La yerba mate Aguantadora, marca de la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada, concretó un acuerdo comercial con Carrefour que permitirá ampliar progresivamente su presencia en la cadena, con la proyección de llegar a más de 900 sucursales en todo el país.
El desembarco comenzó con 28 sucursales ubicadas en Tandil, Mar del Plata, San Isidro y distintos puntos del Gran Buenos Aires. La empresa apunta a alcanzar unas 100 hacia fin de año, principalmente en la provincia de Buenos Aires, para luego avanzar hacia otros puntos del país.
Aguantadora no mantenía vínculos comerciales con Carrefour y su participación en la Expo Industrias y Servicios, realizada recientemente en Buenos Aires, permitió fortalecer ese vínculo y avanzar en el acuerdo. En este proceso también tuvo un rol importante la estrategia de expansión comercial desarrollada junto a su distribuidor Ganale&Co, que permitió ampliar el alcance de la marca y generar nuevas oportunidades de comercialización. Por parte de Aguantadora, fueron determinantes, en el enfoque logístico, Darío Cordez y Dionel Kimmich.
La empresa participó de la Expo Industrias y Servicios con el acompañamiento de la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI), junto a otras firmas misioneras.
“Que una yerba producida en Montecarlo pueda proyectarse a una cadena de esta escala habla también del camino que vienen haciendo nuestras empresas. Aguantadora está creciendo, ampliando mercados y llevando producción misionera cada vez más lejos. Para ADEMI, acompañar ese proceso es parte de trabajar para que el desarrollo se traduzca en más oportunidades concretas para las empresas de nuestra provincia”, señaló Graciela De Moura, presidenta de ADEMI.
Aguantadora pertenece a la Cooperativa Agrícola Mixta de Monte Carlo Limitada, fundada en 1930 y actualmente integrada por más de 800 asociados activos, en su mayoría pequeños productores. Desde Montecarlo, la cooperativa produce, elabora y comercializa yerba mate y fécula de mandioca.
El acuerdo con Carrefour marca un nuevo paso en la expansión comercial de Aguantadora y abre una nueva etapa para una marca que, desde Montecarlo, busca seguir ganando presencia en mercados de todo el país.
Alrededor de cien niños de la comunidad Káagüy Porá II, de Comandante Andresito, disfrutaron de una jornada de alegría y diversión junto a Gurises Felices. La actividad se realizó el jueves en el predio de la Escuela de Frontera 19 -Educación Intercultural Bilingüe (EIB)-, construida hace unos años por la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio (ACAS).
El equipo del IPLyC desplegó un show espectacular y con los mismos personajes que durante el mes de agosto llevó a distintos rincones de la provincia. Acompañados de sus padres y del cacique, Isabelino Méndez, los chicos se mostraron felices, se divirtieron, cantaron y bailaron, recibieron regalos, golosinas y una sabrosa merienda.
“Vivieron esta actividad a pleno porque, debido a las condiciones climáticas-el edificio había sufrido destrozos a raíz de las fuertes tormentas-, esperaron mucho tiempo nuestra visita”, dijo el coordinador del Programa, Marcelo Ledesma, quien manifestó a la comunidad su compromiso de volver. “Fue algo muy lindo, distinto. Fue inolvidable”, agregó, al tiempo que destacó la predisposición de la directora de la institución, Marcela Molina, y el cuerpo docente, y el acompañamiento del Gobierno de Misiones y, en particular, de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes.
La agricultura sostenible enfrenta una prueba que no se resuelve solamente en el suelo ni en los indicadores ambientales: debe demostrar que puede sostener económicamente a quienes producen. Para Fernando Schwanke, representante en Argentina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y exsecretario de Agricultura Familiar y Cooperativismo de Brasil, ese es uno de los principales desafíos que tienen por delante las políticas agropecuarias de la región.
Schwanke llegó a Posadas para participar de la Cumbre Internacional de Agricultura Sostenible, un encuentro que reunió a productores, investigadores, empresas, cooperativas, estudiantes y organismos públicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Cuba. Su conferencia estuvo vinculada con las políticas regionales necesarias para avanzar hacia sistemas productivos capaces de combinar producción, conservación de los recursos naturales, innovación y generación de ingresos.
