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El mayor fabricante de electrodomésticos cerró su planta en Argentina y decidió que otro país de la región absorba todo

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La multinacional Whirlpool confirmó el cierre de su planta en Pilar y trasladará toda su producción a Brasil, donde invertirá cerca de 200 millones de reales para consolidar un polo industrial más automatizado. La decisión profundiza la pérdida de empleo industrial y la concentración regional de la manufactura en el vecino país.

En un mapa industrial que se viene reconfigurando casi en silencio, la decisión de Whirlpool marca un nuevo punto de inflexión para la industria argentina. La multinacional, uno de los mayores fabricantes de electrodomésticos del mundo, confirmó el cierre de su fábrica en Argentina y el traslado completo de su producción hacia Brasil.

La planta afectada es la ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires, que dejó de operar como parte de una revisión estructural de la compañía. Desde ahora, toda la producción, la maquinaria y el abastecimiento de mercados de la región serán absorbidos por la unidad industrial de Rio Claro, en el estado de São Paulo.

La decisión no es menor: implica que productos que antes se fabricaban en Argentina pasarán a producirse íntegramente en Brasil, desde donde luego serán distribuidos al resto de América Latina.

En paralelo, Whirlpool proyecta una inversión cercana a los 200 millones de reales en Brasil, con el objetivo de consolidar un centro industrial más automatizado, apoyado en nuevas tecnologías como inteligencia artificial, robótica y procesos de mayor escala.

La estrategia responde a una lógica que se repite en distintos sectores manufactureros de la región: concentrar la producción en polos industriales con mayor competitividad, menores costos logísticos y mejor integración de la cadena de abastecimiento. En este escenario, Brasil vuelve a posicionarse como el principal nodo industrial sudamericano.

La compañía ya había intentado reducir costos en Argentina mediante ajustes operativos y mejoras en los procesos de producción de la planta de Pilar. El objetivo era sostener competitividad frente al avance de productos importados y el deterioro del mercado interno.

Sin embargo, la caída del consumo, el encarecimiento de la estructura industrial local y la necesidad de redefinir la huella regional de su cadena de suministro terminaron por precipitar el cierre definitivo de la fábrica.

El impacto excede lo estrictamente empresarial. El cierre de una planta industrial implica pérdida de empleo directo, debilitamiento de proveedores locales, menor demanda de servicios asociados y una reducción de la participación argentina en procesos de valor agregado.

En un contexto en el que la industria manufacturera ya concentra la mayor parte de la pérdida de empleo registrado del país, la salida de Whirlpool refuerza una tendencia preocupante: menos producción nacional y mayor dependencia de bienes fabricados en el exterior.

A pesar del cierre fabril, Whirlpool S.A. aclaró en un comunicado presentado ante la bolsa que continuará operando comercialmente en Argentina. Las actividades de importación, comercialización y distribución no se verán afectadas, por lo que la marca seguirá presente en el mercado local, aunque ya sin producción propia.

La decisión expone una realidad cada vez más visible en la industria regional: mientras Brasil consolida inversiones y gana escala productiva, Argentina sigue perdiendo peso en el mapa manufacturero de América Latina.

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El Gobierno activa resoluciones anticipadas de origen y redefine el control sobre importaciones

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El Gobierno nacional formalizó un cambio operativo en el régimen de importaciones al aprobar, el 28 de abril de 2026, el procedimiento para emitir resoluciones anticipadas de origen de mercaderías, un instrumento que permitirá a los operadores conocer —antes de importar— el tratamiento aduanero aplicable. La medida, oficializada a través de la Resolución 26/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, introduce plazos concretos (máximo de 30 días) y efectos vinculantes para la administración. En un contexto de reconfiguración del comercio exterior, la decisión abre una tensión: ¿se trata de una herramienta de previsibilidad o de un nuevo filtro técnico con impacto selectivo?

Un cambio en la lógica del control aduanero

La resolución se inscribe en una secuencia normativa más amplia que combina compromisos internacionales y reformas internas. Por un lado, responde a obligaciones asumidas por Argentina en el marco de la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo de Facilitación del Comercio, que exige emitir decisiones anticipadas sobre el origen de los productos. Por otro, se apoya en modificaciones recientes del Código Aduanero —introducidas por el Decreto 70/2023 y ajustadas por el Decreto 41/2026— que habilitaron formalmente este tipo de instrumentos.

