Día: 6 abril, 2026

Jaldo cruzó a Nación por los $400.000 millones girados a las provincias: “Nos dan por un lado y nos quitan por el otro”

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El gobernador tucumano cuestionó la presentación de los adelantos de coparticipación como asistencia y denunció que la provincia perdió el equivalente a una planilla y media de sueldos en los últimos dos años.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, salió al cruce del relato oficial sobre los fondos que el Gobierno nacional habilitó a 12 provincias por un total de $400.000 millones. En conferencia de prensa realizada este lunes en el marco del comité de emergencia por el temporal que castiga al distrito —con al menos tres víctimas fatales—, el mandatario fue tajante al rechazar que esos recursos representen algún tipo de gesto solidario de la Casa Rosada.

Según explicó Jaldo, se trata de adelantos sobre la coparticipación federal, es decir, dinero que por ley les corresponde a los distritos y que luego deberán devolver. En esa línea, apuntó que la mecánica genera una falsa imagen de generosidad cuando en la práctica se trata de un préstamo sobre fondos propios de cada provincia.

Las 12 jurisdicciones incluidas en el giro son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

El mandatario norteño también puso cifras al impacto fiscal que sufre la provincia. Según detalló, en los últimos dos años Tucumán resignó ingresos equivalentes a casi una planilla y media de sueldos como consecuencia de la reducción de impuestos como el IVA.

A ese cuadro financiero, Jaldo le sumó otro reclamo: la paralización total de la obra pública nacional. Esa decisión del gobierno de Javier Milei obligó a Tucumán a hacerse cargo de proyectos de infraestructura con financiamiento propio, lo que agravó aún más la presión sobre las cuentas provinciales.

Emergencia por el temporal

La conferencia de prensa se dio en un contexto crítico para Tucumán. El temporal que azota a la provincia ya dejó al menos tres muertos y miles de familias afectadas por las inundaciones. Jaldo encabezó la reunión del comité de emergencia y aseguró que los equipos provinciales asisten a los damnificados desde el primer momento.

Según indicó, algunos vecinos ya sufrieron anegamientos por segunda y tercera vez. El gobernador destacó además el trabajo conjunto con intendentes y comisionados comunales, quienes colaboraron en la asistencia durante todo el domingo.

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UOCRA firma paritarias con aumentos leves

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En un contexto de fuerte control sobre las negociaciones salariales, el sector de la construcción cerró una paritaria que se alinea con la pauta oficial del Gobierno. El acuerdo, firmado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) junto a las cámaras empresarias, establece un incremento del 7,7% acumulativo para el trimestre marzo-mayo de 2026.

Así, se consolida una tendencia de aumentos moderados en el mercado laboral formal.

El esquema salarial se estructura en subas escalonadas mes a mes: 2% en marzo, 1,9% en abril y 1,8% en mayo, todas aplicadas sobre los salarios básicos del mes anterior. Este formato acumulativo permite que el ajuste total alcance el 7,7% en el período, en línea con la estrategia del Ministerio de Economía de evitar subas que superen la inflación proyectada.

A estos incrementos se suman pagos no remunerativos mensuales, diferenciados por categoría y zona, que funcionan como un complemento del ingreso en el corto plazo. Sin embargo, una de las particularidades del acuerdo es que parte de esos bonos —especialmente el correspondiente a mayo— comenzará a incorporarse al salario básico, transformándose parcialmente en remunerativo.

La vigencia del convenio se extiende hasta el 31 de mayo, con una cláusula de revisión prevista para el 20 de abril, cuando las partes volverán a reunirse para definir ajustes a partir de junio. Este esquema de revisiones cortas refleja la cautela que predomina en las negociaciones salariales, en un contexto económico aún inestable.

Paritarias que no compensan la tasa de inflación

Desde una perspectiva macroeconómica, el acuerdo de la construcción no es un caso aislado, sino parte de una política más amplia del Gobierno orientada a anclar salarios. En las últimas semanas, otros sectores clave como comercio, camioneros y sanidad también cerraron paritarias con incrementos contenidos, en muchos casos por debajo incluso de la inflación pasada.

Esta estrategia apunta a evitar una inercia inflacionaria impulsada por la puja distributiva, aunque plantea interrogantes sobre la evolución del poder adquisitivo. Si bien la inflación muestra signos de desaceleración, los aumentos salariales moderados podrían implicar una recuperación más lenta de los ingresos reales, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la construcción.

