“La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno”. Así reza el punto 3 del Pacto de Mayo firmado días atrás entre el presidente y 18 gobernadores de la Argentina. El desafío es fuerte si se considera cuál es el punto de partida: actualmente el gasto público consolidado (Nación, Provincias y municipios) está en torno al 40% del PBI. 

El presidente Milei graficó esta situación de la siguiente manera: “Cada $10 que el argentino genera con el sudor de su frente, más de cuatro son consumidos por los Estados nacionales, provinciales y municipales. Y como la magia no existe, este exagerado gasto solo se puede financiar con impuestos que asfixian a nuestra economía, con inflación que pulveriza salarios e imposibilita el cálculo económico, o con deuda, que son impuestos a las generaciones futuras”.

Hasta ahí, seguramente muchos coincidiremos en que podría ser un objetivo deseable. Pero luego empiezan los problemas. Más adelante en su alocución, Milei dijo que “el gasto público desmedido es el centro de todos nuestros males”. Algo exagerado quizás, si se analiza lo malo desde la óptica de la cantidad y no de la eficiencia. Pero después es donde muestra la verdadera cara de su pedido: “El 44% del gasto del Estado de nuestro país corresponde a las provincias y los municipios. Por cada empleado del Estado nacional hay cinco empleados provinciales”. 

Ahondemos un poco en la cuestión del gasto público provincial, esta vez en términos de PBG. De arranque podemos ver que efectivamente el gasto es elevado y que existe cierto margen de readecuación del mismo. El debate que puede generar esta situación es si se requiere recorte o eficiencia. Las dos posturas tienen puntos válidos. Desde el retorno a la democracia hasta estos días, el gasto público consolidado tuvo fuertes incrementos explicados sobre varias cuestiones que no responden necesariamente y en todos los casos a una situación de superpoblación de agentes estatales o una actitud de gasto voraz motivado por interés propio de uno u otro gobierno. 

En 1983, el gasto público consolidado (Nación, Provincias y municipios), según el Ministerio de Economía de la Nación, estaba en torno al 26% del PIB. 

El 19% correspondía al Estado nacional, el 6% a las provincias y el 1% a los municipios. Diez años después, ya se ubicaba en el 32% con mayor peso de las provincias (pasó del 6% al 13%) y de municipios (del 1% al 3%) y una merma en la participación nacional (19% a 16%). Para 2003, el gasto público baja al 29% (16% Nación, 12% Provincias y 1% municipios) y para el 2013, alcanzó el 43% siendo 24% del Estado nacional, 16% de provincias y 3% de municipios. Finalmente, para el 2023, el gasto se ubica en torno al 39% del PIB (20% Nación, 16% Provincias y 3% municipios). 

Ahora bien, como dijimos anteriormente, en el medio pasaron cosas. La reforma constitucional de 1994 transfirió los servicios educativos, de salud y seguridad a las provincias, lo que requiere indefectiblemente de mayor gasto para cubrir esas erogaciones. Si vemos de punta a punta la serie histórica 1983 – 2023, el gasto provincial pasó del 6% al 16%, pero no debemos dejar pasar por alto que en ese período las provincias debieron comenzar a pagar sus docentes, sus médicos, sus policías. Además, muchas provincias comenzaron también a incrementar funciones sociales principalmente en momentos de crisis. Otro dato no menor es la función previsional, que sostuvo altos niveles de gasto en algunas provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación -como Misiones- y las redujo en aquellas que sí lo hicieron, pero incrementando el gasto nacional, que se sumó a la nacionalización de las AFJP, entre otras cosas. Es decir, hay muchos factores que explican la suba del gasto que no son necesariamente la del hambre político voraz. 

Evaluamos el desempeño provincial y regional en este aspecto. El primer punto a destacar, altamente relevante, tiene que ver que las provincias del norte, en general, tienen niveles del gasto sobre sus PBG que son mayores en promedio al de provincias del centro. Aquí juegan dos cuestiones: productos más chicos, por un lado, y necesidad de alta presencia del Estado ante inequidades históricas, por el otro. 

