Día: 12 mayo, 2026

Misiones presentó su modelo de biotecnología aplicada en la Fenasoja 2026

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Biofábrica Misiones marcó una presencia estratégica en la Fenasoja 2026, participando en el panel internacional “Cooperativismo, Innovación y Agronegocio”. En este espacio, la provincia reafirmó su liderazgo en biotecnología aplicada y su capacidad para proveer soluciones de alto valor agregado al mercado brasileño.

La participación de Biofábrica no solo se centró en la exposición técnica, sino en la consolidación de un puente comercial y de desarrollo con el sur de Brasil. Se destacó la historia de Misiones como una provincia de fuerte ADN cooperativista, donde la institución cumple un rol fundamental como aliada estratégica de las cooperativas, ya sea como proveedora de insumos o como soporte técnico para la innovación en el campo.

Identidad compartida y potencial exportador

Durante las jornadas de trabajo, se puso de relieve que, a pesar de las fronteras nacionales, la cercanía entre Misiones y el estado de Rio Grande do Sul ofrece una ventaja logística y cultural inigualable. Esta proximidad facilita no solo la transferencia de bienes y servicios, sino también la construcción conjunta de proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D).

“Misiones tiene una larga trayectoria como provincia cooperativista, y desde Biofábrica hemos construido una experiencia sólida de articulación con ellas, actuando como proveedores comerciales y socios en el desarrollo territorial. Venimos a Fenasoja con una premisa clara: cooperar para innovar”, destacó Federico Miravet, presidente de Biofábrica. 

En este sentido, agregó: “Lo que podemos ofrecer al entramado productivo del sur de Brasil va más allá de la proveeduría de bienes; ponemos a disposición nuestro capital en I+D y la capacidad de construir soluciones a medida. Tenemos una cercanía geográfica y cultural que nos une; para nosotros, Santa Rosa está mucho más cerca que nuestras propias capitales federales, y esa realidad debe traducirse en sinergia productiva”.

Asimismo, Miravet señaló: “Si bien reconocemos que ellos cuentan con un acceso al crédito que a nosotros nos falta, ambos somos ejemplos de un Estado presente que impulsa al agro. En ese marco de coincidencias, Misiones sale a buscar lo que le falta, pero también ofrece muchísimo: recurso humano de excelencia y una calidad vegetal y tecnológica superior en todos los servicios que provee la Biofábrica”.

Ejes de la oferta tecnológica misionera:

Alianza con el Sector Cooperativo: Biofábrica como motor tecnológico para las organizaciones de productores, facilitando el acceso a bioinsumos y plantas de alta calidad sanitaria.

Desarrollo e I+D Regional: Cooperación técnica para el desarrollo de soluciones biotecnológicas específicas para los cultivos de la región transfronteriza.

Calidad de Exportación: Provisión de plantines y servicios de laboratorio con estándares internacionales, apalancados en el conocimiento de profesionales misioneros.

Biofábrica Misiones reafirma así su compromiso de transformar la frontera en una oportunidad de crecimiento mutuo, demostrando que la innovación crece cuando se conecta con las instituciones y las personas que transforman el agro regional. 

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Nación convocará a universidades tras la marcha para dialogar sobre los fondos

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El Gobierno nacional aseguró que convocará a las universidades para avanzar en una mesa de diálogo luego de la marcha universitaria que tendrá lugar este martes y anticipó que buscará rediseñar el esquema de distribución de fondos, con foco en los hospitales universitarios.

Desde la Casa Rosada señalaron que la intención es abrir una instancia de conversaciones con los rectores para discutir la asignación presupuestaria y los mecanismos de control sobre los recursos destinados al sistema universitario.

El Ejecutivo planea convocar especialmente a representantes de hospitales universitarios para revisar el funcionamiento y la distribución de partidas destinadas a esas instituciones.

Fuentes oficiales remarcaron que el Gobierno mantiene la decisión de auditar el uso de fondos públicos en las universidades y defendieron la necesidad de “transparentar” el sistema de financiamiento.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, aseguró que el Gobierno convocará después de la movilización de este martes a todos los rectores de universidades con hospitales, con el objetivo de rediseñar la distribución de los fondos.

La convocatoria se dará luego de la masiva movilización en defensa de la universidad pública, en la que rectores, docentes y estudiantes reclamaran una actualización del presupuesto frente al impacto de la inflación.

En el oficialismo reconocieron la necesidad de sostener el diálogo con las universidades, aunque insistieron en que cualquier incremento de partidas deberá estar acompañado de mecanismos de control y rendición de cuentas.

Desde distintos sectores universitarios vienen reclamando mayores recursos para afrontar gastos de funcionamiento, salarios y el sostenimiento de hospitales y áreas de investigación.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades se convirtió en uno de los principales focos de tensión política de las últimas semanas, tras las advertencias de rectores sobre las dificultades para sostener el normal funcionamiento de las casas de estudio.

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El oficialismo acelera la adhesión al sistema internacional de patentes

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El oficialismo intentará avanzar este martes con el dictamen del proyecto de adhesión argentina al sistema internacional de patentes, una iniciativa que combina compromisos internacionales, presión empresarial cruzada y una discusión sensible sobre el acceso a medicamentos y la protección de la industria nacional.

El plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General fue convocado para las 15 con el objetivo de dejar lista la iniciativa para una eventual sesión de la Cámara de Diputados prevista para el 20 de mayo. El proyecto forma parte de una agenda legislativa que también incluiría la denominada Ley de Hojarasca y la readecuación del régimen de zona fría para usuarios de gas.

La discusión gira en torno a la adhesión argentina al PCT (Patent Cooperation Treaty), un sistema internacional al que ya adhieren cerca de 150 países y que permite simplificar el registro de patentes mediante un único trámite internacional. Para el Gobierno nacional, el ingreso al esquema representa una señal de alineamiento regulatorio y apertura económica en el marco de los acuerdos comerciales recíprocos firmados meses atrás con Estados Unidos.

El cambio político que destrabó el expediente

El proyecto había quedado listo para ser dictaminado el 14 de abril, luego de la intervención de la Secretaría de Desregulación de la Nación. Sin embargo, el tratamiento se frenó por la reacción de la industria farmacéutica local frente a uno de los capítulos del texto.

Según lo informado, la versión original dejaba a los laboratorios nacionales en una situación de mayor vulnerabilidad frente a compañías multinacionales, especialmente estadounidenses. Esa situación activó el lobby de las cámaras empresariales locales, principalmente CILFA y COOPERALA, que reclamaron mantener bajo reserva parte del tratado vinculada a instrumentos técnicos y mecanismos de patentamiento de medicamentos.

En paralelo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) presionó para sostener la redacción original, en línea con el texto aprobado por el Senado en 1998, con el objetivo de preservar los intereses de las farmacéuticas norteamericanas.

La disputa dejó expuesta una tensión habitual en la política económica argentina: la necesidad de avanzar en compromisos de integración internacional sin desarticular sectores industriales locales considerados estratégicos.

De acuerdo con lo trascendido, representantes de AmCham se comunicaron con la titular de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Juliana Santillán, aunque finalmente no lograron revertir los cambios impulsados por el sector farmacéutico local.

Qué cambia con la adhesión al PCT

El sistema internacional de cooperación en patentes permite centralizar trámites y facilitar la protección de desarrollos tecnológicos en múltiples mercados. Para investigadores y empresas argentinas, el esquema abre la posibilidad de registrar innovaciones con menos costos administrativos y mayor alcance internacional.

Pero el debate excede la cuestión técnica. El punto más sensible está vinculado al negocio farmacéutico y al eventual impacto sobre la producción de medicamentos genéricos.

La preocupación de los laboratorios nacionales radica en que una mayor facilidad para patentar medicamentos por parte de empresas extranjeras podría retrasar o limitar la fabricación local de genéricos, que suelen comercializarse a valores más bajos. Según el planteo de las cámaras empresariales argentinas, eso podría trasladar costos al sistema sanitario y encarecer el acceso a medicamentos.

Frente a esa presión, el Gobierno resolvió finalmente dejar bajo reserva el capítulo II del tratado. De esa manera, Argentina avanzaría con la adhesión al sistema internacional, pero manteniendo control local sobre determinadas herramientas de evaluación técnica y patentamiento farmacéutico.

La negociación con Estados Unidos y los tiempos que se vencieron

El expediente también quedó atravesado por los compromisos asumidos por el Gobierno argentino ante Estados Unidos. El objetivo original era que la ley estuviera aprobada antes del 30 de abril, plazo que formaba parte de los entendimientos comerciales recíprocos firmados meses atrás.

Sin embargo, la negociación interna y la presión cruzada entre laboratorios nacionales y multinacionales terminaron demorando el proceso. Con los tiempos vencidos, la eventual entrada en vigor de la norma recién podría concretarse hacia fines de mayo, siempre que el proyecto logre superar el trámite en Diputados y luego en el Senado.

La secuencia revela una dinámica cada vez más visible en el Congreso: reformas impulsadas por el Ejecutivo que avanzan condicionadas por disputas sectoriales y negociaciones empresariales de alta intensidad.

Impacto económico y lectura industrial

Aunque el proyecto tiene una dimensión diplomática y regulatoria, el trasfondo es económico. El régimen de patentes afecta directamente la estructura de costos del sistema farmacéutico y el posicionamiento competitivo de la industria nacional.

La definición del Gobierno de mantener bajo reserva parte del tratado puede leerse como un intento de equilibrio entre dos objetivos: sostener la agenda de apertura y alineamiento internacional sin exponer completamente a los laboratorios locales frente a actores globales con mayor capacidad financiera y tecnológica.

En términos productivos, el debate también involucra a provincias con presencia industrial vinculada a la salud, distribución farmacéutica y cadenas comerciales regionales. Aunque el texto no menciona impactos específicos sobre Misiones o el NEA, el eventual encarecimiento de medicamentos podría tener efectos indirectos sobre sistemas provinciales de salud y consumo familiar en regiones con menor capacidad adquisitiva relativa.

