Mes: marzo 2026

Franco Colapinto trae la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires

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Franco Colapinto se prepara para encender las calles de su ciudad natal, Buenos Aires, mientras la Fórmula 1 regresa a Argentina para un evento de demostración histórico. 

Franco conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team, en las calles del barrio de Palermo el 26 de abril de 2026, marcando la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circula en la Ciudad de Buenos Aires.

En el proceso, Franco se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, marcando un momento único para el automovilismo nacional y para el disfrute de los apasionados fanáticos de Argentina. 

Franco Colapinto, piloto del BWT Alpine Formula One Team: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todoslos días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial.” 

El evento posiciona a Buenos Aires en el mapa global de experiencias vinculadas a la Fórmula 1, acercando a los fanáticos argentinos a una disciplina que actualmente atraviesa uno de sus mayores crecimientos a nivel mundial. 

Como parte de Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026, la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de 2 km, donde se llevarán a cabo dos show runs oficiales, siendo el punto culmine del día. 

La jornada contará con una propuesta muy variada de sectores para vivir el evento: 

● Un sector abierto y gratuito. 

● Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

● En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos. 

● El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes. 

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “la más linda del mundo” con la promoción de eventos deportivos de alcance internacional y consolida su posicionamiento como Capital Mundial del Deporte, además de proyectarla como un centro estratégico de cultura, entretenimiento y grandes eventos globales. 

Entre los sponsors confirmados se encuentran Mercado Libre, YPF, Latin Securities, Claro, Motorola, PAX Assistance, Green Armor, Mercado Pago y Heineken, que desarrollarán activaciones especiales durante toda la jornada. Será transmitido por ESPN y Disney+ Plan Premium, media partners oficiales del evento. 

La producción está a cargo de MICA Comunicaciones 360, responsable de la producción general y diseño de pista, junto a Dale Play, que lidera el desarrollo de la experiencia, el contenido, comunicación y comercialización del evento. 

Preventa exclusiva pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés disponible a partir del 6/4 a las 16:00 hs. 

Venta general a partir del 07/04 a las 16:00 hs con todos los medios de pago. Podés seguir accediendo al beneficio exclusivo de 3 cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito Mercado PagoConsultas para Hospitality y Garage tours en Bigbox Argentina. Conseguí tus entradas en enigmatickets.com.

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Misiones simplifica el sistema tributario y ratifica cambios en ATM para reducir cargas administrativas

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El Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de Misiones ratificó la Resolución General N° 23/25 de la Dirección General de Rentas (DGR), en el marco de una política de simplificación tributaria que busca eliminar regímenes redundantes y reducir la carga administrativa sobre contribuyentes de los sectores comercial, industrial y de servicios.

La medida, formalizada a través de la Resolución N° 1294 con fecha 28 de noviembre de 2025, se inscribe dentro de las facultades otorgadas al Ejecutivo provincial para adecuar el Código Fiscal y la Ley de Alícuotas, incluyendo la posibilidad de modificar regímenes de percepción, retención, información y control.

El eje central de la decisión es dejar sin efecto diversos regímenes de información, retenciones y percepciones que, según el análisis oficial, habían quedado superpuestos con otros instrumentos vigentes.

Desde Hacienda señalaron que esta superposición generaba “cargas y trámites administrativos innecesarios”, afectando la operatoria de los contribuyentes. Por eso, la derogación de estos esquemas -vigente desde el 1° de diciembre de 2025- apunta a simplificar el cumplimiento fiscal y mejorar la eficiencia del sistema.

Un sistema más adaptado a la economía actual

La ratificación de la Resolución General N° 23/25 también se vincula con una actualización del marco tributario frente a los cambios en la economía digital. La normativa incorpora definiciones y alcances para los servicios digitales, ampliando el universo de actividades alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia.

En ese sentido, se establecen criterios de “presencia digital” para determinar la tributación de plataformas, aplicaciones y servicios online, incluso cuando los prestadores no tienen residencia en el país pero generan efectos económicos en Misiones.