El punto central es operativo: cualquier importador, exportador o productor podrá solicitar una definición previa sobre el origen de una mercadería, con carácter vinculante para el Estado mientras no cambien las condiciones declaradas. Esa definición impacta directamente en el tratamiento arancelario, en la aplicación de preferencias comerciales o en la eventual sujeción a medidas como antidumping o salvaguardias.

El procedimiento, que deberá tramitarse vía la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), fija un esquema con plazos cerrados: si la solicitud está incompleta, habrá una única oportunidad de subsanación en 10 días; luego, la administración contará con hasta 30 días para resolver. La validez de cada resolución será de tres años.

Previsibilidad para el sector privado, capacidad de filtro para el Estado

En términos formales, el Gobierno plantea el régimen bajo principios de “celeridad”, “simplificación” y “seguridad jurídica”. En la práctica, la herramienta introduce un doble efecto.

Por un lado, otorga previsibilidad a los operadores: conocer de antemano el origen reconocido de un producto evita contingencias en frontera y reduce la discrecionalidad en el despacho. Incluso, en ciertos casos, la resolución anticipada exime de constituir garantías en investigaciones de origen, lo que mejora la ecuación financiera de las importaciones.

Pero al mismo tiempo, refuerza la capacidad estatal de clasificar y segmentar el comercio. La definición del origen no es neutra: determina si una mercadería accede a beneficios arancelarios o si queda alcanzada por restricciones. En ese sentido, la resolución anticipada funciona como una instancia previa de validación técnica que puede condicionar el flujo de importaciones.

Además, el esquema prevé causales de denegatoria cuando existan investigaciones en curso o antecedentes administrativos o judiciales, lo que introduce un margen de selectividad regulatoria.

Reordenamiento institucional y centralización de decisiones

La medida también refleja un reacomodamiento interno dentro del Ministerio de Economía. La competencia para emitir estas resoluciones queda delegada en la Subsecretaría de Comercio Exterior, mientras que la Dirección de Importaciones asume el rol técnico de evaluación.

A su vez, se articula con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA), lo que integra el instrumento al circuito digital de autorizaciones y validaciones. Este punto no es menor: convierte a la resolución anticipada en un insumo directo del sistema informático aduanero al momento de oficializar importaciones.

El rediseño consolida un esquema más centralizado, donde la definición técnica del origen —históricamente sujeta a verificación posterior— pasa a resolverse ex ante y con trazabilidad digital.

Un instrumento técnico con impacto político

La implementación de resoluciones anticipadas de origen no introduce una figura nueva en términos globales, pero sí redefine su alcance local. En el plano político, la medida puede leerse como parte de una estrategia de ordenamiento del comercio exterior sin recurrir a restricciones explícitas.

El equilibrio es delicado. La previsibilidad que reclama el sector privado convive con la necesidad oficial de administrar el flujo de importaciones en un contexto de tensiones externas. En ese cruce, la resolución anticipada aparece como una herramienta técnica que, según su aplicación, puede inclinar la balanza.

Habrá que observar su uso efectivo: cuántas solicitudes se aprueban, en qué plazos reales y bajo qué criterios. También, cómo impacta en sectores sensibles o en mercaderías sujetas a investigaciones.

La norma entra en vigencia el 1° de mayo de 2026. A partir de entonces, el comercio exterior suma una instancia más antes de cruzar la frontera. No redefine las reglas del juego, pero sí modifica el momento en que se juegan.

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La crisis textil se profundiza: la producción cayó 33% y el impacto ya se ve en locales vacíos

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La industria textil argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos: en febrero, la producción se desplomó un 33% interanual y acumula una caída del 36% frente a 2023, mientras el deterioro ya se traslada al tejido urbano con un fuerte aumento de locales vacíos en los principales corredores comerciales. El dato, difundido por la Fundación ProTejer, no solo refleja una crisis sectorial sino que expone una tensión de fondo en la política económica: ¿hasta dónde puede sostener el Gobierno la apertura importadora y el ajuste del consumo sin erosionar el entramado productivo?

El fenómeno deja de ser estadístico y se vuelve visible. Con más de dos años de caída de la actividad, la industria no logra encontrar un piso y comienza a impactar en empleo, empresas y comercio minorista.

