia diversidad de actores, en Corrientes la actividad se encuentra concentrada en pocas empresas, que explican gran parte del volumen provincial.

En materia de exportaciones, Misiones también lidera ampliamente. Durante 2025 concentró 52.380.000 kilos exportados, lo que representa el 87% del total nacional, con presencia en 50 mercados internacionales. Los principales destinos de la yerba mate misionera fueron Siria (75%), seguido por Chile, Brasil, España y Estados Unidos.

Si se considera el mercado interno y externo en conjunto, Misiones concentra el 48% del volumen total comercializado, frente al 34% de Corrientes.

Un modelo productivo construido con políticas públicas

En la última década, el Gobierno de Misiones impulsó distintas políticas para fortalecer la integración de los productores en la cadena yerbatera. Entre ellas se promovió la creación de cooperativas con secaderos propios, con el objetivo de agregar valor a la materia prima y mejorar el poder de negociación de los productores en distintas zonas productoras. Varias de esas cooperativas lograron consolidarse y desarrollar marcas propias de yerba mate elaborada, ampliando la participación de productores en los eslabones industriales de la actividad.

En el actual contexto de desregulación, desde la cartera agraria del gobierno provincial señalan que el desafío es sostener ese modelo productivo y evitar procesos de concentración que puedan afectar a los pequeños y medianos productores. Maciel remarcó que el crecimiento del mercado debe traducirse en mejores condiciones para quienes producen la materia prima:

Una mejora en la comercialización de la yerba mate elaborada tiene que reflejarse en un mejor pago por la hoja verde. Mientras no exista un marco legal para fijar precios mínimos, necesitamos generar herramientas que eviten que las distorsiones del mercado terminen perjudicando a los productores”.

En ese marco, el Ministerio del Agro impulsa tres líneas de trabajo orientadas a fortalecer la cadena yerbatera, cuya implementación se realizará junto a otros organismos del Estado provincial. La primera es avanzar en precios referenciales que permitan dar señales al mercado y proteger el ingreso del productor. La segunda es fortalecer la participación de las marcas locales, promoviendo que el consumidor conozca quién produce la yerba mate, su historia, su cultura y el territorio donde se origina. La tercera línea apunta al desarrollo de productos derivados de la yerba mate, especialmente extractos destinados a bebidas energizantes, cosméticos y gastronomía. El objetivo es avanzar en protocolos estandarizados de producción que garanticen la calidad y los principios activos según el destino de cada producto.

Desde el Gobierno provincial señalan que estas acciones buscan garantizar que la rentabilidad del producto final se traduzca en un pago justo por la materia prima. “No queremos y no debemos permitir la producción de yerba sin agricultores, para lograrlo tenemos que evitar el avance de la concentración. Una chacra que no comercializa su producto es una PyME en riesgo”, concluyó Maciel.

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Productor atribuyó a la desregulación yerbatera el éxodo laboral de Misiones hacia Brasil

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La profunda crisis que atraviesa la cadena productiva de la yerba mate en Misiones ya tiene consecuencias visibles en la frontera. Miles de trabajadores rurales y familias enteras están migrando hacia Brasil en busca de mejores ingresos, impulsados por la caída de la actividad y la fuerte diferencia salarial entre ambos países.

El productor yerbatero Ygor Sobol hizo mención al informe del diario Folha do Sao Paulo que reveló que más de 40.000 trabajadores argentinos tramitaron documentación brasileña en 2025 para acceder a empleo en el vecino país, una cifra muy superior al promedio histórico de 8.000 trámites anuales.

Según Sobol, el fenómeno responde al deterioro del sector: la actividad yerbatera se redujo cerca de un 90%, lo que dejó sin trabajo a miles de tareferos y trabajadores golondrina que cada año participaban de la cosecha.

La crisis productiva detrás del éxodo

En diálogo con los periodistas Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Sobol describió el escenario que se vive en las zonas productoras de Misiones.

Hace 20 años que no veo algo así. Tuvimos altibajos, pero esto es feo”, señaló. Según explicó, muchos secaderos que hasta hace pocos años trabajaban a pleno hoy permanecen prácticamente paralizados.

“Son una o dos empresas las que están recibiendo hoja verde ahora”, afirmó el productor.

