La pobreza en Argentina registró una caída significativa durante el segundo semestre de 2025, aunque el dato abre interrogantes sobre su consistencia y sostenibilidad en el tiempo. Según las cifras oficiales, el 28,2% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y el 6,9% en situación de indigencia, lo que implica una reducción de 9,9 y 1,9 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con igual período de 2024.

Sin embargo, la mejora estadística convive con cuestionamientos metodológicos y con un deterioro concreto en los ingresos de los sectores más vulnerables, lo que obliga a analizar el dato con mayor profundidad.

Uno de los factores centrales es el cambio en la medición de ingresos. Desde fines de 2023, el INDEC incorporó mejoras en la captación de ingresos no laborales dentro de la Encuesta Permanente de Hogares, incluyendo transferencias como la Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas y programas sociales. Este ajuste permitió relevar con mayor precisión recursos que antes estaban subestimados, elevando el ingreso declarado de los hogares sin que necesariamente haya habido una mejora equivalente en su poder adquisitivo real.

A esto se suma una dinámica atípica en los ingresos informales. Los salarios de trabajadores no registrados muestran una suba real significativa —del 25,5% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025— que no se condice con el contexto de enfriamiento del mercado laboral. Esta ruptura con patrones históricos sugiere que parte de la mejora responde a cambios estadísticos más que a una recuperación genuina del empleo o los ingresos.

Otro punto clave es la medición de la Canasta Básica Total. Distintos análisis advierten que su actualización subestima el peso creciente de servicios y transporte en el gasto de los hogares. Dado que estos rubros aumentaron por encima de los alimentos, la línea de pobreza podría estar quedando por debajo del costo real de vida, lo que eleva artificialmente la cantidad de personas que aparecen fuera de la pobreza.

Más allá de estos reparos, hay factores económicos que explican la baja del indicador. La inflación de alimentos mostró cierta desaceleración en la segunda mitad del año, con un promedio mensual del 2,2%, mientras que las líneas de pobreza e indigencia registraron caídas en términos reales. A su vez, algunos indicadores salariales, como el RIPTE, exhibieron una mejora interanual del 6,6%.

Pero este escenario convive con señales preocupantes. Los ingresos más sensibles sufrieron un fuerte deterioro: la Tarjeta Alimentar cayó 16,1% en términos reales, los planes sociales retrocedieron 10,5% —en gran parte por el congelamiento de sus montos— y la jubilación mínima con bono perdió 3,4% de poder adquisitivo. Es decir, mientras el promedio mejora, los sectores más vulnerables pierden capacidad de consumo.

En el mercado laboral formal, la situación tampoco termina de consolidarse. Si bien la mediana salarial llegó a cubrir casi la totalidad de la Canasta Básica en junio de 2025, hacia fin de año volvió a retroceder, cerrando en torno al 94%. Esto implica que una parte significativa de los trabajadores registrados sigue sin alcanzar el ingreso necesario para cubrir el costo de vida, consolidando el fenómeno de los “trabajadores pobres”.

De cara a 2026, el panorama presenta riesgos claros. La inflación de alimentos volvió a acelerarse en los primeros meses del año, con registros cercanos al 4% mensual, lo que presiona nuevamente sobre las canastas básicas. Al mismo tiempo, el salario mínimo, los programas sociales y las jubilaciones continúan perdiendo poder adquisitivo en un contexto de ingresos congelados o rezagados.

En este marco, la baja de la pobreza en 2025 aparece como un dato relevante, pero no necesariamente estructural. Más bien refleja una combinación de factores estadísticos y económicos que podrían revertirse si no se consolida una recuperación real del ingreso.