El contexto actual plantea importantes interrogantes sobre el éxito a largo plazo de estas iniciativas. La medida, inspirada en el modelo de los 90, se fundamenta en una decisión política, que excede lo técnico.

la Comisión Nacional de Valores (CNV) abrió hace poco una ventana regulatoria para que las empresas públicas puedan ser privatizadas a través del mercado de capitales. Un plan que se inspira en lo que se hizo en la década de 1990, cuando se vendieron grandes firmas, como YPF, Telecom o Telefónica, entre otras. De hecho, reintrodujo una norma de esa época.

Según indican desde el organismo, hasta el momento, ninguna empresa inició de manera formal el proceso de privatización. No obstante, ya hay actores locales involucrados en la búsqueda de capital para la reciente venta de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) a una firma estadounidense. Esta acción representa la primera privatización bajo el gobierno de Javier Milei, que pone en manos extranjeras una compañía estratégica y crucial para el desarrollo de proyectos energéticos en el país.

Y es que la compañía americana Industrial Acquisition Find se convirtió en la única empresa que se presentó para adquirir las acciones estatales de IMPSA y según trascendió, “las negociaciones entre el Gobierno nacional y la provincia de Mendoza se encuentran en etapas avanzadas”. El único oferente, cuenta entre sus principales inversores con ARC Energy, una empresa estadounidense especializada en el sector energético e infraestructura. Por ello, de concretarse la compra, como parte de la propuesta, el oferente se comprometió a capitalizar los u$s27 millones en “la compañía para garantizar su continuidad y crecimiento, así como desarrollar nuevos proyectos“.

En este contexto, el oferente contrató a Adcap Securities LTD. Una firma internacional experimentada en reestructuraciones en mercado de capitales tanto para empresas como para provincias y que se encuentra en charla con una multiplicidad de acreedores financieros de IMPSA para compartir el plan de negocios del oferente y sus intenciones futuras respecto a la deuda, en caso de que sea IAF el adquiriente.

Así, la CNV cocina un sólido proceso de desregulación, que prepara el terreno para que, cuando llegue el momento, los trámites ya estén en orden, lo que permitirá ahorrar tiempo en el proceso desestatizar a las empresas nacionales.

En tanto, el Ejecutivo hace su parte y avanza en la privatización de cuatro centrales eléctricas. Cabe recordar que, como informó este medio, se llamó a un concurso público nacional e internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A, Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A, Cerros Colorados Hidroeléctrica S.A y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A en el marco de la ley Bases.

En el contexto de ese proceso, la CNV se anticipó y allanó el camino para que el mercado de capitales sea el protagonista. Y es que, si bien la CNV no decide qué empresas se privatizan, sino que esa es una decisión que toma el Gobierno, el organismo que dirige Roberto Silva sí establece el marco normativo para que, si una empresa pública se estatiza, el proceso en el mercado de capitales sea adecuado.

Privatizaciones: qué estableció la normativa de la CNV

La modificación llega por el lado de las Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs). Sucede que, para privatizar una empresa, la idea es vender sus acciones en el mercado de capitales. Sin embargo, cuando se lanza una oferta de ese tipo al mercado y se ofrecen los papeles de una firma en grandes cantidades, se puede activar una OPA, un proceso en el que los compradores están obligados a hacer una oferta de compra de los títulos restantes.

Esto, en teoría, podría terminar por sacar a la empresa del mercado de capitales, lo cual es contradictorio con el objetivo de mantener su cotización activa. En consecuencia, para evitar ese problema, la CNV modificó la normativa para que, cuando una empresa pública es vendida por el Estado, no se aplique el régimen de OPAs.

Leandro Monnittola, asesor financiero, explica que la intención de la CNV es implementar un nuevo sistema de OPAs, lo que tiene dos objetivos clave: “Primero, que el mercado pueda participar activamente; segundo, que el sector público (en este caso) también tenga la opción de colocar deuda en el mercado. Es decir, que se financie a través de él. Con esto, el mercado se vería fortalecido, ya que las empresas en proceso de privatización buscarían financiamiento vía créditos corporativos”.

Con ese objetivo, la CNV también reintrodujo una norma de los años 90, cuando se privatizaron grandes empresas, como YPF y Telecom. Esta normativa permite que, al listar una empresa pública en el mercado, no se exijan balances contables previos con los mismos estándares del mercado privado, ya que, muchas veces, las empresas públicas no cumplen con esos requisitos. En lugar de eso, se les da un “waiver” o período de transición para que puedan adaptar sus balances y adecuarse a las normas del mercado de capitales.

En términos simples, como bien explica Monnittola, ya no es obligatorio la realización de OPAs para estos casos. La venta será de manera total o parcial mediante la oferta pública de acciones y se flexibiliza la presentación de balances, “un ítem difícil de cumplir por las sociedades del Estado”.

