Año: 2026

Morosidad: escollo al relanzamiento del crédito

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Por Guillermo Bermúdez / FIEL – La recuperación del crédito al sector privado que venía mostrando la economía sufrió una marcada pérdida de dinamismo en los meses recientes. La cartera irregular de los bancos ha tenido un acelerado aumento que luce más asociado al alza del costo del financiamiento antes que con la evolución de los ingresos de los hogares. En un contexto en el que el sistema financiero ha recuperado su rol de intermediación del ahorro, en los meses por venir se espera una recuperación del crédito -que requerirá un monitoreo más ceñido del riesgo- con alguna corrección a la baja de la irregularidad.

Durante noviembre y diciembre, tras las elecciones de medio término, las variables financieras y cambiarias transitaron un sendero de normalización. Las tasas de interés para colocaciones a plazo en pesos, que a comienzos de septiembre habían superado el 58%, se recortaron por debajo del 26% en diciembre, mientras que las activas por adelantos, que habían llegado a superar el 190% a mediados de octubre -en un contexto de altísima volatilidad-, también se acomodaron por debajo del 25% el último mes del año; lo propio ocurrió con la tasa de cauciones.

En el caso de los tipos de cambio, que en la previa de las elecciones habían superado holgadamente la banda superior de flotación que por entonces era de $ 1492 por dólar –el contado con liquidación y el MEP llegaron a tocar los $ 1600 por dólar-, tuvieron una corrección a la baja y actualmente el dólar libre y Banco Nación promedian $ 1475. Por su parte, los dólares financieros volvieron a recortarse al techo de la banda tras los anuncios referidos al cambio en la indexación de las bandas y la nueva estrategia de acumulación de reservas por parte del BCRA.

Precisamente, desde enero de 2026 las bandas de flotación se amplían al ritmo de la inflación correspondiente a dos meses previos. Este cambio abre un espacio para la corrección de la apreciación resultante de la evolución diferencial de inflación de los últimos meses –algo por encima del 2%- y el ajuste del 1% que se aplicaba a los límites de la banda, al tiempo que reduce la presiones sobre las reservas internacionales derivadas de la necesidad de defensa del techo de las cotizaciones.

Si bien el cambio en el ritmo de ampliación de las bandas no supone una corrección devaluatoria, la aplicación de la inflación pasada –a diferencia por caso de la esperada relevada en el REM-, podría generar alguna inercia y ralentización del proceso de desinflación. No obstante, nada hace prever que el tipo de cambio deba colocarse sistemáticamente en el techo, contando los flujos de entrada de divisas esperados. El anuncio fue bien recepcionado por el mercado y las autoridades del FMI, que reclamaban un cambio de estrategia en la gestión cambiaria.

En cuanto a la evolución del riesgo país, este tuvo una importante compresión desde picos cercanos a los 1500 puntos básicos a mediados de septiembre hasta algo por encima de los 550 puntos en el que se coloca en la actualidad. La emisión del BONAR 2029, hizo un aporte al recorte del riesgo, que había estancado su caída a la espera de novedades por parte de los inversores respecto a la obtención de los fondos para cancelar los vencimientos del mes de enero –incluyendo el potencial uso de un tramo adicional de swap de monedas con el Tesoro americano o una operación de repo con un grupo de bancos privados.

El BONAR 2029, adjudicó USD 910 millones a una tasa del 9.26%, algo por encima de lo esperado, pero dio una señal positiva respecto a la colocación de deuda nueva bajo legislación local. También las colocaciones de deuda privada y por parte de algunas provincias permiten el ingreso de divisas que elevan las reservas brutas del Banco Central –las reservas netas resultan fuertemente negativas-, así como la cancelación de vencimientos del BOPREAL, que tuvo un impacto moderado sobre el stock de reservas, al permanecer los fondos depositados en el sistema, lo que hace un aporte a través de encajes.

Pero fue el anuncio referido al programa de adquisición de divisas por parte del BCRA el que aceleró la caída del riesgo país, que perforó el piso de los 600 puntos tras conocerse la comunicación. La estrategia de compra de divisas se sostendrá en el proceso de remonetización de la economía, lo que permitiría al BCRA la adquisición de entre USD 10 mil y USD 17 mil millones el año próximo, sujeto a los flujos del balance de pagos y sin requerimientos de esterilización. Nuevamente, el anuncio de la estrategia de fortalecimiento de la hoja de balance del BCRA ha sido bien recibido, teniendo en cuenta la vulnerabilidad que suponía un esquema de bandas acotadas como el anterior, en el que las cotizaciones se colocaban cerca del techo, y que enfrentaba a las autoridades a la defensa del esquema con un stock de reservas internacionales muy negativo.

