La actividad de la construcción volvió a mostrar señales de debilidad en julio de 2026. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una caída del 4,5% respecto de julio de 2025 y una contracción del 4,6% frente a junio, en la serie desestacionalizada.
El dato mensual marca un retroceso significativo después de una primera mitad del año que todavía conserva un resultado acumulado positivo. Entre enero y julio, la serie original del ISAC acumula una mejora de 1,7% respecto del mismo período de 2025. Sin embargo, la caída de julio vuelve a poner en discusión la capacidad del sector para sostener una recuperación que hasta ahora aparece irregular.
La señal tampoco resulta alentadora al observar la tendencia de fondo. La serie tendencia-ciclo presentó en julio una variación negativa de 1,1% respecto del mes anterior, lo que indica que el retroceso no quedó limitado exclusivamente a un movimiento puntual de la actividad mensual.
El comportamiento de los insumos permite observar con mayor precisión la heterogeneidad que atraviesa al sector. En julio, algunos materiales registraron incrementos interanuales, aunque con magnitudes muy diferentes. El grupo denominado “resto de los insumos”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, tuvo un aumento de 22,8%. También crecieron los artículos sanitarios de cerámica, con una suba de 7%, los mosaicos graníticos y calcáreos, con 0,7%, y las pinturas para construcción, con un incremento marginal de 0,1%.
El panorama fue considerablemente más contractivo para otros materiales directamente vinculados con la ejecución de obras. El consumo aparente de asfalto cayó 23,1% interanual en julio, mientras que el yeso retrocedió 21,2%. También disminuyó el consumo de ladrillos huecos, con una baja de 12,9%; cales, 9,8%; hormigón elaborado, 9,5%; cemento portland, 8,1%; placas de yeso, 7,2%; pisos y revestimientos cerámicos, 6,9%; y hierro redondo y aceros para la construcción, 2,4%.
La lectura de los primeros siete meses ofrece un cuadro algo más favorable, aunque tampoco homogéneo. En ese período, el resto de los insumos acumuló una expansión de 23,8%, seguido por pinturas para construcción, con 10,3%, artículos sanitarios de cerámica, con 6,9%, hierro redondo y aceros para la construcción, con 4,6%, hormigón elaborado, con 1,4%, y placas de yeso, con 0,8%.
En paralelo, varios insumos mantienen variaciones acumuladas negativas. El yeso registra una caída de 11,5% en los primeros siete meses del año, mientras que los pisos y revestimientos cerámicos retroceden 9,1%, el asfalto 8,9%, los mosaicos graníticos y calcáreos 7%, los ladrillos huecos 5,1%, las cales 4,7% y el cemento portland 3,3%.
El contraste entre el resultado acumulado y el desempeño de julio resulta central para interpretar la situación del sector. La mejora de 1,7% acumulada hasta julio todavía evita hablar de una caída generalizada en lo que va del año, pero el retroceso mensual y la baja de la tendencia-ciclo muestran que esa recuperación perdió impulso.
Desde una perspectiva de política económica y productiva, el principal desafío pasa por transformar la mejora acumulada en una trayectoria sostenida. Para ello, la evolución de materiales como cemento, asfalto, ladrillos, yeso y hormigón resulta especialmente relevante, porque sus caídas acumuladas sugieren que una parte importante de la cadena todavía no logró recuperar los niveles de actividad del año anterior.
El dato de julio también muestra que no alcanza con observar el indicador general. La construcción combina segmentos con comportamientos muy diferentes y, por lo tanto, una recuperación sostenible requerirá que la mejora se extienda desde determinados nichos de insumos hacia los materiales asociados a una mayor diversidad de obras. El desafío para los próximos meses será determinar si el crecimiento acumulado consigue recomponerse después del retroceso de julio o si el sector ingresa en una nueva etapa de enfriamiento.
Profundidad será sede el 12 y 13 de septiembre de la sexta expo de la Cuenca Ovino Caprina, un encuentro que busca convertir la producción rural en un espacio de intercambio, capacitación y generación de valor. Durante dos jornadas, productores, familias rurales, emprendedores, instituciones y visitantes confluirán alrededor de una agenda que combinará producción ovina y caprina, turismo rural, gastronomía, cultura y propuestas para toda la familia.
