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ARCA extiende hasta fin de año el alivio fiscal para importaciones sobre bienes esenciales e insumos PyME

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 las excepciones a los regímenes de percepción del IVA y del Impuesto a las Ganancias para determinadas importaciones PyME. La medida sostiene un beneficio financiero para bienes de primera necesidad e insumos destinados a micro, pequeñas y medianas empresas, reduciendo el costo de nacionalizar mercadería.

La Resolución General 5868, publicada este lunes en el Boletín Oficial, extiende por otros seis meses un régimen excepcional que debía finalizar el 30 de junio. La decisión alcanza tanto a la importación de determinados bienes de consumo considerados esenciales como a diversos insumos productivos destinados a empresas que cuenten con el Certificado MiPyME vigente.

El cambio no implica una reducción permanente de la carga tributaria. Las percepciones de IVA y Ganancias funcionan como pagos a cuenta de impuestos futuros. Sin embargo, su eliminación temporal mejora el flujo de fondos de las empresas, ya que evita inmovilizar recursos financieros al momento de ingresar mercadería al país.

Para el entramado productivo del NEA, donde predominan pequeñas y medianas industrias con limitada capacidad de financiamiento, el beneficio adquiere una dimensión que excede lo tributario. Sectores como la forestoindustria, la metalmecánica, la elaboración de alimentos, la producción de envases y otras actividades manufactureras que dependen de componentes importados reducen el costo financiero asociado a cada operación de comercio exterior.

La resolución mantiene vigente la política implementada originalmente mediante la Resolución General 5490 y posteriormente ampliada para incorporar insumos destinados exclusivamente a MiPyME. El Gobierno fundamentó la nueva prórroga como parte de la continuidad de su estrategia económica, considerando conveniente sostener las excepciones hasta el 31 de diciembre de 2026.

Desde la perspectiva empresarial, la diferencia resulta significativa porque las percepciones aduaneras suelen representar una salida inmediata de fondos que recién puede recuperarse al momento de liquidar impuestos, proceso que en muchos casos demanda varios meses. La suspensión de ese anticipo mejora el capital de trabajo disponible para financiar producción, reponer stock o afrontar otras obligaciones operativas.

Las principales implicancias de la medida son:

  • Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la exclusión de determinados bienes importados de los regímenes de percepción de IVA y Ganancias.
  • Continúa el beneficio para insumos productivos destinados a MiPyME que posean vigente el Certificado MiPyME.
  • Disminuye el costo financiero de las importaciones, al eliminar pagos anticipados que luego se computan como crédito fiscal o pago a cuenta.
  • La resolución entra en vigencia de forma inmediata, evitando interrupciones entre el vencimiento del régimen anterior y la nueva extensión.

Aunque el beneficio no modifica la estructura impositiva de fondo, sí reduce uno de los principales costos financieros asociados al comercio exterior. Para las empresas importadoras, especialmente aquellas con menor espalda financiera, la previsibilidad sobre este régimen facilita la planificación de compras durante el segundo semestre del año.

Lo que habrá que seguir de cerca será si esta política transitoria evoluciona hacia un esquema permanente o si volverá a revisarse a fines de diciembre. La decisión tendrá impacto directo sobre la competitividad de las cadenas productivas que dependen de insumos importados y sobre la capacidad de las MiPyME para sostener niveles de inversión y producción en un contexto de márgenes ajustados.

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La UIA reclama cambios al “Súper RIGI”: pide más contenido nacional y alerta por la presión fiscal sobre la industria

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Mientras el Gobierno busca acelerar la aprobación del denominado “Súper RIGI” en la Cámara de Diputados como una de las piezas centrales de su estrategia para atraer inversiones, la Unión Industrial Argentina (UIA) decidió fijar posición y plantear modificaciones al proyecto. La principal entidad fabril del país respaldó la necesidad de promover nuevas inversiones, pero advirtió que el régimen debe incorporar mecanismos concretos que garanticen una mayor participación de la industria nacional y de los proveedores locales.

La discusión no es menor. El oficialismo aspira a convertir al “Súper RIGI” en una herramienta para captar grandes desembolsos de capital en sectores estratégicos, ampliando los beneficios ya previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Sin embargo, desde la UIA sostienen que el desafío no pasa únicamente por atraer inversiones, sino por maximizar su impacto sobre el entramado productivo argentino.

