Año: 2026

Proponen bajar del 35% al 25% el palo en la yerba para mejorar calidad y precio

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El porcentaje de palo permitido en la yerba mate volvió al centro de la discusión sobre cómo enfrentar los desequilibrios del mercado. Una iniciativa presentada en la Legislatura misionera propone reducir del actual 35% al 25% el límite máximo autorizado en la yerba mate elaborada con palo.

El proyecto de comunicación fue presentado por el diputado provincial Martín Arjol y solicita al Poder Ejecutivo de Misiones que gestione ante las autoridades nacionales la modificación del Código Alimentario Argentino.

La propuesta tiene dos objetivos. Por un lado, aumentar la proporción relativa de hoja en el paquete y mejorar así la calidad del producto final. Por otro, utilizar esa modificación como una herramienta para incidir sobre la ecuación entre producción, demanda industrial y stocks.

Ese segundo punto aparece en un momento especialmente sensible para la cadena yerbatera, atravesada por la caída del precio que recibe el productor y por una discusión abierta acerca de las causas del desequilibrio.

En los fundamentos, Arjol sostiene que la yerba mate atraviesa ciclos de exceso y escasez y que, cuando la disponibilidad de hoja verde supera la capacidad de absorción del mercado interno, las exportaciones y los stocks, aumenta la presión bajista sobre el precio primario.

“La yerba mate no se comporta como un commodity. El sector atraviesa ciclos de exceso y escasez de oferta que terminan repercutiendo directamente sobre el pequeño productor”, señala el legislador.

Diez puntos menos de palo

La modificación propuesta es concreta: llevar del 35% al 25% el máximo de palo admitido en la yerba mate elaborada.

Los fundamentos del proyecto señalan que históricamente la participación del palo fue menor y que el porcentaje autorizado se incrementó en diferentes momentos frente a escenarios de escasez de materia prima.

El efecto sobre la composición del paquete sería directo: con un límite menor de palo, aumentaría proporcionalmente la participación de hoja en el producto elaborado.

La iniciativa plantea esa modificación como una alternativa a mecanismos de regulación directa sobre la producción. “Es una medida sencilla, razonable y menos traumática que otras alternativas intervencionistas. Podemos mejorar la calidad de nuestra infusión nacional y, al mismo tiempo, contribuir a equilibrar la oferta y la demanda de materia prima”, sostiene Arjol.

El proyecto incorpora además otro aspecto de la regulación: propone un tratamiento específico para las yerbas saborizadas y una tipificación diferenciada para las yerbas compuestas. El argumento es que estas últimas pueden contener hasta un 40% de otros vegetales y, por lo tanto, deberían diferenciarse con mayor claridad de la yerba mate tradicional.

El cambio depende de Nación

La modificación no puede resolverse exclusivamente desde Misiones. El porcentaje permitido forma parte de la normativa alimentaria nacional, por lo que el proyecto pide al Gobierno provincial que impulse la gestión ante los organismos nacionales competentes.

La iniciativa menciona como contexto el Decreto 538/2025, que modificó el sistema de actualización del Código Alimentario Argentino y disolvió la Comisión Nacional de Alimentos. Según los fundamentos, el nuevo esquema otorga un papel directo a organismos técnicos como la ANMAT, a través del Instituto Nacional de Alimentos, y al SENASA.

La propuesta, por lo tanto, no establece por sí misma el nuevo porcentaje. Busca que Misiones promueva ante Nación el cambio regulatorio.

Una discusión que ya estaba dentro de la cadena yerbatera

La reducción del palo no es una idea nueva. El planteo ya había surgido dentro del propio sector productivo.

Raúl Karabén, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Productores de Yerba Mate de Santo Pipó, elaboradora de Piporé, propuso públicamente en 2024 reducir del 35% al 25% el contenido máximo permitido.

También existe un antecedente legislativo. En 2025, el entonces diputado provincial Paulino Javier Mela presentó un proyecto de comunicación con el mismo objetivo y llevó el planteo al ámbito nacional. Más recientemente, productores autoconvocados incorporaron la reducción del porcentaje de palo entre los puntos de su petitorio, junto con el pedido de emergencia para la actividad yerbatera.

La discusión vuelve ahora en un escenario de fuerte deterioro del precio de la hoja verde. Y suma una variable diferente al debate tradicional entre regulación, liberación del mercado y límites a la producción: modificar la propia composición del producto que llega a las góndolas.