Desde la perspectiva del IICA, la sostenibilidad no puede reducirse a una cuestión ambiental. El organismo acaba de aprobar su plan de mediano plazo para los próximos cuatro años y plantea cuatro grandes áreas de trabajo vinculadas con tecnología e innovación, comercio y cadenas productivas, sanidad agropecuaria y recursos naturales.
Para Schwanke, esos componentes deben funcionar de manera integrada. La recuperación de los suelos, el uso responsable del agua, la preservación de las vertientes y la biodiversidad tienen que avanzar junto con la producción y no por fuera de ella.
“La nueva tendencia mundial en la producción es justamente agricultura y ambiente, ambiente y agricultura, siempre juntos”, explicó durante la entrevista con Economis.
El desafío que aparece después de conservar
En Misiones, la discusión adquiere una particularidad. Schwanke conoce la región desde su experiencia en el sur de Brasil y considera que la provincia argentina cuenta con una característica que puede convertirse en un activo económico: la preservación ambiental.
La protección de los recursos naturales y la biodiversidad constituye, según su mirada, una ventaja comparativa frente a mercados que incorporan cada vez más exigencias ambientales. Pero esa ventaja solamente adquiere valor económico si logra traducirse en mejores oportunidades para quienes producen.
El punto de partida es evitar que la sostenibilidad termine separada de la rentabilidad.
“Dentro del triple de la sustentabilidad está el ambiental, el social y el económico”, señaló. Si los dos primeros componentes avanzan y el tercero queda rezagado, advirtió, aparece un problema que excede al establecimiento rural: el éxodo de los agricultores y la pérdida de población en los territorios productivos.
La pregunta, entonces, cambia. Ya no se trata solamente de cuánto conserva una producción, sino de cuánto valor logra capturar el productor que conserva.
Cadenas productivas frente a un mundo más caro e inestable
Para Schwanke, una de las respuestas está en fortalecer las cadenas productivas. La rentabilidad del productor no depende únicamente de lo que sucede dentro de la chacra. Está condicionada por los costos de los insumos, el transporte, la logística, los mercados y la capacidad de comercialización.
Los cambios geopolíticos agregaron nuevas variables a esa ecuación. El aumento de los costos energéticos y logísticos puede trasladarse al precio de los fertilizantes y otros insumos fundamentales para la producción, generando presión sobre los márgenes de los agricultores.
Ese escenario, sostuvo, debería funcionar también como una alerta para los gobiernos. Las políticas públicas no necesariamente tienen que sustituir al mercado, pero sí pueden generar mecanismos que reduzcan la exposición de los productores a determinados shocks externos.
El desafío es especialmente importante para las explotaciones familiares, que tienen menor capacidad para absorber aumentos repentinos de costos o períodos prolongados de precios desfavorables.
La discusión sobre sostenibilidad, de este modo, se transforma también en una discusión sobre resiliencia económica.
Escala y diversificación no son necesariamente opuestos
La expansión de grandes superficies de monocultivo suele aparecer como una de las tensiones cuando se habla de modelos agrícolas sostenibles. Schwanke evita plantear una respuesta única.
El mundo necesita producir alimentos y, por lo tanto, la agricultura de gran escala tiene un papel en el abastecimiento global. Al mismo tiempo, la diversificación constituye una herramienta para reducir la exposición frente a shocks que pueden afectar particularmente a determinados productos.
La clave, según planteó, está en adaptar el modelo productivo a las características de cada territorio.
Una región con pequeñas explotaciones no necesariamente puede replicar la estructura productiva de una zona dominada por grandes establecimientos. En esos casos, la diversificación y la integración entre productores pueden permitir generar escala económica sin requerir necesariamente grandes superficies individuales.
Brasil ofrece ejemplos de esa lógica en el sur del país, donde la agricultura familiar convive con cadenas de vegetales, frutas, producción láctea, porcinos, aves y otros sistemas productivos.