En este contexto, y de aquí a un futuro cercano, la expectativa está puesta en la recuperación del crédito al sector privado. En la edición de Indicadores de Coyuntura de julio pasado1, se revisó la evolución de los préstamos al sector privado, observándose que su crecimiento desde inicios de 2024 era uno sin precedente en el último cuarto de siglo, con un stock que se había duplicado en términos del PBI, con reaparición del financiamiento de largo plazo –hipotecas- y del crédito en dólares. En aquella oportunidad se concluía que una mayor profundización financiera requeriría mayor competencia entre las entidades y un mayor apetito por el riesgo.

Las turbulencias financieras que desató el desarme de las LEFI a lo que se sumó el resultado de las elecciones de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, truncaron el aumento que venía mostrando el crédito. El deterioro del ambiente financiero impactó, a su turno, en la cartera activa de los bancos y en los resultados operativos. Precisamente, en el tercer trimestre varias entidades bancarias mostraron resultados negativos en sus balances, y uno de los factores gravitantes fue el aumento de la cartera irregular.

La morosidad luce en la actualidad como uno de los principales obstáculos para que el stock del crédito recupere
su ritmo de crecimiento –la reducción de encajes también aportará a la capacidad prestable de las entidades- y que el sistema financiero dinamice el “crowding in” interrumpido recientemente. Con todo lo anterior, en la presente columna se repasa la situación del crédito y el aumento de la morosidad2, revisando potenciales determinantes de comportamiento en años recientes.

El crédito total al sector privado no financiero a precios de diciembre 2025 alcanza algo más de $ 112 billones -correspondiendo cerca del 77% a líneas en pesos-, equivalentes a 11% del PBI. Entre septiembre y noviembre el stock alcanzó un pico que promedió los $ 115 billones, al tiempo que la mayor relación con el PBI se tuvo unos meses antes, cuando tocó 11.5% en junio.

También en los meses recientes, el stock tuvo un marcado recorte en el ritmo de crecimiento real; luego de haber alcanzado 119% interanual en abril pasado, en diciembre se elevó 32% por encima de la inflación.

En términos de participación en el total, el financiamiento a las empresas mediante documentos supera el que reciben las familias por la utilización de tarjetas –el primero representa 35% del crédito mientas que el segundo 19%-, y han sido estas líneas las que mostraron un mayor freno en el ritmo de aumento. El crédito mediante documentos pasó de crecer 132% anual en febrero pasado a algo más de 22% en diciembre, mientras que los saldos de tarjetas que aumentaban en abril 75% anual, en diciembre dejaron de aumentar, reflejando cancelaciones antes que un refinanciamiento. También los créditos personales -con una participación algo más baja del 16.8% en diciembre-, recortaron fuertemente el ritmo de crecimiento de 255% en abril a cerca de 43% en la actualidad.

Este freno en el crecimiento del crédito coincidió con un marcado aumento de la irregularidad de cartera de financiamiento al sector privado no financiero. Por caso, tomando a los bancos en su conjunto, el porcentaje de la cartera irregular pasó del 1.4% promedio en octubre del año pasado a 5.1% en el caso de los bancos privados nacionales, a 4.1% en el de los privados extranjeros y a 4.3% en el caso de los bancos públicos, en octubre de este año.

De lo anterior resulta interesante indagar sobre los potenciales determinantes del aumento de la proporción de la cartera irregular de los bancos. Sería natural evaluar la capacidad de pago de los deudores –aproximada por la evolución de los ingresos reales formales-, y el aumento en el costo del financiamiento –tomando en consideración una tasa real activa.
En el Gráfico 2 se muestra la evolución de la morosidad y el crecimiento real de los ingresos formales –a partir de la evolución del RIPTE3- en fases contractivas y expansivas de la actividad económica. El gráfico muestra una relativa estabilidad de la irregularidad de cartera entre 2011 y 2017, con alzas y retrocesos anuales en los ingresos reales. Luego, desde mediados de 2018, se observa un marcado aumento de la morosidad –se pasa de un promedio de 2% de la cartera a más del 5% a comienzos de 2020 en el caso de los bancos privados nacionales- junto con un deterioro prácticamente simultáneo de los ingresos reales que se sostiene a lo largo de 2019 y posteriormente, con una menor profundidad, hasta fines de 2021.

Es de destacar que desde fines de 2017 la economía atravesó una fase de contracción del producto bruto, con deterioro de salarios reales y de las condiciones financieras a pesar de la asistencia lograda con la consecución del acuerdo con el FMI. Junto con lo anterior, es interesante notar que, desde inicios de 2020 y durante el año que siguió, hay una rápida corrección a la baja de la irregularidad, antes del inicio de un nuevo ciclo de deterioro.

Las políticas aplicadas para la contención de la Pandemia a comienzos de 2020 pueden explicar una parte de dicha mejora inicial, al tiempo que las restricciones asociadas a la cuarentena también podrían explicar el repunte posterior. Lo que resulta llamativo es la caída de la morosidad en la última parte del gobierno de Alberto Fernández en un contexto de desborde monetario e inflación rampante. El interrogante queda planteado para un análisis posterior.

