Mes: mayo 2026

Economía para la economía real

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Por Jamieson Greer / F&D FMI – Durante aproximadamente 30 años, los aranceles y la regulación de importaciones fueron parias políticos. Parafraseando la frase del escritor inglés G.K. Chesterton sobre el cristianismo: Los aranceles no se probaron ni se consideraron insuficientes, sino rechazados por los modelos económicos actuales y sin probar. Los responsables políticos, temerosos de desafiar el consenso de élite derivado de tales modelos, cerraron el universo de opciones y estrategias para resolver los desafíos de Estados Unidos. Pero el presidente Donald Trump ha cambiado eso y, al hacerlo, ha hecho un regalo a los economistas. El regreso de los aranceles y las regulaciones de importación crea una oportunidad para actualizar viejas suposiciones y modelos anticuados con la evidencia sólida de datos y experiencias reales.

Es interesante que estas políticas llegaran a ser inaccesibles. Los arquitectos del sistema económico internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial conocían los riesgos del comercio sin restricciones, como los importantes desequilibrios comerciales o las peligrosas dependencias de importaciones. Estos arquitectos priorizaron la soberanía nacional y la seguridad como objetivos iguales junto con la prosperidad generalizada. El Acuerdo General sobre Aranceles Aranceles y Comercio fue negociado deliberadamente para permitir un uso robusto de aranceles con el fin de garantizar la seguridad esencial, prevenir daños a las industrias nacionales, responder a la competencia desleal, fomentar el desarrollo económico y abordar los desafíos de la balanza de pagos. El Comité Coordinador para el Control Multilateral de Exportaciones alineó las políticas de control de exportaciones en Estados Unidos y sus aliados para presentar un frente económico común frente a la Unión Soviética y sus satélites. Los acuerdos plurilaterales, como el Acuerdo Internacional del Estaño, gestionaban activamente el comercio de materias primas clave para salvaguardar las cadenas de suministro.

Para los años 90, responsables políticos, economistas y líderes empresariales habían olvidado las sutilezas y el pragmatismo de sus antepasados, sin darse cuenta de que existen buenas razones para preservar la capacidad de los países para gestionar sus relaciones comerciales según los intereses nacionales. En los días intensos tras la caída del Muro de Berlín, hubo una prisa por adoptar la simplicidad de la hiperglobalización: ¿No sería mejor para todos los pueblos del mundo eliminar por completo las barreras comerciales? Y así nacieron la Organización Mundial del Comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y nuestra situación actual.

Se pensaba que este enfoque traería paz y prosperidad, pero en realidad solo permitía a las multinacionales perseguir subvenciones y normas laborales y medioambientales débiles en todo el mundo. En Estados Unidos, los votantes se volvieron más escépticos al ver cómo los empleos de clase trabajadora se trasladaban al extranjero, y los economistas respondieron con métodos altamente cuantitativos para calcular, a menudo con falsa precisión, enormes avances teóricos que se lograban dejando entrar avalanchas de importaciones. Y, al mismo tiempo, muchos otros países mantuvieron altos tipos arancelarios y barreras no arancelarias. Adiós al optimismo posterior a la Guerra Fría.

Cuando el presidente Trump asumió el cargo por primera vez, la brecha entre teoría y práctica era demasiado grande para ignorarla. Los estadounidenses perdieron millones de empleos manufactureros de alta calidad, más de 70.000 plantas cerraron, los salarios de la clase trabajadora quedaron atrás, la base industrial se debilitó, la innovación se ralentizó, la productividad real en la manufactura disminuyó y las comunidades de todo el país resultaron perjudicadas. El déficit comercial de bienes se disparó hasta 1,2 billones de dólares anuales, lo que a su vez alimentó el déficit insostenible por cuenta corriente del país.

Escribiendo con humildad en 1933, pues representaba un cambio en sus opiniones, John Maynard Keynes expresó dudas sobre “si la pérdida económica de la autosuficiencia nacional es lo suficientemente grande como para superar las demás ventajas de llevar gradualmente el producto y el consumidor dentro del ámbito de la misma organización nacional, económica y financiera.” Esto supuso un punto de inflexión para Keynes, que se convirtió en uno de los defensores más vocales de mecanismos más fuertes de regulación comercial en las negociaciones de Bretton Woods. Mientras el presidente Trump está creando un nuevo orden económico internacional —basado en el equilibrio, la reciprocidad, la justicia y la resiliencia— es hora de que la profesión económica tome ejemplo de Keynes y se adapte al mundo tal y como es, en lugar de como nosotros quisiéramos que fuera.

Suposiciones erróneas

En ningún lugar es más necesario ponerse al día que en la modelización económica. Los modelos que normalmente se utilizan para predecir los efectos de la política comercial presentan muchos puntos ciegos. A menudo asumen el pleno empleo y transiciones laborales sin contratiempos entre industrias y geografías. Los modelos no reflejan la complejidad de los enlaces de la cadena de suministro y se centran principalmente en las ganancias de eficiencia a largo plazo, definidas como la capacidad de adquirir productos al menor coste posible. Tales avances teóricos se tratan como bienes sociales puros. Estos modelos en su mayoría asumen realidades que la gente normal, o los profesionales como yo, experimentamos a diario.

La economía rara vez funciona con pleno empleo. La disminución de la participación en la fuerza laboral en regiones concretas o en grupos demográficos específicos, incluidos los hombres de clase trabajadora, son prueba de ello. Los costes de transición también son reales y graves. Por ejemplo, David Autor y otros han rastreado lo que ocurrió con los trabajadores estadounidenses y las ciudades más expuestas al “Shock de China”. La movilidad geográfica disminuyó en los lugares expuestos al comercio. La reasignación intersectorial de antiguos trabajadores manufactureros fue mínima. Cuando finalmente volvieron los empleos, eran trabajos de menor cualificación y pasaron a otras personas. Los trabajadores manufactureros en funciones, a menudo hombres negros y blancos en ciudades medianas o pequeñas, nunca recuperaron sus ingresos. Envejecieron en su lugar y no, como animaba la élite política estadounidense, a Phoenix para convertirse en trabajadores de atención domiciliaria ni a Seattle para programar software.

El coste se puede medir en vidas humanas—y esto no es una exageración. Un estudio reciente de Amy Finkelstein y coautores encontró que las zonas con exposición media a la competencia de importaciones mexicanas bajo el TLCAN experimentaron un aumento sostenido del 0,68 por ciento en la mortalidad anual ajustada por edad. Los daños se concentraron entre los hombres en edad laboral y se distribuyeron entre la mayoría de las principales causas de muerte. Los autores descubrieron que este impacto en la mortalidad más que borró las ganancias de bienestar identificadas en un análisis económico líder del TLCAN, convirtiendo el acuerdo en una pérdida neta mortal para las personas a las que se suponía debía ayudar.