Aporte extra en UOCRA

En paralelo, el acuerdo incluye otros elementos relevantes para la estructura del sector. Se estableció un aporte extraordinario del 2% a cargo de los trabajadores y una contribución empresarial de $6.000 por empleado, destinada a financiar actividades sindicales y asistenciales.

Además, se creó una comisión especial que revisará estos mecanismos en el corto plazo, lo que sugiere posibles ajustes en la estructura de costos laborales.

El trasfondo de estas negociaciones está marcado por un sector que aún enfrenta señales de debilidad. La construcción, históricamente sensible al ciclo económico, viene de meses de contracción en la actividad, lo que limita el margen de las empresas para convalidar aumentos más elevados.

En este escenario, la paritaria de la UOCRA se convierte en un termómetro de la nueva dinámica salarial en la Argentina. Acuerdos más cortos, incrementos moderados y una creciente intervención indirecta del Estado definen los ingresos actuales.

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El Gobierno avanza con la privatización del GNL: dos ofertas en carrera y definición clave el 21 de abril

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El proceso para privatizar la importación y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL) dio un paso concreto: dos empresas presentaron sus ofertas técnicas en la licitación impulsada por Energía Argentina (ENARSA), y el cronograma ya fija fechas críticas. El próximo lunes 13 de abril a las 9 se abrirán las propuestas económicas y la adjudicación está prevista para el 21 de abril. En un contexto de alta demanda energética y reformas estructurales en marcha, la decisión no es solo administrativa: define quién manejará un insumo clave para el invierno y hasta dónde el Gobierno avanza en su política de desregulación.

La señal es nítida. Aun con la expansión de Vaca Muerta, Argentina deberá importar unos 20 buques de GNL para sostener el abastecimiento durante los meses fríos. La pregunta que sobrevuela el proceso es si el traslado de esa operatoria al sector privado mejora eficiencia o abre un nuevo frente de discusión sobre el control de recursos estratégicos.

De la gestión estatal al operador privado

La licitación, gestionada por ENARSA, busca seleccionar un “agente comercializador–agregador” que asuma la importación del GNL y su venta como gas regasificado en el mercado interno. En términos prácticos, implica reemplazar la gestión directa del Estado en la terminal de regasificación de Escobar por un esquema donde el riesgo comercial y la operatoria quedan en manos privadas.

El proceso se desarrolla en dos etapas. Primero, la evaluación técnica —ya cumplida con la presentación de dos oferentes—. Luego, la apertura del Sobre 2 con las propuestas económicas, que definirá la competitividad de cada oferta. El acto será transmitido por streaming, en línea con la intención oficial de dotar de visibilidad al procedimiento.

Detrás de este movimiento hay un marco normativo claro. La iniciativa se inscribe en la Ley Bases, que habilita la privatización de activos y operaciones de ENARSA y promueve la desinversión estatal en actividades consideradas transferibles al sector privado. El objetivo declarado es sustituir la intervención estatal por un esquema de competencia.

Energía, reformas y rediseño del Estado

La licitación del GNL no es un hecho aislado. Forma parte de una secuencia más amplia de decisiones que impactan sobre toda la cadena energética. En paralelo, el Gobierno activó el proceso para vender su participación en CITELEC, controlante de TRANSENER, y avanzó con cambios regulatorios en el mercado de combustibles y gas.

El denominador común es el mismo: reducir la presencia del Estado en la operatoria comercial. En el caso del GNL, la decisión adquiere una dimensión particular porque se trata de un insumo crítico en momentos de alta demanda, cuando el sistema energético enfrenta sus mayores tensiones.

La lógica oficial plantea que el sector privado puede gestionar con mayor eficiencia estas operaciones. Sin embargo, la necesidad estructural de importar gas —aun con producción local en crecimiento— expone límites en la infraestructura de transporte y mantiene la dependencia de decisiones estratégicas en un mercado sensible.

Impacto de la licitación

El avance de esta licitación fortalece el perfil del Gobierno en su agenda de reformas estructurales y consolida su discurso de apertura económica. Al mismo tiempo, desplaza el centro de gravedad de la toma de decisiones hacia actores privados, que pasarán a tener un rol directo en el abastecimiento energético durante el invierno.

En términos de mercado, el cambio puede modificar incentivos y dinámicas de competencia en la comercialización de gas. En términos políticos, introduce un factor adicional en la discusión sobre soberanía energética y capacidad de regulación estatal, especialmente en un contexto de volatilidad internacional en los precios del petróleo y el gas.

La simultaneidad con otros procesos de privatización refuerza la idea de un rediseño integral del esquema energético, donde la intervención estatal se reduce y el sector privado gana terreno en eslabones clave.

