Día: 31 marzo, 2026

Se publicó el decreto de concesión del puerto de Posadas

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El gobernador Hugo Passalacqua instruyó formalmente a la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana (APPSA) a avanzar con el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión integral del puerto de Posadas, en una decisión que marca un punto de inflexión en la estrategia logística de la provincia.

La medida apunta a transferir al sector privado el desarrollo, mantenimiento, ampliación, modernización, equipamiento y operación del puerto, además de garantizar un servicio regular de flete fluvial bajo riesgo empresario. El objetivo central es potenciar el rol del puerto como nodo clave del corredor Paraná–Paraguay y reducir costos logísticos para las exportaciones misioneras.

Un paso estratégico para escalar el puerto

El decreto firmado el 30 de marzo de 2026 se inscribe dentro de una política de Estado que busca consolidar el sistema portuario como motor del crecimiento económico, la generación de empleo y la integración regional en el Mercosur.

Desde su puesta en operación en 2023, el puerto de Posadas -oficialmente denominado Teniente de Navío Eliana Krawczyk- ya movilizó más de 36.000 toneladas de carga, con exportaciones de productos como madera, té y yerba mate. Además, cuenta con depósito fiscal habilitado, lo que permitió consolidar su operatoria.

Sin embargo, el Gobierno provincial considera que la actual escala aún es insuficiente frente al potencial logístico de Misiones.

El rol del sector privado

El esquema de concesión integral busca atraer inversiones para obras clave como:

  • Ampliación de muelles
  • Dragado de accesos
  • Desarrollo de terminales de contenedores y graneles
  • Incorporación de tecnología portuaria
  • Expansión de zonas de almacenamiento

La participación privada, bajo el marco de la Ley Provincial I Nº 155 y la Ley Nacional de Actividades Portuarias (Nº 24.093), aparece como condición necesaria para acelerar estas transformaciones.

En la visión oficial, el ingreso de operadores privados especializados permitirá mejorar la eficiencia operativa, reducir costos logísticos y aumentar la competitividad de las exportaciones, especialmente en economías regionales como la forestoindustria, el té y la yerba mate.

La decisión también se articula con el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraná–Paraguay), clave para el comercio exterior argentino. En ese esquema, el puerto de Posadas busca posicionarse como una plataforma multimodal estratégica del Norte Grande.

El decreto faculta a APPSA a elaborar y aprobar los pliegos técnicos y administrativos, lo que abre la etapa formal del proceso licitatorio.

De concretarse, la concesión podría significar un salto cualitativo en la infraestructura logística de Misiones, con impacto directo en la competitividad regional y en la integración con mercados internacionales.

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La CNV endurece controles sobre ALyC y exige reportes mensuales de pasivos para monitorear riesgos

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó en un movimiento de control con impacto directo en el funcionamiento del mercado de capitales: mediante la Resolución General 1122/2026, publicada el 30 de marzo, endureció las obligaciones informativas de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) sobre sus pasivos financieros y operaciones con valores negociables.

El dato central es la nueva exigencia de reportes mensuales, con plazos acotados —hasta el tercer día hábil de cada mes— y un nivel de detalle significativamente mayor. La decisión no es solo técnica. Se inscribe en una lógica de supervisión más intensa sobre la exposición al riesgo de los intermediarios financieros. La pregunta que queda abierta es si este ajuste responde a necesidades de control preventivo o a señales de alerta dentro del propio sistema.

Más información, más frecuencia y mayor trazabilidad

La resolución modifica el artículo 35 del régimen vigente e introduce una redefinición precisa de qué deben informar los ALyC. El foco está puesto en dos grandes bloques: los pasivos financieros asumidos —dentro y fuera del ámbito de los mercados— y los acuerdos de préstamo o alquiler de valores negociables.

En ambos casos, la CNV exige información completa, sin excepciones en cuanto al origen o modalidad de las obligaciones. El cambio relevante está en la granularidad: cada operación deberá ser detallada con identificación de las partes, condiciones financieras, fechas de vigencia y características de los instrumentos involucrados.