Más cerca en el tiempo, la irregularidad de la cartera de los bancos como se mencionó, alcanzó 1.4% hacia fin de 2024, desde cuando tiene un aumento exponencial, paradójicamente en simultáneo con una recuperación de ingresos formales tras la caída que sufrieron con el salto inflacionario heredado por la presente gestión y el producido de la devaluación del Peso al final de 2023.

De ello, ¿en qué horizonte de tiempo el deterioro –o la recuperación- de los ingresos formales reales anticipa la evolución que tendrá la morosidad? Un análisis de desfase temporal indica que, para el promedio de los bancos privados, la caída del salario real adelanta4 once meses la evolución que tendrá la irregularidad de cartera, mientras que para los bancos privados nacionales ello ocurre doce meses antes y en el caso de los privados extranjeros, diez meses.

Es decir, una corrección a la baja (alza) de la morosidad resultante de una mejora (deterioro) de ingresos reales se manifestaría hasta un año después. A diferencia de lo que ocurre con los ingresos formales, el costo del financiamiento luce tener un impacto más cerca no en el tiempo sobre la calidad de la cartera de financia miento al sector privado. En el Gráfico 3 se muestra la evolución de la tasa real de interés para préstamos a personas físicas5 junto con la tasa de irregularidad para el promedio de los bancos privados. En términos generales, la figura sugiere que una caída de la tasa real o una tasa que resulta negativa se asocia a un recorte en la proporción de la cartera irregular de los bancos.

En relación a ello destaca el episodio de caída de la irregularidad que se tiene desde medianos de 2021 y hasta los primeros meses de 2024, que estuvo acompañada de una tasa de interés real que se tornaba cada vez más negativa, habiendo tocado un piso en el primer bimestre de 2024. En los meses sucesivos, el costo del financiamiento continuó siendo negativo al tiempo que la irregularidad de cartera se mantenía estable en bajos niveles. Este período coincidió con el inicio de la recuperación de los préstamos que se hizo anteriormente.

Desde julio de 2024, la tasa de interés real se hizo positiva y fue creciente en los meses sucesivos, sin tocar niveles extraordinarios, pero anticipando el despegue de la irregularidad de cartera que se tuvo desde comienzos de este año.

Respecto al aumento del costo del financiamiento, también aquí resulta relevante evaluar con cuántos meses de anticipación su aumento impacta negativamente sobre la calidad de la cartera de financiamiento de los bancos. El análisis señala que desde un semestre antes se comienza a observar un deterioro de la regularidad a la par del aumento de tasas, relación que alcanza un máximo en forma contemporánea. Precisamente, esta conclusión es consistente con el comportamiento referido arriba sobre la evolución de la morosidad en la última parte del gobierno de Alberto Fernández, cuando se observó una tasa de interés real fuerte mente negativa y una compresión de la irregularidad.

Este somero análisis permite anticipar que a la par del proceso de normalización de tasas que ha comenzado a transitar la economía en los meses recientes, junto con ingresos reales formales que estabilicen su recuperación, es dable un paulatino reacomodamiento a la baja de la tasa de morosidad en un horizonte cercano de tiempo.

Junto con el anterior análisis, no debe perderse de vista que en el contexto actual de ordenamiento de las cuentas públicas y saneamiento de la hoja de balance del BCRA, las entidades bancarias están contribuyendo a la canalización del ahorro hacia el financiamiento del sector privado, algo que había quedado relegado en el pasado a partir de una mayor presencia del Tesoro y el BCRA en el balance de las entidades financieras, especialmente a causa del excesivo uso de los pasivos remunerados de la autoridad monetaria que desplazaban el fondeo del crédito privado. Y ello resulta relevante en lo que se refiere a la evaluación del riesgo de la cartera de préstamos de los bancos.

En efecto, el Gráfico 4 muestra la participación del crédito al sector privado y el dirigido al sector público, contando títulos del Tesoro, pasivos remunerados del BCRA y encajes, en el activo del sistema financiero. Desde fines de 2015 y hasta 2023, la participación del crédito al sector privado en la hoja de balance se redujo en forma sostenida, pasando del 45.1% en diciembre de 2015 a 19% del activo de las entidades a fines de 2023.

En cambio, la deuda del sector público con las entidades financieras fue creciente hasta fines de 2022 cuando ocupó la mitad del activo de las entidades. Luego en los meses sucesivos mostraría un retroceso que se intensificó en los años recientes con el fin de la operatoria de las letras y pases del BCRA. A diciembre de 2025, el crédito al sector privado representa el 43% del activo de las entidades financieras, algo ligeramente por debajo de lo que se tenía a fin de 2015, pero más del doble de la participación que tenía hacia diciembre de 2023. El potencial de crecimiento es elevado, contando además en el corto plazo los recursos inmovilizados en encajes incrementales.