“Ahí viene mucho el planeamiento territorial”, explicó Schwanke. El ordenamiento del territorio puede contribuir a identificar qué actividades tienen mayor potencial en cada zona y cómo pueden organizarse las cadenas alrededor de esas ventajas.
El pequeño productor necesita cadena, no solamente asistencia
Para las explotaciones de 10, 20 o 30 hectáreas, la pregunta por la escala es particularmente relevante. La superficie disponible limita la posibilidad de competir mediante volumen, pero no necesariamente impide construir una actividad económicamente viable.
Schwanke planteó como alternativa el desarrollo de cadenas cortas, especialmente en productos hortícolas y frutícolas. La cercanía entre producción y consumo puede reducir intermediaciones y permitir que una proporción mayor del valor quede en el territorio.
Otra posibilidad es la integración productiva. En actividades como la producción de leche, porcinos o aves, el desafío puede pasar por aumentar la escala económica de las pequeñas unidades mediante esquemas de articulación y comercialización.
La herramienta, en ese caso, no es necesariamente ampliar individualmente la superficie de cada productor, sino construir mecanismos colectivos capaces de resolver parte de los problemas de escala.
Es una diferencia importante: la política de desarrollo rural deja de concentrarse exclusivamente en transferir recursos al productor y empieza a mirar la estructura completa de la cadena.
Tecnología para producir más y mejor
La innovación aparece como otro de los pilares del modelo que propone el IICA. Para Schwanke, organismos de investigación como el INTA en Argentina, el INIA y la EMBRAPA en Brasil tienen un papel estratégico en la generación de tecnologías que puedan mejorar la productividad y, al mismo tiempo, las condiciones económicas de los agricultores.
“Ciencia, tecnología e innovación son las bases de una agricultura sostenible en la región”, sostuvo.
La cuestión central es que ese conocimiento llegue al establecimiento productivo. Una innovación que permanece dentro de un instituto de investigación tiene un impacto limitado. Su verdadero valor aparece cuando permite reducir costos, mejorar rendimientos, adaptar cultivos, aumentar la eficiencia en el uso del agua o enfrentar nuevas condiciones climáticas.
Para la agricultura familiar, además, la tecnología debe ser compatible con la escala y las capacidades disponibles. No se trata simplemente de trasladar modelos diseñados para grandes establecimientos, sino de desarrollar soluciones adaptadas a superficies menores y a sistemas productivos diversificados.
Cooperación regional para enfrentar problemas que ya no son locales
La presencia del IICA en la Cumbre de Posadas también introduce una dimensión regional. Los problemas que enfrenta la agricultura ya no se detienen en las fronteras nacionales.
El precio de los fertilizantes puede estar determinado por acontecimientos internacionales. La logística depende de combustibles y rutas comerciales. Los mercados exigen cada vez más información sobre trazabilidad, calidad y condiciones ambientales. El cambio climático modifica los riesgos productivos.
En ese escenario, la cooperación entre países puede convertirse en una herramienta para compartir investigación, tecnologías, experiencias y políticas públicas.
La cercanía entre Misiones, Paraguay y el sur de Brasil agrega además una dimensión territorial concreta. Muchas de las cadenas productivas y de los mercados de la región tienen una lógica que atraviesa las fronteras administrativas.
La agricultura sostenible que se discute en Posadas, por lo tanto, no es solamente una cuestión de prácticas productivas. También plantea cómo construir una infraestructura institucional capaz de acompañar a productores que operan dentro de mercados regionales y globales cada vez más interdependientes.
La sostenibilidad se juega en el ingreso del productor
El planteo de Schwanke deja una conclusión económica concreta: conservar los recursos naturales y sostener la producción no pueden ser objetivos separados.
Para Misiones, esa ecuación ofrece una oportunidad, pero también una exigencia. La preservación ambiental puede diferenciar a la provincia, pero convertir esa diferencia en valor requiere cadenas productivas, mercados, tecnología, financiamiento y organización.
