jue. Ago 6th, 2026

narcotráfico

Nación, el NEA y Paraguay coordinan una estrategia para blindar las fronteras y combatir el crimen organizado

By Economis Redacción 3 días ago
Compartí esta noticia !

Con el foco puesto en reforzar la seguridad de una de las regiones más sensibles del país, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó en Resistencia el II Consejo Regional de Seguridad Interior, un encuentro que reunió a funcionarios nacionales, gobernadores del Nordeste Argentino y autoridades de la República del Paraguay para coordinar estrategias frente al crimen organizado y las amenazas transnacionales.

La apertura contó con la presencia de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el gobernador del Chaco, Leandro Zdero; el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero; además de los ministros de Seguridad de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, representantes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Fuerzas Federales, policías provinciales y equipos técnicos.

La agenda estuvo centrada en fortalecer la seguridad de las fronteras, profundizar la cooperación bilateral con Paraguay y coordinar acciones para enfrentar el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado transnacional, el tránsito aéreo irregular y la protección de la Hidrovía Paraná-Paraguay, considerada un corredor estratégico tanto para el comercio como para la seguridad regional.

Durante el encuentro también se presentó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, elaborado por la Agencia Federal de Emergencias, que busca mejorar la preparación y la respuesta conjunta de la Nación y las provincias frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño. El programa contempla mecanismos de monitoreo, prevención y articulación para minimizar el impacto de eventuales inundaciones y otras emergencias hidrometeorológicas.

Monteoliva destacó además los avances de los planes Paraná y Guaçurarí, diseñados para consolidar una presencia permanente de las Fuerzas Federales en los principales pasos fronterizos del Nordeste. Según explicó, estas iniciativas apuntan a incrementar la capacidad operativa del Estado en zonas consideradas críticas para el ingreso y tránsito de organizaciones criminales.

La ministra también remarcó como una decisión estratégica la incorporación de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de integrar el control migratorio a la política de seguridad, fortalecer la vigilancia en las fronteras y mejorar la coordinación entre los organismos con competencia en la materia.

Otro de los ejes del Consejo fue el fortalecimiento del control del espacio aéreo y de la Hidrovía Paraná-Paraguay mediante un mayor intercambio de inteligencia, coordinación operativa e investigaciones conjuntas destinadas a identificar y desarticular las redes criminales que utilizan corredores terrestres, fluviales y aéreos para el tráfico de drogas, personas y mercaderías ilegales.

Al cierre de la reunión, las autoridades nacionales, provinciales y paraguayas ratificaron el compromiso de profundizar el trabajo conjunto para consolidar una estrategia regional basada en la planificación, el intercambio de información y la cooperación permanente frente a los desafíos que plantea la seguridad en el Nordeste argentino.

Compartí esta noticia !

Experto en crimen organizado alertó que la nueva ley de Tierras podría facilitar el desembarco narco en la frontera de Misiones

By Economis Redacción 4 semanas ago
Compartí esta noticia !

El debate sobre la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno nacional, incorporó en el Senado un elemento que trasciende la discusión jurídica sobre la propiedad: la seguridad nacional.

Quien puso el foco fue Marcelo Bergman, doctor en Sociología, investigador y uno de los mayores especialistas latinoamericanos en crimen organizado y economías ilegales. Invitado al plenario de comisiones que analiza el proyecto, lanzó una advertencia que impacta de lleno sobre provincias de frontera como Misiones.

“No vengo a discutir el régimen de propiedad privada. Vine simplemente para alertar sobre lo que estamos a punto de hacer en las zonas de frontera”, comenzó.

Su preocupación se concentra en uno de los cambios menos visibles del proyecto: la eliminación del régimen específico de Zonas de Seguridad de Frontera, vigente desde 1944, que establecía controles especiales para la adquisición de inmuebles en áreas consideradas estratégicas para la defensa y la soberanía nacional. El proyecto incorpora esas operaciones al régimen general de tierras rurales, eliminando ese tratamiento diferenciado.