En términos regionales, Misiones históricamente mostró un gasto público sobre el PBG menor al promedio regional. Entre 1983 y 1993, el gasto público misionero promedio fue del 16% del PBG contra el 16,3% del NEA; entre 1994 y 2003 creció al 21,0% en Misiones y al 22,3% en la región. Entre 2004 y 2013, el gasto misionero pasó al 28,4% y al 37,5% en el NEA y finalmente, entre 2014 y 2023 en Misiones fue del 37,2% y del 43,0% en el NEA. 

Si se compara en términos de crecimiento para cada período, se observa que entre 1983 y 2013 el gasto sobre el PBG creció menos en Misiones que en la región. El promedio 1994-2003 vs. 1983-1993 se incrementó en 5 p.p. Misiones contra 6,1 p.p. en la región y el promedio 2004-2013 vs. el anterior fue +7,3 p.p. en Misiones contra +15,1 p.p. del NEA. Pero el promedio 2014-2023 vs. el anterior tuvo una dirección opuesta: +8,8 p.p. en la provincia contra +5,6 p.p. en la región. Veamos el por qué.

Si se analiza el gasto en términos de finalidad y función, el gasto de Administración Gubernamental (que podría resumirse básicamente en el funcionamiento administrativo del Estado) era de 5% promedio del PBG entre 2004-2013 y pasó al 6,7% entre 2014 y 2023, un alza de 1,7 puntos porcentuales explicado principalmente por un robustecimiento de la estructura orgánica del Estado en respuesta a las nuevas demandas de la sociedad. Los servicios de seguridad, por su parte, pasaron del 1,6% al 2,9% del PBG que se explica por el fortalecimiento de la estructura policial, penitenciaria y relativos; los Servicios Económicos se mantuvieron relativamente estables en torno al 6% y los Servicios de Deuda Pública cayeron en términos del PBG: eran del 0,4% y pasaron al 0,2%, lo que grafica el avance del proceso de desendeudamiento provincial. 

Pero el punto clave acá está en los Servicios Sociales: entre 2004 y 2013 explicaban el 16% del PBG; para el 2014-2023, pasaron al 22,3%, un incremento de 6,3 p.p. que es el más importante entre las categorías detalladas. ¿En qué consistió esta suba? El gasto referido a la función Salud pasó del 2,1% al 4,1%, explicando así un fortalecimiento de la política sanitaria; en Educación, pasó del 7,9% al 10,6%, robusteciendo la política educativa; y la Seguridad Social pasó del 2,3% al 3,6%, ensanchado la política previsional sobre todo. 

Podemos entonces, a modo de resumen, destacar algunas cuestiones ya detalladas: el gasto público dirigido a deuda cayó; el gasto público de la política educativa creció, el de la política sanitaria creció, el de la política previsional creció, el de la política de seguridad creció. Estos crecimientos son lógicos y esperables desde el punto de vista de respuesta a las demandas ciudadanas. Podrán ser corregidos, no queda duda. Pero si el presidente de la Nación pide recortar el gasto provincial alegando que por cada empleado público nacional hay cinco provinciales, como base argumentativa de su postura, omite dos cosas: las escuelas, los hospitales y las comisarías tienen agentes públicos provinciales, por un lado; por el otro, la inversión en salud, en educación, en seguridad y en desarrollo integral, está en manos de las provincias también con alguna ayuda, a veces, del Estado nacional, pero con facultad primera en la provincia. 

Hablar entonces de recorte del gasto tan livianamente, siendo un tema que de hecho debe ser tratado y debatido, es no entender o no darle importancia a las obligaciones que son de los gobiernos provinciales. En la retórica libertaria, se puede bajar el gasto echando ñoquis, eliminando el financiamiento a los festivales culturales, eliminando pauta publicitaria y cerrando oficinas de gestión en los pueblos más chicos. No tienen idea que la realidad es mucho más compleja y que, incluso haciendo eso (suponiendo que tienen razón) el impacto sobre el gasto no llegaría siquiera al punto del producto. 

Aprovechando el análisis histórico del gasto y de PBG misionera, un punto que es importante (volver) a destacar. En 2003, el stock de deuda pública misionera equivalía al 58% del PBG; en 2023, al 1,7%. Esto también debe formar parte del análisis, sesgado, del gobierno nacional.