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Blasito Martínez Riera: el Quinto Grande cobra su justa dimensión

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Hoy miércoles 16 de septiembre se cumplen 90 años del nacimiento de Blasito Martínez Riera, bandoneonista, compositor y formador de generaciones. Consagrado como “el Quinto Grande del chamamé”, llevó el color del monte a sus composiciones e hizo de Misiones una voz inconfundible. Su tierra todavía le debe un reconocimiento a la altura de su legado.

Nacido en Posadas en 1936, Blasito comenzó a tocar siendo niño. En 1961 se incorporó al histórico Cuarteto Santa Ana de Ernesto Montiel, una etapa fundamental en su consagración artística. Más tarde inició su propio camino, desarrolló una extensa discografía y construyó una obra que lo convirtió en referencia para varias generaciones.

Su aporte fue también una forma particular de entender el bandoneón y ampliar sus posibilidades expresivas dentro del género. Por la dimensión de su obra, su nombre quedó asociado a los de Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Isaco Abitbol y Tarragó Ros. De allí el reconocimiento que resume su lugar en la historia: el Quinto Grande del Chamamé.

El color del monte

“Blasito Martínez Riera es para nosotros un estandarte del chamamé con la mirada desde Misiones”, expresó el secretario de Cultura Joselo Schuap. Para él, su singularidad tiene una raíz precisa: “Blasito trae el color del monte”, sostuvo, y destacó que a lo largo de su producción siempre puso en alto la bandera de la provincia.

Joselo también recordó las valoraciones de músicos como Raúl Barboza, Rudy y Nini Flores y Chango Spasiuk sobre la capacidad musical, la creación melódica y el vuelo compositivo de Blasito. “Podríamos decir que estamos ante la máxima figura del chamamé misionero o el chamamé que nace en la tierra colorada y que ha hecho historia entre los más grandes”, afirmó.

Una portada como gesto de reparación

Que Blasito haya sido elegido para la portada de la primera edición del suplemento realizado conjuntamente por la Secretaría de Estado de Cultura y Primera Edición, en el marco de los 35 años del diario, no fue casual. La decisión tuvo una dimensión estética, pero también cultural y política: volver a poner en primer plano al chamamé como uno de los ritmos fundamentales de Misiones y recuperar a quienes construyeron esa historia.

Al referirse a esa portada, Joselo agradeció a la familia por su confianza y por la fotografía inédita que permitió concretarla. Para él, el gesto expresa apenas una parte del reconocimiento que merece el músico: “La provincia celebra su cumpleaños, celebra su existencia, su historia y siempre va a estar en deuda con Blasito”.

Para Blas Martínez Riera, hijo del músico y continuador de su legado, el homenaje también trasciende lo familiar. “Reivindicar una expresión musical que parecía olvidada o sepultada por el paso del tiempo no significa solamente recuperar el pasado; significa devolverle a Misiones una parte de su propia identidad y permitir que nuevas generaciones conozcan, escuchen y reconozcan aquello que también les pertenece”, expresó.

Y agregó: “Que Misiones vuelva a abrir sus puertas a la imagen de un misionero como Blasito Martínez Riera —el Quinto Grande del Chamamé— adquiere una fuerza especial. Es una entrada triunfal, pero también una reparación histórica”.

Blasito murió el 18 de febrero de 2002, pero su obra continúa circulando entre músicos y nuevas generaciones. A 90 años de su nacimiento, recordarlo supone algo más que volver sobre una trayectoria extraordinaria. También significa recuperar una parte de la historia musical de Misiones y devolver al chamamé el lugar que nunca debió perder.

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Milei reforma el régimen de personal de la SIDE desde 2027

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El Gobierno de Javier Milei aprobó el nuevo Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), una reforma que apunta a ordenar desde el ingreso y la formación hasta los ascensos, las remuneraciones, el régimen previsional y las sanciones disciplinarias de los agentes. El nuevo esquema comenzará a regir el 1° de enero de 2027 y constituye una pieza central en la reorganización del sistema de inteligencia impulsada por el Poder Ejecutivo.