Capacidad ociosa, importaciones y caída del consumo

El retroceso se inscribe en un escenario de múltiples presiones. Por un lado, el consumo interno se retrae: los hogares reasignan ingresos hacia servicios básicos y recortan gastos en indumentaria. Por otro, el frente externo gana peso. Las importaciones de ropa crecieron 185% en cantidades durante 2025 y se mantienen elevadas en 2026, impulsadas por el modelo de fast fashion, que introduce productos a bajo costo.

A ese esquema se suma la apreciación del tipo de cambio y el aumento de compras en el exterior. Las adquisiciones vía courier, por ejemplo, saltaron 274% el año pasado, consolidando un canal alternativo que compite directamente con la producción local.

El resultado es una estructura productiva con niveles de utilización mínimos: entre 2024 y 2025, 6 de cada 10 máquinas textiles permanecieron paradas, proporción que en los últimos meses llegó a 7 sobre 10. La industria no solo produce menos, sino que directamente deja de operar parte de su capacidad instalada.

El impacto también se mide en términos estructurales. Entre fines de 2023 y diciembre de 2025 se destruyeron más de 20.700 puestos de trabajo registrados y cerraron más de 650 empresas, lo que implica una caída del 17% en el empleo y del 11% en los establecimientos productivos.

De la fábrica al mostrador: el ajuste se traslada a la calle

La contracción ya se traduce en una postal concreta: persianas bajas en zonas históricas de venta de indumentaria. Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en el primer bimestre de 2026 se contabilizaron 284 locales vacíos, en alquiler o en venta en la Ciudad de Buenos Aires, con un aumento del 38,5% interanual y del 43,4% frente al bimestre previo.

El dato más revelador es la dinámica de oferta: los locales en alquiler crecieron 158,8% interanual, señal de negocios que no logran sostenerse.

El fenómeno se concentra en corredores emblemáticos. Sobre la avenida Cabildo, los locales vacíos aumentaron 177,8% en el primer bimestre respecto al mismo período de 2025. En la avenida Avellaneda, uno de los polos textiles más importantes del país, el incremento fue del 160%, en un contexto de menor circulación y caída de ventas.

Otras arterias comerciales también muestran deterioro, aunque con menor intensidad: Corrientes registra 68 locales vacíos, Rivadavia 63 y Santa Fe 58. La tendencia es transversal y evidencia un cambio en la dinámica comercial: menos consumo, mayores costos y márgenes cada vez más ajustados.

Apertura, consumo y presión sobre la industria

El cuadro plantea un reordenamiento de intereses. La apertura importadora y el acceso a bienes más baratos benefician al consumidor en el corto plazo, pero presionan sobre la industria local, que pierde competitividad y escala.

Al mismo tiempo, la caída del consumo limita cualquier posibilidad de recomposición interna. Sin demanda, el sector no logra absorber el impacto externo ni sostener su estructura productiva. El resultado es un círculo donde producción, empleo y ventas se retroalimentan en descenso.

En términos de política económica, la tensión es evidente: sostener precios bajos vía importaciones o preservar el entramado industrial. Por ahora, los datos muestran que el ajuste recae con mayor fuerza sobre la producción local.

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Proponen un régimen de “frontera comercial” que habilite compras directas en Brasil y Paraguay

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El comerciante posadeño Alexis Jerushalmi impulsa una iniciativa para crear un esquema de “frontera comercial” que permita a pequeñas y medianas empresas de Misiones comprar productos en Brasil y Paraguay y venderlos formalmente en la provincia. La propuesta, que ya comenzó a circular entre actores del sector y ámbitos institucionales, apunta a ordenar una práctica existente y darle marco legal para evitar pérdida de actividad, empleo y recursos fiscales.

“Es un proyecto para ordenar una realidad de frontera que ya existe”, explicó Jerushalmi, quien planteó que el objetivo es formalizar la operatoria y generar trazabilidad. El planteo se da en un contexto que el propio comerciante definió como crítico: “La crisis que tenemos hoy, en mis 14 años de comerciante, nunca la he visto”.

Frontera, aduana y límites del esquema actual

La iniciativa se inserta en una tensión estructural de Misiones: su condición de provincia fronteriza con Brasil y Paraguay. Según el diagnóstico del sector, el régimen actual no contempla esa particularidad y genera desventajas competitivas.

Jerushalmi lo sintetizó con una definición territorial: “No podemos tener un régimen aduanero igual a las otras provincias, porque somos diferentes a todas”. En ese sentido, el proyecto busca apoyarse en herramientas legales existentes para habilitar convenios sin interferir con competencias nacionales, particularmente las vinculadas a la aduana.