Con todo, en el actual contexto de normalización financiera con convergencia de tasas de interés a los niveles vigentes cuando el BCRA establecía la de referencia, es de esperarse que el crédito retome su sendero de crecimiento y de la mano de la reducción del costo –con tasas reales ligeramente positivas-, se tenga un retroceso en la irregularidad de la cartera de las entidades financieras. El escenario es distinto al pasado, pues el sistema financiero se encuentra recuperando su rol de intermediación del ahorro hacia el consumo y la inversión privada luego de años en que dicha función había quedado relegada, y ello entraña riesgos asociados a una adecuada evaluación de deudores una vez que se han atendido los perfiles con mayor calificación. Aun cuando una acelerada caída de la irregularidad pueda demorarse, la expectativa es que la intermediación financiera resulte en 2026 uno de los sectores de actividad con mejor desempeño junto con el de la minería y la energía.

1 https://fielfundacion.org/blog/2025/07/07/bancos-privados-de-capital-nacional-lideran-la-recuperacion-del-credito/
2 En el análisis se refiere indistintamente a morosidad e irregularidad de la cartera de préstamos de los bancos. Comprende a deudores de la cartera comercial en situación 3 a 6 de acuerdo con el régimen de clasificación de deudores del BCRA, que incluye a quienes muestran problemas de mora, con alto riesgo de insolvencia e irrecuperables
3 Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.
4 La correlación desfasada es máxima.
5 La tasa de interés para personas jurídicas resulta más baja, aunque el comportamiento es similar en términos de alzas y bajas. La tasa real se presenta como promedios móviles de tres meses para suavizar los movimientos.

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Oberá marca el pulso de construcción en la región NEA

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¿Y si la recuperación viene del interior del interior? A nivel sectorial, la actividad más golpeada en los últimos dos años fue, sin ningún lugar a dudas, la construcción. El freno a la obra pública como decisión política del Gobierno nacional, sumado a cierto parate a nivel provincial por falta de financiamiento, produjo una brusca caída hacia inicios de 2024 que no logró repuntar con claridad hacia el 2025 e incluso, por momentos, se deteriora aún más. A eso, se agrega el hecho de que los costos para la inversión privada se encarecieron notablemente y el crédito, pese a mostrar una expansión general, no llegó siempre a este sector, que aún expresa que ese es uno de los tantos limitantes. 

En el último reporte del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) que mide el INDEC, las expectativas no son optimistas para el sector. Entre los empresarios que se dedican a obras privadas, sólo el 13% considera que para el primer bimestre del año el sector presentará mejoras, mientras que el 18,5% considera que empeorará y el 68,5% cree que se mantendrá sin cambios. 

Igual de pesimista es el marco para los empresarios que se dedican a la obra pública: el 24% cree que el escenario empeorará y el 54,1% que se mantendrá igual. 

En el contexto actual, la respuesta “se mantendrá igual” equivale a sostener un ritmo de actividad altamente debilitado y en pisos históricos, equivalente a hablar de “la paz del cementerio”. Peor aún, el 20,8% de los proyectos de obra privada anticipa una disminución de personal y apenas el 8,5% lo incrementarían.

Otro dato saliente de esa encuesta del INDEC es la identificación de los principales factores que podrían estimular el crecimiento del sector; es decir, qué hace falta para que se reactive la construcción. Entre los empresarios de la obra privada, las respuestas se centran en tres cuestiones: el 31% expresó que el factor clave es el crecimiento de la actividad económica; el 19% la estabilidad de precios y otro 19% la disponibilidad de crédito. 

También el INDEC preguntó lo mismo, pero a la inversa: ¿Cuáles piensa que son las principales causas que provocarán la caída de la actividad del sector? El 28,3% respondió “la caída de la actividad económica”, el 10% la “falta de crédito” y el 12% los “atrasos en la cadena de pagos”.

Queda claro que el sector está mirando actividad, precios y financiamiento como los factores limitantes para lograr cierta reactivación, siendo así un reflejo casi exacto de lo que sucede en casi toda la economía real del país.

En este escenario, Misiones ha mostrado una fuerte contracción de la construcción en los últimos dos años, sufriendo por encima del promedio nacional los efectos de recortes de obra pública, desfinanciamiento nacional y encarecimiento de costos y del crédito, entre otras cosas. Pero es interesante observar cómo se mueve el sector no solo a nivel provincial, sino haciendo doble click sobre el desempeño puntual de ciertos municipios para intentar analizar desde dónde podría llegar la reactivación deseada. 

Para esto, uno de los insumos disponibles, son los datos respecto a permisos de obra y superficie autorizada a construir que el INDEC suministra mes a mes sobre más de 200 municipios de todo el país; de Misiones, hay relevamiento para 7 de ellos. 

El último dato disponible, que corresponde a octubre, muestra a una ciudad que sobresale por encima del resto: Oberá. En la capital del Monte, los permisos de obra otorgados fueron los más altos del mes en misiones (totalizaron 35) con un crecimiento del 16,7% interanual y del 40% contra el mes anterior. 

El volumen de permisos de octubre es el más alto no solo del año, sino de los últimos 29 meses, pero no se trata de un dato aislado: presenta alzas en los últimos cuatro meses consecutivos y en siete de los diez meses del año registró la mayor cantidad de permisos en la provincia. 

