Ecología ordenó paralizar las obras del kartódromo de Puerto Iguazú por falta de autorización ambiental

El Ministerio de Ecología constató la construcción de infraestructura sin la viabilidad ambiental definitiva en el proyecto “Iguazú Pro Karts”. Se abrió un sumario para determinar responsabilidades.

Obras sin autorización en una zona sensible

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, a través del cuerpo de guardaparques del Parque Provincial Puerto Península, ordenó la paralización inmediata de las obras en el kartódromo “Iguazú Pro Karts”, ubicado en el barrio 2000 Hectáreas de Puerto Iguazú. La medida se tomó tras una inspección que detectó la ejecución de infraestructura sin contar con la autorización ambiental correspondiente, requisito indispensable establecido en la Ley XVI Nº 35 de Evaluación de Impacto Ambiental.

Durante el relevamiento, los inspectores constataron la consolidación de la pista de karting, la instalación de un arco de llegada, soportes para banderines y otras estructuras complementarias, pese a que el proyecto no cuenta con la viabilidad ambiental definitiva.

Evaluación de impacto ambiental incompleta

El Ministerio precisó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue presentado en marzo, pero no se habían cumplimentado los requerimientos técnicos solicitados, ni se presentó el informe de participación ciudadana, instancia obligatoria del proceso de evaluación.

Ante estas irregularidades, las autoridades ordenaron el cese inmediato de todas las actividades y la apertura de un sumario ambiental para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

Protección del entorno del Parque Provincial Puerto Península

Desde la cartera ambiental destacaron que la intervención busca resguardar el equilibrio ecológico en un área de alto valor ambiental como el entorno del Parque Provincial Puerto Península. “Garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales es fundamental para evitar daños irreversibles y asegurar el desarrollo sostenible de las actividades”, subrayaron fuentes del organismo.

La paralización de las obras abre una instancia administrativa clave: la empresa deberá regularizar la documentación técnica, completar la participación ciudadana y obtener la viabilidad ambiental definitiva para retomar los trabajos. De no cumplirse estos pasos, podrían aplicarse sanciones económicas y administrativas, incluso la revocación del proyecto.

La decisión marca un antecedente relevante en la aplicación de la Ley XVI Nº 35 en proyectos privados vinculados al turismo y el deporte en Misiones, reafirmando el rol del Estado como garante del cumplimiento normativo en áreas ambientalmente sensibles.