Misiones, en el centro de la advertencia

Para explicar el riesgo, Bergman eligió deliberadamente a Misiones con un ejemplo concreto: “Si el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de San Pablo, quisiera adquirir territorios en Misiones para consolidar corredores del narcotráfico desde Paraguay hacia Argentina, con esta ley solamente necesitaría utilizar varios testaferros”, sostuvo durante su exposición.

El investigador explicó que las organizaciones criminales internacionales no compran tierras directamente, sino mediante cadenas de personas físicas o sociedades comerciales que dificultan reconstruir el origen del dinero.

“Es imposible trazar el dinero con el que adquieren esas tierras y ya tienen un espacio afincado”, advirtió.

Para Bergman, el problema no es solamente la droga. Las organizaciones criminales modernas diversifican sus actividades y utilizan el control territorial para múltiples negocios ilegales.

“No solamente trafican drogas. También participan en minería ilegal, contrabando, lavado de dinero y otras economías criminales”.

Fronteras porosas y territorios estratégicos

La advertencia adquiere especial relevancia en el caso de Misiones que posee más de 900 kilómetros de frontera internacional, con Paraguay y Brasil, atravesada por ríos, pasos clandestinos y una intensa circulación comercial y turística.

Bergman recordó que las fronteras argentinas son “muy porosas, muy amplias y muy difíciles de patrullar”, razón por la cual los grupos criminales las consideran espacios estratégicos para instalar infraestructura logística.

“Las zonas de frontera son muy apetecibles porque funcionan como santuarios para el paso de drogas provenientes de Paraguay o Bolivia hacia Argentina y luego hacia otros mercados.”

En ese contexto, sostuvo que flexibilizar los controles sobre la compra de inmuebles puede transformarse, en el mediano plazo, en un problema de seguridad mucho más complejo que una simple operación inmobiliaria.

Qué cambia la ley

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada enviado por el Poder Ejecutivo tiene un alcance amplio: modifica normas vinculadas con desalojos, expropiaciones, manejo del fuego, regularización dominial y tierras rurales.

Dentro de ese paquete, uno de los capítulos elimina el régimen especial que regulaba las denominadas Zonas de Seguridad de Frontera, creado durante la década de 1940 con el objetivo de preservar el control nacional sobre áreas consideradas estratégicas.

En la práctica, las adquisiciones de inmuebles en esas zonas pasarían a regirse por las reglas generales para tierras rurales, con intervención de las provincias, sin el esquema específico de autorizaciones y controles que existía hasta ahora. El proyecto continúa en tratamiento parlamentario y, aunque recibió dictamen de mayoría con modificaciones, todavía mantiene posiciones enfrentadas entre oficialismo y oposición.

Más que cuestionar el derecho de propiedad, Bergman planteó un llamado de atención sobre los efectos no previstos de una eventual desregulación. “Tenemos que ser muy cuidadosos con la frontera. No sea cosa que dentro de diez o quince años nos agarremos la cabeza preguntándonos qué hicimos al permitir la apropiación de tierras por parte de organizaciones criminales.”

Su exposición introdujo una dimensión distinta al debate parlamentario. Hasta ahora, la discusión se había concentrado en la seguridad jurídica para propietarios, las ocupaciones ilegales, las expropiaciones y la regulación del mercado de tierras.

El especialista, en cambio, desplazó el eje hacia la seguridad nacional, el lavado de activos y la expansión territorial del crimen organizado.

En una provincia como Misiones, donde confluyen tres países y donde desde hace años las fuerzas federales combaten redes vinculadas al narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, la advertencia adquiere un peso particular.

La discusión ya no gira únicamente sobre quién puede comprar un campo. La pregunta que dejó planteada Bergman es otra: si el Estado conservará herramientas suficientes para impedir que organizaciones criminales internacionales conviertan la frontera argentina en un activo estratégico de sus operaciones.

Compartí esta noticia !

Incautan casi una tonelada de marihuana en Misiones: la droga estaba valuada en más de $3.700 millones

By Redacción Economis 1 mes ago
Compartí esta noticia !