La agricultura familiar, además, necesita soluciones compatibles con su escala. Diversificación, cadenas cortas, integración productiva y planificación territorial aparecen como herramientas posibles para construir mayor resiliencia sin trasladar mecánicamente modelos pensados para grandes superficies.
La discusión que atraviesa la Cumbre Internacional de Agricultura Sostenible apunta así al núcleo económico del problema. Una producción puede ser ambientalmente sostenible y socialmente valiosa, pero si no permite vivir de ella, difícilmente pueda sostenerse durante generaciones.
Por eso, para Schwanke, el desafío regional no consiste en elegir entre producción y ambiente. Consiste en construir sistemas donde ambos puedan avanzar juntos y donde el resultado final también sea económicamente viable para quien trabaja la tierra.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas participó del encuentro ganadero organizado por la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones (FARM), junto al secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, y dirigentes de la entidad anfitriona. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, participó de un encuentro ganadero organizado por la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones (FARM), donde se analizaron los desafíos y las oportunidades para el crecimiento de la actividad bovina en la provincia.
Junto al secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, y dirigentes de las entidades rurales misioneras, se abordaron aspectos centrales de la producción, con especial atención en el mejoramiento de los rodeos, la adaptación genética y las herramientas tecnológicas para aumentar la eficiencia ganadera. “Misiones tiene un enorme potencial ganadero y debemos trabajar para que sus productores puedan mejorar sus rodeos, incorporar genética adaptada a sus ambientes y avanzar en sistemas de producción más eficientes. La ganadería misionera tiene condiciones para crecer y desde CRA vamos a acompañar ese desarrollo”, señaló Castagnani.
Durante la jornada, se destacó la importancia de la genética como herramienta para mejorar los índices productivos, la calidad de los rodeos y la adaptación de los animales a las características agroecológicas de la provincia.
En este sentido, el intercambio de experiencias entre productores y entidades rurales resulta fundamental para promover la incorporación de reproductores, el mejoramiento de los planteos de cría y la utilización de tecnologías que permitan optimizar los resultados de cada establecimiento.
La sanidad animal ocupó un lugar central en el encuentro. Castagnani remarcó la necesidad de sostener la vacunación contra la fiebre aftosa, la prevención de enfermedades y el cumplimiento de los programas sanitarios, especialmente en una provincia de frontera como Misiones.
“La sanidad es una herramienta indispensable para cuidar los rodeos, mejorar la productividad y sostener la actividad ganadera. Necesitamos un trabajo conjunto y permanente entre productores, entidades y organismos sanitarios”, afirmó. Asimismo, se analizaron las oportunidades que presentan los mercados de carne vacuna y la importancia de fortalecer la competitividad de la ganadería misionera mediante tecnología, alimentación, manejo de los rodeos e infraestructura productiva.
El acceso a mejores herramientas de producción y la incorporación de conocimiento resultan determinantes para que los productores puedan responder a las exigencias de una cadena ganadera cada vez más competitiva. Por su parte, el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, y los dirigentes de la FARM destacaron la importancia de continuar profundizando el trabajo institucional en torno a una agenda ganadera provincial.
El encuentro reafirmó el compromiso de CRA y de las entidades rurales misioneras de impulsar el crecimiento de la actividad a través de la genética, la sanidad animal, la tecnología y el intercambio de experiencias entre productores.
Parlamentario – Las dudas que persistían en el inicio de esta jornada finalmente fueron despejadas y el Senado, tras un extenso debate en el recinto, pudo avanzar con la media sanción de la nueva Ley de Biocombustibles. El texto resultó aprobado en general a las 22.17 por 41 votos a favor y 25 en contra. A continuación, se procedió a la votación en particular, donde se realizaron una serie de modificaciones que habían sido consensuadas entre el oficialismo y la oposición dialoguista.