Durante la reunión de Junta Directiva de la entidad, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, remarcó que la llegada de nuevas inversiones debe transformarse en una oportunidad para fortalecer cadenas de valor locales, generar empleo calificado y promover la transferencia tecnológica. En ese sentido, planteó una definición de fondo: si la Argentina necesita regímenes de excepción para atraer capitales, el problema estructural sigue siendo la falta de condiciones competitivas para el conjunto de la industria.

Con esa lógica, la central fabril propuso incorporar al “Súper RIGI” una exigencia mínima de contenido nacional. La iniciativa consiste en replicar el piso obligatorio del 20% de inversión que ya contempla el régimen vigente, pero orientándolo exclusivamente a bienes con valor agregado local. El objetivo es evitar que ese porcentaje se diluya en contrataciones que inevitablemente deben realizarse en el mercado interno y garantizar una participación efectiva de fabricantes nacionales en los grandes proyectos de inversión.

Además, la UIA impulsa la creación de esquemas de integración progresiva. La propuesta apunta a que, a medida que los emprendimientos avancen desde la etapa de construcción hacia la operación, se incremente gradualmente la participación de proveedores argentinos. Para ello, también reclama reglas claras que permitan verificar objetivamente la existencia de oferta local competitiva en términos de precio, calidad y disponibilidad.

La posición de la entidad industrial surge en un contexto donde conviven expectativas por la recuperación económica con señales de preocupación en varios sectores manufactureros. De acuerdo con los datos presentados por el Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad industrial registró en mayo una caída interanual del 0,8%, con desempeños particularmente negativos en ramas de alto impacto productivo como la automotriz (-21%), la metalmecánica (-5%) y bebidas (-14%).

Pero el debate sobre el “Súper RIGI” estuvo acompañado por otra preocupación recurrente del sector: la presión tributaria. Durante el encuentro, la entidad presentó un informe sobre la carga fiscal que enfrenta la producción formal y advirtió que miles de pequeñas y medianas empresas continúan operando bajo condiciones que deterioran su competitividad frente a competidores internacionales.

Según el análisis de la UIA, la industria aporta el 27% de la recaudación tributaria nacional y enfrenta una estructura de costos agravada por impuestos provinciales y municipales. Particularmente, la entidad puso el foco sobre el financiamiento productivo. En promedio, las provincias aplican una alícuota del 9% de Ingresos Brutos sobre la intermediación financiera, mientras que las tasas municipales agregan otro 6%. Sumados los impuestos de sellos y otras cargas, el sobrecosto tributario sobre el crédito puede alcanzar el 20%, encareciendo el acceso al financiamiento y afectando especialmente a las pymes.

La advertencia adquiere especial relevancia para provincias industriales y agroindustriales del interior, donde el acceso al crédito resulta determinante para sostener inversiones, capital de trabajo y empleo. En regiones como el NEA, donde predominan las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la producción primaria, la industria forestal y los servicios, el costo financiero se ha convertido en una de las principales barreras para la expansión de la actividad.

La discusión sobre el “Súper RIGI” expone así una tensión de fondo dentro del modelo económico actual. Mientras el Gobierno apuesta a la apertura de nuevos flujos de inversión y a la estabilidad macroeconómica como motores del crecimiento, la industria reclama que esos incentivos extraordinarios se traduzcan en desarrollo local, generación de proveedores y fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales. La batalla legislativa que comenzará en Diputados no solo definirá el alcance de un régimen promocional, sino también el perfil que tendrá la política industrial argentina en los próximos años.

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Comercio exterior: ARCA amplía el uso de declaraciones juradas como garantía y reduce costos financieros para importadores y exportadores

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La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5864/2026 y modifica el régimen de garantías aduaneras vigente para incorporar más destinaciones suspensivas al esquema habilitado por el Decreto 838/2025. La novedad radica en que determinadas operaciones podrán respaldarse mediante una declaración jurada o documento suscripto por el operador, evitando la necesidad de constituir instrumentos financieros más costosos como seguros de caución, avales bancarios o depósitos en efectivo.

Para las empresas exportadoras e importadoras, especialmente las pymes, el cambio representa una mejora concreta en la administración del capital de trabajo. Las garantías aduaneras suelen inmovilizar recursos financieros o generar costos asociados a entidades bancarias y aseguradoras. La posibilidad de sustituir parte de esos instrumentos por declaraciones juradas reduce barreras operativas y mejora la liquidez disponible para la actividad productiva.