El decreto 1021/2026, firmado el 15 de septiembre y publicado este miércoles en el Boletín Oficial, reemplaza un marco estatutario que, según los fundamentos oficiales, había sufrido modificaciones sucesivas durante la última década como consecuencia de la creación, transformación e intervención de organismos de inteligencia. La nueva normativa busca establecer un régimen de personal estable que permita construir una carrera profesional y favorecer la incorporación de perfiles especializados. El Estatuto alcanza a todo el personal de la SIDE y a la totalidad de sus órganos.

La apuesta institucional está puesta en transformar al recurso humano en uno de los componentes centrales de la modernización de la inteligencia estatal. El régimen establece como principios de la carrera la idoneidad, igualdad de oportunidades, mérito, transparencia y profesionalización. En particular, dispone que los procedimientos de acceso, evaluación y ascenso deben sustentarse en criterios objetivos y verificables, con trazabilidad de las decisiones.

Uno de los cambios más relevantes está en la construcción de una carrera con etapas y requisitos definidos. El ingreso ordinario tendrá como puerta de entrada una convocatoria anual para el Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia, cuya aprobación será condición necesaria para incorporarse a la carrera profesional. Luego existirá una etapa de planta condicional, con un vínculo de hasta un año, antes de una eventual confirmación en la planta permanente. Esa confirmación no será automática y quedará sujeta a las condiciones y políticas de personal vigentes.

El esquema también incorpora una clasificación en tres cuadros profesionales. El cuadro A estará destinado principalmente a perfiles universitarios o superiores, además de determinados integrantes retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; el cuadro B contempla formación terciaria o intermedia universitaria y determinados perfiles retirados; mientras que el cuadro C requiere educación secundaria completa. Cada cuadro se divide en categorías con remuneraciones básicas y tiempos mínimos de permanencia.

El ascenso deja así de estar planteado exclusivamente como una cuestión de antigüedad. Para avanzar en la carrera será necesario cumplir los tiempos mínimos de permanencia, aprobar la capacitación obligatoria y obtener las calificaciones de desempeño requeridas, además de otros requisitos que pueda establecer la normativa complementaria. La formación también podrá generar puntaje académico para acelerar los tiempos de carrera, aunque el Estatuto aclara que ese mecanismo no genera un ascenso automático ni un derecho adquirido.

La evaluación del personal será anual, como mínimo, y deberá medir de manera sistemática las aptitudes, conocimientos, habilidades y desempeño. El sistema contempla experiencia, formación académica, conducta, capacidad para desarrollar las tareas asignadas, aptitudes comunicacionales y cumplimiento de los deberes establecidos por el Estatuto. La evaluación deberá realizarse antes del proceso anual de ascensos y también tendrá incidencia en el pasaje de la planta condicional a la permanente.

La capacitación adquiere un lugar estratégico dentro del nuevo diseño. La Escuela Nacional de Inteligencia tendrá a su cargo la matriz académica destinada a desarrollar las competencias requeridas por la Secretaría, mientras que la formación podrá articularse con universidades y otras instituciones educativas. Todos los agentes deberán completar una formación común obligatoria, complementada por capacitación específica vinculada con las funciones que desempeñen.

El nuevo régimen también intenta cerrar espacios de incompatibilidad y conflictos de intereses. Los agentes deberán mantener confidencialidad incluso después de abandonar la Secretaría, declarar su situación patrimonial y excusarse cuando exista riesgo de parcialidad o incompatibilidad. Además, se restringe la prestación de servicios para empresas y personas vinculadas con sectores como seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, comunicaciones, información comercial, publicidad, periodismo, estudios de mercado o vigilancia.

El Estatuto establece, al mismo tiempo, un régimen de derechos para los agentes, que incluye estabilidad una vez confirmados en planta permanente, retribución conforme a escalas, capacitación, licencias, asistencia social, jubilación, posibilidad de formular reclamos y derecho a rechazar una orden manifiestamente ilegal o violatoria de los derechos humanos. Ese último punto convive con un fuerte deber de obediencia respecto de las órdenes de servicio que reúnan las formalidades correspondientes.

En materia salarial, el nuevo esquema busca vincular remuneración, categoría y responsabilidad, con una estructura de conceptos básicos, bonificaciones, compensaciones, reintegros, asignaciones e indemnizaciones. Los conceptos salariales podrán ser actualizados en función de los incrementos que el Poder Ejecutivo homologue para la Administración Pública Nacional o de aquellos que se determinen específicamente para el personal de la SIDE.