La consecuencia directa es la falta de empleo rural. Muchos trabajadores que tradicionalmente se desplazaban durante la zafra quedaron sin actividad, lo que aceleró el flujo migratorio hacia Brasil.

Uno de los factores determinantes del éxodo es la diferencia salarial.

Sobol explicó que en Brasil los trabajadores de la cosecha pueden ganar entre un millón y 1,2 millones de pesos mensuales, mientras que en Argentina un peón rural percibe alrededor de 385 mil pesos.

“El éxodo está claramente explicado por números. En Misiones no tienen chance”, resumió el periodista Matías Barbería durante la entrevista.

Para Sobol, la decisión de emigrar es comprensible: “Está totalmente justificado”.

La desregulación del INYM, en el centro del debate

Consultado sobre las causas de la crisis, Sobol apuntó a la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que históricamente fijaba precios mínimos para la materia prima.

“Las tasas que cobra el Instituto se siguen pagando, pero no así el precio de la hoja verde”, explicó.

Según detalló, los costos de producción superan hoy los 400 o 500 pesos por kilo, mientras que el mercado está pagando entre 120 y 250 pesos.

“En el bolsillo del productor eso termina siendo 40 o 50 pesos por kilo. No alcanza ni para mantener la chacra”, advirtió.

El sistema anterior permitía fijar un precio mínimo mediante laudo de la Secretaría de Agricultura cuando no había acuerdo en el directorio del INYM. Ese mecanismo hoy ya no funciona.

Una cadena productiva en riesgo

La estructura productiva de la yerba mate en Misiones agrava el impacto de la crisis.

La provincia cuenta con entre 12.000 y 15.000 pequeños productores, muchos de ellos minifundistas, lo que diferencia a la actividad de otras regiones con explotaciones de mayor escala.

“Somos muchísimos productores pequeños, no grandes industrias”, explicó Sobol.

Familias que abandonan sus chacras

El impacto social ya se siente en las localidades cercanas al río Uruguay. Según relató el productor, cada vez es más frecuente ver a familias cruzando la frontera.

“Hay familias que se están yendo a vivir a Brasil con todo su grupo familiar”, afirmó.

El traslado muchas veces se realiza a través de las tradicionales balsas que conectan ambas orillas.

En su caso personal, Sobol explicó que la caída de la actividad también impactó directamente en su producción.

“Hace tres años tenía cuatro o cinco trabajadores fijos y alrededor de veinte temporarios. Hoy estoy en cero”, señaló.

La crisis no solo afecta a los productores, sino también a toda la cadena que incluye tareferos, contratistas de cosecha, secaderos, transportistas y molinos.

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El Gobierno capta $10,42 billones en la última licitación del Tesoro

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El Gobierno nacional logró colocar $10,42 billones en la licitación de instrumentos del Tesoro realizada este 12 de marzo, en una operación que volvió a mostrar el peso creciente del financiamiento en moneda local dentro de la estrategia fiscal. La Secretaría de Finanzas informó que recibió ofertas por $12,90 billones, de las cuales adjudicó poco más de diez billones entre instrumentos en pesos, títulos ajustados por inflación, bonos atados a tasas bancarias y deuda vinculada al dólar.

El dato central de la jornada no es solo el volumen colocado, sino la señal política que busca enviar el equipo económico: sostener el financiamiento del Tesoro en el mercado doméstico sin recurrir a emisión monetaria directa. En un escenario donde cada licitación funciona como test del apetito de los inversores, la capacidad de renovar y ampliar deuda se volvió un termómetro de confianza sobre la política económica.

Una licitación dominada por instrumentos en pesos

La mayor parte de la operación se concentró en instrumentos denominados en pesos y dólar linked, donde el Tesoro recibió 7.546 ofertas y adjudicó $10,17 billones de valor efectivo.

Dentro de ese universo, los títulos ajustados por inflación (CER) volvieron a captar una porción significativa de la demanda.

Entre ellos se destacaron:

  • La Letras del Tesoro ajustada por CER con vencimiento el 15 de mayo de 2026 (X15Y6), que adjudicó $2,736 billones de valor efectivo.
  • La nueva letra CER con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, con $1,088 billones adjudicados.
  • El bono cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7), que colocó $854.554 millones.
  • El bono CER con vencimiento en junio de 2028 (TZX28), con $1,865 billones adjudicados.