En el marco del Plan Guacurarí, implementado por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera noreste del país, la Prefectura Naval Argentina secuestró en Misiones un cargamento de 991 kilogramos de marihuana, valuado en más de 3.700 millones de pesos.

El procedimiento se concretó en la localidad de Eldorado y fue el resultado de tareas de inteligencia criminal desarrolladas por personal especializado de la fuerza, que permitieron detectar el presunto ingreso de un cargamento de estupefacientes desde la República del Paraguay.

Con esa información, efectivos apostados en puestos estratégicos de vigilancia observaron el cruce de una embarcación a motor de alta potencia por el río Paraná. La lancha arribó a la costa argentina, a la altura del kilómetro 1.811, en el sector conocido como Puerto Paticuai, donde descargó numerosos bultos que fueron cargados rápidamente en una camioneta tipo pick-up. Inmediatamente después, la embarcación emprendió el regreso hacia la costa paraguaya.

Al advertir la maniobra, los prefectos intentaron identificar el vehículo, pero sus ocupantes ignoraron la orden de detenerse y emprendieron la fuga.

Luego de una breve persecución, los sospechosos abandonaron la camioneta en una zona de monte, a aproximadamente un kilómetro del lugar de la descarga, y escaparon a pie aprovechando la vegetación.

Posteriormente, mediante una consulta al Comando Tripartito de la Triple Frontera, se constató que el vehículo poseía un pedido de secuestro por robo.

Durante la requisa, el personal de la Prefectura encontró 59 bultos que contenían 1.368 panes prensados de marihuana, con un peso total de 991 kilogramos. Según la estimación oficial, el valor de la droga supera los 3.700 millones de pesos.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Eldorado, encabezado por el juez Miguel Ángel Guerrero, y de la Fiscalía Federal de Eldorado, a cargo del fiscal Pablo Fernando Kulchar, quienes ordenaron el secuestro del estupefaciente y de la camioneta utilizada para el traslado de la carga.

Compartí esta noticia !

EE.UU. sanciona una red que fue vinculada al PCC y Lula responde a Trump con un mensaje de soberanía regional

By Administrador Economis 1 mes ago
Compartí esta noticia !

La relación entre Brasil y Estados Unidos volvió a ingresar en una etapa de fuerte tensión política y diplomática. Mientras la administración de Donald Trump aprovecha su estrategia de combate contra las organizaciones criminales transnacionales para implementar sanciones económicas y financieras, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió con un contundente mensaje en defensa de la soberanía regional: “Nadie es dueño de América del Sur”.

El cruce se produjo luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra dos ciudadanos brasileños, tres empresas radicadas en el estado de San Pablo y una firma portuguesa, acusados de integrar una estructura de lavado de dinero al servicio del Primer Comando Capital (PCC), considerada una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina.

La decisión profundiza el endurecimiento de Washington frente al crimen organizado regional y, al mismo tiempo, incrementa las diferencias con el gobierno brasileño sobre el alcance de la política estadounidense en Sudamérica.

Estados Unidos apunta al financiamiento internacional del PCC

Las sanciones fueron adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, utilizando las órdenes ejecutivas 14059 —orientada al combate del narcotráfico— y 13224, que habilita medidas económicas contra organizaciones catalogadas como terroristas y quienes las apoyen.

Entre los sancionados figuran el empresario Victor de Oliveira Shimada, señalado como uno de los principales nexos financieros entre operadores del PCC en Florida y estructuras criminales radicadas en Brasil, y Stella Nunes Henrique de Oliveira, identificada como colaboradora directa.

También fueron alcanzadas las empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluciones de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda y la firma portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.

Según la investigación estadounidense, la organización habría lavado más de 30 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante transferencias internacionales y operaciones con criptomonedas, utilizando empresas de fachada para canalizar recursos obtenidos por actividades ilegales en distintas ciudades de Estados Unidos.

Washington sostiene que estos mecanismos permitían enviar fondos hacia integrantes del PCC en Brasil, fortaleciendo la estructura financiera de una organización dedicada al narcotráfico, tráfico de armas, contrabando y homicidios por encargo.