El régimen previsional mantiene una característica diferencial: el personal queda afiliado a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. El Estatuto establece además que el haber jubilatorio ordinario no podrá ser inferior al 82% de los haberes asignados para la categoría respectiva, mientras que las pensiones serán equivalentes al 85% del haber previsional que percibía o le hubiera correspondido al agente fallecido.

También se fortalece el componente disciplinario. Las investigaciones estarán a cargo de la Inspectoría General de Inteligencia y deberán observar principios como tutela administrativa efectiva, proporcionalidad, celeridad, economía procesal y prohibición de doble punición. Las sanciones previstas van desde el apercibimiento y la retención de haberes no reembolsable hasta la suspensión, cesantía y exoneración. Los agentes sometidos a sumario tendrán derecho a ejercer su defensa con asistencia letrada.

La cuestión más sensible será ahora la implementación. El Estatuto no entra plenamente en funcionamiento de manera inmediata: comenzará a regir el 1° de enero de 2027. Antes deberá instrumentarse un régimen de transición para adaptar las situaciones existentes, contemplando la antigüedad, los tiempos de permanencia, los requisitos de ascenso y los trámites de ingreso, confirmación o cambio de cuadro que estén en curso.

La reforma, por lo tanto, no se limita a ordenar un escalafón interno. Construye una arquitectura de recursos humanos para una SIDE que pretende operar con mayores niveles de especialización técnica, capacitación permanente y evaluación sistemática. El desafío institucional será que esos principios —mérito, transparencia, profesionalización y trazabilidad— se traduzcan en procedimientos efectivos y previsibles, especialmente en un organismo cuya actividad, por su propia naturaleza, exige preservar información sensible y al mismo tiempo sostener controles sobre el uso del poder estatal.

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Estudiantes misioneros protagonizan una nueva edición del Parlamento Estudiantil

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La jornada comenzó con la recepción y acreditación de las escuelas, la apertura institucional en el Recinto de Sesiones y las palabras de bienvenida de las autoridades. También se presentó el Digesto Educativo, una herramienta para facilitar el acceso y conocimiento de la normativa vinculada con el sistema educativo provincial.

Luego, los estudiantes participaron de las reuniones de las tres comisiones de trabajo, donde analizaron y debatieron los proyectos elaborados desde sus escuelas. Las propuestas muestran una agenda amplia, con especial atención en las trayectorias educativas y las oportunidades para los jóvenes.

Las propuestas trabajadas en las comisiones reflejan una agenda juvenil diversa, con iniciativas sobre trayectorias educativas, orientación vocacional, inclusión, tecnología, salud mental, convivencia, ambiente y participación.

También plantearon herramientas para facilitar el acceso a la universidad, fortalecer la ciberseguridad y el uso responsable de las tecnologías, promover la educación intercultural y la inclusión, prevenir consumos problemáticos y violencias, cuidar el ambiente y generar oportunidades de formación, empleo y desarrollo de talentos para jóvenes de toda la provincia.

Durante la apertura, el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macias, destacó que la experiencia busca que los estudiantes conozcan de cerca el trabajo legislativo y puedan expresar sus propias ideas.

“Nosotros no queremos decirles cómo tienen que pensar. Queremos escucharlos y también aprender de ustedes”, expresó. Y agregó que los jóvenes tienen la posibilidad de traer proyectos de sus escuelas y municipios, “poner en valor sus ideas y conocer de cerca cómo funciona este Parlamento”.

La diputada Paula Franco, presidenta de la Comisión de Educación resaltó el valor de transformar las problemáticas cotidianas en propuestas. “Ustedes pueden haber identificado un problema en su aula, en su escuela, en su barrio o en su municipio y, a partir de eso, pensar un proyecto para intentar resolverlo. Eso es hacer política”, sostuvo.

El ministro de Educación, Ramiro Aranda, recordó que años atrás participaba de estas jornadas como director de una escuela y valoró que los estudiantes puedan contar actualmente con espacios institucionales para expresarse y elaborar propuestas. “Hay proyectos que surgieron del Parlamento Estudiantil y que después se convirtieron en leyes”, señaló.

También puso el acento en la importancia del diálogo y el respeto. “La política se construye hablando con el otro, dialogando y respetando. No importa el color político ni si la otra persona piensa igual que uno”, expresó.

