Por Julie Turkewitz y Genevieve Glatsky. BOGOTÁ — Fue un conflicto que duró 58 años, involucró a casi todos los sectores de la sociedad colombiana y costó cientos de miles de vidas y miles de millones de dólares estadounidenses.

Y el martes, la Comisión de la Verdad, designada por el gobierno, publicó el informe más exhaustivo hasta ahora sobre el brutal conflicto armado en Colombia, que se prolongó de 1958 a 2016.

El informe fue muy crítico con la estrategia de seguridad que dominó en el país durante décadas —que, según sus autores, trataba como enemigos internos a gran parte de la población— y pidió una transformación amplia de la policía y el ejército.

También criticó con dureza las políticas de Estados Unidos en Colombia, argumentando que emprender una guerra contra el narcotráfico tenía efectos sociales y ambientales desastrosos, al hacer que los agricultores pobres fueran enemigos del Estado y deteriorando paisajes que alguna vez fueron fértiles.

“Las consecuencias de este planteamiento concertado y en gran parte impulsado por Estados Unidos”, señala el informe, llevaron a “un endurecimiento del conflicto en el que la población civil ha sido la principal víctima”.

Los documentos desclasificados recopilados para el informe, que fueron obtenidos por The New York Times, muestran que durante años Washington creía que el ejército colombiano estaba involucrado en ejecuciones extrajudiciales y que trabajaba con paramilitares de derecha y, aun así, continuó profundizando su relación con las fuerzas armadas.

El informe, que se elaboró en cuatro años e involucró más de 14.000 entrevistas individuales y grupales, fue producto del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y el grupo rebelde más grande, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El informe está destinado a contribuir en el proceso de sanación después del conflicto e incluye un nuevo número de muertos: 450.000 personas, casi el doble de la cifra que se estimaba anteriormente.

En la ceremonia del martes, que marcaba la publicación del reporte, algunas víctimas del conflicto lloraron en sus butacas y otras pidieron que se reconocieran las muertes de sus seres queridos. Algunos de los comisionados responsables del informe llevaban camisetas que decían “Hay futuro si hay verdad”.

La lista de víctimas “es interminable y el dolor acumulado, insoportable”, dijo el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la comisión, en un teatro repleto en el centro de Bogotá, la capital. “¿Por qué vimos las masacres en televisión día tras día como si se tratara de una novela barata?”.

Pero muy pronto el informe pasó a ser parte del panorama político altamente polarizado de Colombia, en el que algunos creen que el ejército fue cómplice de crímenes de guerra y necesita una reforma sistémica y otros culpan a las guerrillas de izquierda por la mayor parte del trauma.

El presidente, Iván Duque, un conservador que hizo campaña en contra el acuerdo de paz y quien es conocido por defender de manera inquebrantable a los militares, no asistió a la ceremonia ni hizo comentarios públicos sobre el informe.

Su partido, Centro Democrático, emitió un comunicado en el que se refiere al informe como una “verdad interpretativa”.

El presidente electo, Gustavo Petro, quien en agosto se convertirá en el primer presidente de izquierda del país, estuvo en la ceremonia junto a la vicepresidenta electa, Francia Márquez. Petro ha prometido que el acuerdo de paz de Colombia será una prioridad y durante su campaña electoral hizo un llamado a favor de una reforma militar.

Petro le dijo a la concurrencia que creía que este informe podría ayudar a “cortar, definitivamente, los ciclos de la violencia” que el país había sufrido durante generaciones, pero que eso solo sucedería si el informe no se utilizaba como arma de venganza.

Las sociedades, dijo, siempre tendrán conflictos, “pero el conflicto no puede ser sinónimo de la muerte”.

Pastora Mira García, de 65 años, cuyo padre murió en el conflicto, viajó más de 320 kilómetros para ir al evento. Calificó a la publicación del informe como “un momento muy esperanzador para nuestro país”.

El conflicto colombiano empezó como un enfrentamiento entre el gobierno y las FARC pero con el tiempo se convirtió en una batalla compleja que también involucró a grupos paramilitares y al gobierno de EE. UU., que otorgó miles de millones de dólares en asistencia a los colombianos para ayudarles a combatir la insurgencia y el narcotráfico que la financiaba.

El informe constará de 10 capítulos; dos de esos capítulos se publicaron el martes, además de un resumen de 896 páginas de hallazgos y recomendaciones para el futuro.