Acumulado – Permisos
Acumulado Permisos
Oberá224
Formosa194
Resistencia163
Posadas147
Goya132
Corrientes101
Pto. Iguazú95
Eldorado88
Clorinda88
Alem82
Apóstoles56
Curuzú Cuatiá47
P. de la Patria38
P. de los Libres35
Puerto Rico27
Bella Vista26
Pero vale ir un poco más allá todavía en la comparación y observar su posición en el NEA: en octubre Oberá fue la ciudad con el segundo mayor volumen de permisos otorgados de toda la región, solo debajo de Resistencia que tuvo un mes excepcionalmente bueno (pero venía mostrando una tendencia decreciente). 

Pero insistimos: lejos de ser un dato aislado, fue una constante en el año. Si tomamos los datos acumulados de enero a octubre, Oberá se erige como el municipio del NEA con el mayor volumen de permisos de construcción otorgados, con un total de 224, ubicándose por encima de todas las capitales de las cuatro provincias que conforman la región, y exhibe un crecimiento acumulado del 23%, también un desempeño relativo muy superior a las grandes urbes del NEA. 

¿Cómo les fue a los otros municipios misioneros relevados? En cantidad de permisos acumulados del año, a Oberá la secunda Posadas con un total de 147. La capital misionera si bien tuvo un buen octubre (+28,6% mensual) todavía sigue muy atrasada en el acumulado anual (-47,9%). En tercer lugar se ubica Puerto Iguazú con 95 permisos en los diez meses del año, mostrando una buena dinámica: en octubre creció 71,4% mensual y en el acumulado del año lleva +25,0%, por lo que este municipio es también un pilar de reactivación para la provincia. Eldorado se ubica más atrás con 88 permisos y exhibiendo también un buen desempeño acumulado (+41,9% interanual). Leandro N. Alem (82 permisos y +3,8% acumulado interanual), Apóstoles (56 permisos y +5,7%) y Puerto Rico (27 permisos y -10,0%) completan el ranking. 

En resumen: de siete municipios, cinco muestran subas acumuladas en el año y solo dos, entre ellos Posadas, presentan bajas. ¿Será que la reactivación viene desde el interior del interior argentino? 

Veamos que ocurre con el segundo indicador: la superficie autorizada a construir; esto es, el tamaño de las obras. En metros cuadrados acumulados, Posadas lidera con amplia comodidad no solo a nivel provincial sino también regional. En la capital misionera, la superficie autorizada en los diez meses del año totaliza 104.563 metros cuadrados; si bien muestra una merma contra el 2024 (-39,8%), su liderazgo en el NEA es indiscutible. 

El municipio que le sigue es Corrientes con 60.127 metros cuadrados autorizados, 42% menos que en Posadas. A su vez, el podio regional se completa con Oberá con 53.175 m2

Hay una diferencia clave entre estos tres municipios: mientras que las dos capitales presentan bajas contra el año anterior, Oberá vuelve a destacarse al mostrar expansión, que llega al 8,3%. 

Acumulado – m2 autorizados
Acumulado m2 autorizados
Posadas104.563
Corrientes60.127
Oberá53.175
Resistencia47.682
Eldorado43.234
Formosa35.926
Pto. Iguazú25.642
Goya21.341
Alem15.956
Clorinda15.152
Curuzú Cuatiá9.798
Puerto Rico9.442
Apóstoles9.120
P. de la Patria8.222
P. de los Libres5.648
Bella Vista5.587

Podemos hacer una tercera mirada, sobre el tamaño promedio de las obras: esto es, cruzar la cantidad de metros cuadrados autorizados con los permisos otorgados para tener un indicador de tamaño promedio de cada obra y dimensionar así el perfil municipal del sector: pueden ser pocas obras de mucha superficie; o muchas obras de poca superficie. En este caso, Posadas muestra el mayor tamaño promedio de obra de todo el NEA, con un promedio de 711 metros cuadrado por obra; Corriente se ubica segunda y otro municipio misionero da la nota al meterse en el podio, pero en este caso no es Oberá: es Eldorado, con 491 metros cuadrados de obra promedio. 

¿Qué podemos llevarnos de todo esto? Como primera reflexión, cabe señalar que en un contexto macroeconómico adverso y con un sector de la construcción que sigue operando en niveles históricamente bajos, existen dinámicas locales que desafían el diagnóstico general. Municipios como Oberá, y en menor medida Puerto Iguazú y Eldorado, muestran que la actividad puede encontrar motores propios cuando confluyen cierta estabilidad local, decisiones de inversión privada de menor escala e incluso acompañamiento estatal mediante tasas bajas y subsidios al crédito y/o a la actividad en sí misma. 