La actividad fue presentada oficialmente por el Ministerio del Agro y la Producción junto con las instituciones que integran la Mesa de Gestión de la Cuenca Ovino Caprina de la Zona Sur. La Expo se consolidó como una instancia para mostrar el trabajo que realizan las comunidades rurales, pero también como una herramienta para fortalecer los vínculos dentro de una cadena que busca ampliar sus capacidades productivas y comerciales.
El eje está puesto en el agregado de valor. Las charlas técnicas y las actividades previstas abordarán desde el desarrollo de productos hasta el aprovechamiento de la lana, la economía circular y la incorporación de nuevos recursos forrajeros. La propuesta apunta a que la producción primaria pueda conectarse con nuevos usos, conocimientos y oportunidades económicas.
Una agenda que vincula producción y territorio
El sábado 12, la apertura oficial será a las 9 y dará paso a un ciclo de capacitaciones sobre distintos aspectos de la actividad ovina y caprina. Entre los temas previstos aparecen el desarrollo de productos y agregado de valor, el trabajo con perros, la prevención y mitigación de ataques de predadores, la calidad del agua, el fortalecimiento de la cadena productiva y los nuevos recursos forrajeros.
La jornada también incorporará una dimensión cultural con la elección de la Embajadora de la Cuenca Ovino Caprina 2026. La intención es que la Expo funcione como un punto de encuentro entre los saberes productivos de las familias rurales y una comunidad más amplia.
El domingo 13, el predio abrirá nuevamente a las 9. La programación continuará con contenidos vinculados al turismo rural, el aprovechamiento de la lana, la economía circular, la calidad del agua y los recursos forrajeros.
El cierre buscará llevar esa producción al plato. El “Desafío de Fuego y Sabores” tendrá como protagonistas al cordero y el chivito, con un concurso gastronómico que contará con la participación de chefs de la provincia. La entrega de premios marcará el cierre de la sexta edición.
Una actividad que busca ampliar su peso económico
El encuentro se desarrolla sobre una base productiva que ya tiene una dimensión relevante en Misiones. La actividad ovina reúne a más de 800 productores y productoras distribuidos en 829 unidades productivas, con un stock cercano a las 18.000 cabezas.
En el sector caprino participan alrededor de 450 productores con stock y se contabilizan más de 4.700 cabezas. Son dos actividades que, por su escala y distribución territorial, tienen una particularidad: están estrechamente vinculadas con las economías de las familias rurales.
En la zona sur, la Cuenca Ovino Caprina comprende 10 municipios y una superficie superior a las 116.000 hectáreas. Allí unas 333 familias rurales están directamente vinculadas con la actividad y funcionan cerca de 200 emprendimientos organizados.
Ese entramado explica por qué el desafío no pasa solamente por incrementar el número de animales. La construcción de una cadena productiva más sólida requiere mejorar conocimientos, aprovechar subproductos, desarrollar alimentos y derivados, fortalecer la comercialización y generar vínculos entre producción, gastronomía y turismo.
La estrategia provincial: fortalecer la cadena desde el territorio
El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, planteó que la Expo constituye una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los actores de la cadena y generar herramientas para el desarrollo del sector.
“Esta Expo representa una oportunidad para poner en valor el trabajo de los productores ovinos y caprinos, fortalecer los vínculos entre los distintos actores de la cadena y generar nuevas herramientas para el desarrollo del sector”, sostuvo.
La definición apunta a una cuestión central para las economías regionales: la capacidad de transformar una actividad productiva en una cadena con mayor generación de valor. La capacitación, el intercambio entre productores y la conexión con otras actividades pueden contribuir a ampliar las posibilidades económicas de las familias involucradas.
La intendenta de Profundidad, Silvia Estigarribia, destacó a su vez que la localidad vuelva a ser sede y puso el foco en la convocatoria abierta a las familias, con producción, gastronomía, música y actividades culturales.
Del campo a la comunidad
La Expo plantea una lógica que excede la exhibición de animales o productos. El objetivo es acercar al público a una actividad que forma parte de la estructura productiva de numerosas familias rurales y mostrar las posibilidades que existen alrededor de ella.