Además, se amplía el alcance hacia operaciones vinculadas a clientes que integren la denominada “cartera propia ampliada”. Esto implica que los agentes no solo informan su propia exposición, sino también ciertas operaciones de terceros cuando existe un vínculo relevante. En términos políticos-regulatorios, la decisión desplaza el foco desde la entidad hacia su ecosistema.

El envío de datos se canalizará a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF), bajo carácter de declaración jurada, lo que refuerza la responsabilidad directa de los agentes sobre la veracidad de la información.

Cronograma exigente y presión sobre la adaptación del sistema

La CNV no solo redefine el qué, sino también el cuándo. La resolución establece un cronograma inmediato que obliga a los ALyC a reconstruir información histórica y adaptarse en plazos cortos.

Antes del 15 de abril de 2026 deberán remitir la información completa correspondiente al cierre del 31 de marzo. Luego, hasta el 1° de mayo, deberán presentar datos históricos que abarcan desde agosto de 2025 hasta febrero de 2026. A partir de allí, el régimen se estabiliza con reportes mensuales regulares.

Este esquema introduce una presión operativa significativa. Los agentes deben ajustar sistemas, consolidar información retrospectiva y cumplir con estándares más estrictos en un período acotado. No es solo un cambio normativo: es una exigencia de capacidad técnica y organizacional.

Repercusiones: control estatal y reconfiguración del mercado

La medida fortalece el rol de la CNV como autoridad de control. Al ampliar la visibilidad sobre los pasivos y las operaciones de los ALyC, el organismo gana capacidad para detectar desbalances, niveles de apalancamiento y riesgos sistémicos.

En términos de correlación de fuerzas, el regulador consolida su posición frente a los intermediarios. La relación se vuelve más asimétrica en materia de información: la CNV accede a datos más detallados y en menor tiempo, lo que le permite intervenir con mayor anticipación si detecta inconsistencias.

Para los agentes, el cambio implica un doble desafío. Por un lado, cumplir con la normativa; por otro, gestionar el impacto que una mayor transparencia puede tener sobre su operatoria y su exposición ante el regulador.

También se refuerza la lógica de protección al inversor, uno de los principios centrales de la Ley de Mercado de Capitales. El control sobre los pasivos y las operaciones vinculadas apunta a evitar abusos y a mejorar la calidad de la información disponible en el sistema.

Un movimiento que anticipa mayor supervisión

La Resolución 1122 no aparece como un hecho aislado. Se apoya en un régimen previo —establecido por la Resolución General 1094— pero avanza un paso más en precisión y exigencia. El cambio no altera las reglas de funcionamiento del mercado, pero sí eleva el nivel de control sobre quienes operan en él.

Queda por observar cómo se implementa en la práctica. La calidad de la información, la capacidad de los agentes para adaptarse y la utilización efectiva de esos datos por parte de la CNV serán variables clave en las próximas semanas.

También será relevante ver si este modelo se extiende a otros actores del mercado o si se profundiza en nuevas capas de supervisión. Por ahora, el organismo marca una dirección clara: más datos, más rápido y con mayor nivel de detalle. Lo que todavía está en construcción es el alcance real de ese cambio.

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Yerba mate: las cooperativas dan señales alcistas para el precio de la hoja verde

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En la antesala del inicio de la cosecha gruesa, el mercado yerbatero sigue en tensión por el precio de la materia prima. Con un mercado desregulado y sin referencias oficiales, distintas empresas comienzan a mover fichas y a instalar valores que buscan captar volumen en un contexto de alta incertidumbre.

La novedad más fuerte llega desde el sector cooperativo: Piporé iniciará la zafra en torno a los 450 pesos por kilo de hoja verde, luego de haber pagado a sus socios cerca de 400 pesos el año pasado.

Sin embargo, desde el propio ámbito cooperativo advierten que este dato debe interpretarse con cautela y no como un piso para la industria.