Un proceso que se define, pero no se agota

El 21 de abril marcará un punto de cierre formal para la adjudicación del contrato, pero no necesariamente el final del debate. La implementación del nuevo esquema, la respuesta del mercado y el comportamiento del sistema durante el invierno serán variables decisivas para medir el impacto real de la medida.

En las próximas semanas, la atención se concentrará en el resultado económico de las ofertas y en la capacidad del adjudicatario para garantizar abastecimiento sin sobresaltos. Pero también en algo más profundo: si este modelo logra consolidarse o si reabre tensiones sobre el rol del Estado en sectores estratégicos.

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Loma Negra la mayor cementera del país retorna a dueños nacionales

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La mayor cementera de Argentina volvió a quedar bajo conducción local. Tras meses de negociaciones y una reestructuración de deuda por cerca de US$ 1.500 millones, el grupo inversor encabezado por Marcelo Mindlin asumió el control de InterCement —y, por esa vía, de Loma Negra—, en una operación que redefine el mapa empresarial del sector y abre una pregunta de fondo: ¿se trata de un caso aislado o del inicio de una reconfiguración del capital en industrias clave?

El movimiento no es menor. Loma Negra, fundada por la familia Fortabat y vendida en 2005 a capitales brasileños, vuelve a tener conducción argentina después de más de dos décadas. El dato adquiere peso en un contexto donde el Gobierno promueve señales pro mercado, apertura a inversiones y desregulación, pero donde también resurgen discusiones sobre soberanía económica en sectores estratégicos.

Reconfiguración empresaria tras una deuda millonaria

La operación se apoyó en la reestructuración financiera de InterCement, controlada por la familia Camargo Correa, que arrastraba un pasivo cercano a los US$ 1.500 millones. El proceso fue aprobado por la justicia de San Pablo y estableció un nuevo esquema con un cupón del 6,75% y sin vencimientos en los próximos cinco años.

Ese rediseño permitió el ingreso del grupo Latcem, integrado por Mindlin junto a Redwood Capital Management y representantes de Chile Moneda–Patria Investments, que pasó a ser el accionista mayoritario del holding. Como resultado directo, Mindlin fue designado presidente.

El acuerdo incluyó además un aporte de capital de US$ 110 millones, orientado a estabilizar la operación y sostener el funcionamiento del grupo. En términos concretos, no se trató solo de un cambio de nombres en la conducción, sino de una reorganización profunda del esquema de poder financiero detrás de la compañía.

¿Qué dijo Mindlin de la nueva etapa de Loma Negra?

Al respecto, Mindlin destacó que la nueva estructura financiera permitirá a InterCement enfocarse en el crecimiento y buscar consolidar su operación regional en el tiempo.

Por su parte, InterCement se posiciona como la tercera productora de cemento en Brasil, con presencia en diez estados y una capacidad instalada de más de 16 millones de toneladas, consolidando así un grupo de alcance regional que ahora suma capital argentino en su estructura de control. 

Una empresa clave que nunca perdió centralidad

A diferencia del deterioro que afectó al holding brasileño, Loma Negra mantuvo en Argentina una posición sólida. La empresa conserva una participación de mercado del 45% y una capacidad de producción superior a 10 millones de toneladas anuales, lo que la ubica como actor dominante en un insumo crítico para la construcción y la obra pública.

Ese dato no es menor. El control de la principal cementera del país impacta de forma indirecta en la dinámica de la construcción, un sector sensible para la actividad económica y, por extensión, para la política. La estabilidad de Loma Negra, incluso en un contexto adverso para su casa matriz, refuerza su carácter estratégico.

Impacto político y señales al mercado

El regreso de capital argentino a la conducción de Loma Negra reordena equilibrios dentro del empresariado local. Fortalece a un actor con capacidad de incidencia en sectores clave y envía una señal al mercado sobre la posibilidad de recomposición de activos en manos nacionales, incluso en un contexto de globalización financiera.

Al mismo tiempo, el movimiento convive con una agenda oficial que busca atraer inversiones externas y flexibilizar regulaciones. Esa dualidad —apertura por un lado, reconfiguración local por otro— instala una tensión silenciosa en la lectura del rumbo económico.

En términos de correlación de fuerzas, el cambio no altera reglas formales, pero sí reposiciona actores. Y en sectores como el de materiales de construcción, donde la escala y el control de mercado son determinantes, ese tipo de movimientos suele tener efectos de mediano plazo.

