Gustavo Petro quedó bajo una nueva zona de riesgo político después de que trascendiera que dos fiscales federales de Estados Unidos lo investigan, en etapa preliminar, en el marco de pesquisas vinculadas al narcotráfico y al narcoterrorismo. La novedad, informada por The New York Times y confirmada por Reuters a partir de fuentes con conocimiento del caso, sitúa al presidente de Colombia dentro de expedientes que tramitan en las fiscalías de Manhattan y Brooklyn y que analizan posibles contactos con personas ligadas al narcotráfico, además de una eventual entrada de fondos ilícitos en su campaña presidencial de 2022. No aparece, por ahora, como objetivo principal. Pero su inclusión en el radar judicial estadounidense altera el clima político a semanas de la primera vuelta del 31 de mayo y vuelve a colocar la relación con Washington en el centro de la disputa de poder. La tensión de fondo ya está planteada: ¿se trata de una derivación judicial de investigaciones más amplias o de un factor que puede reordenar la campaña y condicionar el cierre del ciclo de Petro?
Una investigación preliminar con impacto político inmediato
El dato más delicado del caso no es sólo judicial, sino temporal. La revelación irrumpe cuando Colombia ya transita la campaña presidencial y con un calendario definido: la primera vuelta será el 31 de mayo, la segunda el 21 de junio si hiciera falta, y el nuevo presidente asumirá el 8 de agosto. En ese contexto, toda novedad que roce al jefe de Estado adquiere una dimensión superior a la estrictamente procesal.
Según el texto base, los equipos a cargo están integrados por fiscales especializados y agentes federales. La pesquisa examina dos ejes: posibles contactos del mandatario con personas vinculadas al narcotráfico y la posible entrada de dinero ilícito en la campaña de 2022. Las investigaciones siguen en una etapa preliminar y todavía no está claro si derivarán en imputaciones. Esa precisión importa. No hay una acusación formal ni un avance procesal concluyente. Pero sí existe una señal institucional fuerte: el presidente colombiano quedó mencionado dentro de investigaciones federales en Estados Unidos sobre una materia de máxima sensibilidad política.
También se remarca que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya intervenido en la apertura de estos procesos. Esa línea busca trazar una frontera entre el plano judicial y el político. Sin embargo, en una relación bilateral tan cargada de fricción como la que construyeron Petro y Donald Trump, la separación formal no alcanza para desactivar el impacto político.
El antecedente con Trump vuelve a pesar
La novedad llega, además, en un momento particularmente cargado. Petro y Trump habían acercado posiciones en un encuentro reciente en febrero, después de meses de confrontación pública. Ese deshielo parecía ofrecer una pausa en una relación marcada por acusaciones, sanciones y amenazas verbales. Pero la aparición de esta investigación vuelve a poner esa tregua bajo presión.
El texto recuerda que, antes del encuentro del 3 de febrero en la Casa Blanca, Trump había llamado a Petro narcotraficante, le había advertido que “debía cuidarse” e incluso afirmó que le “sonaba bien” una acción militar en Colombia similar a la emprendida en Venezuela. No se trata de un detalle menor. Es el antecedente político que vuelve inevitable cualquier lectura estratégica sobre la pesquisa.
A eso se suma que, a fines de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó al presidente colombiano, a su familia y a un miembro de su gobierno por acusaciones de participar en el tráfico global de drogas. En ese momento, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que Petro había permitido que los carteles prosperaran y se había negado a detener esa actividad, aunque sin presentar pruebas específicas, según el texto base. Antes incluso de ese episodio, Estados Unidos ya le había revocado el visado después de que el mandatario pidiera a soldados estadounidenses que desobedecieran a Trump en un mitin propalestino en Nueva York.
Con ese historial, la nueva investigación no cae en terreno neutral. Se inserta en una secuencia previa de deterioro, sanciones y acusaciones cruzadas, aunque ahora bajo una forma institucional más sensible: la del expediente judicial.
La respuesta de Petro: rechazo frontal y defensa de su trayectoria
Petro respondió con rapidez y eligió una desmentida sin matices. En una publicación en X, afirmó que “en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes” y atribuyó esa situación a una razón tajante: “nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”.
