La principal operadora del transporte público de Corrientes, ERSA obtuvo la aprobación del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por parte de la autoridad laboral provincial, habilitando suspensiones y medidas de ajuste en medio de un frágil equilibrio financiero. La decisión profundiza la incertidumbre entre los choferes, que este jueves denunciaron nuevas prácticas laborales y alertaron sobre la posibilidad de que no se paguen el aguinaldo ni los salarios de diciembre.

Una concesionaria clave en crisis: alcance y efectos del PPC aprobado por la Provincia

La empresa ERSA, principal prestataria del sistema de transporte público de pasajeros de la ciudad de Corrientes, fue autorizada por el área laboral provincial a ingresar al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Esta herramienta, contemplada en la legislación laboral argentina, permite a las compañías en dificultades económicas aplicar medidas de flexibilización y ajustes bajo supervisión estatal.

Según se informó, un cuadro similar también fue aprobado para la operación que la firma mantiene en Resistencia (Chaco).

El PPC habilita a la compañía a avanzar en suspensiones, reorganizaciones operativas y modificaciones temporarias de las condiciones laborales, con el objetivo declarado de evitar despidos y sostener la continuidad del servicio. Sin embargo, el impacto inmediato recae sobre los trabajadores, quienes desde la mañana de este jueves elevaron reclamos en la sede local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Reclamos gremiales, recortes y riesgo salarial: la tensión con los choferes

Los trabajadores denunciaron ante el gremio la implementación de una nueva categoría operativa interna denominada “chofer sin servicio asignado”. La modalidad implica que el conductor no realiza tareas en su jornada, pero tampoco cobra el día, afectando adicionalmente el presentismo. Si este esquema se repite de forma consecutiva, puede derivar en pérdidas significativas del salario mensual, según advirtieron los conductores.

Los choferes calcularon que la medida puede producir descuentos de hasta $400.000 por trabajador, una cifra que refleja el severo ajuste que la empresa intenta ejecutar para reducir costos operativos.

El conflicto se agrava en un contexto de tarifas actualizadas: las compañías prestatarias de Corrientes aplican desde este mes una nueva tarifa urbana de $1.890 por pasaje, un valor que buscaba recomponer ingresos frente a la inflación y la reducción de subsidios nacionales.

Pese a ello, los trabajadores afirmaron que dentro de la empresa circulan rumores sobre la imposibilidad de pagar el aguinaldo de diciembre y la totalidad de los salarios correspondientes, lo que intensifica la preocupación sindical y anticipa un escenario de potencial conflictividad.

Un sistema urbano con fragilidad estructural

La entrada de ERSA al Procedimiento Preventivo de Crisis reabre el debate sobre la sostenibilidad financiera del transporte urbano en el Nordeste: Dependencia de subsidios, que disminuyeron en términos reales. Tarifas que crecen por encima del poder adquisitivo, pero no alcanzan a cubrir los costos. Fuerte presión salarial, en un sector intensivo en mano de obra. Desgaste de flotas y mayores gastos operativos, que tensionan aún más las ecuaciones económicas.

Aunque el PPC busca evitar un impacto mayor sobre el servicio público, especialistas del sector anticipan negociaciones complejas entre la empresa, la UTA y las autoridades municipales y provinciales.

La disputa salarial y los riesgos de incumplimientos podrían activar medidas de fuerza si no se logra una solución en el corto plazo, especialmente en un mes donde el pago del aguinaldo es clave para miles de familias trabajadoras.