Es cierto que no se trata todavía de una reactivación plena, ni mucho menos homogénea, pero no deben dejarse de lado estas señales concretas que rompen con la idea de parálisis total y permiten pensar que el interior del interior puede funcionar como motor de una recuperación más gradual y dispersa.
Estos brotes verdes son fundamentales, pero todavía frágiles y sobre todo, altamente sensibles a la evolución de la actividad general, al acceso al crédito y a la estabilidad de precios, exactamente los mismos factores que el propio sector identifica como determinantes. Entonces, si bien la recuperación puede venir desde el interior del interior, se necesita todavía un esquema macroeconómico que sostenga, expanda y contagie al resto del territorio.

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Top 5 plataformas de pago White Label en Argentina en 2026

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El mercado argentino de pagos digitales continúa su expansión acelerada en 2026, impulsado por la digitalización financiera y la demanda creciente de soluciones de pago personalizables. Para empresas que buscan lanzar sus propios servicios de procesamiento sin invertir años en desarrollo, las plataformas white label payment gateway representan la alternativa más estratégica y rentable.

Estas soluciones permiten a bancos, PSPs emergentes y empresas fintech ofrecer servicios de pago bajo su propia marca, con infraestructura robusta, cumplimiento normativo incorporado y tiempo de lanzamiento reducido a semanas en lugar de años. A continuación, presentamos las cinco plataformas white label más destacadas operando en Argentina durante 2026.

1. Akurateco

Akurateco lidera el ranking como la solución white label más completa para el mercado argentino y latinoamericano. Esta plataforma PCI DSS totalmente personalizable permite lanzar un negocio de procesamiento de pagos en apenas dos semanas, eliminando la necesidad de desarrollo interno costoso.

Características principales:

Infraestructura completa como servicio: Akurateco proporciona no solo el software, sino también la infraestructura técnica, soporte continuo y un equipo de expertos en pagos con más de 15 años de experiencia. Esto significa que las empresas pueden enfocarse completamente en escalar su negocio mientras Akurateco gestiona la complejidad técnica.

Orquestación avanzada de pagos: La payment orchestration platform de Akurateco permite conectar múltiples adquirentes, métodos de pago y proveedores bajo una sola integración. Esto resulta fundamental en Argentina, donde los comercios necesitan ofrecer diversas opciones locales como Mercado Pago, transferencias bancarias, tarjetas locales y métodos internacionales.

Enrutamiento inteligente: El enrutamiento inteligente en pagos globales de Akurateco optimiza cada transacción dirigiéndola automáticamente al procesador más efectivo según múltiples variables: ratio de aprobación histórico, costos de procesamiento, tipo de tarjeta, geografía y más. Clientes han reportado mejoras en ratios de aprobación del 50% al 70%, incrementando significativamente los ingresos de sus comercios.

Más de 600 conectores preintegrados: Akurateco ofrece acceso inmediato a proveedores de pago globales y regionales, incluyendo Visa, Mastercard, PayPal, Google Pay, Apple Pay, además de procesadores locales clave para Argentina y Latinoamérica.

Gestión integral de riesgos: Sistema antifraude interno combinado con integraciones a proveedores especializados de prevención de fraude, fundamental para operar con seguridad en mercados emergentes.

Modelo de precios flexible: Con módulos de facturación inteligente, los PSPs pueden crear modelos de pricing sofisticados para sus comercios, desbloqueando flujos adicionales de ingresos.

Akurateco es la opción ideal para bancos que buscan modernizar sus servicios merchant, PSPs que quieren expandirse rápidamente a nuevos mercados, y empresas fintech que necesitan infraestructura de pago escalable sin comprometer recursos en desarrollo.

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2. Tranzzo

Tranzzo se posiciona como una alternativa sólida para PSPs que buscan expansión internacional con presencia en América Latina. Su solución white label ofrece acceso a más de 150 bancos y procesadores distribuidos en Europa, Asia, África y Latinoamérica.

Ventajas destacadas:

La plataforma incorpora enrutamiento inteligente que permite la conmutación automática entre adquirentes, optimizando las tasas de aprobación y reduciendo comisiones de procesamiento. Su infraestructura en la nube garantiza alta disponibilidad, aspecto crítico para operaciones de pago que no pueden permitirse tiempo de inactividad.

Tranzzo resulta particularmente atractiva para PSPs con ambiciones de operar simultáneamente en múltiples regiones, ya que su red de conectores facilita la entrada a nuevos mercados geográficos con menor fricción técnica y comercial.

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3. Paymatico

Paymatico adopta un enfoque distintivo al posicionarse como facilitador para que terceros construyan y comercialicen su propia solución de pagos sin enfrentar directamente la complejidad regulatoria o técnica inherente al sector.

Propuesta de valor:

Esta plataforma permite integrar una gama completa de servicios de pago manteniendo la marca del cliente absolutamente visible, mientras Paymatico gestiona en segundo plano la infraestructura, seguridad y cumplimiento normativo.

Es una opción especialmente interesante para empresas tecnológicas, marketplaces o plataformas que desean ofrecer capacidades de pago embebidas a sus usuarios sin convertirse formalmente en un PSP ni lidiar con certificaciones PCI DSS y licencias financieras.