Las garantías constituyen uno de los requisitos habituales en regímenes suspensivos de importación y exportación. Su función es proteger el interés fiscal frente a eventuales incumplimientos de obligaciones aduaneras.

Hasta ahora, muchas operaciones exigían la contratación de pólizas, avales o instrumentos financieros que implicaban gastos adicionales para las empresas. La ampliación dispuesta por ARCA busca ofrecer una alternativa de menor costo administrativo y financiero sin modificar las facultades de fiscalización del organismo.

La resolución actualiza el cuadro de garantías aceptables previsto en la Resolución General 3885, incorporando nuevas operaciones alcanzadas por el mecanismo de declaración jurada sistémica. Entre ellas aparecen distintos regímenes vinculados al tránsito aduanero y otras destinaciones suspensivas contempladas en la normativa vigente.

Una tendencia hacia la simplificación regulatoria

La resolución se inscribe dentro de una estrategia más amplia orientada a reducir costos de cumplimiento sin desmantelar controles.

ARCA destaca que la declaración jurada se incorpora como una alternativa válida, pero mantiene intactas las facultades de control y verificación del organismo. El objetivo es reemplazar exigencias financieras por mecanismos basados en trazabilidad digital y evaluación de riesgo, una tendencia que se observa en varios sistemas aduaneros modernos.

Para los operadores con historial de cumplimiento, la modificación representa una señal de mayor confianza regulatoria. Para la administración aduanera, implica avanzar hacia esquemas de control más focalizados y menos dependientes de requisitos formales que encarecen la actividad económica.

Qué cambia para las empresas

Entre los principales efectos de la medida se destacan menor inmovilización de recursos financieros. Reducción de costos por seguros de caución y avales bancarios. Simplificación de trámites aduaneros. Mayor accesibilidad para pymes exportadoras e importadoras. Agilización de operaciones bajo regímenes suspensivos. Mantenimiento de los controles fiscales y aduaneros.

El beneficio será particularmente visible en operadores que realizan múltiples destinaciones durante el año y que hasta ahora debían constituir garantías recurrentes para sostener su actividad.

La ampliación del uso de declaraciones juradas como garantía constituye un paso adicional en la desburocratización del comercio exterior. El impacto real dependerá del alcance operativo que tenga la implementación y de la cantidad de regímenes que efectivamente adopten este mecanismo. Para el sector productivo, la variable clave será si la reducción de costos administrativos logra traducirse en una mejora tangible de la competitividad exportadora y en una menor necesidad de capital inmovilizado en trámites aduaneros.

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Aduanas redefine la clasificación de diez productos y aporta mayor previsibilidad al comercio exterior

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La Dirección General de Aduanas avanzó con una nueva actualización de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), incorporando criterios de clasificación para diez mercaderías que abarcan desde insumos industriales y productos químicos hasta maquinaria, artículos plásticos y componentes textiles. Aunque se trata de una medida de carácter técnico, su impacto alcanza directamente a importadores, exportadores, despachantes y sectores productivos que dependen de una correcta determinación arancelaria para planificar costos y operaciones.

La Resolución General 5857/2026 oficializó los criterios de clasificación 16/26 al 25/26, emitidos tras consultas específicas realizadas por operadores económicos. El objetivo es establecer con precisión la posición arancelaria de cada producto dentro de la Nomenclatura Común del Mercosur, una definición que determina derechos de importación, eventuales beneficios tributarios, requisitos regulatorios y controles aduaneros.

Para el sector privado, la relevancia de estas decisiones radica en que una clasificación incorrecta puede derivar en ajustes fiscales, multas, demoras logísticas o controversias con la autoridad aduanera. La resolución aporta seguridad jurídica al fijar criterios oficiales que luego sirven como referencia para futuras operaciones similares.

Entre los productos clasificados aparecen insumos vinculados a la industria manufacturera, la construcción, la química especializada y la maquinaria agrícola.

Uno de los casos de mayor relevancia industrial corresponde a una tela cauchutada de alta resistencia utilizada en aplicaciones técnicas, que fue ubicada en la posición arancelaria 5906.99.00. También se clasificó una zeolita sintética tipo chabasita —utilizada en procesos químicos e industriales— dentro de la partida 2842.10.90.