Muchos modelos tampoco tienen en cuenta los vínculos a nivel sectorial que influyen en cómo cambian los flujos comerciales bajo las reglas de origen en los acuerdos comerciales modernos. A menudo no recopilamos las estadísticas necesarias para permitir un análisis empírico más preciso, incluyendo la dinámica de la cadena de suministro. Además, las limitaciones en los enfoques estadísticos o de modelización alimentan narrativas políticas falsas. Por ejemplo, investigaciones de Susan Houseman han encontrado que los tan anunciados avances en la producción manufacturera estadounidense se deben a cómo medimos el aumento de la potencia de cálculo, no a la producción real de más materiales. Teniendo en cuenta las cifras distorsionadas de la industria informática, la producción manufacturera real en EE. UU. cayó un 6 por ciento entre 2007 y 2016.

Logrando el equilibrio

El argumento tradicional a favor del libre comercio sin restricciones presentado por los economistas se fundamentaba en el principio de ventaja comparativa. Es absolutamente cierto y no trivial que la especialización aporta eficiencia. Sin embargo, la economía contemporánea debe tener en cuenta un mundo donde las economías de escala y la intervención gubernamental se combinan para crear desequilibrios estructurales comerciales desvinculados de la ventaja comparativa. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos, con la tierra de cultivo más abundante del mundo, tenga un déficit comercial en la agricultura? ¿Cómo puede ser que Corea del Sur—con recursos energéticos limitados, sin carbón y sin mineral de hierro—se convirtiera en una potencia siderúrgica? Las intervenciones económicas de los países han manipulado la economía global de manera que persistentemente han dejado a algunos países en déficit y a otros en superávit. Esto no es saludable para los países de ninguna de las dos categorías.

Investigaciones recientes del FMI han encontrado que los persistentes desequilibrios comerciales perjudican a las economías deficitarias y benefician a las superávidas al reasignar las ganancias de productividad. El Banco de Inglaterra planteó un punto más preciso: cuando un país “combina la política industrial con diferentes formas de supresión del consumo —como redes de seguridad social débiles, controles de capital o un alto ahorro preventivo— las subvenciones generan superávits comerciales persistentes y se convierten en una política de mendigo al vecino con consecuencias internacionales negativas.” La administración Trump no podría haberlo dicho mejor.

El FMI reconoció recientemente que los desequilibrios son “concentrados y persistentes” y están impulsados al menos en parte por políticas de países excedentes. En su informe más reciente del Artículo IV, el FMI lanzó la alarma sobre el déficit por cuenta corriente de EE. UU. (impulsado principalmente por el déficit comercial), señalando que la posición negativa resultante en inversión internacional neta “aumenta el riesgo de un eventual desorden externo desordenado.”

Pero, para abordar este problema, el FMI recomienda soluciones insostenibles y escandalosas: aumentos fiscales a gran escala (incluido un impuesto federal sobre las ventas del 10 por ciento) y medidas de austeridad (incluyendo recortes profundos en programas populares de prestaciones sociales). Reconocen que esto, en el mejor de los casos, tendría solo un efecto moderado, mientras que también requeriría que los países con excedente tomen medidas para aumentar la demanda. ¿La recomendación del FMI para lograr eso? “Trabajar de forma constructiva con los socios comerciales” para abordar “las preocupaciones sobre la equidad del sistema comercial global.” Los crecientes desequilibrios de la última década demuestran la ineficacia de pedir amablemente cambios económicos estructurales.

Modelos equivocados

¿Por qué el FMI recomienda políticas drásticas e impopulares mientras critica el enfoque arancelario de la administración Trump? La respuesta reside, en parte, en supuestos del modelo. El modelo Global Integrado de Monetaria y Fiscalía (GIMF) del FMI muestra que los aranceles tendrían un efecto insignificante en el estrechamiento de los desequilibrios de cuenta corriente. El FMI señala ese resultado en su Informe del Sector Externo de 2025 para descartar la herramienta como una solución a lo que califica como un problema urgente. Pero el FMI reconoce que el modelo no contempla el “salto arancelario a través de la reasignación transfronteriza de la producción.”

Esta nota técnica menor contiene multitudes. El salto arancelario es precisamente el mecanismo a través del cual los aranceles protectores y otras medidas comerciales han inducido la “relocalización” de la producción y han cambiado los patrones comerciales. Las restricciones del presidente Ronald Reagan a los automóviles japoneses a principios de los años 80 incentivaron un auge de la deslocalización que generó más de 100.000 nuevos empleos en automóviles estadounidenses en más de 300 nuevas instalaciones de producción para los años 90. Los aranceles de salvaguardia de 2018 del presidente Trump a las lavadoras desencadenaron una ola de inversión, incluyendo grandes instalaciones nuevas de Samsung y LG en Carolina del Sur y Tennessee. Mercedes-Benz está invirtiendo 4.000 millones de dólares en su planta de Alabama, citando explícitamente los aranceles como la causa. La investigación de McKinsey muestra cómo los aranceles recientes ya han provocado una reorganización a gran escala de las cadenas de suministro en todo el mundo. ¿Cómo podemos desestimar aranceles basándonos en un modelo que asume el mecanismo mediante el cual funcionan?

Hay quienes reconocen los problemas sociales y económicos que plantean los déficits estructurales comerciales, pero recomiendan herramientas distintas a los aranceles para abordarlos. Warren Buffett, entre otros, recomendó de forma célebre exigir a las empresas que quieren importar bienes que compren un certificado a un exportador nacional de cualquier bien o servicio de valor igual. Aunque quizá sea viable sobre el papel, este enfoque probablemente presentaría desafíos significativos en la implementación. Otros han sugerido un cargo de acceso al mercado sobre las entradas financieras extranjeras para reducir el déficit depreciando gradualmente la moneda. Una solución así probablemente provocaría una insurrección organizada en el sector de servicios financieros, podría verse como un impuesto a la inversión entrante y es difícil de explicar al público.

Los aranceles que apuntan directamente a las fuentes primarias del déficit son la solución más sencilla y flexible. Esto fue aceptado durante mucho tiempo en todas las líneas partidistas antes del cambio de enfoque hacia la hiperglobalización, incluyendo en los años 80, cuando la propuesta del futuro líder demócrata de la mayoría en la Cámara, Dick Gephardt, de imponer aranceles obligatorios a gran escala a economías persistentes en excedentes fue aprobada por la Cámara de Representantes (antes de ser finalmente descartada en favor de la autoridad reforzada de la Sección 301 que actualmente utiliza mi oficina). Ya estamos viendo los efectos beneficiosos de los aranceles del presidente Trump. El déficit comercial de Estados Unidos con China disminuyó un 32 por ciento interanual en 2025. El déficit comercial total de bienes ha disminuido, año tras año, cada mes desde que el presidente Trump comenzó a implementar su política de aranceles recíprocos en abril de 2025.