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4. Boxful (Subscription Engine)

Boxful se especializa en un nicho específico pero de alto crecimiento: pagos recurrentes y transacciones one-time dentro de aplicaciones móviles y plataformas SaaS.

Especialización en suscripciones:

Su plataforma white-label está optimizada para cobranza recurrente mediante tarjetas de crédito y débitos bancarios automáticos, integrándose con diversas pasarelas, bancos y componentes del ecosistema de pagos regional.

Boxful se orienta particularmente a empresas fintech, bancos que buscan lanzar servicios de suscripción para sus clientes corporativos, y compañías SaaS establecidas en Argentina y Latinoamérica que necesitan infraestructura de facturación recurrente confiable y personalizable.

Su enfoque especializado la convierte en complemento ideal cuando el modelo de negocio central gira alrededor de suscripciones, membresías o servicios de pago programado.

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5. Finsol

Finsol cierra este ranking con una propuesta integral que abarca PayIn, PayOut y gateway white-label con soporte robusto para métodos de pago locales argentinos y latinoamericanos.

Amplitud de cobertura:

La plataforma soporta tarjetas locales, transferencias bancarias, wallets digitales y pagos en efectivo en múltiples países de Latinoamérica, con particular fortaleza en Argentina. Esto resulta crucial en mercados donde la bancarización aún está en proceso y los métodos alternativos de pago representan porcentajes significativos de las transacciones.

Finsol permite lanzar una plataforma de pagos completamente personalizada donde el cliente controla interfaz de usuario, estructura de precios, procesos de onboarding y flujos de liquidación. Esta capacidad de control total sobre la experiencia del usuario final, combinada con la flexibilidad para operar en múltiples mercados regionales simultáneamente, hace de Finsol una opción atractiva para operadores regionales con visión multipaís.

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Conclusión

El panorama de plataformas white label en Argentina durante 2026 ofrece opciones diversas según las necesidades específicas de cada negocio. Akurateco destaca como la solución más completa para empresas que buscan lanzamiento rápido, tecnología avanzada de orquestación y enrutamiento inteligente, con soporte especializado de un equipo experimentado. Tranzzo ofrece conectividad internacional amplia, Paymatico simplifica la entrada al mercado sin gestión regulatoria, Boxful se especializa en modelos de suscripción, y Finsol proporciona cobertura robusta de métodos de pago locales.

La elección óptima dependerá del modelo de negocio, mercados objetivo, recursos técnicos disponibles y velocidad de lanzamiento requerida. Sin embargo, todas estas plataformas comparten un denominador común: permiten a las empresas argentinas competir en el dinámico sector de pagos digitales sin las barreras tradicionales de entrada que históricamente limitaban el acceso a este mercado.

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Ley de Presupuesto y fiscos provinciales: un paso adelante y varias incógnitas

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Por Isidro Guardarucci / FIEL – Radiografía del superávit. 2025 llegó a su fin y los números fiscales van a apareciendo. La información más reciente es la ejecución a noviembre, es decir, sólo queda por agregar el último mes del año. La foto del pre cierre de año muestra un superávit primario de $14,6 billones, un 12,6% más bajo que el observado en igual período de 2024 (cuando se compara a precios constantes, es decir, neto del efecto inflacionario). Por su parte, el balance global, que incluye el pago de intereses, se ubicó en $4,7 billones. Este número, favorecido por el registro contable de los instrumentos capitalizables cuyos servicios se reflejan íntegramente debajo de la línea, es muy similar a lo observado un año atrás.

En línea con lo acontecido durante todo 2025, se destaca la fuerte contracción de los subsidios económicos y la inversión pública; en menor proporción, las partidas salariales también se vieron reducidas. Mención aparte para las transferencias a universidades nacionales, las cuales, si bien cayeron, arrancan el año 2026 con Ley de Financiamiento vigente. En la misma línea, también cayeron los intereses, por cuestiones de registro ya mencionadas. Por el contrario, los gastos no salariales de funcionamiento estatal y las transferencias a provincias aumentaron considerablemente. En menor proporción, pero con un impacto considerable, el aumento de las prestaciones sociales es el principal determinante de que la situación fiscal muestre un retroceso con respecto a 2024. En el mismo sentido juega la caída de la recaudación tributaria, que afecta negativamente al balance en unos $3 billones (medidos en moneda constante).

Finalmente, hay Ley de Presupuesto

Con el año nuevo, el gobierno logró tener (finalmente) un presupuesto aprobado. Esto representa un hito en la gestión económica, dotando de mayor institucionalidad a la cuestión fiscal. No obstante, el tema no está cerrado totalmente. El proyecto aprobado por el Poder Legislativo eliminó el artículo que derogaba las leyes referidas a financiamiento educativo y discapacidad. Así, no es obvio cómo se logrará sostener el superávit primario proyectado en 1,5% del PIB. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso ambas normativas implican más de medio punto del producto en gasto anual, el cual ahora deberá ser absorbido con alguna reasignación de partidas. Una posibilidad es que, al menos parcialmente, estos gastos se financien con los recursos generados por el nivel de inflación más alto implícito en el nuevo plan cambiario anunciado para este 2026. Se plantea también la alternativa trascendida de ignorar estas disposiciones, toda vez que el proyecto aprobado por el Congreso no especifica las fuentes de financiamiento asignadas para tales erogaciones. Finalmente, existe la posibilidad de algún recurso normativo que proponga el Poder Ejecutivo para buscar una solución intermedia a una disputa no saldada.