La resolución incorpora además la clasificación de una cortadora de césped autopropulsada profesional de 23 HP, destinada al mantenimiento de grandes superficies, que fue encuadrada en la posición 8433.11.00 correspondiente a maquinaria para corte de césped.

Desde el punto de vista productivo, este tipo de definiciones resulta especialmente relevante para fabricantes, importadores y distribuidores de equipamiento, ya que permite conocer con anticipación el tratamiento aduanero aplicable.

Impacto para la industria, la logística y los importadores

La actualización también alcanza productos de uso masivo y componentes utilizados en procesos industriales.

Entre ellos figuran:

  • Contenedores plásticos de uso doméstico clasificados en la posición 3924.90.00.
  • Cintas textiles utilizadas en la confección de lencería clasificadas en la posición 6307.90.90.
  • Componentes para sistemas de cierre tipo velcro destinados a pañales descartables ubicados en la posición 3926.90.90.
  • Anteojos de sol sin montura clasificados en la posición 9004.10.00.
  • Instrumentos de trazado utilizados en construcción incluidos en la posición 9017.20.00.

Cada una de estas definiciones repercute sobre cadenas de abastecimiento que dependen de insumos importados o de exportaciones con valor agregado.

Una posición arancelaria correcta permite calcular costos reales de importación, evaluar oportunidades de exportación y evitar contingencias fiscales posteriores. También mejora la previsibilidad para inversiones en equipamiento o incorporación de nuevas tecnologías.

En un contexto donde la competitividad depende cada vez más de la eficiencia logística y del acceso a mercados internacionales, las resoluciones de clasificación funcionan como una herramienta de ordenamiento técnico que reduce incertidumbre para los operadores.

La publicación de estos criterios confirma una tendencia creciente hacia una mayor precisión técnica en la administración aduanera. Para las empresas, el desafío no pasa únicamente por conocer las alícuotas que pagan sus productos, sino por verificar que la clasificación utilizada en cada operación coincida con los criterios oficiales vigentes. En un escenario de creciente apertura comercial, la gestión aduanera se convierte en una variable estratégica tan importante como el costo financiero o la logística internacional.

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Economía para la economía real

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Por Jamieson Greer / F&D FMI – Durante aproximadamente 30 años, los aranceles y la regulación de importaciones fueron parias políticos. Parafraseando la frase del escritor inglés G.K. Chesterton sobre el cristianismo: Los aranceles no se probaron ni se consideraron insuficientes, sino rechazados por los modelos económicos actuales y sin probar. Los responsables políticos, temerosos de desafiar el consenso de élite derivado de tales modelos, cerraron el universo de opciones y estrategias para resolver los desafíos de Estados Unidos. Pero el presidente Donald Trump ha cambiado eso y, al hacerlo, ha hecho un regalo a los economistas. El regreso de los aranceles y las regulaciones de importación crea una oportunidad para actualizar viejas suposiciones y modelos anticuados con la evidencia sólida de datos y experiencias reales.

Es interesante que estas políticas llegaran a ser inaccesibles. Los arquitectos del sistema económico internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial conocían los riesgos del comercio sin restricciones, como los importantes desequilibrios comerciales o las peligrosas dependencias de importaciones. Estos arquitectos priorizaron la soberanía nacional y la seguridad como objetivos iguales junto con la prosperidad generalizada. El Acuerdo General sobre Aranceles Aranceles y Comercio fue negociado deliberadamente para permitir un uso robusto de aranceles con el fin de garantizar la seguridad esencial, prevenir daños a las industrias nacionales, responder a la competencia desleal, fomentar el desarrollo económico y abordar los desafíos de la balanza de pagos. El Comité Coordinador para el Control Multilateral de Exportaciones alineó las políticas de control de exportaciones en Estados Unidos y sus aliados para presentar un frente económico común frente a la Unión Soviética y sus satélites. Los acuerdos plurilaterales, como el Acuerdo Internacional del Estaño, gestionaban activamente el comercio de materias primas clave para salvaguardar las cadenas de suministro.

Para los años 90, responsables políticos, economistas y líderes empresariales habían olvidado las sutilezas y el pragmatismo de sus antepasados, sin darse cuenta de que existen buenas razones para preservar la capacidad de los países para gestionar sus relaciones comerciales según los intereses nacionales. En los días intensos tras la caída del Muro de Berlín, hubo una prisa por adoptar la simplicidad de la hiperglobalización: ¿No sería mejor para todos los pueblos del mundo eliminar por completo las barreras comerciales? Y así nacieron la Organización Mundial del Comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y nuestra situación actual.