Un nuevo ciclo con interrogantes abiertos

Con la nueva estructura financiera, InterCement apunta a consolidar su operación regional y retomar una estrategia de crecimiento. La presencia en diez estados de Brasil y una capacidad instalada superior a 16 millones de toneladas configuran un grupo con peso regional, ahora bajo conducción con participación argentina.

La incógnita no pasa solo por la evolución de la empresa, sino por el contexto en el que deberá operar. ¿Será este el inicio de una etapa de “re-nacionalización” empresarial en sectores estratégicos o un movimiento puntual en un mercado en reacomodamiento?

Por ahora, el cambio en Loma Negra marca un hito. Pero su verdadero alcance dependerá de lo que ocurra en los próximos meses, tanto en la economía real como en la dinámica del poder corporativo.

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Sturzenegger lleva al Senado la reforma de propiedad privada y abre un frente sensible sobre tierras y desalojos

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá este miércoles a las 16 en el Senado sobre el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una iniciativa firmada por el presidente y todo su gabinete que propone modificar el régimen de tierras, agilizar desalojos y reformar normas clave como la ley de Manejo del Fuego. El debate se abrirá en un plenario de comisiones y marca un movimiento de alto impacto político: ¿se trata de una consolidación del enfoque desregulador del Gobierno o del inicio de un nuevo foco de conflicto en el Congreso?

Reforma integral: propiedad, tierras y desalojos bajo un mismo eje

El proyecto no aborda un único aspecto, sino que articula una batería de cambios sobre el régimen de propiedad en Argentina. En el plano de las expropiaciones, introduce un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles, donde bastaría la acreditación del título para avanzar en la recuperación, manteniendo —según el texto— garantías de debido proceso y control judicial, pero reduciendo los tiempos actuales.

En paralelo, plantea una modificación de fondo en el régimen de tierras rurales al eliminar las restricciones vigentes desde 2011 que limitaban la compra por parte de extranjeros. El argumento oficial apunta a que esas limitaciones desincentivaron la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario, considerado estratégico por su peso productivo.

La iniciativa también redefine el enfoque regulatorio: en lugar de restricciones generales, propone concentrar los controles en casos donde intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el objetivo de resguardar la soberanía y la seguridad nacional.

A esto se suma la reforma de la ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina artículos centrales que impedían la venta o cambio de uso de tierras afectadas por incendios durante largos períodos —60 años en áreas protegidas y 30 en zonas agrícolas—, bajo el argumento de que esos plazos resultan “irrazonables” y afectan el derecho de propiedad.

El Senado como escenario de una disputa de modelo

La exposición de Sturzenegger se dará en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por legisladores del oficialismo. El dato no es menor: el Gobierno busca instalar el debate en un terreno institucional que combine técnica jurídica con decisión política.

El proyecto condensa una visión clara: priorizar la seguridad jurídica del propietario, reducir intervenciones estatales y habilitar mayor flexibilidad en el uso de activos, en especial en el ámbito rural. En términos concretos, redefine incentivos económicos y modifica reglas de juego para inversores, productores y actores del mercado inmobiliario.

Pero esa misma amplitud abre múltiples frentes. La eliminación de límites a la propiedad extranjera y la flexibilización en zonas afectadas por incendios no son cambios aislados: impactan sobre discusiones históricas vinculadas a soberanía, uso del suelo y regulación ambiental.

Inversión, propiedad y tensiones latentes

El avance del proyecto puede fortalecer al Gobierno en su agenda de desregulación y atracción de inversiones, particularmente en sectores productivos vinculados al agro. La señal hacia el mercado es directa: menos restricciones, mayor previsibilidad para el capital.

Sin embargo, la iniciativa también introduce tensiones potenciales en el Congreso y en la arena pública. La revisión de normas aprobadas en etapas anteriores y la concentración de reformas en un solo proyecto pueden activar resistencias, especialmente en torno a la propiedad de tierras y la regulación ambiental.

En términos legislativos, el debate no solo girará en torno a los artículos, sino al modelo de Estado que subyace: un esquema que reduce la intervención en favor de la lógica de mercado. Allí se juega parte de la correlación de fuerzas.

Un debate que recién empieza

La exposición de Sturzenegger será el punto de partida de una discusión que combina derecho constitucional, política económica y disputa territorial. El proyecto no solo propone cambios normativos; redefine prioridades.

En las próximas semanas, el foco estará puesto en cómo se procesan esas reformas dentro del Senado y qué actores logran incidir en su redacción final. La pregunta de fondo —qué equilibrio entre propiedad, regulación y soberanía se busca— todavía está abierta.

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