El resumen ofrece una descripción detallada del sufrimiento, infligido con mayor frecuencia a civiles, y documenta masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, extorsiones, torturas, agresiones sexuales y reclutamiento de menores, entre otras violaciones de los derechos humanos.

Esos crímenes, señala el informe, fueron cometidos por las FARC, por paramilitares, por fuerzas de seguridad del Estado y otros.

Entre las recomendaciones de la comisión para la policía y el ejército está aumentar la supervisión y la rendición de cuentas; una reestructuración de las fuerzas de seguridad del Estado que remueva a la policía nacional del Ministerio de Defensa; trasladar los casos de soldados acusados de delitos de los tribunales militares a la justicia civil, y el fin de los acuerdos entre militares y empresas privadas en los que las fuerzas de seguridad del Estado reciben pagos para proteger a entidades privadas, como las petroleras.

“Son propuestas muy importantes”, dijo Juan Carlos Ruiz, politólogo de la Universidad del Rosario en Bogotá que estudia a la policía colombiana.

Los reclamos de cambio han existido durante años, dijo, pero nunca han tenido éxito.

Algunas de las pruebas utilizadas para redactar el informe del martes se encuentran miles de documentos desclasificados de Estados Unidos reunidos y organizados por el Archivo de Seguridad Nacional, una organización no gubernamental con sede en Washington que se especializa en brindar apoyo a las comisiones de la verdad establecidas después de conflictos.

En agosto se publicará una biblioteca digital con los documentos. Pero el Archivo de Seguridad Nacional le proporcionó a The New York Times algunos de los documentos con antelación. Estos revelan que durante décadas Estados Unidos tuvo conocimiento de supuestos crímenes cometidos por el ejército colombiano “y aun así la relación siguió creciendo”, dijo Michael Evans, director del proyecto de Colombia para la organización.

Dijo que en particular resultaba muy reveladora una serie de reportes operativos de la CIA que no suelen estar disponibles al público, incluso después de solicitudes de registros.

Un informe, escrito en 1988 durante un periodo en el que una serie de activistas de izquierda fueron asesinados, halló que la ola de asesinatos contra “presuntos izquierdistas y comunistas” era resultado de un “esfuerzo conjunto” entre el jefe de inteligencia de la Cuarta Brigada del ejército colombiano e integrantes del Cartel de Medellín.

Muchos de los asesinados estaban relacionados con el partido político Unión Patriótica. El informe dijo que era “poco probable” que esto sucediera “sin el conocimiento del comandante de la Cuarta Brigada”.

Más adelante en el documento, un funcionario de la CIA escribe sobre una masacre de 1988 en la que 20 campesinos, muchos de ellos integrantes de un sindicato, fueron asesinados. El funcionario de la CIA indica que el gobierno de Estados Unidos creía que los asesinos “obtuvieron los nombres de los objetivos previstos” de la unidad de inteligencia de la Décima Brigada del ejército.

Otros documentos muestran que Estados Unidos sabía que las empresas petroleras pagaban a los paramilitares a cambio de protección y que al menos una compañía reunía inteligencia para el ejército colombiano.

Una empresa “activamente brindaba inteligencia sobre las actividades de la guerrilla al ejército”, según la CIA, “empleando un sistema aéreo de vigilancia a lo largo del oleoducto para mostrar los campamentos de la guerrilla e interceptar las comunicaciones de la guerrilla”.

El ejército de Colombia “exitosamente explotó está información y causó unas 100 bajas durante un operativo contra la guerrilla” en 1997, según el informe.

Otro documento, redactado en 2003, insinúa algo sobre uno de los capítulos más sombríos de la guerra, llamado el escándalo de los falsos positivos. En dicho caso, el ejército colombiano está acusado de matar a miles de civiles durante la presidencia de Álvaro Uribe e intentar hacerlos pasar por fallecimientos en combate, un esfuerzo por mostrar que se estaba ganando la guerra.

En un testimonio judicial reciente en Colombia, exintegrantes del ejército han dicho que se sintieron presionados a matar a otros colombianos por sus superiores.

Un memorándum de 2003 dirigido a Donald Rumsfeld, entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, de parte de un alto representante del Pentágono para operaciones especiales, aplaude el aumento significativo de muertes en combate a partir de que Uribe asumió el poder: 543 en apenas seis meses, comparados con 780 durante los últimos dos años del gobierno previo.

El documento se titula “Éxitos recientes contra las FARC colombianas”.

Iñigo Alexander colaboró con trabajo de reporteo desde Bogotá, Colombia.

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