Se pensaba que este enfoque traería paz y prosperidad, pero en realidad solo permitía a las multinacionales perseguir subvenciones y normas laborales y medioambientales débiles en todo el mundo. En Estados Unidos, los votantes se volvieron más escépticos al ver cómo los empleos de clase trabajadora se trasladaban al extranjero, y los economistas respondieron con métodos altamente cuantitativos para calcular, a menudo con falsa precisión, enormes avances teóricos que se lograban dejando entrar avalanchas de importaciones. Y, al mismo tiempo, muchos otros países mantuvieron altos tipos arancelarios y barreras no arancelarias. Adiós al optimismo posterior a la Guerra Fría.

Cuando el presidente Trump asumió el cargo por primera vez, la brecha entre teoría y práctica era demasiado grande para ignorarla. Los estadounidenses perdieron millones de empleos manufactureros de alta calidad, más de 70.000 plantas cerraron, los salarios de la clase trabajadora quedaron atrás, la base industrial se debilitó, la innovación se ralentizó, la productividad real en la manufactura disminuyó y las comunidades de todo el país resultaron perjudicadas. El déficit comercial de bienes se disparó hasta 1,2 billones de dólares anuales, lo que a su vez alimentó el déficit insostenible por cuenta corriente del país.

Escribiendo con humildad en 1933, pues representaba un cambio en sus opiniones, John Maynard Keynes expresó dudas sobre “si la pérdida económica de la autosuficiencia nacional es lo suficientemente grande como para superar las demás ventajas de llevar gradualmente el producto y el consumidor dentro del ámbito de la misma organización nacional, económica y financiera.” Esto supuso un punto de inflexión para Keynes, que se convirtió en uno de los defensores más vocales de mecanismos más fuertes de regulación comercial en las negociaciones de Bretton Woods. Mientras el presidente Trump está creando un nuevo orden económico internacional —basado en el equilibrio, la reciprocidad, la justicia y la resiliencia— es hora de que la profesión económica tome ejemplo de Keynes y se adapte al mundo tal y como es, en lugar de como nosotros quisiéramos que fuera.

Suposiciones erróneas

En ningún lugar es más necesario ponerse al día que en la modelización económica. Los modelos que normalmente se utilizan para predecir los efectos de la política comercial presentan muchos puntos ciegos. A menudo asumen el pleno empleo y transiciones laborales sin contratiempos entre industrias y geografías. Los modelos no reflejan la complejidad de los enlaces de la cadena de suministro y se centran principalmente en las ganancias de eficiencia a largo plazo, definidas como la capacidad de adquirir productos al menor coste posible. Tales avances teóricos se tratan como bienes sociales puros. Estos modelos en su mayoría asumen realidades que la gente normal, o los profesionales como yo, experimentamos a diario.

La economía rara vez funciona con pleno empleo. La disminución de la participación en la fuerza laboral en regiones concretas o en grupos demográficos específicos, incluidos los hombres de clase trabajadora, son prueba de ello. Los costes de transición también son reales y graves. Por ejemplo, David Autor y otros han rastreado lo que ocurrió con los trabajadores estadounidenses y las ciudades más expuestas al “Shock de China”. La movilidad geográfica disminuyó en los lugares expuestos al comercio. La reasignación intersectorial de antiguos trabajadores manufactureros fue mínima. Cuando finalmente volvieron los empleos, eran trabajos de menor cualificación y pasaron a otras personas. Los trabajadores manufactureros en funciones, a menudo hombres negros y blancos en ciudades medianas o pequeñas, nunca recuperaron sus ingresos. Envejecieron en su lugar y no, como animaba la élite política estadounidense, a Phoenix para convertirse en trabajadores de atención domiciliaria ni a Seattle para programar software.

El coste se puede medir en vidas humanas—y esto no es una exageración. Un estudio reciente de Amy Finkelstein y coautores encontró que las zonas con exposición media a la competencia de importaciones mexicanas bajo el TLCAN experimentaron un aumento sostenido del 0,68 por ciento en la mortalidad anual ajustada por edad. Los daños se concentraron entre los hombres en edad laboral y se distribuyeron entre la mayoría de las principales causas de muerte. Los autores descubrieron que este impacto en la mortalidad más que borró las ganancias de bienestar identificadas en un análisis económico líder del TLCAN, convirtiendo el acuerdo en una pérdida neta mortal para las personas a las que se suponía debía ayudar.

