La Cámara de Diputados de Misiones recibió una presentación formal en la que se pide investigar a dos legisladoras del Frente PAYS, acusadas de haber cobrado pensiones por discapacidad mientras desempeñaban tareas políticas. La solicitud fue elevada por la abogada y candidata a diputada nacional Micaela Soledad Gacek, quien planteó la necesidad de esclarecer posibles irregularidades que generan alarma social y cuestionamientos sobre la transparencia institucional.

El escrito, dirigido al presidente de la Cámara, Oscar Herrera Ahuad, lleva la firma de Micaela Soledad Gacek, abogada, funcionaria del Ministerio de Coordinación General de Gabinete y actual candidata a diputada nacional. En el documento, fechado el 15 de septiembre de 2025, Gacek expresa su “profunda preocupación –y la de una amplia porción de la ciudadanía misionera–” por la situación de la diputada provincial Blanca Alvez y de la diputada electa Elisa Goring, quienes habrían percibido pensiones no contributivas por discapacidad al mismo tiempo que desarrollaban actividades políticas.

La presentación sostiene que el caso reviste gravedad porque se enmarca en un debate nacional sobre la legalidad y la transparencia en la asignación de pensiones por discapacidad. Según el planteo, la utilización indebida de beneficios destinados a sectores vulnerables no solo supone un agravio ético, sino que además encuadra en el delito de fraude contra la administración pública, contemplado en el Código Penal.

En su solicitud, Gacek insta al cuerpo legislativo a que evalúe tres aspectos centrales:

1. La naturaleza y grado de discapacidad que justificó la asignación del beneficio.
2. La compatibilidad entre la percepción de la prestación y las actividades políticas y electorales de las legisladoras mencionadas.
3. La existencia de irregularidades administrativas o delitos que pudieran derivarse de la situación.

Al mismo tiempo, la funcionaria remarcó su apoyo a las personas con discapacidad y reiteró que seguirá trabajando por la protección y promoción de sus derechos. “La utilización indebida de beneficios sociales constituye un agravio ético y penal, que erosiona la confianza en las instituciones”, subrayó en la nota, apuntando a la necesidad de credibilidad institucional que atraviesa a todas las fuerzas en un escenario marcado por la desconfianza ciudadana.