Las dos imágenes comparadas muestran, con una contundencia difícil de ignorar, uno de los problemas que hoy desvela al comercio formal argentino: el ingreso irregular de mercaderías al país y su comercialización a través de plataformas digitales con precios imposibles de replicar para quienes cumplen la ley.

Se trata del mismo producto -una mesa de centro de estilo moderno mid-century, con tapa elevable y espacio de almacenamiento- ofrecido en dos mercados distintos. En una publicación orientada al exterior, el mueble se vende a 114 dólares, con un descuento del 53 por ciento y envío gratuito. En la versión destinada al mercado argentino, el mismo artículo aparece con un precio de 2.121.757 pesos, también con envío gratis, pero ya marcado como “agotado”.

La diferencia no es meramente cambiaria. Incluso considerando impuestos, costos logísticos y aranceles, la brecha resulta extrema y plantea un interrogante central: ¿Cómo llegan estos productos al mercado local y bajo qué condiciones?

La escena descripta encaja de lleno con la advertencia que viene formulando la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que manifestó nuevamente su preocupación por el incremento del ingreso irregular de mercaderías al país. Según la entidad, este fenómeno no solo distorsiona la comercialización, sino que impacta de manera directa sobre la producción nacional, el empleo y la recaudación fiscal.

Cada producto que ingresa por fuera de los canales formales representa impuestos que no se pagan: derechos de importación, IVA e impuestos internos, entre los más relevantes. La consecuencia es doblemente negativa: el Estado pierde recursos y las empresas que operan legalmente quedan expuestas a una competencia desleal imposible de enfrentar.

Las advertencias de la CAC

La CAC advierte, además, que muchas de estas mercaderías -en especial bienes durables como electrodomésticos, equipos electrónicos o mobiliario importado- no cumplen con las certificaciones obligatorias, carecen de homologaciones técnicas y se venden sin garantía oficial ni soporte postventa.

En el caso de los productos eléctricos o electrónicos, el riesgo es aún mayor: incumplimientos de normas de seguridad, ausencia de certificaciones y vulneración directa de las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial. El precio bajo, en estos casos, suele esconder costos futuros que terminan siendo absorbidos por el usuario final.

Un elemento clave del fenómeno es el canal de venta. La comercialización en línea permite que vendedores irregulares aprovechen la visibilidad de marcas internacionales, sin asumir los costos fiscales ni regulatorios que sí enfrenta el comercio formal. El resultado es una oferta atractiva en precio, pero construida sobre una base ilegal.

Para la CAC, esta dinámica genera ingresos extraordinarios y libres de impuestos para los vendedores informales, mientras erosiona la rentabilidad de empresas que invierten, generan empleo y cumplen con el marco normativo vigente.

Frente a este escenario, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios sostiene que resulta imprescindible profundizar los controles en los pasos fronterizos, así como fortalecer la fiscalización sobre vendedores y revendedores, tanto en locales físicos como en plataformas digitales.

La entidad remarca que solo una acción coordinada de los organismos públicos permitirá mejorar la detección de ingresos irregulares, asegurar el cumplimiento de la ley y restablecer condiciones de sana competencia en el mercado interno.