En rigor, durante el debate hubo varios senadores de la oposición que sugirieron ir a un cuarto intermedio para acordar modificaciones. Desde el bloque Justicialista, que esbozó fuertes cuestionamientos -aunque no unánimes- y votó en contra, el primero fue el entrerriano Adan Bahl; luego, hubo varios que sugirieron lo mismo, y con énfasis, en su discurso de cierre, lo pidió José Mayans. Al punto tal que si los cambios que sugería se aceptaban, llegarían a una aprobación unánime, aseguró. Antes de la votación hubo una insistencia en ese sentido, por parte del radical Maximiliano Abad y el propio Mayans, que incluso aseguró que sería de 10 minutos. Pero la moción fue rechazada por 41 votos contra 25.
El texto finalmente aprobado es muy diferente al planteado originalmente por el oficialismo, conforme se aceptaron aportes del conjunto de iniciativas que había y que venían debatiéndose desde el año pasado. Los expedientes impulsados fueron de la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich; la salteña Flavia Royón (Primero Los Salteños); Beatriz Ávila (Independencia); José Carambia y Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz); Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas); Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones); y Jorge Capitanich (Justicialista).
Si bien no se aceptó, como dijimos, ir a un cuarto intermedio, sí se votaron modificaciones durante la votación en particular, que fueron expresadas por el neuquino de La Libertad Avanza Pablo Cervi.
Qué dice el proyecto
El nuevo régimen de biocombustibles prevé una vigencia de 15 años. Actualmente, el marco regulatorio votado en 2021 cuenta con una vigencia hasta 2030. También habilita que las empresas no integradas puedan formar parte de un grupo económico que pasará a competir dentro del segmento abierto del mercado.
Propone, además, la liberación del 3% reservado para las empresas no integradas que no formen parte de esos grupos. Incorporado en las conversaciones finales, cada nuevo entendimiento contempla el diferencial por distancia reclamado por La Pampa y San Luis, modificación que apunta a compensar la desventaja de las plantas ubicadas en el interior frente a las grandes empresas integradas.
De esta manera, se establece el corte obligatorio de biodiésel para gasoil del 5%(vigente) al 7,5% y fija el incremento en 10% un año después de la sanción. Respecto al corte de bioetanol para la confección de nafta, dispone el mantenimiento en 12% y, transcurrido un año desde la promulgación ley, llevarlo al 15%.
Asimismo, quedó fijado que el porcentaje de las empresas no integradas se va a reducir al 5,5% en el 2029; al 5% en el 2030; y al 3% en el 2031. Pero quedó establecido que desde el 2032, el 7% se podrá comercializar entre todas las firmas, artículo que generó la resistencia de los senadores aliados de las provincias del centro. Finalmente, quedó establecido que las empresas no integradas tendrán un piso mínimo a partir del 1° de enero de 2031 hasta 2036 que será del 4%, con lo cual tendrán una porción del mercado garantizada.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, quien podrá “modificar excepcionalmente y mediante resolución fundada el referido porcentaje obligatorio, en función de asegurar el abastecimiento de la demanda ante situaciones comprobadas de escasez que afecten el mercado interno o por cuestiones técnicas y/o de calidad”. “En ningún caso una reducción excepcional podrá extenderse por un plazo mayor a 90 días”, agrega.
Otro de los artículos indicar que “a los fines de garantizar la competencia, la participación por empresa elaboradora no excederá 20% del total de la cantidad anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio durante el año calendario correspondiente”.
A su vez, se faculta a las provincias y la Ciudad a “establecer regímenes de fomento propios habilitando nuevas bocas de expendio que favorezcan la comercialización de manera opcional e incremental de cortes superiores a los mínimos obligatorios”.
Por otra parte, se permite la libre importación de biocombustibles para ser utilizados en mezclas superiores al corte obligatorio y en los casos en los que hubiese faltante de oferta para satisfacer la demanda del corte obligatorio. No obstante, se aclara que “los biocombustibles destinados al cumplimiento del porcentaje de mezcla obligatoria con combustibles fósiles deberán haber sido elaborados en plantas habilitadas instaladas en la República Argentina y a partir de materias primas de origen nacional”.