El menú también incluyó instrumentos a tasa fija y a tasa variable.

Entre los títulos a tasa fija, el Tesoro adjudicó $2,209 billones en la letra capitalizable con vencimiento el 15 de mayo de 2026, con una tasa efectiva mensual de corte de 2,60% y una TIREA de 36,07%. También colocó $407.370 millones en una letra con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, con una TEM de 2,53% y TIREA de 34,96%.

Por su parte, los instrumentos atados a la tasa TAMAR —referenciada en tasas mayoristas bancarias— también encontraron demanda. La letra con vencimiento el 31 de agosto de 2026 adjudicó $593.373 millones, mientras que el bono con vencimiento el 26 de febrero de 2027 colocó $418.481 millones, con TIREA de 39,83% y 42,16% respectivamente.

Cobertura cambiaria y demanda por dólar linked

La licitación incluyó además títulos vinculados al dólar oficial, una herramienta que el Tesoro utiliza para captar inversores que buscan cobertura frente a eventuales movimientos del tipo de cambio.

En este segmento se adjudicaron: $81.980 millones en la letra dólar linked con vencimiento el 30 de abril de 2026, con una TIREA de 6,35%. $162.533 millones en una nueva letra dólar linked con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, con TIREA de 5,13%.

El uso de estos instrumentos refleja la necesidad del Tesoro de ofrecer alternativas de cobertura cambiaria sin emitir deuda directamente en moneda extranjera.

Bonar 2027: colocación parcial y segunda vuelta

En paralelo, el Gobierno licitó el BONAR 2027 (AO27), un bono denominado y pagadero exclusivamente en dólares estadounidenses.

En este caso, se recibieron ofertas por USD 440,07 millones, aunque finalmente se adjudicaron USD 151,80 millones de valor efectivo.

El precio de corte se fijó en USD 1.011,98 por cada valor nominal de USD 1.000, con una TIREA de 5,59% y una tasa nominal anual de 5,45%.

Debido al volumen de ofertas, el Tesoro aplicó un prorrateo de 71,8150469387755% sobre las propuestas recibidas al precio de corte.

Además, el Gobierno habilitó una segunda vuelta para el 13 de marzo, entre las 11:00 y las 13:00, destinada a inversores interesados en suscribir el bono al mismo precio de corte. En esta etapa se podrán colocar hasta USD 100 millones adicionales de valor nominal.

Financiamiento en pesos y señales al mercado

Más allá del detalle técnico, la licitación forma parte de la dinámica central de la política económica actual: financiar al Estado a través del mercado local.

Cada operación cumple al menos tres funciones simultáneas: Renovar vencimientos de deuda existentes. Obtener financiamiento adicional para el Tesoro. Enviar señales de estabilidad financiera al mercado.

    El volumen de ofertas —$12,90 billones— indica que los instrumentos del Tesoro continúan encontrando demanda en el sistema financiero y entre inversores institucionales.

    Al mismo tiempo, la diversidad de instrumentos ofrecidos refleja una estrategia de diversificación: tasa fija, ajuste por inflación, tasa bancaria y cobertura cambiaria.

    Lo que el mercado observará en las próximas licitaciones

    La lectura política y económica de estas operaciones no se agota en una sola jornada.

    Las licitaciones del Tesoro funcionan como una secuencia continua donde cada resultado influye en el siguiente. El nivel de rollover, las tasas convalidadas y la composición de los instrumentos adjudicados permiten inferir expectativas del mercado sobre inflación, tipo de cambio y tasas de interés.

    La segunda vuelta del BONAR 2027 será uno de los próximos indicadores a observar, porque permitirá medir si la demanda por deuda en dólares se mantiene o si los inversores privilegian instrumentos en moneda local.

    En paralelo, la dinámica del financiamiento en pesos seguirá siendo un componente central de la gobernabilidad económica. Mientras el Tesoro logre sostener la colocación de deuda en el mercado doméstico, el Gobierno podrá administrar vencimientos sin recurrir a mecanismos más disruptivos.

    El verdadero test, sin embargo, siempre aparece en la siguiente licitación.

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