El turismo rural, la gastronomía y la economía circular incorporan nuevas dimensiones a una producción tradicional. La lana puede transformarse en un recurso con nuevos usos; la gastronomía puede funcionar como vidriera para la producción primaria; y las experiencias rurales pueden convertirse en una vía adicional para generar ingresos y visibilidad territorial.
En ese sentido, la Expo funciona como una herramienta de articulación. Productores, instituciones, emprendedores y consumidores pueden encontrarse en un mismo espacio y poner en circulación conocimientos, productos y proyectos.
Profundidad recibirá así una nueva edición de un encuentro que busca consolidar a la Cuenca Ovino Caprina como una expresión de la economía rural del sur misionero. Con más de 1.200 productores ovinos y caprinos involucrados en la provincia y cientos de familias vinculadas directamente a la actividad en la zona sur, el desafío es que la producción pueda seguir avanzando hacia más conocimiento, agregado de valor y nuevas oportunidades para quienes sostienen la actividad desde el territorio.
Por Marcela Cristini y Guillermo Bermúdez / FIEL – La campaña agrícola 2025/26 fue un éxito productivo con un volumen de 163 millones de ton. (21% de crecimiento inter-campaña). En el conjunto destacan el trigo, el maíz y el girasol. La soja, como producto de mayor importancia por su volumen y participación en la cadena agroindustrial (con la harina de soja y aceite de soja como eje de las exportaciones sectoriales), cedió área sembrada frente al maíz que aseguraba precios internacionales muy remunerativos. Con todo, las condiciones climáticas y la incidencia de los costos de fertilizantes y agroquímicos determinaron resultados económicos heterogéneos al nivel del productor, con márgenes que disminuyeron drásticamente en zonas del NEA y NOA y en porciones de la zona núcleo que presentaron situaciones climáticas adversas en el verano.
En el caso de la soja, con un área sembrada semejante al promedio de los 5 años anteriores, la producción fue un 27% superior (51,5 millones de ton.), lo que permitió el abastecimiento fluido de la cadena procesadora. En el caso del maíz, el área sembrada fue un 22% superior al promedio de los cinco años anteriores y la producción un 42% mayor (68 millones de ton.). Para el trigo, el área sembrada fue 10% superior al mencionado promedio, pero la producción avanzó mucho más, un 64%, con 29,5 millones de ton. (datos de Bolsa de Comercio de Rosario y SAGPyA).
Esta producción récord permitió un importante aumento de las exportaciones agroindustriales en los primeros 7 meses de 2026. Las ventas externas del complejo sojero permanecen, por el momento, levemente por debajo de las de 2025. En contraste, los subproductos del girasol fueron récord con incrementos de volumen de más del 50%, tanto en harinas y pellets como en aceites. El abastecimiento local de poroto de soja más el aumento de las importaciones de este insumo desde Paraguay permitieron mantener el uso de la capacidad instalada de la industria del crushing en un 84%.
Para la campaña 2026/27, que comenzó en mayo con las primeras siembras de trigo, se espera también un muy buen desempeño. Los relevamientos oficiales indican que la superficie de trigo sería un poco menor (-5%) mientras se mantendría el área de girasol.
Este nivel de actividad creciente del sector agroindustrial se refleja territorialmente en las demandas a la cadena de abastecimiento local (insumos, contratistas de labores, técnicos agrónomos, etc.) y movilizan hacia adelante a la logística de almacenamiento y transporte, culminando con el procesamiento de harinas, aceites, biocombustibles y forrajes. Como resultado, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) muestra que el sector agroindustrial fue el segundo de mayor incidencia en el aumento del nivel de actividad general hasta junio de este año (2,7% interanual), con un 4,6% de aumento interanual. La actividad del sector del agro sigue en dinamismo a la explotación de minas y canteras (15,6% interanual). Este resultado sigue la tendencia muy positiva que se ha acumulado desde 2024, luego del retroceso por razones climáticas y de política sectorial adversa registrado en 2022 y 2023.