En el dictamen también se contempla que “a los fines del cumplimiento mensual de la mezcla obligatoria, se deberá instrumentar un sistema de subastas en un Mercado Electrónico que concentre la comercialización de manera única, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente con experiencia comprobada en negociación de productos energéticos, agropecuarios, financieros u otros, y bajo estándares internacionales de comercio”.
Voces en el recinto
Miembro informante fue la senadora salteña Flavia Royón, quien definió al proyecto puesto a consideración como “un paso adelante para el futuro energético productivo y federal de nuestro país”. El mismo, dijo, “busca agregar valor en el interior de nuestro país, potenciar cadenas de valor de nuestros granos, atraer inversiones y desarrollar fuentes de trabajo en el interior”.
La senadora de Primero los Salteños sostuvo que el proyecto propone un marco integral nuevo para una industria que nuestro país conoce, que ya ha invertido y que necesita reglas nuevas que le permitan crecer”.
Recordó que el tema demandó un proceso largo de construcción legislativa, en el que las comisiones consideraron siete proyectos de distintos espacios, en el que se buscó “compatibilizar todas estas iniciativas y ordenar sus aportes. Esta diversidad de antecedentes muestra el interés que hay en las distintas regiones, en los distintos espacios, sobre la materia de los biocombustibles”.
“Este dictamen puede resumirse en una idea: preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías -agregó-. Vamos a pasar de un esquema mucho más regulado, donde el Estado determina quién produce, cuánto produce y a qué precio produce, para ir a un esquema más mercado, porque levanta los cortes, y a un esquema más competitivo, donde sean el mercado y la competitividad las que fijen los precios”.
Flavia Royón precisó que “el proyecto aumenta gradualmente los cortes obligatorios. En el caso del biodiesel, pasa del 7,5 al 10% a partir de los 12 meses, y en el caso del bioetanol, pasa del 12% al 15 a partir de los 12 meses”.
“Pero este dictamen no solo aumenta los cortes, sino también regula cómo se abastecen esos cortes, sino también comercializan estos proyectos y cómo se garantiza una transición ordenada”, puntualizó. Señaló a continuación que “en el caso del bioetanol, se preserva durante la vigencia de la ley la participación de un 6% proveniente de la caña de azúcar, un 6% proveniente del maíz, mientras que el volumen incremental del otro 3% necesario para alcanzar el corte total queda abierto a distintas materias primas admitidas por el régimen”.
En el caso del biodiesel, continuó, también se levanta el corte del 7,5 al 10%, se establece un período de transición hasta el 2036, y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta. Es un esquema que progresivamente reduce la porción reservada a empresas no integradas y amplía gradualmente la competencia en el sector.
Tras detallar todos los artículos que tiene la norma, sostuvo que “llegamos a un dictamen que equilibra y pone a la Argentina en condiciones de lograr otro nivel y otro marco de competitividad para el desarrollo de los biocombustibles en nuestro país”.
El senador puntano Fernando Salino, titular de Justicia Social Federal, desplegó una serie de críticas contra esta nueva Ley de Biocombustibles y señaló que “está mal defienda la autoridad de aplicación”. También sostuvo que “no podemos permitir todas las cosas que este proyecto delega en la reglamentación”.
En un recinto semivacío por las discusiones detrás del telón, Salino criticó que “nadie sabe explicar el corte que lleva del 10% al 15%”, y reiteró: “Hay muchas cosas que quisiéramos corregir. No podemos permitir todas las cosas que este proyecto delega en la reglamentación y que deberían de ser contenidas en la propia ley”.
El legislador entrerriano Adán Bahl expresó sus disidencias porque “no se da la previsibilidad a los inversores, se están cambiando las reglas de juego y las condiciones de inversión”, y cuestionó: “Tenemos que darles la seguridad jurídica a las empresas y en esta ley le damos una respuesta contraria”.
Así, aclaró que con el bioetanol está de acuerdo con el corte, pero no con el biodiesel y la solución es “no cambiarles las condiciones a las empresas del interior de las provincias”. En tanto, adelantó que pedirá una moción de orden “a ver si podemos, en un pequeño cuarto intermedio, buscar un punto de convergencia para una alternativa para que, tanto las empresas grandes y pequeñas empresas, puedan seguir trabajando y seguir sosteniendo los puestos de trabajo”.