“Hay que aclarar que el socio de Piporé no es solamente productor. Es productor, secadero y molinero, con marca propia. Es decir, hay una integración vertical”, explicó a Economis Martín Britez, presidente de la cooperativa.

En ese esquema, el socio factura a la cooperativa un único concepto -la hoja verde-, pero ese valor incluye también la rentabilidad de las otras etapas de la cadena, lo que distorsiona la comparación con otras industrias.

“Por eso el valor que recibe el socio de Piporé no es un parámetro válido para la discusión actual del precio de la materia prima”, remarcó el directivo. 

Las Tunas paga a sus asociados 380 pesos por kilo de hoja verde, un valor que supera ampliamente los registros que se venían manejando en las últimas semanas y que vuelve a tensionar la discusión entre productores, secaderos e industriales. Incluso, es más que los 350 pesos que ofreció el empresario sirio Omar Kassab, en Andresito. Sin embargo, la propia cooperativa admite que ese precio complica la rentabilidad de la entidad. 

Los datos de las cooperativas no pueden tomarse como parámetro lineal para toda la industria, pero sí marcan el reconocimiento implícito de que el precio promedio que está pagando el mercado está muy por debajo de los costos de producción. 

Según distintos trabajos que se están realizando en el sector productivo, el costo de producción estimado para un yerbal de alto volumen de producción en 391,2 pesos, lo que, al cargar una rentabilidad mínima del 30 por ciento, daría un precio de 508,56 pesos. El problema es que no todos los yerbales tienen ese volumen, por lo que los costos son variables de acuerdo a la chacra y zona productiva. 

Este movimiento no es aislado. Se suma a una dinámica creciente de ofertas diferenciadas, donde cada actor intenta posicionarse antes del inicio pleno de la zafra, en un mercado atravesado por sobreoferta, caída del consumo interno y dificultades en la exportación.

El precio de la hoja verde se convirtió nuevamente en el eje de conflicto del sector. Mientras algunos industriales advierten que valores altos no son sostenibles en el actual contexto de consumo deprimido, productores y sectores primarios buscan recuperar rentabilidad tras meses de pérdida de poder adquisitivo.

En ese escenario, la aparición de ofertas como la de Las Tunas marca un punto de inflexión: no solo mejora la expectativa de precio, sino que también funciona como referencia implícita para el resto del mercado.

Sin embargo, la heterogeneidad sigue siendo la norma. Hay operadores que aún se mantienen en niveles más bajos o directamente evalúan retrasar el inicio de la cosecha, lo que configura un mapa fragmentado y sin precio de referencia claro.

La desregulación del sector dejó al mercado sin herramientas de referencia institucional, lo que obliga a que los precios se definan exclusivamente por oferta y demanda.

En este contexto, cada dato -como el de Piporé o el de Las Tunas- tiene un impacto inmediato en las expectativas del sector, aunque no necesariamente se traduzca en un nuevo equilibrio de mercado.

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Frutilla en Misiones: tecnología, calidad y una oportunidad rentable para la chacra familiar

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La producción de frutilla en Misiones comienza a consolidarse como una de las alternativas más dinámicas dentro de la agricultura familiar. Con un perfil intensivo y de alto valor agregado, el cultivo viene mostrando un crecimiento sostenido impulsado por la incorporación de tecnología y nuevas prácticas productivas.

En los últimos años, los sistemas semi hidropónicos en canaletas elevadas marcaron un punto de inflexión. Esta modalidad permite mejorar la calidad del fruto, optimizar el manejo sanitario y facilitar las tareas de cosecha, reduciendo además el esfuerzo físico.

Según explicó el técnico del INTA, Aníbal Krindges, este modelo productivo comenzó a expandirse con mayor fuerza a partir de 2018, representando un salto respecto al sistema tradicional en suelo. En ese esquema, el manejo incluye la preparación de camellones, riego por goteo y coberturas, con mayores desafíos en términos sanitarios y de eficiencia.