Fin de año en las provincias: optimismo se busca

Por su parte, las provincias enfrentan un escenario que luce algo más deteriorado. Si bien es un mapa heterogéneo, el análisis macroeconómico impone la necesidad de una lectura agregada. Como se manifestó en esta misma columna hace algunos meses, la situación subnacional del primer semestre era peor que la de 2024 (cuando la licuación del gasto jugó a favor de los tesoros provinciales) y similar a la de 2023. No obstante, no es correcto pensar que este corte parcial se debe traducir linealmente al cierre de año. La realidad se impone.

Las provincias tienen gastos muy rígidos, donde el componente salarial es (por mucho) el más relevante. Además, la mitad de ellas sostienen a sus cajas previsionales provinciales, las cuales imponen también erogaciones sin ninguna flexibilidad. En cuanto al gasto “discrecional”, es más rígido que en nación: los bienes y servicios que contratan son asociados en su mayor parte al funcionamiento de salud, educación y seguridad; mientras que la obra pública tiene también escaso margen de maniobra dada la contracción del financiamiento nacional en este rubro.

Del lado de los ingresos, las provincias viven principalmente de la coparticipación (Ganancias e IVA dirigen el show) y la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos. Estos recursos se ven influenciados de forma directa por la inflación. Y el comportamiento de los precios en 2023 no se puede comparar en absoluto con 2025. Mientras hace dos años el segundo semestre fue de fortísima aceleración, en el último ejercicio mostró niveles más o menos constantes entre julio y diciembre. Así, mientras los precios se aceleran, la recaudación aumenta y los recursos para financiar gastos (que se actualizan mirando al pasado) son suficientes. Esto brinda flexibilidad en el corto plazo a gobiernos que, si se acostumbran a operar en ese contexto, terminan por adaptarse a dinámicas menos sostenibles en procesos de estabilización. El cierre de 2025, si bien dista mucho de lo que es un nivel de inflación deseable, no se compara con lo observado en años pasados. Es decir, los números deben cerrar con prudencia fiscal, no apostando a la nominalidad y “patear el problema para adelante”.

La situación luce más sensible si se compara la recaudación provincial y su dinámica reciente. Según los datos más actuales, la recaudación acumulada del Impuesto a los Ingresos Brutos está por debajo de los registros tanto de 2023 como de 2024 (en algunos casos, como en Córdoba, la situación es similar). En resumen, ni los recursos de 2023 ni la licuación del gasto de 2024. Las provincias suelen ser algo lentas para mostrar sus números, pero no hay dudas de que la foto de cierre de 2025 mostrará a varios fiscos subnacionales en la situación más incómoda de los últimos años.

El año que se viene

Comienza un nuevo año y el gobierno deberá enfrentar el desafío de sostener el superávit fiscal, sin dudas, el pilar de su programa económico. No se puede ignorar que la Ley de Presupuesto y el resultado electoral plantean un escenario más sólido en lo institucional y político, pero la tarea sigue. Por el lado de las provincias, en las próximas semanas (y quizás meses) posiblemente empezaremos a ver un cierre de 2025 con más déficit del que veníamos acostumbrados.

Pasado un año marcado por las elecciones legislativas, 2026 llama a encauzar las finanzas públicas a todo nivel. Aunque parezca pronto, ya podemos decir que el año que viene se renuevan autoridades ejecutivas. Y no es deseable llegar sin margen a esas instancias. Para los gobernantes, un fisco bajo stress es sinónimo de ajuste y menor capacidad de negociación; para la economía, es sinónimo de inestabilidad e incertidumbre.

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Facundo López Sartori: “El acuerdo Mercosur–UE abre una oportunidad histórica para Misiones”

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Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo Mercosur–Unión Europea vuelve a escena y coloca a Misiones ante una oportunidad estratégica. La provincia viene impulsando una visión productiva basada en bioinsumos y prácticas orgánicas que hoy encuentran en Europa un mercado que las demanda y valora.

A este diferencial se suma una capacidad logística que posiciona a Misiones en el mapa exportador: el puerto de Posadas y un aeropuerto con carga permiten proyectar exportaciones con mayor eficiencia y trazabilidad.

Yerba mate, té, miel, madera y frutas son parte de un universo productivo que ya cuenta con reconocimiento en mercados que exigen origen, calidad y valor agregado. “La oportunidad es ahora: exportar con valor y marca misionera”, destacó López Sartori.

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