Muchos modelos tampoco tienen en cuenta los vínculos a nivel sectorial que influyen en cómo cambian los flujos comerciales bajo las reglas de origen en los acuerdos comerciales modernos. A menudo no recopilamos las estadísticas necesarias para permitir un análisis empírico más preciso, incluyendo la dinámica de la cadena de suministro. Además, las limitaciones en los enfoques estadísticos o de modelización alimentan narrativas políticas falsas. Por ejemplo, investigaciones de Susan Houseman han encontrado que los tan anunciados avances en la producción manufacturera estadounidense se deben a cómo medimos el aumento de la potencia de cálculo, no a la producción real de más materiales. Teniendo en cuenta las cifras distorsionadas de la industria informática, la producción manufacturera real en EE. UU. cayó un 6 por ciento entre 2007 y 2016.

Logrando el equilibrio

El argumento tradicional a favor del libre comercio sin restricciones presentado por los economistas se fundamentaba en el principio de ventaja comparativa. Es absolutamente cierto y no trivial que la especialización aporta eficiencia. Sin embargo, la economía contemporánea debe tener en cuenta un mundo donde las economías de escala y la intervención gubernamental se combinan para crear desequilibrios estructurales comerciales desvinculados de la ventaja comparativa. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos, con la tierra de cultivo más abundante del mundo, tenga un déficit comercial en la agricultura? ¿Cómo puede ser que Corea del Sur—con recursos energéticos limitados, sin carbón y sin mineral de hierro—se convirtiera en una potencia siderúrgica? Las intervenciones económicas de los países han manipulado la economía global de manera que persistentemente han dejado a algunos países en déficit y a otros en superávit. Esto no es saludable para los países de ninguna de las dos categorías.

Investigaciones recientes del FMI han encontrado que los persistentes desequilibrios comerciales perjudican a las economías deficitarias y benefician a las superávidas al reasignar las ganancias de productividad. El Banco de Inglaterra planteó un punto más preciso: cuando un país “combina la política industrial con diferentes formas de supresión del consumo —como redes de seguridad social débiles, controles de capital o un alto ahorro preventivo— las subvenciones generan superávits comerciales persistentes y se convierten en una política de mendigo al vecino con consecuencias internacionales negativas.” La administración Trump no podría haberlo dicho mejor.

El FMI reconoció recientemente que los desequilibrios son “concentrados y persistentes” y están impulsados al menos en parte por políticas de países excedentes. En su informe más reciente del Artículo IV, el FMI lanzó la alarma sobre el déficit por cuenta corriente de EE. UU. (impulsado principalmente por el déficit comercial), señalando que la posición negativa resultante en inversión internacional neta “aumenta el riesgo de un eventual desorden externo desordenado.”

Pero, para abordar este problema, el FMI recomienda soluciones insostenibles y escandalosas: aumentos fiscales a gran escala (incluido un impuesto federal sobre las ventas del 10 por ciento) y medidas de austeridad (incluyendo recortes profundos en programas populares de prestaciones sociales). Reconocen que esto, en el mejor de los casos, tendría solo un efecto moderado, mientras que también requeriría que los países con excedente tomen medidas para aumentar la demanda. ¿La recomendación del FMI para lograr eso? “Trabajar de forma constructiva con los socios comerciales” para abordar “las preocupaciones sobre la equidad del sistema comercial global.” Los crecientes desequilibrios de la última década demuestran la ineficacia de pedir amablemente cambios económicos estructurales.

Modelos equivocados

¿Por qué el FMI recomienda políticas drásticas e impopulares mientras critica el enfoque arancelario de la administración Trump? La respuesta reside, en parte, en supuestos del modelo. El modelo Global Integrado de Monetaria y Fiscalía (GIMF) del FMI muestra que los aranceles tendrían un efecto insignificante en el estrechamiento de los desequilibrios de cuenta corriente. El FMI señala ese resultado en su Informe del Sector Externo de 2025 para descartar la herramienta como una solución a lo que califica como un problema urgente. Pero el FMI reconoce que el modelo no contempla el “salto arancelario a través de la reasignación transfronteriza de la producción.”