Donald Trump, transparencia y gobernanza

Jorge Compagnucci, director de contenidos en Target Market Global (TMG), encarar ahora el proceso de privatizaciones a través del mercado de capitales “tiene un riesgo importantísimo que es el ‘momentum’”.

Para Compagnucci esto tendría que haberse hecho antes, “junto con la aprobación de la ley Bases o dentro del proceso de blanqueo de capitales”. Y es que considera que el lanzamiento de estas privatizaciones es para seducir ese capital que ingresó vía blanqueo, lo cual no le genera “demasiadas expectativas” y recuerda que “estos no son los años 90”.

El experto explica que el mundo emergente está en depresión. Esto se agrava con la posibilidad de que el triunfo de Donald Trump lleve a los mercados como el de Argentina a una crisis de deuda en los próximos años. “En el caso específico de nuestro país, el alto nivel de endeudamiento y la escasa capacidad de generación de divisas agravan las limitaciones”, dice.

Compagnucci esboza que los rebotes que se observan en los últimos meses en el mercado local son, en su opinión, “meras ilusiones pasajeras, resultado del blanqueo de capitales”. Dicho esto, asegura que la economía argentina depende, en gran medida, de los dólares blanqueados y que esos fondos están “íntimamente ligados a la política y a los intereses de los ‘amigos del poder’”.

Por ello, no tiene expectativas positivas sobre el proceso de privatizaciones. “Más allá de los dólares que Argentina podría conseguir, que no creo que sean muchos, lo más beneficioso sería que se logre reducir el gasto que generan estas empresas deficitarias para el Estado”.

Y agrega que “Argentina no resulta atractiva para los inversores”. Esto se debe a que la economía local no ofrece los incentivos necesarios para las inversiones de grandes capitales provenientes del exterior, “y las privatizaciones parecen estar diseñadas para beneficiar a un pequeño grupo vinculado al poder político, más que para generar un cambio estructural”.

En este sentido, aunque permitir inversiones extranjeras puede hacer que ciertos sectores sean más visibles y atractivos a nivel global, también existe el riesgo de que empresas sin experiencia en el sector compren activos estratégicos.

Para el experto, “esto queda más que claro al observar que, incluso los sectores más dinámicos, como los medios de comunicación o las empresas de servicios y energía, están muy vinculados a intereses políticos locales, lo que disuade aún más a los inversores extranjeros”. En definitiva, para Compagnucci las privatizaciones, en las condiciones actuales, tienen una expectativa de éxito prácticamente nula, y cualquier mejora será meramente temporal y limitada al ámbito local.

De esta manera, concluye que el mal “timing” no solo afecta la oportunidad de captar inversión, sino que también refuerza la percepción de que el objetivo principal de estas privatizaciones es captar los fondos regularizados en el blanqueo, más que atraer inversiones genuinas.

Los riesgos de privatizar vía mercado de capitales

El economista Federico Glustein explica que privatizar a través del mercado de capitales suscita “un fenómeno muy particular“. Primero, indica que cuando se privatiza por el mercado de capitales se está expuesto al riesgo. “¿A qué tipo de riesgo? Al de que cualquier tipo de empresa pueda comprar el paquete accionario de la compañía a privatizar, lo que deriva en posiciones dominantes”, señala.

Para Glustein, es importante considerar que, si no se imponen restricciones, es posible que empresas de un mismo país, o incluso de otros, “adquieran activos estratégicos“. Por ejemplo, en el sector energético, firmas de Italia o España podrían invertir en empresas locales. “Esto crearía una especie de corporación nacional, con el control de activos clave en manos extranjeras”, dice.

El economista indica, sin embargo, que hay un riesgo asociado: si una empresa pierde valor en el mercado de capitales, su atractivo para futuras inversiones podría disminuir. Esto podría llevar a que busque maximizar su rentabilidad sin cumplir completamente con el servicio esperado.

En este sentido, “aunque permitir inversiones extranjeras puede hacer que ciertos sectores sean más visibles y atractivos a nivel global, también existe el riesgo de que otras sin experiencia en el sector compren activos estratégicos solo para obtener ganancias rápidas”, comenta, lo cual podría no ser beneficioso a largo plazo. “En el contexto actual, parece más prudente centrarse en proteger activos realmente estratégicos en lugar de permitir adquisiciones sin los conocimientos y compromisos necesarios”, asevera.

Por último, indica que es cierto que al día de hoy algunas empresas públicas presentan resultados deficitarios, “mientras que otras gestionan activos estratégicos“. Por lo que plantea que una solución sería considerar la venta de estas organizaciones bajo condiciones específicas, como la necesidad de producción o la participación de compañías con experiencia y capacidad para reformar los fondos. “Este enfoque también sería aplicable a todas las demás de servicios públicos”, concluye.

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