En el marco de la reestructuración de la ex AFIP, ahora transformada en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección General Impositiva (DGI), encabezada por Andrés Vázquez desde octubre, aceleró la investigación sobre Tabacalera Sarandí, empresa dirigida por Pablo Otero. El caso, que atraviesa instancias judiciales, involucra una supuesta evasión fiscal de aproximadamente $200.000 millones entre 2018 y mediados de 2024, equivalente a cerca de USD 1.300 millones según cotizaciones promedio.

Cambios estructurales y avances en la fiscalización
Para robustecer la investigación, Vázquez realizó una reestructuración interna desplazando a cuatro funcionarios clave y nombrando a especialistas de su confianza en áreas críticas de control fiscal. Este enfoque busca fortalecer dos grandes frentes: el monitoreo de impuestos internos y la fiscalización tributaria del sector tabacalero. Entre las medidas más significativas destaca la reformulación del sistema de control de estampillas fiscales, ahora con componentes digitales para evitar manipulaciones.

Impacto en el sector tabacalero
Tabacalera Sarandí, conocida por su marca Red Point y un volumen de ventas de 40 millones de atados mensuales, enfrenta acusaciones de subdeclaración de ingresos y evasión del impuesto interno, que grava el 73% sobre el precio de venta al consumidor. Según las autoridades, esta práctica permitió a la empresa ganar una cuota significativa del mercado al ofrecer productos a precios muy inferiores a los de sus competidores.

Un caso emblemático
La deuda de Sarandí incluye omisiones tributarias y amparos judiciales que cuestionan la constitucionalidad del régimen impositivo. Desde ARCA aseguran que este caso es una prioridad, no solo por el monto involucrado, sino por la necesidad de “reducir la indisciplina fiscal en el sector”.

Con más de tres décadas de experiencia en el Estado, Vázquez, experto en fiscalización de grandes contribuyentes, promete profundizar los controles y recaudar lo adeudado. Desde el organismo insisten en que “se acabó la fiesta” para los evasores y subrayan que estas medidas buscan restaurar la equidad en el sistema impositivo.