En el cierre del debate, el jefe del bloque Justicialista, el formoseño José Mayans, consideró que se trata de un tema “interesante” y recordó que cuando se inició todo “había muchas dudas de si iba a funcionar. Por eso se habló de una mezcla del 5% en cuanto al biodiesel”.
“La ley vigente demostró que funcionó hasta hoy, pero hubo inconvenientes porque en el caso del biodiesel la Argentina produce unas 900 mil toneladas, genera casi 2 mil puestos de trabajo y 8 mil en forma indirecta. Las grandes aceiteras llegaron a exportar un récord en 2017, pero después llegaron los problemas de los aranceles que pusieron Estados Unidos y Europa, pusieron trabas y se cayó el sistema”, comentó.
Mayans cuestionó la iniciativa porque “busca desregular las empresas para el libre mercado”, y comparó: “En el bioetanol estamos todos contentos y de acuerdo”, y recordó que en el gobierno kirchnerista empezó la industria de los biocombustibles que “fue una discusión permanente”.
En esa línea, el formoseño señaló que “tenemos que construir un país con economía pareja” y alertó: “Perdimos 30 mil PyMES en esta gestión, ¿hace falta perder más? Si la ley nuestra sigue funcionando, no veo por qué tanto apuro. Decíamos el 15% y se sostiene el 7.5% para las pequeñas, pero no quieren. Esta ley rompe la previsibilidad”, y solicitó pasar a un cuarto intermedio para “ajustar las cosas” y poder votar así por unanimidad, pero “nos ponemos del lado de las pequeñas empresas”.
Al final del debate, Patricia Bullrich sostuvo que “en el bioetanol estamos dando un salto concreto, pero no hay un aumento de precio porque tiene el mismo precio que el combustible fósil. En consecuencia, ahí el corte obligatorio que es del 12% va a pasar al 15, y podemos proteger la diversidad productiva que construyó esta industria en el marco de una industria que no le aumenta el combustible al consumidor”.
En un pasaje de su discurso, señaló que “tenemos también un mercado que plantea una regla antimonopólica, que ninguna empresa puede superar el 20% del bioetanol comercializado para el corte obligatorio. Por eso es que se buscan más jugadores y más competencia”.
Señaló que “el corte obligatorio era de 5, ahora está en un 7,5, y a los 12 meses va a aumentar a 10, así que le estamos dando un margen importante. Y se prevé un sendero previsible”.
En ese marco Bullrich pidió: “Piensen que estamos en un momento difícil; Argentina prácticamente no ha aumentado las naftas en un momento del mundo en que las naftas están produciendo una gran inflación”, y remarcó que YPF no ha aumentado el precio de los combustibles en los últimos meses.
“Entonces estamos planteando una transición mucho más larga; estamos hablando de 2036, después el resto del mercado se va a ir abriendo a una transición libre”, planteó.
Más adelante aclaró: “No estamos diciéndole a una PyME que mañana se arregle sola, no es así, le estamos dando tiempo le estamos dando volumen, le estamos dando previsibilidad para competir en el mercado que viene, no la estamos dejando tirada”.
Sobre el final, Bullrich reconoció que “hemos tenido intereses muy distintos y hemos logrado llegar a un acuerdo. Por eso nos gustaría que se sumen”, les dijo a los senadores que habían exteriorizado críticas al proyecto. Y recordó que “Santa Fe tiene una realidad; Córdoba tiene otra realidad; Tucumán, Salta y Jujuy tienen la suya; Buenos Aires, La Pampa y San Luis también tienen otras particularidades y era lógico que cada provincia defendiera su sector. Pero el trabajo del Senado no consiste en negar esas diferencias. Construir esta ley nacional es a partir de ellas, por eso este dictamen fue cambiando”.
En otro pasaje aseguró que “esto es win-win, no hay perdedores”.
