El Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó un mensaje que trasciende la discusión sobre el déficit fiscal de Paraguay y apunta a uno de los principales activos construidos por el país durante las últimas décadas: la credibilidad de su política económica. En la declaración preliminar de la misión del Artículo IV correspondiente a 2026, el organismo valoró la fortaleza macroeconómica paraguaya, pero advirtió que la transparencia en las cuentas públicas será determinante para sostener la confianza de los mercados y preservar el reciente doble grado de inversión.
El informe reconoce que Paraguay mantiene una de las economías más estables de América Latina. El FMI proyecta un crecimiento del 4,4% para este año, destaca la fortaleza del régimen de metas de inflación, el tipo de cambio flexible, el elevado nivel de reservas internacionales y el avance de reformas estructurales orientadas a mejorar la competitividad, la inversión privada y la productividad. Sin embargo, identifica un punto de vulnerabilidad que considera prioritario: la forma en que el Estado registra sus compromisos fiscales.
Actualmente, el Gobierno informa un déficit equivalente al 2,2% del Producto Interno Bruto, alrededor de US$1.300 millones sobre una economía cercana a los US$59.000 millones. No obstante, el FMI sostiene que esa cifra no refleja completamente la posición fiscal porque existen obligaciones acumuladas con proveedores —principalmente de Salud y Obras Públicas— que todavía no están plenamente incorporadas a las estadísticas oficiales. Esas deudas rondan los US$1.100 millones.
Si esos compromisos fueran registrados íntegramente bajo criterios contables más estrictos, el desequilibrio fiscal se acercaría al 4,1% del PIB, muy por encima del límite de 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal paraguaya. La observación del organismo no cuestiona únicamente el tamaño del déficit, sino la necesidad de que las cuentas públicas representen fielmente todas las obligaciones asumidas por el Estado.
En ese sentido, el FMI recomendó avanzar hacia un sistema de contabilidad basado en el principio de devengado, mediante el cual el gasto se registra cuando nace la obligación de pago y no cuando efectivamente se desembolsa el dinero. Para el organismo, este cambio mejoraría significativamente la transparencia fiscal y reduciría las diferencias entre la ejecución presupuestaria y la realidad financiera del sector público.
La misión también instó al Ministerio de Economía y Finanzas a fortalecer la coordinación entre el presupuesto, la planificación financiera y el flujo de caja, además de profundizar los controles sobre la ejecución del gasto. Entre las recomendaciones figura completar la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEBYS), garantizar su interoperabilidad con los sistemas de planificación de los distintos organismos públicos y evitar que las instituciones asuman compromisos sin respaldo presupuestario.
El propio Gobierno de Santiago Peña había identificado este problema al asumir la administración, cuando denunció el elevado volumen de obligaciones impagas heredadas y recurrió a emisiones de bonos soberanos para cancelar parte de esos compromisos. Durante los últimos meses se abonaron alrededor de US$330 millones a proveedores de Salud y Obras Públicas. Sin embargo, el FMI considera que aún persiste un importante stock de obligaciones que debe incorporarse plenamente a las estadísticas fiscales para fortalecer la credibilidad del esquema presupuestario.
El organismo incluso ofreció asistencia técnica para acompañar la implementación de estas mejoras, mediante capacitación a los equipos del Ministerio de Economía y Finanzas y apoyo en la transición hacia estándares internacionales de administración financiera.
Más allá del aspecto técnico, la advertencia tiene una dimensión estratégica. Paraguay consiguió durante años posicionarse como una de las economías más previsibles de la región gracias a una combinación de disciplina fiscal, estabilidad monetaria y reglas macroeconómicas consistentes. Ese recorrido permitió alcanzar el doble grado de inversión otorgado por dos de las principales agencias calificadoras internacionales, un hito que redujo el costo del financiamiento soberano y amplió el interés de los inversores extranjeros.
Precisamente por ese motivo, el FMI subraya que la consolidación fiscal no debe medirse únicamente por el cumplimiento de una meta numérica, sino también por la calidad institucional de la información que presentan las cuentas públicas. La confianza de los mercados depende tanto de la solvencia financiera como de la transparencia con la que los gobiernos informan sus obligaciones.
El informe también plantea que Paraguay deberá continuar el proceso de consolidación fiscal hasta converger nuevamente al límite de 1,5% del PIB previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal para 2028, aunque aclara que el reconocimiento de los atrasos acumulados implicará un incremento transitorio del déficit durante este año.
Al mismo tiempo, el Fondo recomendó ampliar la base tributaria mediante una mayor formalización de la economía, fortalecer la administración impositiva, revisar beneficios fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público para generar espacio fiscal destinado a infraestructura y desarrollo sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
El mensaje del organismo llega en un momento especialmente sensible para Paraguay. Con el grado de inversión recientemente consolidado y una creciente llegada de capitales atraídos por sectores como energía renovable, agronegocios, infraestructura e inteligencia artificial, cualquier señal que afecte la percepción sobre la transparencia fiscal podría ser observada con atención por las agencias calificadoras y los mercados internacionales.
En ese contexto, la advertencia del FMI funciona más como un llamado preventivo que como una señal de alarma inmediata. El desafío para la administración de Santiago Peña será demostrar que puede preservar el principal activo económico construido durante más de una década: una reputación internacional basada en disciplina fiscal, previsibilidad institucional y credibilidad frente a los inversores.