La diputada Aryhatne Bahr, por su parte, invitó a los jóvenes a confiar en sus capacidades y a asumir este espacio como una oportunidad para participar. “Crean siempre en sus capacidades, trabajen en equipo y respeten a quienes tienen al lado. Esa es la manera de hacer política: escucharnos, construir entre todos y pensar siempre en cómo estar un poco mejor”, agregó.

La mirada de los estudiantes

Para Roco René Dutra, del BOP  4 de Cerro Azul, participar representa una oportunidad para poner en discusión problemáticas que atraviesan a los estudiantes. “Me parece muy importante que se les dé voz a los jóvenes. Yo tengo 16 años y creo que la juventud es el futuro del país. Por eso es fundamental que podamos expresarnos, dar nuestra opinión y hacer escuchar nuestra palabra”, manifestó.

Desde Leandro N. Alem, Perla Márquez, del Bachillerato Pedagógico 3, presentó una propuesta vinculada con los talentos de los jóvenes. La iniciativa plantea generar espacios donde puedan mostrar sus capacidades e intereses y acceder a cursos, talleres, concursos y ferias.

“Hay muchos chicos que tienen habilidades, pero a veces no las muestran porque creen que eso no les va a servir en el futuro. La idea es que puedan encontrar espacios para demostrar lo que saben hacer”, explicó.

La jornada también incluyó el sorteo de quien ocupará la Presidencia del Parlamento Estudiantil, que en esta ocasión recayó en Jeremías Clérici, alumno de 4º “C” de la Escuela de Innovación.

Las actividades continuarán el miércoles 16 de septiembre, desde las 9, con la sesión del Parlamento Estudiantil 2026, que tendrá lugar en el Recinto de Sesiones de la Legislatura misionera.

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Flete récord y ríos vacíos: AFoA advierte que el actual régimen de cabotaje asfixia la competitividad del NEA

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Argentina cuenta con uno de los sistemas fluviales más extensos y estratégicos del continente y, sin embargo, para gran parte de la producción del Nordeste argentino el camión continúa resultando la única alternativa viable para mover sus cargas. Esta paradoja volvió al centro del debate a partir de la iniciativa del Gobierno nacional de impulsar una reforma integral del régimen de cabotaje marítimo y fluvial.

La problemática fue uno de los ejes centrales del Seminario por el 80° Aniversario de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), realizado recientemente en Posadas (Misiones). Durante el encuentro, el panel “Competitividad e Infraestructura Portuaria” reunió a referentes del sector público y privado para analizar el impacto de la logística sobre las economías regionales.

“En la forestoindustria trabajamos con productos voluminosos, estamos lejos de los grandes centros de consumo y necesitamos una logística aceitada con costos muy bajos”, planteó el presidente de AFoA, Pablo Ruival, al abrir la discusión. Corrientes y Misiones concentran el núcleo forestal del país con bienes de gran porte -madera, celulosa, tableros y derivados industriales- cuya rentabilidad y capacidad de inserción global dependen directamente de la eficiencia en el transporte.

La brecha de costos: el flete que neutraliza al interior

Las distorsiones logísticas que impone el actual sistema se reflejan con claridad en los números:

  • Contenedores de exportación: Mover un contenedor desde Eldorado (Misiones) hasta subirlo a un buque oceánico en Buenos Aires demanda hoy alrededor de USD 3.600 por vía terrestre, mientras que a través del modo fluvial ese valor podría reducirse a USD 2.500.
  • Graneles y cargas secas: Mientras una tonelada transportada en camión desde Clorinda a Rosario costaría unos USD 100, cruzando el río, desde Asunción, el flete fluvial abona apenas USD 25.
  • Impacto regional: Estimaciones oficiales señalan que una reducción integral de costos logísticos mediante mayor oferta de bodegas generaría para el NEA un ahorro de USD 355 millones anuales, cifra que equivale al 31% del total exportado por la región en 2025.

El diagnóstico del Panel: “El río está, pero no alcanza solo con puertos”

Durante el panel temático, el director de Transporte Fluvial y Puertos de Corrientes, Adolfo Escobar, remarcó que la infraestructura portuaria provincial, por sí sola, resulta insuficiente si el resto de la cadena logística mantiene sobrecostos artificiales. Escobar señaló que el actual régimen de cabotaje constituye uno de los mayores frenos para que las economías regionales accedan a tarifas competitivas y demandó condiciones normativas que permitan una integración real con las vías de ultramar.