Esta nota técnica menor contiene multitudes. El salto arancelario es precisamente el mecanismo a través del cual los aranceles protectores y otras medidas comerciales han inducido la “relocalización” de la producción y han cambiado los patrones comerciales. Las restricciones del presidente Ronald Reagan a los automóviles japoneses a principios de los años 80 incentivaron un auge de la deslocalización que generó más de 100.000 nuevos empleos en automóviles estadounidenses en más de 300 nuevas instalaciones de producción para los años 90. Los aranceles de salvaguardia de 2018 del presidente Trump a las lavadoras desencadenaron una ola de inversión, incluyendo grandes instalaciones nuevas de Samsung y LG en Carolina del Sur y Tennessee. Mercedes-Benz está invirtiendo 4.000 millones de dólares en su planta de Alabama, citando explícitamente los aranceles como la causa. La investigación de McKinsey muestra cómo los aranceles recientes ya han provocado una reorganización a gran escala de las cadenas de suministro en todo el mundo. ¿Cómo podemos desestimar aranceles basándonos en un modelo que asume el mecanismo mediante el cual funcionan?

Hay quienes reconocen los problemas sociales y económicos que plantean los déficits estructurales comerciales, pero recomiendan herramientas distintas a los aranceles para abordarlos. Warren Buffett, entre otros, recomendó de forma célebre exigir a las empresas que quieren importar bienes que compren un certificado a un exportador nacional de cualquier bien o servicio de valor igual. Aunque quizá sea viable sobre el papel, este enfoque probablemente presentaría desafíos significativos en la implementación. Otros han sugerido un cargo de acceso al mercado sobre las entradas financieras extranjeras para reducir el déficit depreciando gradualmente la moneda. Una solución así probablemente provocaría una insurrección organizada en el sector de servicios financieros, podría verse como un impuesto a la inversión entrante y es difícil de explicar al público.

Los aranceles que apuntan directamente a las fuentes primarias del déficit son la solución más sencilla y flexible. Esto fue aceptado durante mucho tiempo en todas las líneas partidistas antes del cambio de enfoque hacia la hiperglobalización, incluyendo en los años 80, cuando la propuesta del futuro líder demócrata de la mayoría en la Cámara, Dick Gephardt, de imponer aranceles obligatorios a gran escala a economías persistentes en excedentes fue aprobada por la Cámara de Representantes (antes de ser finalmente descartada en favor de la autoridad reforzada de la Sección 301 que actualmente utiliza mi oficina). Ya estamos viendo los efectos beneficiosos de los aranceles del presidente Trump. El déficit comercial de Estados Unidos con China disminuyó un 32 por ciento interanual en 2025. El déficit comercial total de bienes ha disminuido, año tras año, cada mes desde que el presidente Trump comenzó a implementar su política de aranceles recíprocos en abril de 2025.

A medida que avanzamos, necesitamos modelos que capturen lo que importa para la economía real. Esto incluye las consecuencias distributivas del comercio, las fricciones en el mercado laboral, los efectos de la red y la escala en la manufactura, los efectos del arbitraje regulatorio en trabajadores y productores, los impactos de las reglas de origen detalladas en las redes globales de producción y—a la luz de las nuevas investigaciones del TLCAN—los resultados de salud pública. Si queremos políticas más inteligentes, necesitamos herramientas empíricas más enriquecidas que estudien cómo funciona realmente el comercio.

Nuevos retos, nuevas herramientas

No tenemos tiempo para esperar. Estados Unidos está utilizando aranceles y acuerdos sobre comercio recíproco para fomentar la inversión productiva entrante, aumentar los incentivos para la producción nacional y abrir mercados para las exportaciones estadounidenses. El FMI reconoce que un reequilibrio duradero requiere acción tanto de economías excedentes como deficitarias. Sin una presión real, una economía excedente no tiene motivo para actuar, pero eso no significa que los países deficitarios deban permanecer inertes. Por ello, Estados Unidos está tomando medidas audaces para sentar las bases de un sistema económico internacional basado en el equilibrio, la reciprocidad, la justicia y la resiliencia.

Alfred Marshall escribió una vez: “Las condiciones económicas cambian constantemente, y cada generación aborda sus propios problemas a su manera.” Es urgente que los economistas tomen ese consejo. A medida que cambia la economía global, también debe hacerlo la profesión económica. Los economistas pueden ser científicos desafortunados, pero no tienen motivos para vivir con la cabeza enterrada.

JAMIESON GREER es el representante comercial de Estados Unidos.

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