La nueva estrategia de Washington contra el crimen organizado

Las sanciones forman parte de un cambio más amplio en la política de seguridad estadounidense.

Hace pocas semanas, la administración Trump incluyó formalmente tanto al Primer Comando Capital (PCC) como al Comando Vermelho (CV) dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que amplía significativamente las herramientas jurídicas disponibles para perseguir sus activos financieros alrededor del mundo.

La calificación permite congelar bienes, bloquear operaciones bancarias, prohibir cualquier tipo de asistencia económica y perseguir internacionalmente a personas o empresas vinculadas con estas estructuras criminales.

El objetivo declarado por Washington consiste en desarticular la infraestructura financiera de las organizaciones dedicadas al narcotráfico antes que concentrar exclusivamente los esfuerzos en la persecución policial de sus integrantes.

Lula respondió desde la cumbre del Mercosur

La respuesta política llegó pocas horas después desde Asunción, durante la cumbre del Mercosur.

Sin mencionar directamente a Donald Trump, Lula utilizó un discurso de fuerte contenido geopolítico para reivindicar la autonomía regional.

“Nadie es dueño del mundo, nadie es dueño de América del Sur”, afirmó el mandatario brasileño, al tiempo que cuestionó los alineamientos automáticos con las grandes potencias y defendió una política exterior basada en la multipolaridad y la diversificación de alianzas comerciales, incluyendo el fortalecimiento de los vínculos con China.

Las declaraciones fueron interpretadas como una respuesta directa al creciente protagonismo estadounidense en los asuntos de seguridad regional y a la decisión de catalogar como terroristas a organizaciones criminales brasileñas.

Aunque el gobierno brasileño respalda el combate contra el crimen organizado, dentro del Palacio del Planalto existe preocupación por las implicancias jurídicas y geopolíticas que puede tener la nueva doctrina estadounidense.

Sectores del oficialismo consideran que la utilización de la legislación antiterrorista podría abrir la puerta a mayores niveles de intervención internacional sobre cuestiones que Brasil entiende como parte exclusiva de su jurisdicción interna.

El canciller Mauro Vieira ya había advertido meses atrás que este tipo de clasificaciones podrían convertirse en un precedente para justificar acciones unilaterales de Washington bajo el argumento de combatir organizaciones terroristas.

Ese debate adquirió mayor intensidad luego del operativo estadounidense desarrollado este año en Venezuela, donde Estados Unidos ejecutó una operación de captura contra Nicolás Maduro en el marco de una causa vinculada al narcotráfico.

Aunque ambos escenarios presentan diferencias jurídicas y políticas significativas, en Brasil algunos funcionarios observan con preocupación la ampliación del concepto de seguridad hemisférica impulsado por la Casa Blanca.

Un nuevo foco de tensión regional

Más allá del caso puntual del PCC, el episodio refleja una disputa mucho más amplia sobre el liderazgo político en América Latina.

Mientras Estados Unidos profundiza una estrategia basada en sanciones financieras, persecución internacional del narcotráfico y presión diplomática sobre gobiernos considerados ambiguos frente al crimen organizado, Brasil intenta consolidar un perfil de autonomía regional, fortaleciendo espacios como el Mercosur y ampliando sus relaciones con socios extrarregionales.

En ese contexto, las sanciones contra la red financiera vinculada al PCC trascienden el plano judicial y se convierten también en un nuevo capítulo dentro de la creciente competencia geopolítica entre Washington y Brasilia por la definición de las reglas de seguridad y gobernanza en América del Sur.

Compartí esta noticia !

La Justicia Federal retrasa la implementación del sistema acusatorio en Córdoba y refuerza el cronograma para Posadas

By Redacción Economis 2 meses ago
Compartí esta noticia !

La puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal en Córdoba fue postergada hasta el 8 de marzo de 2027, una decisión que reordena el calendario de reforma judicial impulsado por el Gobierno nacional y deja a Posadas como una de las próximas jurisdicciones clave en adoptar el sistema acusatorio, previsto para el 24 de agosto de 2026. La medida tiene implicancias que exceden el ámbito judicial: impacta sobre la capacidad del Estado para investigar delitos complejos vinculados a la economía formal e informal, desde el narcotráfico hasta el contrabando y los delitos económicos.