La mejora en el desempeño agrícola se tradujo a su vez en un importante aporte de divisas. La información disponible de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación indica que el valor exportado de enero a julio fue un 15% superior al del mismo período en 2025 (USD 32.507 millones). Cabe indicar que el número de destinos alcanza a 133 países sobre los 193 países contabilizados por las Naciones Unidas. Este dato confirma la calidad de “global trader” de nuestro país en el comercio agroindustrial y el crecimiento potencial de las exportaciones que podría derivarse de un incremento en la producción local.
Las perspectivas para la campaña 2026/27 son alentadoras tanto por el clima de negocios que lentamente va mejorando la situación de excesiva carga fiscal de los productos exportables como por el impulso en la adopción de tecnología que caracteriza a los productores locales. Entre las novedades de política económica que involucran al sector agroindustrial cabe mencionar la adjudicación del mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay como ruta clave para la salida de los productos agroindustriales, el acercamiento de posiciones público-privadas para la reformulación de una ley de semillas que se enfoque en el reconocimiento de la propiedad industrial de los obtentores con vistas al reemplazo de la ley vigente que data de 1973 (Ley Nro. 20247), el tratamiento en el Congreso de un proyecto de ley contra los delitos a la propiedad agropecuaria que elevaría las penas actuales. Estos datos se suman a la intención manifiesta del gobierno por reducir la carga impositiva sobre el sector a medida que se avance en la consolidación del equilibrio fiscal. No obstante, el sector ha visto sumar algunos problemas relevantes para la logística, como la situación de los caminos rurales afectados por las lluvias o las demoras en puertos debido a conflictos entre el Gremio de Recibidores de Granos y Anexos y la Cámara de Puertos Privados Comerciales a pesar de la conciliación obligatoria declarada oficialmente.
Dentro de este panorama positivo, no debe olvidarse que la producción agropecuaria está sujeta a factores estructurales que pueden alterar sus resultados. Los dos más importantes se refieren al clima y a la volatilidad de los precios internacionales.
Con respecto a los factores climáticos, se prevé que éstos serán especialmente importantes en la campaña 26/27 por los efectos del evento meteorológico de El Niño. Este evento ha determinado fuertes sequías en el verano del hemisferio norte y amenaza con aumentar su categoría hasta un nivel “muy fuerte” durante la primavera-verano de nuestro país. En el caso de la Argentina, el efecto pronosticado es de lluvias mayores a las normales que, además, llegan en un momento en el que la condición hídrica de los campos pampeanos ya presenta un exceso de acumulación de agua.
El factor de volatilidad de precios agrícolas ha adquirido mayor importancia de la mano de la suba en los precios del petróleo derivados de la invasión de Rusia a Ucrania y del conflicto de Estados Unidos-Israel con Irán en Medio Oriente. Los precios agrícolas presentan, en general, una volatilidad importante que, en promedio, se había ido reduciendo en los últimos años. Para visualizar el comportamiento del precio de nuestros principales productos, el Gráfico 1 presenta la evolución en términos reales (precios deflactados por el Índice de Precios Mayoristas de los Estados Unidos) en un período amplio, entre 1960 y el presente. Estos datos permiten comprobar que la volatilidad fue en aumento desde la primera crisis del petróleo a inicios de los años 70, atravesó la crisis de la guerra Irán-Irak a fines de los 70 y luego fue alimentada por las nuevas demandas de China y otros países en desarrollo (2005-2011) y por eventos climáticos extremos a los que se sumó la pandemia del Covid 19 entre 2020 y 2021.
Más recientemente, entre 2022 y el presente, los conflictos bélicos ya mencionados influyeron en la formación de los precios de las commodities internacionales debido a la importancia de Ucrania y Rusia como abastecedores de trigo y girasol y de Rusia e Irán como proveedores de petróleo. La estrategia iraní de cierre del Estrecho de Ormuz agravó aún más la restricción de petróleo, lo que influyó directa e indirectamente sobre los costos y finalmente sobre los precios de los productos agrícolas. En el Gráfico 2 se muestra el detalle de la evolución de los precios agrícolas en un período de tiempo más cercano entre 2022 y el presente.