La reacción no fue sólo defensiva. También buscó reconstruir un marco político sobre su propia biografía. Dijo haber dedicado diez años de su vida a denunciar vínculos entre narcotraficantes poderosos y políticos en el Congreso y en gobiernos locales y nacionales, una tarea que, según sostuvo, puso en riesgo su existencia y provocó el exilio de su familia. Además, aseguró que en sus campañas siempre indicó a los gerentes que no se aceptaran donaciones “ni de banqueros ni de narcos” y remarcó que no recibió “un solo peso” de los carteles.
Ese movimiento tiene una lógica clara. Petro intenta desplazar la sospecha desde el terreno penal al terreno político, presentándose no como un actor permeable al narcotráfico, sino como alguien que lo enfrentó. No responde únicamente a un expediente; también busca blindar su capital político frente a una narrativa que, en plena campaña, puede volverse expansiva.
La dimensión institucional: justicia, soberanía y campaña
Aunque la investigación se desarrolla en Estados Unidos, el efecto institucional se proyecta directamente sobre Colombia. El presidente no sólo enfrenta un cuestionamiento externo. También queda expuesto a una discusión interna sobre legitimidad, soberanía y capacidad de gobierno en el final de su mandato.
El propio Petro ya había acusado a Estados Unidos de violar la soberanía colombiana y de matar gente inocente en sus operaciones antidroga. Esa postura vuelve ahora con más peso potencial, porque cualquier avance de la pesquisa puede ser leído por sus aliados como una intromisión sobre la política doméstica colombiana, y por sus adversarios como una validación internacional de sospechas previas.
El texto además señala que el mandatario niega cualquier vínculo con carteles y sostiene que su administración combate activamente el comercio ilícito de drogas. Frente a las acusaciones por el aumento del tráfico de cocaína desde Colombia, argumentó que durante su gestión el narcotráfico se expandió a un ritmo menor y hubo más incautaciones que en gobiernos anteriores. Esa defensa busca inscribir la discusión en indicadores de gestión y no en imputaciones personales. Pero en una campaña polarizada, los tiempos judiciales y los tiempos políticos no necesariamente avanzan con la misma lógica.
Correlación de fuerzas: quién se fortalece y quién queda condicionado
La aparición de una investigación federal en Estados Unidos sobre Petro fortalece, ante todo, a los sectores que vienen construyendo una crítica dura sobre su relación con Washington y sobre su política frente al narcotráfico. Incluso sin imputaciones, el solo hecho de que su nombre figure en pesquisas de Manhattan y Brooklyn les ofrece un argumento de alto voltaje político en medio de la competencia electoral.
Al mismo tiempo, condiciona al oficialismo y al entorno del presidente, que quedan obligados a administrar una doble agenda: contener el impacto institucional de la noticia y evitar que el caso monopolice el debate público en la recta final hacia el 31 de mayo. La investigación introduce un factor de ruido sobre la campaña, pero también sobre la gobernabilidad del cierre de mandato, porque amplifica la fragilidad del vínculo con Estados Unidos en un momento en que esa relación ya venía tensionada.
Para Washington, el episodio también tiene costos potenciales. Aunque no haya evidencia de intervención de la Casa Blanca en la apertura de los procesos, el historial reciente entre Trump y Petro hace difícil que el caso quede encapsulado como un asunto exclusivamente judicial. La administración estadounidense puede verse empujada a responder, aclarar o tomar distancia según evolucione la investigación y según el impacto que esta tenga en la política colombiana.
Un expediente preliminar que puede alterar la campaña
Todavía no hay imputaciones. Tampoco hay, según el texto base, pruebas presentadas públicamente que permitan anticipar una derivación concreta. Pero en política, especialmente en un escenario electoral polarizado, el carácter preliminar de una investigación no neutraliza sus efectos. A veces apenas los inaugura.
Lo que habrá que mirar en las próximas semanas no será sólo el curso judicial en Manhattan y Brooklyn. También importará cómo usan esta revelación los distintos sectores en campaña, si la relación entre Petro y Trump vuelve a endurecerse después del acercamiento de febrero, y si el oficialismo logra encuadrar el caso como una presión externa o queda obligado a responder sobre el fondo de las sospechas.
La investigación abre una zona de incertidumbre que excede el expediente. Toca el vínculo entre Colombia y Estados Unidos, irrumpe en pleno calendario electoral y pone sobre la mesa una materia que en la región nunca es neutra: narcotráfico, financiamiento político y poder. Por ahora, más que una definición cerrada, lo que aparece es un nuevo frente en construcción.
