A once años de la primera marcha del Ni Una Menos, la consigna que sacudió a la Argentina en 2015 conserva una centralidad incómoda: para la mayoría de la sociedad, la violencia contra las mujeres no es una suma de hechos aislados, sino una trama persistente, estructural y todavía abierta.
Una encuesta nacional de la consultora Zuban & Córdoba, realizada entre el 1 y el 3 de junio de 2026 sobre 1.200 casos, muestra que el 72,2% de las personas consultadas considera que la violencia contra las mujeres es “un problema estructural en la sociedad”. Apenas el 21,4% la define como “un problema de casos aislados”, el 3,6% sostiene que no es un problema relevante y el 2,8% no sabe.
El dato principal no está sólo en la magnitud de la respuesta mayoritaria, sino en la brecha de percepción por género. Entre las mujeres, el diagnóstico estructural trepa al 84,2%. Entre los varones, baja al 60,1%. La diferencia es de 24,1 puntos porcentuales: una distancia que revela que el consenso existe, pero no se distribuye de manera pareja. Las mujeres leen con mucha más nitidez la dimensión sistémica de la violencia; entre los varones, en cambio, casi un tercio todavía la interpreta como una sucesión de casos aislados.
La encuesta también preguntó si el “Caso Agostina” refleja un problema generalizado de violencia contra las mujeres en la sociedad argentina. El 61,9% respondió que sí, el 35,4% que no y el 2,7% no sabe. Nuevamente, la diferencia por género es determinante: el 74,7% de las mujeres vincula el caso con una problemática generalizada, contra el 48,4% de los varones. Entre ellos, incluso, la respuesta negativa es levemente mayoritaria: 49,3%.
Ese cruce es clave para leer el clima social once años después del grito de Ni Una Menos. La sociedad argentina no abandonó la preocupación por la violencia machista, pero la lectura del fenómeno sigue atravesada por experiencias desiguales. Para las mujeres, los casos resonantes no aparecen como anomalías; se inscriben en una continuidad. Para una parte importante de los varones, en cambio, todavía pesa la idea del episodio excepcional.
El tercer dato fuerte del estudio apunta a la demanda de herramientas institucionales: el 92,6% cree que debería existir en Argentina un registro de dominio público de ofensores sexuales. El rechazo es marginal, de apenas 3,5%, mientras que el 3,9% no sabe. También aquí el apoyo es transversal, aunque más alto entre mujeres: 95,2%, frente al 90,3% de los varones.
La lectura política y social del relevamiento es precisa: el Ni Una Menos no quedó congelado como una fecha de calendario ni como una consigna de movilización urbana. Once años después, su núcleo de sentido sigue activo en la opinión pública. La mayoría reconoce la violencia contra las mujeres como una cuestión estructural y reclama respuestas estatales más firmes. Pero el informe también advierte una fractura persistente: el problema se ve con distinta intensidad según el lugar desde donde se lo vive.
En esa brecha se juega buena parte del desafío. La Argentina parece haber incorporado el lenguaje de la violencia de género, pero todavía discute su profundidad. La mayoría ya no la minimiza. Sin embargo, una porción considerable, especialmente entre varones, continúa interpretándola como una serie de hechos aislados. A once años de aquella primera marcha, el Ni Una Menos conserva vigencia precisamente por eso: porque logró instalar una verdad social, pero esa verdad aún no terminó de convertirse en una conciencia común.