A medida que avanzamos, necesitamos modelos que capturen lo que importa para la economía real. Esto incluye las consecuencias distributivas del comercio, las fricciones en el mercado laboral, los efectos de la red y la escala en la manufactura, los efectos del arbitraje regulatorio en trabajadores y productores, los impactos de las reglas de origen detalladas en las redes globales de producción y—a la luz de las nuevas investigaciones del TLCAN—los resultados de salud pública. Si queremos políticas más inteligentes, necesitamos herramientas empíricas más enriquecidas que estudien cómo funciona realmente el comercio.

Nuevos retos, nuevas herramientas

No tenemos tiempo para esperar. Estados Unidos está utilizando aranceles y acuerdos sobre comercio recíproco para fomentar la inversión productiva entrante, aumentar los incentivos para la producción nacional y abrir mercados para las exportaciones estadounidenses. El FMI reconoce que un reequilibrio duradero requiere acción tanto de economías excedentes como deficitarias. Sin una presión real, una economía excedente no tiene motivo para actuar, pero eso no significa que los países deficitarios deban permanecer inertes. Por ello, Estados Unidos está tomando medidas audaces para sentar las bases de un sistema económico internacional basado en el equilibrio, la reciprocidad, la justicia y la resiliencia.

Alfred Marshall escribió una vez: “Las condiciones económicas cambian constantemente, y cada generación aborda sus propios problemas a su manera.” Es urgente que los economistas tomen ese consejo. A medida que cambia la economía global, también debe hacerlo la profesión económica. Los economistas pueden ser científicos desafortunados, pero no tienen motivos para vivir con la cabeza enterrada.

JAMIESON GREER es el representante comercial de Estados Unidos.

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Las expectativas de inflación bien fundamentadas ayudan a América Latina a superar el choque petrolero

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Por Philip Barrett y Gonzalo Huertas / FMI – Mientras el conflicto en Oriente Medio eleva los precios del petróleo y amenaza con un nuevo ciclo de inflación, el buen anclaje de las expectativas inflacionarias de América Latina ayudará a amortiguar el impacto, incluso cuando los bancos centrales han considerado reducir las tasas de interés.

En la mayoría de los países de la región, los shocks de oferta tras la pandemia no han elevado las expectativas de inflación a largo plazo —es decir, el nivel en el que la población, las empresas y los analistas esperan que se sitúe la inflación en los próximos años—, incluso en un contexto de alta inflación en el corto plazo. Nuestro estudio muestra que estas expectativas firmemente ancladas ayudan a limitar la transmisión de los shocks de precios de la energía y otras materias primas a los precios al consumidor, ya que no se espera que los precios más elevados de las importaciones se traduzcan en un aumento persistente de la inflación en el futuro.

El estudio, que se basa en trabajos anteriores del FMI, muestra que, en los mercados emergentes, un anclaje más firme reduce considerablemente el impacto inflacionario de los shocks en los términos de intercambio, es decir, cuando el precio de las exportaciones de un país cambia en relación con el precio de sus importaciones. La estabilidad de las expectativas da a los países de la región más margen para poder reducir las tasas de interés, incluso ante subidas de los precios del petróleo.

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Las principales economías de América Latina se benefician ahora de unas expectativas inflacionarias mejor ancladas, resultado de las reformas institucionales iniciadas hace unos 25 años, que incluyeron la adopción de regímenes de metas de inflación, el fortalecimiento de la independencia de los bancos centrales y el fin del predominio fiscal.

Dichas reformas influyeron positivamente en la percepción sobre los precios. Aunque los pronósticos de inflación en América Latina siguen estando, en promedio, más alejados de la meta que en las economías avanzadas, la disparidad de las percepciones sobre los precios es similar en ambos grupos de países. Esto es coherente con el hecho de que las autoridades económicas gozan de credibilidad y operan dentro de marcos sujetos a limitaciones institucionales.

En las últimas dos décadas, han mejorado ambos extremos de la distribución de las expectativas inflacionarias, es decir, la percepción de que los aumentos de precios fueran a ser demasiado altos o demasiado bajos. Quienes antes esperaban una inflación demasiado alta y quienes esperaban una inflación demasiado baja han ido modificando gradualmente sus expectativas y acercándolas al nivel de las metas de los bancos centrales.

Sin embargo, esta credibilidad ganada a base de mucho esfuerzo también puede perderse fácilmente. Nuestro estudio concluye que una política monetaria más restrictiva de lo previsto lograría avances modestos en las expectativas, aumentando el anclaje de forma moderada y con cierta demora. Por el contrario, una política monetaria inesperadamente expansiva puede tener efectos negativos mucho más fuertes, dando lugar a un desanclaje de las expectativas.

Los estudios de casos de países como Brasil, Chile y Argentina ilustran cómo los cambios en los marcos de política monetaria afectan a las expectativas y ofrecen lecciones importantes para el diseño de las políticas:

  • El régimen monetario adecuado depende del contexto. Por ejemplo, aunque los regímenes de metas de inflación suelen ser un componente clave de los marcos de políticas que proporcionan estabilidad macroeconómica, puede que no siempre sean ideales cuando la inflación es muy elevada. Si la inflación es realmente muy elevada, unos regímenes más sencillos, como aquellos con componentes de metas cambiarias o monetarias, pueden resultar inicialmente más adecuados.
  • Esto no significa que la aplicación de regímenes de metas de inflación exija unas condiciones plenamente estables. Aunque lo más adecuado pueda parecer la introducción gradual de los regímenes de metas de inflación en condiciones macroeconómicas estables, también pueden contribuir a anclar las expectativas cuando se adoptan de golpe en un entorno económico difícil. La introducción de regímenes de metas de inflación en Brasil en 1999 es buen ejemplo de ello. No obstante, en tales condiciones, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para generar confianza en los objetivos de la política del banco central.
  • Contar con un amplio apoyo institucional es esencial en casi todos los casos. No es muy probable que los regímenes de metas de inflación sean eficaces cuando las políticas fiscales u otras políticas socavan el objetivo del banco central, o si falta un compromiso político más amplio para mantener la inflación baja y estable. Los altos niveles de dolarización pueden dificultar los procesos de desinflación.