Si bien la producción en sustrato requiere una inversión inicial más elevada, los beneficios son significativos: mayor estabilidad productiva, mejor calidad del fruto, menor incidencia de enfermedades y una vida útil de las plantas que puede superar los dos años.

A esto se suma una ventaja competitiva clave: la frescura. Al tratarse de producción local, la frutilla puede cosecharse en su punto óptimo de madurez, lo que se traduce en mejor sabor, aroma y calidad frente a productos provenientes de otras regiones.

Un caso que marca tendencia

En la localidad de Garuhapé, la familia Ferris Graef representa un ejemplo concreto del potencial del sistema. Con unas 10.000 plantas en producción durante todo el año, logran un rendimiento promedio de 700 gramos por planta, consolidando un esquema productivo eficiente y sostenible.

“Las ventajas son la comodidad para trabajar, el control de plagas y menos enfermedades con buen manejo”, señaló Orlando Ferris, quien destacó además el rol del trabajo familiar y el desarrollo de sustratos propios como factores clave para mejorar la competitividad.

Con demanda sostenida, condiciones agroecológicas favorables y tecnología accesible, la frutilla se posiciona como una alternativa estratégica para diversificar la producción en Misiones y fortalecer el entramado de la agricultura familiar.

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La UBA advierte por la caída del empleo y el deterioro del salario real

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Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) encendió nuevas alarmas sobre el mercado laboral argentino. Según el estudio, el empleo formal asalariado continúa en retroceso y el salario mínimo acumula una fuerte pérdida de poder de compra en el actual ciclo económico.

De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en diciembre de 2025 el empleo asalariado formal total alcanzaba a unas 10 millones de personas, pero evidenció una caída de 109 mil puestos (-1,1%) respecto al mismo mes de 2024 y de 289 mil empleos (-2,8%) en comparación con noviembre de 2023.

El informe, elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), bajo la coordinación de Roxana Maurizio y Luis Beccaria, advierte que el mercado laboral atraviesa una fase prolongada de deterioro.

Tras una etapa de caída entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, seguida por un período de estancamiento, el empleo formal volvió a retroceder durante ocho meses consecutivos, entre mayo y diciembre de 2025. Si bien la contracción se moderó hacia fin de año, la tendencia general sigue siendo negativa.

A nivel territorial, la pérdida de empleo se verificó en 14 provincias, mientras que solo seis mostraron mejoras. Las mayores caídas se registraron en San Luis (-0,9%), Chaco (-0,7%) y Catamarca (-0,7%). En términos absolutos, Buenos Aires y Córdoba explicaron la mayor parte del retroceso del empleo privado formal, con el 57% y el 18% respectivamente.

En contraste, Corrientes (+0,8%), Neuquén (+0,5%) y Formosa (+0,5%) fueron las provincias con mayor crecimiento relativo, aunque con menor incidencia en el total nacional.

Salarios en retroceso

El informe también pone el foco en la evolución de los ingresos, especialmente en los sectores más vulnerables. El salario mínimo, vital y móvil registró una caída del 2% en febrero de 2026, acumulando siete meses consecutivos de retrocesos en términos reales.

Según el estudio, los aumentos nominales del salario mínimo no lograron acompañar la inflación en ninguno de esos meses, profundizando la pérdida de poder adquisitivo. Esta brecha fue especialmente marcada en septiembre y octubre, cuando el salario permaneció congelado en $322.200.

El deterioro es aún más significativo en perspectiva. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, el salario mínimo real acumuló una caída cercana al 38%, mientras que solo en 2025 el retroceso fue del 9%.

Los investigadores advierten que el nivel actual del salario mínimo, medido en términos reales, se ubica por debajo del registrado en 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Además, representa apenas un tercio del valor máximo alcanzado en septiembre de 2011, lo que implica una erosión del 65% en términos históricos.

El estudio concluye que la combinación de caída del empleo y deterioro del ingreso real configura un escenario complejo para el consumo y las condiciones de vida de los hogares, en un contexto donde la incertidumbre laboral comienza a escalar entre las principales preocupaciones sociales.

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