A su turno, el especialista en transporte fluvial Diego Azqueta resumió el desafío desde una óptica operativa:

“No estamos lejos de los puertos. Estamos cerca del río”.

Azqueta explicó que el transporte fluvial ofrece menores costos operativos, menor consumo energético y menores exigencias de mantenimiento frente al carretero. Sin embargo, cuestionó las asimetrías de la región: mientras en la margen paraguaya prolifera la disponibilidad de bodegas e infraestructura dinámica, las cargas del NEA argentino continúan obligadas a viajar más de mil kilómetros en camión hasta Buenos Aires para resolver procesos aduaneros o servicios consolidación de cargas que deberían completarse en origen.

El panel coincidió en que el objetivo de máxima debe ser que un productor de Corrientes o Misiones pueda consolidar su carga en su establecimiento, transferirla a un puerto provincial cercano (como Posadas, Ituzaingó o Corrientes) y despacharla directamente a destino internacional sin sobrecostos de intermediación.

Derogar el Decreto-Ley de 1944: fin de la reserva y eficiencia operativa

Desde AFoA recalcaron que el debate legislativo no debe circunscribirse a una puja entre banderas o armadores, sino a la imperiosa necesidad de generar más oferta, competencia y alternativas logísticas bajo estándares transparentes.

El marco vigente descansa sobre el Decreto-Ley 19.492 de 1944, una normativa proteccionista concebida hace más de 80 años que, paradójicamente, terminó por desmantelar la flota comercial argentina al volver inviable su operación económica.

Entre los puntos de la reforma destacados por los especialistas figuran:

  • Apertura y flexibilidad de bodega: Eliminación de los trámites de waiver y habilitación para fletar buques de la región de forma ágil para cubrir picos de demanda.
  • Despacho y libramiento en origen: Otorgar el libramiento aduanero definitivo en el puerto inicial de carga, evitando demoras, dobles inspecciones y costos de estadía innecesarios en Buenos Aires.
  • Alivio tributario sobre el flete: Exención del impuesto a los combustibles líquidos para remolcadores (donde el combustible representa entre el 35% y el 45% del costo operativo), abaratando la tarifa por tonelada/kilómetro tanto para la bajada de madera y granos como para la subida de insumos clave como la urea y fertilizantes.

Beneficios sociales, viales y ambientales

El fomento de la vía fluvial ofrece además un salto cualitativo en sustentabilidad y seguridad:

  • Alivio de la red vial: Cada convoy de barcazas estándar moviliza el volumen equivalente a 1.600 camiones pesados, descomprimiendo corredores críticos como las Rutas Nacionales 12 y 14.
  • Seguridad vial: Menor tránsito pesado de larga distancia disminuye directamente la tasa de siniestros viales (el transporte fluvial presenta una siniestralidad 99% inferior a la terrestre).
  • Complementariedad del transporte: El camión no desaparece; reconvierte sus recorridos hacia circuitos capilares de corta y media distancia hacia las terminales portuarias fluviales, mejorando la previsibilidad y descanso de los transportistas.
  • Descarbonización (ESG): La vía fluvial reduce hasta un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero (CO?) por tonelada transportada frente al modo carretero, una ventaja indispensable para responder a las exigencias de sostenibilidad y deforestación cero de la Unión Europea y otros mercados de destino.

“La verdadera soberanía es la competitividad territorial”

Frente a las posturas que cuestionan la apertura por temor a la pérdida de empleo local, desde la entidad forestal enfatizaron que el régimen actual fue el verdadero destructor de puestos de trabajo al paralizar puertos y aserraderos por falta de viabilidad económica.

“No existe soberanía posible con ríos vacíos de buques comerciales propios mientras la producción del interior queda rehén de costos logísticos asfixiantes”, remarcaron. Una hidrovía activa multiplicará la demanda neta de mano de obra en muelles, estiba, servicios de amarre, agencias marítimas, talleres navales y logística de enlace.

“La Argentina ya tiene las vías navegables y posee recursos forestales de clase mundial; el desafío es modernizar las reglas de juego para que producir cerca del río vuelva a ser una ventaja competitiva real para el interior productivo”, concluyeron desde AFoA.

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