La experiencia de América Latina muestra los frutos de las reformas aplicadas una generación atrás. Los marcos construidos en torno a las metas de inflación y a la independencia de los bancos centrales contribuyeron a fomentar la estabilidad y a poner fin a una era de inflación elevada y volátil. Estos avances son importantes ante la aparición de nuevos shocks, puesto que el mejor anclaje de las expectativas inflacionarias contribuye a contrarrestar las presiones temporales sobre los precios.

La mayor disrupción en la historia del mercado mundial de petróleo plantea una nueva prueba, pero observamos un patrón claro: si las expectativas están bien ancladas, las economías pueden absorber mejor esos shocks sin desestabilizar la inflación. Esta capacidad para sobreponerse a las turbulencias se debe a la credibilidad monetaria forjada a lo largo de décadas, aunque no está garantizada. Una política excesivamente laxa o cambios bruscos en los marcos de política económica pueden erosionar rápidamente los logros alcanzados con gran esfuerzo; por ello es importante preservar la credibilidad para mantener la estabilidad en los momentos más críticos.

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La energía del mar: el proyecto argentino que busca generar electricidad a partir de las olas

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Por Lara Guerrero / IPS Noticias – Aunque Argentina continúa impulsando su industria fósil, su amplia zona costera abre una oportunidad poco explorada: la energía undimotriz, una fuente renovable que aprovecha el movimiento de las olas para generar energía.

Con esa idea en mente, el ingeniero Alejandro Haim comenzó en 2007 un proyecto de energía undimotriz en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Buenos Aires.

A mediados de marzo, el proyecto de energía undimotriz tuvo un avance contundente. En la metalúrgica Duroll de Pilar, se realizó la prueba estructural de la boya de tres metros de diámetro y 2,5 toneladas y el brazo.

“Probamos todas las partes del equipo, su funcionamiento, que no fallen, que no se rompan, que funcione correctamente fuera del agua, en el lugar donde estamos construyendo”, sostuvo Haim. “Una vez que pase todas las pruebas, que demostremos que es seguro para la gente y que no va a pasar nada extraño que pueda poner en peligro ni la flora, ni la fauna marina, recién ahí se trasladaría a la escollera norte de Mar del Plata y se instalaría», añadió.

Explicado de manera esquemática, el proyecto del generador comienza con una boya que flota en el agua. Un brazo metálico unido, en un extremo, a la boya que oscila cuando esta sube y baja, y al otro extremo del brazo, la conexión con una plataforma que puede ser una escollera o muelle. El movimiento lento y de vaivén del brazo entra en una cadena cinemática, es decir, un sistema de engranajes y mecanismos que hace girar un generador eléctrico y, finalmente, produce la energía.La simplicidad del mecanismo tiene detrás años de planificación estratégica. Así lo explica Haim: “El hecho de que sea simple hace que el costo sea bajo y la confiabilidad del equipo, elevada, porque mientras más simple, menos probabilidades hay de que algo falle”.

A diferencia de otros proyectos de energía undimotriz que hay en el mundo, “la ventaja del nuestro es que lo único que está en contacto con el agua es la boya. El resto, va fuera del agua. Hay equipos que van sumergidos total o parcialmente, por ejemplo”, aporta el ingeniero respecto a las probabilidades de corrosión de los materiales.

La escollera norte de Mar del Plata no es el destino final del proyecto. “Nosotros pensamos el equipo en la escollera como una plataforma de investigación científica”, sostiene Haim.

El objetivo final es llegar a instalaciones offshore (costa fuera), pero para eso primero hay que demostrar en condiciones reales el coeficiente de conversión de energía undimotriz a energía eléctrica. “Uno puede hacer un montón de simulaciones, cálculos, pero en definitiva la demostración práctica es lo que termina de ponerle el sello a todo esto”, afirma.

En ese sentido, Roberto Salvarezza, exministro de Ciencia y Tecnología de la Nación (2019-2021) y actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) –dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires– precisa que «se llega a un piloto, se hace una evaluación y a partir de ahí uno busca la posibilidad de escalar si la tecnología ha sido exitosa, a fin de pasar ya a una fase productiva».

El potencial undimotriz

Imagen descriptiva del convertidor diseñado – Imagen: Proyecto de Energía Undimotriz UTN.BA – Pacheco

Hoy, el proyecto de energía undimotriz de la UTN que dirige Haim está patentado y tiene más de 20 profesionales e investigadores trabajando en su concreción. El equipo estima que un parque pequeño de 200 boyas tendría una potencia de 6 megavatios y abastecería a unas 20 000 personas o 5000 hogares, ocupando una superficie equivalente a tres manzanas.

Según un estudio publicado por el equipo de investigación en la revista Energías Renovables y Medio Ambiente, una sola boya de 30 kilovatios (kW) instalada en la costa de Necochea sería capaz de producir 131 megavatios hora (MWh) al año.

En 2025, Argentina consumió 141 249 gigavatios hora (GWh) según el informe anual de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Eléctrico (Cammesa), lo que pone en perspectiva la escala: el aporte de un prototipo individual es mínimo, pero según Haim, «la cantidad (de generadores) que se puede instalar no tiene techo».

Una de las ventajas técnicas que destaca el equipo es la densidad energética del recurso. Según un estudio publicado por los investigadores de la UTN, la energía undimotriz tiene una potencia por unidad de superficie de entre 2000 y 3000 W/m², frente a los 400-600 W/m² de la eólica y los 200 W/m² de la solar.

La razón es que la densidad del agua es 850 veces mayor que la del aire, lo que permite que la masa oceánica acumule y transporte más energía. Salvarezza suma otra ventaja: “Esta transferencia de energía (de las olas) es más permanente con respecto a la intermitencia que puede tener la energía solar o la energía eólica, donde la intensidad del viento es más fluctuante”.

A nivel global, las estimaciones sobre el potencial de este recurso son significativas. Un estudio de 2010 calculó que el recurso undimotriz a nivel mundial podría llegar a cubrir alrededor de 3,7 teravatios (TW), lo que representaba 20 % de la demanda mundial de energía de aquel momento.

Ana Julia Liftschitz es oceanógrafa y fue parte del proyecto de energía undimotriz durante varios años. En la actualidad, trabaja en la UTN de Puerto Madryn, Chubut, en un proyecto de turbinas hidrocinéticas para generar energía a partir de las mareas.

Coincide con Haim en que el potencial energético del mar argentino es sumamente vasto. Liftschitz destaca que «desde el punto de vista del recurso no hay ninguna limitación», y resalta que, aunque la aplicabilidad tecnológica sea un desafío, «tenemos el mar acá, que tiene un recurso ilimitado de energía y no lo estamos aprovechando».