Gráfico 1
Fuente:FIEL con base en datos FMI
Gráfico 2
Fuente: FIEL con base en datos FMI
Comparando el largo plazo con la situación más reciente, la volatilidad de precios (medida por el desvío standard como porcentaje del promedio de la serie) parece haber cedido levemente (ver Cuadro 1). Así, por ejemplo, en el largo plazo el precio de la soja ha variado entre un 35% por encima o por debajo de su promedio, mientras más recientemente lo ha hecho en un 20%. A la vez los promedios de los precios se mantienen moderados en términos históricos, pero suficientemente remunerativos para los productores competitivos internacionalmente (los precios internacionales del trigo, maíz y girasol se incrementaron a fines de agosto).
Cuadro 1
Volatilidad de los precios agrícolas internacionales
(desvío standard de los valores mensuales/promedio del período, en %)
Fuente: FIEL con base en datos FMI
Hay muchos factores que explican la volatilidad de los precios internacionales de los productos agrícolas, comenzando por los factores climáticos, ya mencionados. Otros factores identificados como muy importantes se vinculan a la inestabilidad macroeconómica internacional que dispara las coberturas financieras hacia los mercados de commodities agrícolas, y los aumentos del precio del petróleo que operan por vía directa elevando el costo de los fertilizantes (urea) y de las labores y por vía indirecta, generando mayor inflación y recortes de la actividad económica, en particular, en los países en desarrollo demandantes de productos agrícolas. En el caso particular de auge de los precios agrícolas entre 2005 y 2011, los factores más importantes se vinculaban con el bajo nivel de stocks disponibles, problemas climáticos, inversión en activos derivados en una situación de exceso de dólares en el mercado, depreciación del dólar con respecto a las principales monedas, las ya mencionadas mayores demandas de China y otros países emergentes, el uso de los productos básicos para la producción de biofuels y el bajo crecimiento de la productividad en relación con la demanda.
En síntesis, la producción agroindustrial toma impulso y continúa como un sector central del desarrollo de nuestro país. En el corto plazo, los factores climáticos podrían afectar negativamente algunos resultados a la vez que los productores deberán asegurar una comercialización eficaz para enfrentar la volatilidad de los precios internacionales.
Por Juan Luis Bour / FIEL – El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Trabajo, se apresta a impulsar una medida que “cierra el cerco” para las negociaciones salariales en paritarias. Hasta ahora, las negociaciones enfrentaron —y seguirán enfrentando— un techo porcentual para los ajustes de convenio que, dependiendo de la evolución de la inflación, permite que el convenio sea homologado y, con ello, que el aumento salarial tenga fuerza de ley aplicable a toda la actividad en cuestión. Esta restricción para los aumentos tiene el objetivo de evitar que, a través de acuerdos de actividad que negocian cúpulas (líderes sindicales y cámaras), se impongan condiciones incumplibles a muchas empresas —normalmente pequeñas y medianas— que enfrentan un contexto competitivo (producción local o importada) y eventualmente menor productividad que las empresas mejor representadas en la negociación.
El tope en convenios tiene sentido en el plano económico, porque cualquier empresa a partir de dicho mínimo convencional puede acordar mejores condiciones salariales y/o de trabajo. Esto último es precisamente lo que ha venido ocurriendo: a pesar de una economía que avanza anémicamente en los sectores que no son líderes, los salarios efectivos por sector han evolucionado por arriba de los salarios convencionales. La Secretaría de Trabajo informa, en efecto, que, con base en diciembre de 2024, el promedio salarial de convenio cayó al mes de mayo de 2026 casi 8 puntos en términos reales, mientras que los salarios efectivos cayeron en términos reales 3 puntos. Es decir, que en 17 meses los salarios medios crecieron 5 puntos por sobre lo establecido en convenios.
