“Ley de entrega”: intendentes misioneros piden a los senadores votar contra la ley de tierras impulsada por Nación
La ofensiva política contra el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsa el Gobierno nacional sigue sumando actores en Misiones. Esta vez fueron los intendentes nucleados en la Asociación de Intendentes del Norte de Misiones (ADINM) y la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (CODEIM), quienes difundieron un documento conjunto en el que solicitan a los tres senadores nacionales por la provincia que voten en contra de la iniciativa durante la sesión prevista para el próximo 6 de agosto.
El pronunciamiento mantiene la misma línea argumental expresada días atrás por las Mujeres del Movimiento, que también habían advertido que el proyecto constituye una “ley de entrega” por eliminar las restricciones a la extranjerización de tierras rurales y por incorporar el denominado silencio administrativo positivo, mecanismo que consideran especialmente riesgoso para una provincia con fuerte presencia de fronteras internacionales y recursos naturales estratégicos.
Los jefes comunales sostienen que el proyecto elimina los principales límites establecidos por la Ley 26.737 de Tierras Rurales, entre ellos el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, las restricciones por nacionalidad y las protecciones sobre inmuebles con cuerpos de agua.
A juicio de los intendentes, la iniciativa “deroga los límites que la Ley 26.737 impuso a la extranjerización de la tierra” y abre la puerta a una desregulación que afecta directamente a una provincia cuya geografía y patrimonio ambiental la convierten en un territorio especialmente sensible.
Uno de los aspectos más criticados del proyecto es la incorporación del silencio administrativo positivo para operaciones vinculadas con tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera e incluso para empresas con participación estatal extranjera.
Según el documento firmado por los presidentes de ADINM y CODEIM, si el Estado no responde un trámite dentro de los 180 días, la autorización quedaría concedida automáticamente.
Para los intendentes, ese mecanismo implica que “la soberanía territorial pasa a depender de un expediente que nadie contestó”, situación que califican como de “gravedad extrema”.
En el texto, los intendentes ponen el foco en las particularidades geopolíticas de Misiones.
Recuerdan que el 90% de los límites provinciales son fronteras internacionales, que debajo de su territorio se encuentra una parte central del Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, y que sobre esa superficie se desarrolla la mayor porción argentina del Bosque Atlántico.
“Para Misiones, la desregulación de la tierra no es una abstracción económica, sino una amenaza territorial concreta”, sostienen.
Asimismo, recuerdan que la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales, por lo que consideran que las decisiones sobre la administración de la tierra deben responder a los intereses provinciales.
Un pedido directo a los senadores
El documento concluye con un fuerte mensaje político dirigido a los representantes misioneros en la Cámara alta.
Los intendentes les solicitan que “cumplan con el rol constitucional de representar a la provincia” y voten negativamente el proyecto durante la sesión del 6 de agosto.
Además, reclaman una explicación pública sobre el sentido de sus votos, al señalar que son los municipios quienes reciben diariamente los planteos y preocupaciones de los ciudadanos respecto de las decisiones adoptadas en el Senado.
“Las posiciones asumidas por los senadores vienen colisionando casi sistemáticamente con el mandato recibido para representar y defender los intereses de Misiones”, sostienen.
El documento lleva las firmas de Fernando Ferreira, presidente de la Asociación de Intendentes del Norte de Misiones (ADINM), y Carlos Gustavo Koth, titular de la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (CODEIM).
El pronunciamiento amplía el frente político provincial que cuestiona el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y anticipa que el debate sobre la propiedad de la tierra y la soberanía territorial volverá a ocupar un lugar central en la agenda misionera cuando el Senado retome la discusión legislativa el próximo 6 de agosto.