Sobre esa dificultad de aplicación, Salvarezza precisa qué tipo de obstáculos enfrenta la tecnología: «El gran problema que tiene es que está expuesta a condiciones muy extremas. Se somete a los dispositivos a un permanente estrés mecánico que es el movimiento de las olas y, por el otro lado, está expuesto a un ambiente marino que degrada los materiales», detalla.

Actualmente, existen diversos proyectos en fase de prototipo desarrollados en distintos países como Reino Unido, España, Portugal, Estados Unidos, Japón, Noruega, Dinamarca, Brasil e Israel. A pesar de estos avances, Haim explica que en el sector todavía no hay ninguna tecnología que haya llegado a un grado de madurez que posicione a un proyecto por sobre otro para desarrollarlo a escala comercial.

Esta situación de paridad tecnológica habilita una oportunidad para el desarrollo local, a la vez que posiciona a la Argentina dentro del contexto global. Como se destaca en un estudio de 2019 realizado por Haim y otros miembros del proyecto, el hecho de ser una «tecnología en estado de desarrollo experimental permite competir con otros desarrollos a nivel mundial sobre el desarrollo de equipos confiables, seguros y de costos competitivos».

Salvarezza precisa que, a nivel mundial, «la energía del mar está en una etapa aún exploratoria, en el caso de la undimotriz, precomercial, con algunos prototipos desarrollándose, algunos en Estados Unidos, otros en Europa». Y agrega: «Hoy en día el precio que podría tener el megawatt-hora de estas energías están por encima de lo que son las energías fósiles o el caso de las renovables como la energía solar y energía eólica. Sin embargo, a medida que se vayan desarrollando y alcancen escala, seguramente estos precios van a bajar».

Energía renovable en la matriz energética argentina

En 2006, mediante la Ley 26.190, se creó el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, que establecía como meta alcanzar una contribución de las fuentes de energía renovables de 8 % del consumo de energía eléctrica nacional para el 31 de diciembre de 2017.

El incentivo que planteaba la ley era a través de incentivos fiscales, beneficios impositivos y la remuneración de la energía generada que se volcara al mercado mayorista o servicios públicos. En aquella ley, la energía undimotriz ya se posicionaba dentro de la lista de energías renovables que se buscaba fomentar.

Boya y brazo metálico – prueba _en seco_ en metalúrgica Duroll de Pilar. Imagen: Proyecto de Energía Undimotriz UTN.BA -Pacheco

Luego, en 2015 con la Ley 27.191 se modificó el régimen y elevó esta meta para lograr que las fuentes renovables alcancen el 20% del consumo de energía eléctrica nacional para diciembre de 2025. Según el informe anual de Cammesa de 2025, el país cerró ese año con un aporte de 18,9 %.

Desde el proyecto de energía undimotriz de la UTN plantean que el desarrollo de esta tecnología contribuiría a diversificar la matriz energética y a un abastecimiento más seguro y constante.

“La diversificación de las energías hace que, si te falla una de las fuentes, tenés de la otra. Si dependés de una sola y esa falla, es muy complicado”, advierte Haim, quien retoma como ejemplo el apagón masivo que afectó a España y Portugal en abril de 2025, cuando una desconexión abrupta de plantas generadoras provocó la caída de la red eléctrica peninsular.

Soberanía energética: el peso del desarrollo local

Gabriel Blanco es ingeniero, investigador y coordinador del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía (CTAE) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), donde se estudia el nexo entre energía, ambiente y sociedad.

Blanco sostiene que la transición energética es necesaria por múltiples motivos, entre ellos, el cambio climático y cuestiones vinculadas al modelo energético actual, que describe como «muy concentrado en términos de capitales y tecnología».

El investigador plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo más diversificado y participativo. En ese sentido, considera que el desarrollo de energías renovables a nivel nacional, como el proyecto de energía undimotriz, «es parte de una diversificación en términos de recursos, en términos tecnológicos y fundamentalmente que se está haciendo desde lo local con actores locales».

Autonomía tecnológica frente a los cambios de gobierno

El proyecto undimotriz de la UTN fue diseñado para realizarse de punta a punta en el país. «Todos los mecanismos que tiene nuestro equipo se pueden fabricar en la Argentina. Es más, nosotros ya lo estamos fabricando, lo podemos hacer con la industria nacional, no dependemos de importaciones», cuenta Haim.

Y esto tiene una razón. «Queríamos algo que pudiéramos hacer acá en Argentina, que no dependiéramos de inversiones extranjeras. Yo empecé con esto en el 2007, casi 20 años atrás y fijate cuántos presidentes pasaron por el medio y todavía seguimos con el tema. Entonces, tenemos que ser resistentes a los cambios de política de la Argentina. Si un día te abren las importaciones, después te las cierran, después te las abren, no podemos depender de lo que decida el gobierno de turno. Mientras menos dependamos del entorno exterior, mejor», explicó el ingeniero.

La preocupación de Haim por la autonomía tecnológica se vincula con un debate más amplio sobre la transición energética en Argentina. El estudio «Impactos en la Balanza Comercial Argentina de la Transición Energética», realizado por Blanco y otros autores, advierte que la transición puede reproducir formas de dependencia si no se acompaña con una política industrial propia.

«Si la transición se implementa sin una estrategia de desarrollo tecnológico e industrial, puede generar una nueva dependencia: la importación masiva de equipos, tecnologías y componentes estratégicos, sustituyendo la vulnerabilidad asociada a los combustibles fósiles por otra vinculada a la tecnología extranjera», concluye el documento.

Fotomontaje del equipo pontado sobre la escollera norte del puerto de Mar del Plata. Imagen: Proyecto de Energía Undimotriz UTN.BA -Pachec

Blanco desarrolla esa idea: «Pueden haber cuestiones ligadas a la dependencia tecnológica porque, por ejemplo, la energía solar y los paneles solares pueden ser muy buenos, pero nosotros no los hacemos, se traen de China o del país que sea».

Salvarezza aporta una mirada similar desde su rol institucional: «En el caso de la energía eólica y solar, hay pocas posibilidades de que Argentina pueda participar de la cadena de valor, salvo algunos nichos reducidos. La mayoría de la tecnología que se dispone, está en manos de empresas extranjeras».

Por eso, destaca el caso del proyecto de energía undimotriz: «Es particularmente interesante porque el dispositivo que ha desarrollado la universidad tiene estas características de integrar, casi en su totalidad, industria nacional».