La resolución se apoya en lo dispuesto por la Ley VII N° 107 y el Código Fiscal provincial (Ley XXII N° 35), que habilitan al Ministerio de Hacienda a introducir modificaciones en los regímenes tributarios y en los mecanismos de fiscalización.

Además, se ratifica el rol de la Dirección General de Rentas bajo la superintendencia del Ministerio, consolidando la estructura de control y administración tributaria en la provincia.

Con este esquema, el Gobierno provincial busca avanzar hacia un sistema más ágil, con menor carga burocrática y mayor capacidad de adaptación a nuevas formas de actividad económica, en particular las vinculadas al entorno digital.

La simplificación de regímenes y la actualización normativa aparecen como herramientas clave para mejorar el cumplimiento tributario y sostener la competitividad del sector privado en Misiones.

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Se publicó el decreto de concesión del puerto de Posadas

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El gobernador Hugo Passalacqua instruyó formalmente a la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana (APPSA) a avanzar con el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión integral del puerto de Posadas, en una decisión que marca un punto de inflexión en la estrategia logística de la provincia.

La medida apunta a transferir al sector privado el desarrollo, mantenimiento, ampliación, modernización, equipamiento y operación del puerto, además de garantizar un servicio regular de flete fluvial bajo riesgo empresario. El objetivo central es potenciar el rol del puerto como nodo clave del corredor Paraná–Paraguay y reducir costos logísticos para las exportaciones misioneras.

Un paso estratégico para escalar el puerto

El decreto firmado el 30 de marzo de 2026 se inscribe dentro de una política de Estado que busca consolidar el sistema portuario como motor del crecimiento económico, la generación de empleo y la integración regional en el Mercosur.

Desde su puesta en operación en 2023, el puerto de Posadas -oficialmente denominado Teniente de Navío Eliana Krawczyk- ya movilizó más de 36.000 toneladas de carga, con exportaciones de productos como madera, té y yerba mate. Además, cuenta con depósito fiscal habilitado, lo que permitió consolidar su operatoria.

Sin embargo, el Gobierno provincial considera que la actual escala aún es insuficiente frente al potencial logístico de Misiones.

El rol del sector privado

El esquema de concesión integral busca atraer inversiones para obras clave como:

  • Ampliación de muelles
  • Dragado de accesos
  • Desarrollo de terminales de contenedores y graneles
  • Incorporación de tecnología portuaria
  • Expansión de zonas de almacenamiento

La participación privada, bajo el marco de la Ley Provincial I Nº 155 y la Ley Nacional de Actividades Portuarias (Nº 24.093), aparece como condición necesaria para acelerar estas transformaciones.

En la visión oficial, el ingreso de operadores privados especializados permitirá mejorar la eficiencia operativa, reducir costos logísticos y aumentar la competitividad de las exportaciones, especialmente en economías regionales como la forestoindustria, el té y la yerba mate.

La decisión también se articula con el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraná–Paraguay), clave para el comercio exterior argentino. En ese esquema, el puerto de Posadas busca posicionarse como una plataforma multimodal estratégica del Norte Grande.

El decreto faculta a APPSA a elaborar y aprobar los pliegos técnicos y administrativos, lo que abre la etapa formal del proceso licitatorio.

De concretarse, la concesión podría significar un salto cualitativo en la infraestructura logística de Misiones, con impacto directo en la competitividad regional y en la integración con mercados internacionales.

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La CNV endurece controles sobre ALyC y exige reportes mensuales de pasivos para monitorear riesgos

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó en un movimiento de control con impacto directo en el funcionamiento del mercado de capitales: mediante la Resolución General 1122/2026, publicada el 30 de marzo, endureció las obligaciones informativas de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) sobre sus pasivos financieros y operaciones con valores negociables.

