El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 confirma que el ajuste fiscal dejó de ser transitorio para transformarse en una redefinición estructural del rol del Estado en educación, ciencia y formación técnica. Los números, expresados en pesos constantes de 2026, muestran una retracción profunda del financiamiento público en áreas clave para la productividad, la innovación y la competitividad de largo plazo.

Desde la formación de técnicos hasta el sostenimiento del sistema universitario y científico, el presupuesto proyectado consolida un corrimiento del Estado de funciones estratégicas, con impactos directos sobre la oferta de capital humano, la matriz productiva y la capacidad de generar valor agregado.

Educación técnica: el eslabón productivo más golpeado

El recorte más severo se registra en la Educación Técnico Profesional, uno de los pilares para la articulación entre educación y trabajo. El financiamiento destinado a este segmento muestra para 2026 una caída acumulada del 93% respecto de lo ejecutado en 2023, incluso después de dos años previos de fuerte contracción real.

La magnitud del ajuste no solo responde a una menor asignación presupuestaria, sino a una redefinición normativa incluida en el propio proyecto de Presupuesto, que elimina el fondo específico destinado a sostener a las escuelas técnicas. En términos económicos, esto implica desfinanciar el principal canal de formación de mano de obra calificada para la industria, la construcción, la energía y los servicios tecnológicos.

En un contexto donde las economías regionales y el entramado PyME demandan perfiles técnicos específicos, el recorte actúa como un factor restrictivo de la productividad futura, al debilitar la formación de recursos humanos intermedios, clave para la competitividad.

La Función Educación y Cultura en su conjunto presenta una caída real del 47,3% respecto de 2023, configurando uno de los ajustes más profundos del presupuesto nacional. Desde una mirada económica, esta contracción impacta no solo en el sistema educativo, sino también en el consumo asociado, el empleo público indirecto y las economías locales vinculadas a instituciones educativas.

El ajuste reduce la capacidad del sistema para cumplir su rol anticíclico y limita la inversión pública en capital humano, un insumo central para cualquier estrategia de crecimiento sostenido.

Las universidades nacionales enfrentan en 2026 una caída real del 33,8% en su presupuesto respecto de 2023. Este recorte se traduce en dificultades para sostener gastos operativos, infraestructura, salarios y programas de investigación y extensión.

A la restricción financiera se suma un factor institucional: la suspensión de la ejecución de la ley de financiamiento universitario mediante decreto, lo que introduce incertidumbre jurídica y presupuestaria en uno de los sistemas más relevantes para la formación profesional y científica del país.

Desde una óptica productiva, la falta de previsibilidad afecta la planificación académica, la vinculación tecnológica con el sector privado y la formación de profesionales en áreas estratégicas como ingeniería, salud, ciencias aplicadas y tecnología.

Becas: menor acceso y pérdida de movilidad social

El ajuste también alcanza a los programas de becas y transferencias directas a estudiantes, que registran una caída real acumulada del 76,6% frente a 2023. Este recorte impacta directamente en la tasa de permanencia y egreso, especialmente en los primeros años de las carreras.

En términos económicos, la reducción de becas implica menor inversión en movilidad social ascendente y una mayor segmentación del acceso a la educación superior, con efectos negativos sobre la oferta futura de profesionales y técnicos calificados.

La inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación muestra una caída real del 48,8% respecto de 2023, revirtiendo la senda de crecimiento que apuntaba a consolidar un sistema científico integrado al desarrollo productivo.

Este retroceso limita la capacidad del país para:

• Generar innovación aplicada.
• Desarrollar tecnología propia.
• Acompañar procesos de agregado de valor en sectores estratégicos.
• Sostener la transferencia de conocimiento hacia el sector privado.

En un contexto internacional marcado por la competencia tecnológica, la reducción de la inversión en ciencia funciona como un factor de pérdida de competitividad estructural.

El Presupuesto 2026 no expresa únicamente un ajuste fiscal. Refleja un cambio de enfoque en la política económica, donde educación, ciencia y formación técnica dejan de ser consideradas inversiones estratégicas para pasar a ser variables de ajuste.

Desde una mirada económica, el impacto trasciende el corto plazo: menos técnicos, menos profesionales, menos innovación y menor productividad futura. El costo no se mide solo en partidas presupuestarias, sino en capacidad de crecimiento, desarrollo regional y generación de empleo calificado.