Del desfinanciamiento nacional al apoyo provincial

En 2022 el proyecto fue seleccionado por el Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec) para, en 2023 recibir un financiamiento de 50 millones de dólares para el desarrollo gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Sin embargo, desde 2024 el gobierno de Javier Milei dejó al financiamiento al sistema científico y el desarrollo nacional prácticamente congelado debido a la retención de fondos provenientes de préstamos internacionales.

El dinero que debían recibir nunca llegó.

“Peor todavía, porque nosotros hicimos trabajos durante un año, les presentamos las facturas, y nunca lo pagaron. O sea que nosotros tuvimos el gasto”, relata Haim.

Antes “el Fonarsec te daba la plata y vos la administrabas. Con el cambio de gobierno cambiaron las reglas”, relata y agrega que la instrucción fue que, cuando compraran los insumos o finalizaran los trabajos, enviaran la factura y les iban a remunerar los gastos.

“Los investigadores dedicaron mucho tiempo y horas de trabajo, presentaron las facturas, el trabajo que hicieron, y nunca se les pagó. Es peor a que te saquen el financiamiento, porque trabajaste con la esperanza de cobrar y no cobraste un mango”, relata Haim y agrega que también perdieron a la empresa con la que se habían asociado para construir el equipo.

El investigador agrega que perdieron “todo el trabajo que hicimos de conseguir una empresa, firmar compromiso de confidencialidad, armar el proyecto, fue mucho tiempo que no te lo paga nadie después. Cuando uno hace un proyecto con la idea que salga, sabe que puede salir mal, pero no te imaginás que va a pasar algo así”.

Fue entonces cuando, en 2024, la Provincia de Buenos Aires intervino para que el proyecto continuara a través del Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA).

Este organismo funcionó como el nexo que vinculó al equipo de la UTN con el Programa de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (Proinged) y con el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), permitiendo que el proyecto recupere su impulso.

Salvarezza, presidente de la CIC, describe ese momento: «A comienzos del 2024 este proyecto se encontraba en una situación muy compleja porque se había desarrollado con lo que eran los fondos que aportaba el Estado Nacional, los Fonarsec. Hubo un cambio en el gobierno y estos fondos no siguieron fluyendo».

Y agrega: «Hoy en día es la provincia (de Buenos Aires) la que está sosteniendo este proyecto”.

El recurso marino en Argentina

Como oceanógrafa, Liftschitz hace una caracterización de los potenciales de energía que podrían obtenerse de los casi 5000 km de costa argentina.

«Si uno piensa en la costa argentina puede hacer una división muy clara. En la costa bonaerense la energía del mar más rentable sería la undimotriz, la energía de las olas, que allí no son excesivamente grandes, pero son persistentes. Para que se forme la ola necesitás un viento sostenido y una cierta distancia donde el viento le transfiere energía al agua, que se llama fetch. En la costa bonaerense el viento viene del este, tiene buena distancia y vientos sostenibles como para formar oleaje”, explica.

Mar del Plata. Imagen: Lara Guerrero

En cambio, las características cambian en el sur del país, habilitando otro tipo de aprovechamiento energético. Liftschitz sostiene que “en la costa patagónica, como tenemos una amplitud de marea muy importante y velocidades de corrientes de mareas muy fuertes, lo que conviene es obtener la energía de las mareas. Allí, los vientos son del oeste, entonces no se genera oleaje, pero existe una amplitud de marea excepcional”.

Un estudio de impacto ambiental publicado en 2017 en la revista Proyecciones, realizado por integrantes del proyecto en el marco de una tesis de maestría en Ingeniería Ambiental de la UTN, evaluó los efectos potenciales de la instalación del dispositivo en la escollera sur del Puerto Quequén.

La conclusión fue que “los potenciales impactos ambientales negativos no resultan significativos y resulta viable su ubicación”.

Según el estudio, los impactos negativos que identificaron son de carácter moderado y podrían focalizarse en la etapa de construcción, como por ejemplo, la contaminación sonora, la modificación del entorno visual y alteraciones temporales en la accesibilidad.

Liftschitz, codirectora del estudio, ratifica la evaluación: “Son instrumentos muy chicos. Hay que estudiar el impacto, obviamente, porque todo lo que uno pone tiene su impacto. Pero en la zona de Quequén el resultado fue positivo, el impacto ambiental era bajo”.

Una Argentina que mire al mar con perspectiva energética

Luego de casi 20 años de desarrollo, el prototipo argentino de energía undimotriz se acerca a una prueba decisiva: el mar. El paso siguiente, la escala comercial y el aporte real a la matriz energética, va a depender de los resultados que se obtengan y las decisiones políticas y económicas que se tomen.

La transición energética es una oportunidad para pensar sobre los patrones de consumo, la soberanía, y la participación ciudadana en el uso de los recursos naturales, sin olvidar la importancia de acompañar este proceso con políticas industriales, tecnológicas y territoriales que eviten reproducir nuevas dependencias y conflictos.

Este artículo se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

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Cuba trata de aliviar bloqueo petrolero con nuevos incentivos al sector privado

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Por Dariel Pradas / IPS Noticias – El gobierno de Cuba aprobó nuevas normas para incentivar el desarrollo de las fuentes de energía renovable, mientras desregula los precios de venta del combustible en su red de servicentros estatales, en un intento de paliar la crisis energética causada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos a la isla desde enero.

Con la Resolución 114 del Ministerio de Finazas y Precios, publicada el 21 de mayo, la Unión Eléctrica pagará una mayor cuantía a los productores privados de energía fotovoltaica que tributen electricidad al Sistema Electroenergético Nacional.

Por cada kilovatio (kW), el Estado pagará 90 pesos o unos 0,18 dólares, según la tasa de cambio oficial, poco menor que la informal.

Asimismo, se exonera del pago del impuesto sobre los servicios por los ingresos provenientes de estas operaciones, tanto a los productores del sector no residencial como del residencial.

Diego Vázquez, un abogado de 43 años residente en La Habana, instaló un kit de paneles solares en la azotea de su casa cuando los apagones eléctricos empezaron a volverse insostenibles a mediados de 2025, lo que se transformó en colapso este año.

Sus paneles producen electricidad suficiente para llenar su batería de respaldo energético y dejar un sobrante inutilizado, pero nunca se había planteado hasta ahora vender al Estado los excedentes de su generación. Simplemente, hizo la instalación de los paneles para tener autonomía y no para integrarse a la red eléctrica.

“Tendré que hacer los cálculos y ver qué tan grande es mi excedente energético. Hay tantos apagones que no sé si vale la pena empezar a vender electricidad y todo el proceso burocrático que viene con eso”, dijo Vázquez a IPS.