El dato central es la nueva exigencia de reportes mensuales, con plazos acotados —hasta el tercer día hábil de cada mes— y un nivel de detalle significativamente mayor. La decisión no es solo técnica. Se inscribe en una lógica de supervisión más intensa sobre la exposición al riesgo de los intermediarios financieros. La pregunta que queda abierta es si este ajuste responde a necesidades de control preventivo o a señales de alerta dentro del propio sistema.

Más información, más frecuencia y mayor trazabilidad

La resolución modifica el artículo 35 del régimen vigente e introduce una redefinición precisa de qué deben informar los ALyC. El foco está puesto en dos grandes bloques: los pasivos financieros asumidos —dentro y fuera del ámbito de los mercados— y los acuerdos de préstamo o alquiler de valores negociables.

En ambos casos, la CNV exige información completa, sin excepciones en cuanto al origen o modalidad de las obligaciones. El cambio relevante está en la granularidad: cada operación deberá ser detallada con identificación de las partes, condiciones financieras, fechas de vigencia y características de los instrumentos involucrados.

Además, se amplía el alcance hacia operaciones vinculadas a clientes que integren la denominada “cartera propia ampliada”. Esto implica que los agentes no solo informan su propia exposición, sino también ciertas operaciones de terceros cuando existe un vínculo relevante. En términos políticos-regulatorios, la decisión desplaza el foco desde la entidad hacia su ecosistema.

El envío de datos se canalizará a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF), bajo carácter de declaración jurada, lo que refuerza la responsabilidad directa de los agentes sobre la veracidad de la información.

Cronograma exigente y presión sobre la adaptación del sistema

La CNV no solo redefine el qué, sino también el cuándo. La resolución establece un cronograma inmediato que obliga a los ALyC a reconstruir información histórica y adaptarse en plazos cortos.

Antes del 15 de abril de 2026 deberán remitir la información completa correspondiente al cierre del 31 de marzo. Luego, hasta el 1° de mayo, deberán presentar datos históricos que abarcan desde agosto de 2025 hasta febrero de 2026. A partir de allí, el régimen se estabiliza con reportes mensuales regulares.

Este esquema introduce una presión operativa significativa. Los agentes deben ajustar sistemas, consolidar información retrospectiva y cumplir con estándares más estrictos en un período acotado. No es solo un cambio normativo: es una exigencia de capacidad técnica y organizacional.

Repercusiones: control estatal y reconfiguración del mercado

La medida fortalece el rol de la CNV como autoridad de control. Al ampliar la visibilidad sobre los pasivos y las operaciones de los ALyC, el organismo gana capacidad para detectar desbalances, niveles de apalancamiento y riesgos sistémicos.

En términos de correlación de fuerzas, el regulador consolida su posición frente a los intermediarios. La relación se vuelve más asimétrica en materia de información: la CNV accede a datos más detallados y en menor tiempo, lo que le permite intervenir con mayor anticipación si detecta inconsistencias.

Para los agentes, el cambio implica un doble desafío. Por un lado, cumplir con la normativa; por otro, gestionar el impacto que una mayor transparencia puede tener sobre su operatoria y su exposición ante el regulador.

También se refuerza la lógica de protección al inversor, uno de los principios centrales de la Ley de Mercado de Capitales. El control sobre los pasivos y las operaciones vinculadas apunta a evitar abusos y a mejorar la calidad de la información disponible en el sistema.

Un movimiento que anticipa mayor supervisión

La Resolución 1122 no aparece como un hecho aislado. Se apoya en un régimen previo —establecido por la Resolución General 1094— pero avanza un paso más en precisión y exigencia. El cambio no altera las reglas de funcionamiento del mercado, pero sí eleva el nivel de control sobre quienes operan en él.

Queda por observar cómo se implementa en la práctica. La calidad de la información, la capacidad de los agentes para adaptarse y la utilización efectiva de esos datos por parte de la CNV serán variables clave en las próximas semanas.