El oficialismo buscará ahora transformar el acuerdo político alcanzado en mayoría legislativa. Pero el debate sobre propiedad intelectual, producción local y acceso a medicamentos difícilmente quede cerrado con la votación parlamentaria.

La evolución de los costos farmacéuticos, la reacción de los laboratorios nacionales y el alcance efectivo de las reservas introducidas al tratado serán algunas de las variables que el mercado y el sistema político seguirán de cerca en las próximas semanas.

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Se expande el Bus Federal en Misiones

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Misiones puso en funcionamiento el sistema Bus Federal, una herramienta que permite a los abogados de la matrícula diligenciar cédulas, mandamientos y oficios en el marco de la Ley 22.172 mediante un procedimiento completamente digital.

La implementación del sistema introduce un cambio en la gestión de trámites interjurisdiccionales, que ahora pueden realizarse sin soporte papel, con un esquema que centraliza las comunicaciones judiciales entre provincias.

Según se informó, el nuevo mecanismo permite a los profesionales completar las diligencias en forma remota, con seguimiento en línea y trazabilidad de cada actuación, lo que facilita el control del trámite y reduce los tiempos de ejecución.

El sistema también apunta a mejorar la eficiencia del servicio de justicia, al disminuir los costos operativos asociados a la gestión tradicional y avanzar en procesos de despapelización.

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Milei adjudicó Transener y profundizó la salida del Estado del sistema eléctrico

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El Gobierno nacional formalizó la privatización de Transener, la principal empresa de transporte eléctrico de la Argentina, al adjudicar el 100% de la participación estatal en Citelec S.A. —la sociedad controlante de la compañía— al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía. La operación fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por Luis Caputo y se concretó por USD 356 millones, una cifra que superó ampliamente el precio base de USD 206 millones fijado para la licitación.

La decisión representa un nuevo avance del programa de desinversión estatal impulsado por el presidente Javier Milei y marca la salida definitiva del Estado de una empresa considerada estratégica dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La tensión de fondo no es sólo financiera: el Gobierno busca consolidar un cambio estructural en el rol estatal dentro de la infraestructura energética, trasladando al sector privado la responsabilidad de inversión y operación bajo regulación pública.

Un activo clave para el sistema energético

Transener opera más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV y articula buena parte del transporte eléctrico nacional, con una red que conecta desde Jujuy hasta Santa Cruz. Su infraestructura es central para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino y para la distribución de energía entre regiones productivas e industriales.

Hasta esta operación, Citelec estaba controlada en partes iguales por ENARSA y Pampa Energía, mientras que ANSES también conservaba participación accionaria en la transportista. Con la adjudicación, el Estado se desprende completamente de ese esquema societario.

La licitación tuvo participación de tres oferentes que, según informó el Gobierno, cumplieron los requisitos técnicos y financieros establecidos en los pliegos. Finalmente se impuso la propuesta encabezada por Genneia y Edison Energía, que ofertó USD 356 millones.

El nuevo bloque empresario detrás de Transener

La adjudicación también reconfigura el tablero empresario del sector energético. Genneia tiene entre sus principales accionistas a Jorge Brito, presidente del Banco Macro, mientras que el Grupo Edison reúne a empresarios con fuerte presencia en energía, finanzas y consumo masivo.

Entre los integrantes del consorcio aparecen los hermanos Patricio y Juan Neuss; empresarios vinculados al fondo Inverlat como Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai; además de Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, propietarios de Newsan.

El grupo ya venía expandiéndose dentro del mercado energético nacional tras adquirir participaciones en distribuidoras y empresas de transmisión y generación, entre ellas EDET, EJESA, LITSA y CEMPSA. La incorporación de Transener fortalece ese posicionamiento en un segmento considerado estratégico por su incidencia sobre toda la cadena eléctrica.

Privatización, regulación y nueva lógica estatal

La operación se inscribe dentro del marco previsto por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que habilitó la privatización de activos y sociedades vinculadas a Energía Argentina S.A. (ENARSA).

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es que el Estado abandone funciones empresariales y se concentre en tareas regulatorias. Bajo esa lógica, la administración nacional plantea que el ingreso de capital privado permitirá reforzar inversiones en infraestructura y evitar el deterioro del sistema energético.

El discurso oficial también busca instalar una lectura política: presentar la privatización como parte de una normalización económica y fiscal, en un contexto donde la Casa Rosada intenta sostener el equilibrio de cuentas públicas y reducir el peso operativo del Estado nacional.

Un proceso que recién empieza

La venta de Transener aparece como uno de los movimientos más relevantes del programa privatizador del Gobierno en 2026. Sin embargo, el efecto real de la operación dependerá de variables todavía abiertas: el ritmo de inversiones, la evolución tarifaria, la capacidad regulatoria del Estado y la estabilidad macroeconómica.

El mercado energético seguirá de cerca si el nuevo esquema acelera obras de infraestructura o si el cambio se concentra principalmente en la transferencia accionaria. También quedará bajo análisis cómo impactará la mayor concentración empresaria dentro de un sector clave para la economía argentina.

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