El esquema evitaría crear nuevos aranceles o estructuras paralelas, y se orienta a encuadrar la operatoria dentro de mecanismos formales. La clave institucional será, según lo planteado, articular con Nación sin invadir su jurisdicción.

De compras informales a circuito PyME regulado

El núcleo del proyecto propone un cambio operativo concreto: permitir que PyMES registradas puedan adquirir mercadería en países vecinos y comercializarla en Misiones con facturación y controles fiscales.

“La idea es que uno pueda ir a Paraguay o Brasil y traer los productos, no como consumidor final, sino como PyMES y venderlos formalmente”, explicó. Para eso, se prevé un sistema de empadronamiento con requisitos de formalidad: inscripción impositiva, habilitación municipal y trayectoria comprobable.

El esquema funcionaría bajo un programa específico —denominado de manera preliminar “convenio fronterizo comercial”— que identifique a las empresas habilitadas. El objetivo es diferenciar la operatoria formal de prácticas informales o especulativas.

El planteo también incluye una segmentación inicial: se prevé comenzar con productos de menor sensibilidad sanitaria, como bazar, autopartes o textiles, excluyendo rubros como alimentos cárnicos.

Reconfiguración del debate

El proyecto revela un movimiento del sector comercial hacia soluciones propias frente a un escenario que consideran crítico. Jerushalmi fue explícito al señalar que “no es un problema de la provincia, es del Gobierno nacional”, aunque advirtió que el tiempo de espera es limitado.

En términos políticos, la propuesta reabre el debate sobre el rol de Nación en economías de frontera y coloca a la provincia como posible articuladora de un esquema intermedio. También muestra una convergencia con otros actores del sector, con quienes el impulsor reconoce haber trabajado para dar forma a la iniciativa.

La discusión no es menor: implica revisar cómo se regula el comercio en zonas limítrofes sin afectar competencias federales, pero al mismo tiempo evitando la pérdida de actividad local.

Precios, consumo y fuga de divisas

El diagnóstico económico es directo. Según el comerciante, la diferencia de precios con países vecinos genera una salida constante de consumo que no deja ingresos fiscales en la provincia ni en la Nación.

“Lo que buscamos es poder ser competitivos, tener precios acordes a la realidad y que la gente pueda acceder a productos a mejor precio”, sostuvo. En ese marco, el proyecto apunta a que las compras se realicen dentro del circuito formal local, con facturación e impuestos.

El objetivo es doble: recuperar ventas para el comercio misionero y aumentar la recaudación. También se plantea como una herramienta para sostener empleo en un contexto donde, según el propio diagnóstico, “todos los rubros que no sean de primera necesidad están afectados”.

Misiones como laboratorio de política comercial

La propuesta se apoya en una característica distintiva: la fuerte integración territorial de Misiones con ciudades de Brasil y Paraguay. “Nosotros no competimos con otras provincias, competimos con otros países”, explicó Jerushalmi.

En ese contexto, el proyecto busca transformar una desventaja estructural en una oportunidad, habilitando un flujo comercial regulado en lugar de restringido o informal. La intención es que el esquema tenga alcance provincial y no quede limitado a Posadas.

Viabilidad política y articulación con Nación

El futuro del proyecto dependerá de su capacidad para avanzar en dos planos: la formalización técnica y la validación política. Según lo planteado, será necesario involucrar tanto a la provincia como al Gobierno nacional para garantizar su implementación.

Entre las variables a observar aparecen la definición del marco legal, la reacción de organismos nacionales y el impacto real sobre precios y consumo. También será clave evaluar si el esquema logra reducir la informalidad sin generar conflictos regulatorios.

Por ahora, la iniciativa instala una discusión de fondo: cómo adaptar la política comercial a una provincia que, por su geografía, opera en un mercado regional más amplio que el argentino.

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Cae al 54% de uso de capacidad industrial y marca su peor nivel desde 2002

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La industria manufacturera operó en febrero al 54,6% de su capacidad instalada, según informó el INDEC, con una caída de cuatro puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025. El dato no es aislado: en el promedio del primer bimestre, el nivel de uso de la capacidad se ubicó en 54,1%, el registro más bajo desde 2002, en plena salida de la crisis de la convertibilidad.