¿Debe mantenerse indefinidamente ese mecanismo de techo? Seguramente, a nadie se le ocurriría mantener un techo si los convenios fueran por empresa en una economía abierta y competitiva. No se establecen techos en la mayoría de los casos de la experiencia internacional comparada. Pero la mayoría de los salarios se negocian en Argentina -un país de alta inflación- por convenios colectivos de actividad, abarcando empresas que enfrentan mercados muy diversos de bienes y servicios, con establecimientos con diversidad tecnológica y de tamaño, en distintas regiones y con una carga de historia laboral muy diferente. La homologación fue hasta 2023 un trámite de aprobación que se descontaba, salvo raras excepciones. El mecanismo se vuelve —en cambio— un elemento importante en un proceso de transición hacia una economía de baja inflación, abierta, desregulada y competitiva. En este periodo, el techo es un sustituto —parcial, imperfecto, pero útil— de las señales que deben darse para aproximar precios y salarios a los niveles que son consistentes con las distintas productividades relativas. En 10 o 15 años, probablemente, el “techo” se volverá inútil porque los salarios se determinarán en cada establecimiento o empresa, por negociaciones directas entre las asociaciones de trabajadores y cada firma.
Existiendo un “techo”, seguramente a alguien se le ocurrió que debería existir también un “piso”, y que tendría también un papel importante que jugar en el camino hacia una economía más estable. Mala idea.
El piso, a diferencia del techo, no tiene flexibilidad (como lo tiene el techo) a nivel de empresa. El techo se puede superar, el piso no se puede perforar. Por lo tanto, en cuanto el convenio colectivo de trabajo (CCT) establece un piso homologado, se convierte en un salario mínimo sectorial que debe ser acatado por toda empresa de la actividad (a menos que logre firmar un convenio colectivo de establecimiento o de empresa que defina algo diferente). Al ser un piso mandatorio, las preguntas que cabe formular son quién determina ese piso y si es efectivo (es decir, si obliga a subir salarios que están por debajo del nivel fijado).
Si el piso lo define la autoridad oficial (como actualmente se determina para el salario mínimo), pero para cada convenio colectivo, entonces se requiere de un Estado omnisciente que sepa perfectamente cuál es el nivel del piso que todos pueden pagar y que no genere efectos indeseados. Entre estos efectos cabe prever la posible pérdida de empleos no calificados, la traslación del incremento otorgado a todas las escalas del convenio, o el achatamiento de las escalas salariales, con impacto negativo en los incentivos. Si el piso —supuesto que es más alto que el vigente— se acuerda entre las partes del convenio, es decir, en convenios que mayoritariamente son de actividad, la pregunta es: ¿Por qué no lo habrían establecido antes las mismas partes? ¿Qué tiene de novedoso “sugerir” desde el Estado con un número arbitrario (un millón setenta mil, o un millón, o dos millones, ¿por qué no?) que suban los salarios de algún grupo? ¿Se trata de revivir la idea de salarios mínimos sectoriales en una oleada de correcciones de convenios colectivos, al tiempo que la política fiscal y monetaria se mantienen fuertemente contractivas? Probablemente nadie pensó que subir salarios mínimos en medio de una revolución tecnológica (IA) que reemplaza las tareas más simples no haría más que acelerar el proceso de adopción tecnológica, desplazando aún más rápidamente a trabajadores de baja calificación.
La introducción de pisos garantizados/conformados/sectoriales, o como se quiera llamar, es una típica medida impulsada desde la política sin argumentos sólidos en el plano económico, a diferencia de la discusión tradicional sobre un salario mínimo general que puede jugar un rol estabilizador en contextos de profundos desequilibrios. En términos vulgares, es una medida de corte populista que tarde o temprano pierde efectividad, como los precios máximos. Esperemos que alguien perciba que por esta vía se reintroducen prácticas regulatorias que harán más lenta y difícil la transición de la economía argentina.
El desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos abren para la Argentina una oportunidad que YPF busca transformar en capacidad exportadora. El CEO de la compañía, Horacio Marín, ratificó el objetivo de alcanzar exportaciones por US$30.000 millones en 2030 y planteó que para llegar a esa meta será necesaria una articulación que exceda a la petrolera e involucre a toda la cadena productiva.
“El objetivo de YPF es un objetivo de país. Rompimos la grieta y así trabajamos todos los días para la República Argentina”, sostuvo Marín durante el X Foro Pymes organizado por ADIMRA, donde destacó la necesidad de integrar a la industria nacional al nuevo esquema productivo asociado al desarrollo energético.