La Resolución 274/2026 del Ministerio de Justicia fundamenta el diferimiento en la necesidad de completar inversiones en infraestructura, tecnología y capacitación en uno de los distritos federales más complejos del país. Córdoba concentra un elevado volumen de causas federales y una posición logística estratégica que la convierte en un nodo central para investigaciones vinculadas a cadenas delictivas de alcance nacional e internacional.

Aunque el debate suele concentrarse en los aspectos jurídicos, la implementación del sistema acusatorio tiene una dimensión económica relevante. El modelo reemplaza esquemas procesales más lentos por uno basado en la oralidad y la conducción de las investigaciones por parte de los fiscales, con el objetivo de acelerar los procesos y optimizar el uso de recursos judiciales.

Para sectores productivos, especialmente aquellos vinculados al comercio exterior, la logística y las actividades reguladas, una justicia federal más ágil puede traducirse en mayor previsibilidad institucional. Los delitos económicos, aduaneros, financieros y vinculados al crimen organizado forman parte de la agenda de competencia federal que este sistema busca abordar con herramientas más modernas.

El propio Ministerio de Justicia destacó que Córdoba requiere una preparación adicional debido al peso de investigaciones relacionadas con narcotráfico, contrabando y criminalidad económica, fenómenos que también impactan sobre la competitividad de las economías regionales y la formalidad de los mercados.

Posadas sigue en agenda y gana relevancia estratégica

La postergación cordobesa deja a Posadas como una de las próximas etapas relevantes del proceso de implementación nacional. Según el cronograma oficial, la capital misionera mantiene su fecha de entrada en vigencia para el 24 de agosto de 2026.

Para Misiones, la reforma adquiere características particulares. La provincia comparte extensas fronteras internacionales y concentra una intensa dinámica comercial y logística, factores que incrementan la relevancia de la Justicia Federal en materias como delitos transfronterizos, contrabando, lavado de activos y comercio ilegal.

La experiencia acumulada en distritos donde el sistema ya funciona constituye un antecedente importante para la jurisdicción misionera. El Ministerio de Justicia señala que actualmente el modelo acusatorio ya opera en nueve distritos federales, incluyendo provincias del NEA como Chaco, Formosa y Corrientes.

Las razones detrás de la postergación

La resolución revela que tanto la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba como la Procuración General de la Nación habían advertido sobre necesidades pendientes para garantizar una transición ordenada.

Entre los aspectos observados aparecen: Adecuación de salas de audiencias y espacios físicos específicos para el nuevo sistema. Fortalecimiento de infraestructura tecnológica y telecomunicaciones. Capacitación de magistrados, funcionarios y equipos técnicos. Incorporación de herramientas de análisis forense digital para investigaciones complejas. Organización de recursos humanos para convivir temporalmente con causas del sistema anterior y del nuevo modelo.

La decisión oficial refleja un criterio que puede resultar relevante para futuras implementaciones: priorizar la operatividad efectiva por encima del cumplimiento estricto de los plazos.

Un indicador para las provincias que aún esperan

Además de Córdoba y Misiones, todavía resta implementar el Código Procesal Penal Federal en jurisdicciones como Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, La Rioja, sectores de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La postergación cordobesa muestra que el Gobierno nacional está dispuesto a recalibrar el cronograma cuando detecta déficits operativos. Para las provincias que se encuentran en proceso de adaptación, el mensaje es claro: la infraestructura tecnológica, la capacitación y la coordinación institucional serán determinantes para sostener las fechas previstas.

La atención del NEA se concentrará ahora en Posadas. Si la implementación prevista para agosto se concreta sin modificaciones, Misiones pasará a integrar el grupo de jurisdicciones que operan bajo el sistema acusatorio federal. El desafío no será únicamente judicial: también servirá como prueba de capacidad institucional para enfrentar delitos complejos que afectan directamente la competitividad regional, la seguridad de las cadenas logísticas y la transparencia de los mercados fronterizos.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin