Argentina consolidó en los últimos quince años uno de los sistemas de protección social infantil más extensos de la región, basado en tres herramientas centrales: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y el apoyo alimentario del Plan 1.000 Días. Sin embargo, el nuevo análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) muestra que, aunque estas políticas siguen siendo determinantes para evitar un salto mayor en la pobreza y la indigencia, su capacidad de respuesta está cada vez más tensionada por la inflación, los cambios normativos y la inestabilidad económica.

La primera conclusión es estructural: mientras la pobreza y la indigencia alcanzaban niveles críticos entre 2023 y 2024, el Estado debió sostener un volumen cada vez mayor de transferencias. Hoy se registran más de 7,4 millones de prestaciones, frente a los 4,7 millones de 2009. La AUH y la AUE representan el núcleo más estable del sistema, con más de 4,3 millones de beneficios, mientras que la Prestación Alimentar y el apoyo alimentario del Plan 1.000 Días completan una red que creció en paralelo al deterioro social. No se trata de una ampliación impulsada por mejores condiciones económicas, sino por la necesidad de contener a una población más vulnerable.

En términos presupuestarios, estas políticas ocuparon un lugar cada vez más relevante. La inversión social en niñez y adolescencia volvió a estabilizarse en torno al 1% del PBI, un nivel similar al registrado durante la pandemia. La AUH recuperó participación en 2024 y 2025, tras años de caída; la Prestación Alimentar adquirió peso propio desde la pandemia y continúa siendo uno de los programas más masivos; y el Plan 1.000 Días, aunque de menor magnitud relativa, se multiplicó en valor y alcance.

La evolución del poder adquisitivo de estas prestaciones muestra un comportamiento desigual. La AUH, que había tocado su mínimo real a finales de 2023, logró una recuperación significativa a partir de un aumento extraordinario y del nuevo esquema de actualización mensual por inflación. Gracias a esa combinación, alcanzó uno de los valores reales más altos de su serie histórica.

La situación es muy distinta para la Prestación Alimentar. Al depender exclusivamente de aumentos discrecionales -y no de una fórmula automática de movilidad-, su valor real sufrió un deterioro persistente desde 2022. Cada incremento nominal se vio rápidamente erosionado por la inflación, lo que dejó a las familias con un nivel de protección alimentaria sensiblemente menor que en los años de mayor refuerzo estatal.

El apoyo alimentario del Plan 1.000 Días muestra un recorrido inverso. Tras funcionar durante su primera etapa como una prestación de muy bajo valor real, registró un salto abrupto en 2024, cuando un aumento del 500% redefinió su escala. Desde entonces, la indexación mensual permitió preservar ese nuevo nivel, transformándolo en un componente mucho más robusto del esquema de seguridad alimentaria en la primera infancia.

El impacto de estas prestaciones en el mapa social es contundente. Según las simulaciones de la OPC, sin AUH, Prestación Alimentar y Plan 1.000 Días, la indigencia sería 82% más alta. La incidencia sobre la pobreza también es significativa: estos programas evitan que más de 1,5 millones de personas caigan por debajo del umbral. En el caso específico de la indigencia, la red de protección estatal impide que 2,67 millones de personas -y más de 600 mil hogares– queden sin ingresos suficientes para cubrir siquiera la canasta básica alimentaria.

El informe concluye que, en su diseño actual, estas políticas funcionan como un “piso transicional” de ingresos más que como un mecanismo estructural de reducción de la pobreza. Su eficacia depende tanto de su capacidad de mantener el poder adquisitivo como de la evolución de la macroeconomía. Y allí reside el principal desafío: sin crecimiento y sin estabilidad, la expansión de la red asistencial seguirá siendo un reflejo de la emergencia social, no el resultado de una mejora sistémica.

En síntesis, la Argentina sostiene una red que evita un deterioro mucho más profundo, pero lo hace en un contexto donde la inflación y la fragilidad económica obligan a ajustes permanentes. La protección a la niñez —más numerosa dentro de los sectores pobres e indigentes— se mantiene como una prioridad ineludible, pero su futuro dependerá de si la política económica logra generar las condiciones para que este andamiaje se vuelva menos reactivo y más sostenible.