El Parlamento Europeo decidió prorrogar la entrada en vigencia del Reglamento 1115/2023, la normativa que exige que una serie de productos de exportación ingresen al mercado europeo libres de deforestación y degradación forestal. El aplazamiento ofrece un margen temporal adicional, pero no despeja las preocupaciones del sector agropecuario argentino.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) señalaron que la Unión Europea debe revisar el alcance del reglamento para permitir que cada país gestione el uso de sus recursos naturales conforme a sus propias regulaciones, tal como ha ocurrido históricamente. Además, remarcaron que la categorización de riesgo asignada a la Argentina -catalogada como Riesgo Bajo– solo debería exigir como objetivo el freno a la deforestación ilegal, sin incorporar restricciones adicionales.

Cuestionamientos a la “diligencia debida”

La entidad rural también reclamó eliminar la obligación de “diligencia debida” que impone la normativa europea. Según la SRA, ese requisito trasladará sobrecostos a las cadenas de abastecimiento, que terminarán impactando en mayores precios para los consumidores europeos y podrían generar presiones inflacionarias sobre los alimentos.

“Las cargas administrativas y financieras asociadas a este esquema no solo afectan la competitividad de nuestras exportaciones, sino que distorsionan el funcionamiento del comercio internacional”, advirtieron.

La SRA sostuvo que la Argentina cuenta con herramientas y sistemas para demostrar el cumplimiento de los estándares ambientales requeridos por la Unión Europea, pero enfatizó que las exigencias deben aplicarse de forma transparente, simple y previsible. “Las dilaciones y la falta de certidumbre no favorecen el comercio ni fortalecen la relación institucional entre la Argentina y la Unión Europea”, señaló la entidad.

El sector exportador agroindustrial sigue con atención la evolución del reglamento, que impacta particularmente en cadenas como carne bovina, soja, cuero, cacao, café y madera. La prórroga abre una ventana de negociación, pero deja claro que la discusión sobre los criterios ambientales seguirá en el centro de la agenda entre Bruselas y los países productores.