La definición coloca a YPF en una posición que excede su rol como empresa energética. La estrategia que plantea Marín busca vincular el aumento de la producción de petróleo y gas con proveedores industriales, gobiernos provinciales y municipales, sindicatos y otros actores de la economía real, con el objetivo de ampliar el impacto de la actividad hidrocarburífera sobre el entramado productivo argentino.
“Venimos a trabajar con la industria, con los gobernadores, con los municipios, con los gremios, con todos”, afirmó el ejecutivo. Y agregó que existe “un interés mayor que es el desarrollo de Argentina”.
El salto exportador como objetivo productivo
La meta de US$30.000 millones para 2030 supone convertir el crecimiento de la producción hidrocarburífera en una fuente estructural de generación de divisas. Para Marín, ese proceso requiere primero garantizar el abastecimiento interno y, sobre esa base, incrementar el volumen disponible para los mercados internacionales.
“Con abastecimiento pleno del mercado local, dos de cada tres barriles producidos se destina a la exportación”, afirmó el CEO de YPF al reiterar el objetivo exportador.
La ecuación es relevante para una economía que necesita ampliar sus fuentes genuinas de dólares. El desafío, en este esquema, no consiste solamente en extraer más hidrocarburos, sino en desarrollar la infraestructura, los proveedores y las capacidades industriales necesarias para sostener una expansión de escala internacional.
Ahí aparece el vínculo con las pymes metalúrgicas. El Foro Pymes de ADIMRA reunió precisamente a actores de una industria que puede integrarse a las cadenas de valor vinculadas con energía, infraestructura y producción de bienes de capital.
Las provincias buscan capturar una mayor parte de la cadena de valor
Antes de la exposición de Marín, los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; Mendoza, Alfredo Cornejo; y Río Negro, Alberto Weretilneck, destacaron el trabajo del titular de YPF para articular distintos proyectos en sus respectivas provincias.
La presencia de los mandatarios provinciales refleja otra dimensión del proceso: el desarrollo energético no se limita a la producción de petróleo y gas. También involucra decisiones sobre infraestructura, proveedores, empleo, inversión y desarrollo territorial.
En ese punto, la integración de las pymes industriales puede convertirse en uno de los mecanismos para ampliar el efecto multiplicador de la actividad. Cada nuevo proyecto energético demanda equipamiento, servicios especializados, logística y componentes que pueden generar oportunidades para empresas locales y regionales si cuentan con escala y capacidades para incorporarse a esas cadenas.
El desafío consiste en que el crecimiento exportador no opere como un circuito aislado de la economía nacional. La articulación que propone YPF apunta precisamente a conectar el sector energético con el resto del aparato productivo.
De la producción de hidrocarburos a una plataforma de desarrollo
La estrategia planteada por Marín parte de una premisa: la energía puede convertirse en una plataforma para ampliar la capacidad productiva del país. Para eso, el incremento de las exportaciones debe acompañarse con una mayor participación de la industria nacional.
La meta de US$30.000 millones coloca una referencia concreta para medir ese proceso hacia 2030. Pero el resultado dependerá de una cadena de decisiones que incluye producción, transporte, infraestructura, inversiones y capacidad de los proveedores para responder a una demanda energética de mayor escala.
La articulación federal adquiere así un peso central. Provincias productoras, gobiernos locales, empresas, trabajadores y pymes industriales tienen intereses diferentes, pero convergen en una misma oportunidad: transformar la expansión hidrocarburífera en una fuente sostenida de actividad económica, empleo y divisas.
Para YPF, la discusión ya no pasa solamente por cuánto petróleo puede producir la Argentina. El punto siguiente es cuánto valor puede generar alrededor de esa producción y qué capacidad tendrá el entramado industrial para acompañar el salto exportador.
En ese escenario, la frase de Marín sintetiza el desafío: “El objetivo de YPF es un objetivo de país”. La meta de US$30.000 millones para 2030 será, en última instancia, algo más que un objetivo de la principal petrolera argentina si consigue arrastrar detrás suyo a una red de empresas, trabajadores y territorios capaces de convertir los recursos energéticos en una plataforma de desarrollo productivo.