Para poder suministrar electricidad a la red eléctrica, Vázquez tendría que realizar varias readecuaciones técnicas, como conectar a tierra la instalación, no muy común en los sistemas eléctricos residenciales. También debería solicitar un contador eléctrico “bidireccional”, que no solo haga lecturas del consumo, sino de la electricidad que se entrega al sistema.

Vender energía al estado ya era permitido desde hace años, pero no resultaba rentable.

El Ministerio de Finanzas y Precios emitió en 2021 la Resolución 359, que fijaba el precio de venta del kW en tres pesos o unos 0,025 dólares, según el cambio oficial de entonces. En octubre de 2023, la Resolución 238 duplicó ese monto.

Ninguna de las medidas fue popular, porque en ambos casos el coste de pagar la electricidad a la red, siguió siendo ínfimamente menor que el de importar o comprar en divisas los paneles solares.

El coste de la electricidad en Cuba para el sector residencial funciona con una tarifa progresiva que, tras superar los 450 KWh de consumo acumulado, empieza a valer más de seis pesos cada KWh, hasta alcanzar los 20 pesos el KWh (unos 0,04 dólares).

Mientras, en los mercados minoristas de la comercializadora estatal Copextel o de varios negocios privados, un módulo básico de paneles solares, de generación de un kilovatio aproximadamente, cuesta alrededor de 2500 dólares, inaccesible para los 13,5 dólares que representa el salario medio mensual en Cuba, según la tasa oficial de cambio.

Ante tan bajos incentivos, el mayor motivo por el que los cubanos invertían en paneles solares se debía a conseguir una autonomía en medio de los prologados apagones, que empeoraron tras el cerco petrolero causado por Estados Unidos desde finales de enero.

Con la nueva norma, el gobierno quiere aprovechar esas infraestructuras ya establecidas y sumar los kilovatios excedentes a una red eléctrica con déficits cada vez mayores.

Una estación de servicio de La Habana exhibe los nuevos precios “flotantes” en dólares para los combustibles. Estos precios oscilarán según “el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional”, estableció el gobierno cubano. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Desregularización de los precios del combustible

Mientras el gobierno busca vías de transformar su matriz energética y depender menos de la importación de combustibles, también pretende reactivar la venta de gasolina en la red de servicentros del país, pese a la escasez crónica de este y otros carburantes.

El 12 de mayo, las autoridades cubanas anunciaron que, a partir del 15 de mayo, “los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica”.

Desde entonces, coexistirían diferentes precios minoristas de combustibles publicados en las estaciones de servicio, en los que influirá “el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional.”

El Ministerio de Finanzas y Precios añadió que ante el férreo bloqueo petrolero de Estados Unidos desde fines de enero, “los escasos combustibles llegan a altos costos, por lo que no es posible mantener un precio único y fijo para la venta en dólares en todo el país”.

Si bien el gobierno protegía con subsidios la volatilidad de los precios oficiales del combustible, la realidad desde febrero es que solo la gasolina —no el diésel— se estuvo vendiendo entre 1,1 y 1,3 dólares el litro, apenas 20 litros por vehículo y con una frecuencia muy limitada, por lo que el precio del litro en el mercado negro ha oscilado entre 6 y 10 dólares.

Para disponer de esos 20 litros, un usuario debe registrarse en la plataforma cubana Ticket y solicitar un turno en un servicentro determinado. Normalmente, las filas de cada servicentro superan los 20 000 usuarios mientras apenas atienden entre 40 y 100 clientes diarios en La Habana.

El 15 de mayo, los servicentros empezaron a anunciar aumentos de entre 50 % y 100 % en el precio de venta de la gasolina, según el establecimiento.

La medida llega cuando las empresas privadas llevan meses importando tanto diésel como combustible, desde que el 6 de febrero el gobierno autorizó la importación de combustible por empresas privadas, cuando antes solo se podía hacer desde la administración central del Estado.

Pasajeros viajan en triciclos eléctricos gestionados por conductores privados en La Habana. Los altos precios cubanos del combustible en el mercado informal han obligado a muchos conductores a sumarse a una transición energética en el transporte. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Importación de combustibles en marcha

“Es un proceso en marcha. Hay importaciones de combustible de algunos empresarios privados, que traen al país para sus negocios y, una parte, para ser comercializado. Pero las cantidades que hasta ahora se importan son mínimas”, dijo Argelio Abad, viceministro primero de Energía y Minas, en una conferencia de prensa el 20 de marzo.

En febrero, la Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos emitió una guía autorizando exportaciones y reexportaciones de productos de gas y petróleo estadounidenses a entidades elegibles del sector privado cubano.

De acuerdo a Abad, “no son volúmenes que hoy permitan darle una vitalidad a la generación eléctrica o a la economía”.

Según datos de Reuters, entre febrero y marzo, el sector privado cubano ha importado de Estados Unidos unos 30 000 barriles (de 159 litros, traducibles en unos 4,8 millones de litros) de diésel fundamentalmente, del cual solo un 1 % fue de gasolina.

Eric Almeida, presidente de la empresa privada Quota, que asesora y brinda servicios profesionales a otras empresas nacionales e internaciones desde 2022, dijo a IPS que, desde abril, más empresas privadas empezaron a importar gasolina y a distribuirse en varios servicentros.

De acuerdo a Almeida, traer un tanque de 25 000 litros al Puerto del Mariel —a 50 kilómetros al oeste de La Habana—, cuesta entre 45 000 y 50 000 dólares.

Esa cifra aumenta 13 % entre las comisiones a una importadora estatal y por los servicios de manipulación del combustible de la Unión Cuba-Petróleo, la única empresa estatal en Cuba autorizada para ello.

Los tanques se almacenan en la refinería Ñico Lopez en La Habana, y luego se va surtiendo poco a poco en servicentros que se han dispuestos exclusivamente para atender a las empresas privadas que importaron su propio combustible.

En general, las licencias para importar combustible tienen como objetivo cubrir el gasto de carburantes de los propios negocios, por lo que revender ese combustible en teoría no se debería hacer o, al menos, conlleva grandes limitaciones, coincidieron varios empresarios entrevistados por IPS, interesados en esas operaciones.

Un trabajador de uno de esos servicentros especializados en la capital, quien pidió mantener su anonimato, dijo a IPS que su tarea es solo descontar la cantidad de combustible que los vehículos de las empresas van extrayendo del establecimiento.

En la práctica, él no lleva mucho control del proceso, pues un representante de las empresas es quien maneja la tarjeta con el combustible asignado, y la lista de los automóviles o camiones que tienen permitido llenar sus tanques.

“Nosotros no nos metemos en la lista de ellos. De haber una comercialización, una venta por la izquierda (informal), no tengo manera de controlarlo”, dijo.