El número condensa un deterioro que excede la estacionalidad habitual de inicio de año. Aunque los analistas suelen consolidar enero y febrero por las paradas técnicas de planta, la comparación interanual muestra un retroceso de 2,7 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025. La señal es clara: el aparato productivo está funcionando muy por debajo de su potencial.

Demanda débil y presión importadora

El cuadro que traza el informe oficial combina dos vectores que explican la dinámica actual. Por un lado, la debilidad de la demanda interna aparece como el principal condicionante: el 51,9% de los empresarios industriales la identifica como el factor que más limita la producción.

Por otro, comienza a ganar peso la competencia externa. Según la Encuesta de Tendencia de Negocios del propio organismo, el 11,8% de los industriales ya señala a las importaciones como el principal problema, una proporción en crecimiento respecto a meses anteriores.

En términos estructurales, el indicador de utilización de la capacidad instalada mide cuánto del potencial productivo real está siendo aprovechado. Con un nivel cercano al 50%, la economía industrial opera en una zona históricamente asociada a crisis o fuertes recesiones.

Sectores en retroceso y pocos motores activos

El deterioro no es homogéneo, pero sí generalizado en los sectores más sensibles al ciclo económico.

La principal incidencia negativa se registró en la metalmecánica, que operó al 33,9% de su capacidad, contra el 44% del año anterior. La caída está vinculada a la fuerte retracción en la producción de maquinaria agropecuaria (–37,7%) y de electrodomésticos (–38%).

En la misma línea, la industria automotriz mostró un uso del 38,9% de su capacidad instalada, con una baja significativa frente al 54,6% de febrero de 2025. La menor producción de unidades explica el retroceso.

Las industrias metálicas básicas también reflejaron la contracción, con un nivel de uso del 59,7% y una caída interanual del 14% en la producción de acero.

Incluso sectores con mayor estabilidad relativa, como alimentos y bebidas, operaron por debajo del año anterior (58,6%), afectados por la menor molienda de oleaginosas (–21,9%) y la caída en la producción de carne vacuna (–8,2%).

En contraste, pocos rubros lograron ubicarse por encima del promedio general. La refinación de petróleo lideró con un 88,9% de utilización, seguida por papel y cartón (65,9%) y químicos (64,4%). Sin embargo, estos segmentos no alcanzan a compensar la debilidad del resto del entramado industrial.

Industria en retroceso y cambio de prioridades

El dato refuerza una tensión central en la política económica: el equilibrio entre apertura comercial y sostenimiento del entramado productivo local.

Con más de la mitad de los industriales señalando la falta de demanda como principal problema, el escenario expone límites en la recuperación del consumo. Al mismo tiempo, el crecimiento de la preocupación por importaciones introduce un factor adicional de presión sobre sectores sensibles como metalmecánica, automotriz y textiles.

En términos de poder económico, el retroceso industrial debilita a los actores vinculados a la producción manufacturera, mientras gana terreno la lógica de sectores menos intensivos en empleo o más integrados a cadenas globales.

La dinámica también condiciona la agenda pública: con capacidad ociosa elevada, la inversión productiva pierde incentivos, lo que puede retroalimentar el estancamiento.

Capacidad ociosa, menor producción y empleo en tensión

Un nivel de utilización en torno al 54% implica que casi la mitad de la capacidad industrial permanece sin uso. En términos concretos, esto se traduce en menor producción, caída de escala y presión sobre costos.

El impacto potencial se extiende a variables clave: empleo industrial, salarios y niveles de actividad en cadenas asociadas. Sectores como la metalmecánica y la automotriz, con fuerte efecto multiplicador, son particularmente sensibles a estos movimientos.

La contracción en alimentos, madera, papel y productos industriales tiene implicancias para economías del NEA, donde estas actividades tienen peso relativo.

En provincias como Misiones, la dinámica de la industria alimenticia, forestal y de manufacturas vinculadas al consumo interno podría verse condicionada por la debilidad de la demanda y la mayor competencia externa.

Entre la recuperación y la consolidación de la caída

El comportamiento de la demanda interna y la evolución de las importaciones aparecen como variables clave a monitorear en los próximos meses.

También será determinante observar si los sectores que hoy muestran mayor utilización —como energía o químicos— logran sostener su dinamismo o si la contracción se profundiza y se generaliza.

Con la industria operando en niveles mínimos históricos, el margen para una recuperación dependerá no solo del ciclo económico, sino de decisiones de política que impacten sobre el consumo, la producción y la competitividad.

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