También será relevante ver si este modelo se extiende a otros actores del mercado o si se profundiza en nuevas capas de supervisión. Por ahora, el organismo marca una dirección clara: más datos, más rápido y con mayor nivel de detalle. Lo que todavía está en construcción es el alcance real de ese cambio.

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Yerba mate: las cooperativas dan señales alcistas para el precio de la hoja verde

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En la antesala del inicio de la cosecha gruesa, el mercado yerbatero sigue en tensión por el precio de la materia prima. Con un mercado desregulado y sin referencias oficiales, distintas empresas comienzan a mover fichas y a instalar valores que buscan captar volumen en un contexto de alta incertidumbre.

La novedad más fuerte llega desde el sector cooperativo: Piporé iniciará la zafra en torno a los 450 pesos por kilo de hoja verde, luego de haber pagado a sus socios cerca de 400 pesos el año pasado.

Sin embargo, desde el propio ámbito cooperativo advierten que este dato debe interpretarse con cautela y no como un piso para la industria.

“Hay que aclarar que el socio de Piporé no es solamente productor. Es productor, secadero y molinero, con marca propia. Es decir, hay una integración vertical”, explicó a Economis Martín Britez, presidente de la cooperativa.

En ese esquema, el socio factura a la cooperativa un único concepto -la hoja verde-, pero ese valor incluye también la rentabilidad de las otras etapas de la cadena, lo que distorsiona la comparación con otras industrias.

“Por eso el valor que recibe el socio de Piporé no es un parámetro válido para la discusión actual del precio de la materia prima”, remarcó el directivo. 

Las Tunas paga a sus asociados 380 pesos por kilo de hoja verde, un valor que supera ampliamente los registros que se venían manejando en las últimas semanas y que vuelve a tensionar la discusión entre productores, secaderos e industriales. Incluso, es más que los 350 pesos que ofreció el empresario sirio Omar Kassab, en Andresito. Sin embargo, la propia cooperativa admite que ese precio complica la rentabilidad de la entidad. 

Los datos de las cooperativas no pueden tomarse como parámetro lineal para toda la industria, pero sí marcan el reconocimiento implícito de que el precio promedio que está pagando el mercado está muy por debajo de los costos de producción. 

Según distintos trabajos que se están realizando en el sector productivo, el costo de producción estimado para un yerbal de alto volumen de producción en 391,2 pesos, lo que, al cargar una rentabilidad mínima del 30 por ciento, daría un precio de 508,56 pesos. El problema es que no todos los yerbales tienen ese volumen, por lo que los costos son variables de acuerdo a la chacra y zona productiva. 

Este movimiento no es aislado. Se suma a una dinámica creciente de ofertas diferenciadas, donde cada actor intenta posicionarse antes del inicio pleno de la zafra, en un mercado atravesado por sobreoferta, caída del consumo interno y dificultades en la exportación.

El precio de la hoja verde se convirtió nuevamente en el eje de conflicto del sector. Mientras algunos industriales advierten que valores altos no son sostenibles en el actual contexto de consumo deprimido, productores y sectores primarios buscan recuperar rentabilidad tras meses de pérdida de poder adquisitivo.

En ese escenario, la aparición de ofertas como la de Las Tunas marca un punto de inflexión: no solo mejora la expectativa de precio, sino que también funciona como referencia implícita para el resto del mercado.

Sin embargo, la heterogeneidad sigue siendo la norma. Hay operadores que aún se mantienen en niveles más bajos o directamente evalúan retrasar el inicio de la cosecha, lo que configura un mapa fragmentado y sin precio de referencia claro.

La desregulación del sector dejó al mercado sin herramientas de referencia institucional, lo que obliga a que los precios se definan exclusivamente por oferta y demanda.

En este contexto, cada dato -como el de Piporé o el de Las Tunas- tiene un impacto inmediato en las expectativas del sector, aunque no necesariamente se traduzca en un nuevo equilibrio de mercado.

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