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La política industrial se está adaptando a las crisis, pero sigue siendo difícil de implementar eficazmente

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Escriben Adam Jakubik, Florence Jaumotte, Samuel Pienknagura y Michele Ruta / FMI – La política industrial, el uso de intervenciones gubernamentales para apoyar o desarrollar empresas e industrias específicas, se ha vuelto más popular en los últimos años, especialmente en respuesta a crisis.

La guerra en Oriente Medio es el último ejemplo, con altos precios de la energía y convulsiones geopolíticas que impulsan la acción. Además de las medidas de apoyo a nivel económico, como los límites de precios del combustible y la reducción de los impuestos especiales, se anunciaron al menos 305 medidas de política industrial atribuidas al conflicto en sus dos primeros meses. Incluían prohibiciones de exportación de energía y fertilizantes, subvenciones a productos de energía verde y apoyo a exportadores.

Estas medidas siguen a un amplio aumento de las acciones de política industrial en los últimos años. El Observatorio de Nueva Política Industrial, que desarrollamos junto con Global Trade Alert, muestra una aceleración notable desde 2020, cuando la COVID-19 desató una oleada de acciones gubernamentales. A diferencia de crisis anteriores, muchas de esas medidas permanecieron vigentes tras la aprobación del estado de emergencia.

Los datos del NIPO, que abarcan más de 52.000 intervenciones en 75 países desde 2009, muestran que el total introducido el año pasado fue 2,5 veces la media previa a la pandemia.

Este crecimiento subraya la necesidad de comprender mejor cómo y por qué está evolucionando la política industrial —y cuándo tiene éxito.

Cambios de prioridades

Nuestro análisis revela un cambio notable en por qué intervienen los gobiernos. La reciente adopción de la política industrial está cada vez más motivada por preocupaciones de resiliencia y seguridad, que probablemente no disminuirán dadas las crecientes tensiones en Oriente Medio.

Después de 2008, las justificaciones dominantes para el apoyo industrial fueron aumentar la competitividad y abordar el cambio climático. Pero desde 2020, están más orientados a la resiliencia de la cadena de suministro, la seguridad nacional y las preocupaciones geopolíticas, según nuestro estudio, que utilizó grandes modelos de lenguaje para clasificar las políticas según su justificación.

Eso demuestra cómo los gobiernos ya no buscan solo construir industrias más fuertes y competitivas. Cada vez quieren depender menos de sus rivales geopolíticos y proteger lo que consideran sectores estratégicos. Esta es una política industrial cualitativamente diferente.

¿Qué funciona?

Nuestro análisis muestra que los resultados son mixtos, con el éxito determinado por el diseño de políticas, como la elección del instrumento utilizado. Pero la situación se vuelve menos alentadora con evidencias más detalladas—específicamente nuestra investigación sobre el impacto económico de las políticas industriales, analizando los patrones comerciales entre países y productos, y cómo responden las empresas de sectores objetivo.

El análisis a nivel de producto muestra que la política industrial tiende a mejorar la competitividad de sectores objetivo, pero con efectos de corta duración. Más importante aún, el impulso se observa principalmente en sectores que ya eran competitivos. Es una consideración importante para los gobiernos que esperan utilizar la política industrial para construir nuevas industrias desde cero.

Las subvenciones a nivel de empresa están asociadas a aumentos sostenidos en la inversión de capital, pero sus efectos en productividad y producción se desvanecen rápidamente e incluso pueden revertirse tras unos años. Los incentivos a la exportación tienen poca repercusión en el rendimiento de las empresas, aunque hay indicios de que pueden reasignar recursos hacia empresas más productivas tras un periodo de ajuste.

Hay puntos brillantes. Muchos están vinculados a algunos de los objetivos políticos más recientes de la industria, como la resiliencia climática y de la cadena de valor. Al dirigirse a sectores con grandes distorsiones de mercado, como generosos margen y dependencia financiera externa, el efecto puede ser hasta cuatro veces mayor. Además, las políticas que apoyan la transición verde muestran mejoras más fuertes y duraderas en la competitividad. Y las intervenciones que se dirigen a componentes para productos finales, conocidas como la parte upstream de la cadena de suministro, parecen más eficaces que aquellas dirigidas directamente a productos finales.

Éxito esquivo

Nuestra conclusión no es que la política industrial esté equivocada. Existen razones económicas sólidas para ello en presencia de fallos de mercado. Más bien, concluimos que es mucho más difícil alcanzar los objetivos previstos de lo que la popularidad política actual de estas acciones podría sugerir. La evidencia no respalda la idea de ciclos de éxito auto-reforzados, donde el apoyo gubernamental fomenta la competencia. En cambio, vemos principalmente ganancias modestas y temporales en sectores que ya eran fuertes.

Estas pruebas plantean una pregunta clave: ¿debería la política industrial ser siquiera el primer paso correcto?

Reformas más amplias y a nivel económico suelen generar mayores ganancias. Las mejoras institucionales y regulatorias pueden aumentar la producción en industrias ineficientes hasta en un 10 por ciento a medio plazo. Esto es cinco veces mayor que el aumento de la producción a medio plazo visto tras la implementación de las políticas industriales. Las reformas financieras especialmente ayudan a las industrias con limitaciones crediticias. En términos más generales, las reformas estructurales benefician a todos los sectores, evitan los riesgos de nombrar ganadores y mejoran las perspectivas de éxito de la política industrial si se aplica.

Efectos de desbordamiento

Los gobiernos a menudo pasan por alto los efectos más amplios a nivel nacional y global. La política industrial suele reasignar recursos a entidades objetivo, lo que puede perjudicar a la economía en su conjunto si se produce a costa de actores más productivos. Además, cuando un país subvenciona un sector estratégico, otros suelen seguirlo, como muestran los datos del NIPO.

El resultado puede ser una costosa carrera armamentística globalmente ineficiente de subvenciones que deje a todos en peor situación. Por último, las medidas de política industrial pueden ser relevantes para los desequilibrios globales cuando afectan a la productividad agregada o se aplican a nivel económico para forzar el ahorro y redirigir recursos hacia superávits externos. Gestionar estos desbordamientos requerirá más cooperación internacional en un momento en que las tensiones geopolíticas dificultan cada vez más dicha cooperación.

Aunque está claro que la política industrial ha vuelto, es más difícil decir si puede aportar beneficios económicos sostenibles o a qué coste. Nuestro análisis sugiere que depende de lo cuidadosamente que se diseñen las políticas, de lo bien gobernadas que estén las instituciones implementadoras, de la fortaleza de los fundamentos de la política macroeconómica de un país y de si el mundo puede coordinarse, no tomar represalias.

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