canasta básica argentina

¿Cuánto cuesta irse a vivir sólo?

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Independizarse en Argentina dejó de ser una transición natural hacia la adultez para convertirse en un desafío económico de alta complejidad. Un informe de la consultora Focus Market revela que el costo de vida para un joven que busca vivir solo supera ampliamente los ingresos promedio, en un contexto atravesado por la informalidad laboral, el aumento sostenido de los alquileres y servicios, y una dinámica de ingresos que no logra acompañar ese ritmo.

El estudio, basado en la construcción de una “Canasta Joven”, estima el gasto mensual necesario para una persona de entre 20 y 30 años. Para ello, se dividieron los consumos en dos grandes grupos: gastos imprescindibles y consumos variables asociados al estilo de vida urbano.

En el primer nivel, el de los costos básicos para sostener una vida independiente, el monto asciende a $2.085.853 mensuales. La vivienda es el principal componente: alquilar un departamento de dos ambientes en un barrio porteño como Belgrano implica un gasto total de $912.038 por mes, incluyendo alquiler, expensas, servicios y el prorrateo del depósito inicial.

A este núcleo se suman los gastos de consumo cotidiano. La categoría de alimentos, bebidas, higiene y limpieza alcanza los $466.299 mensuales, una cifra que más que duplica la Canasta Básica Alimentaria oficial, al incorporar hábitos reales de consumo urbano como comidas fuera del hogar y productos procesados.

El acceso a la salud también representa una carga significativa. Ante la alta informalidad laboral —que limita el acceso a obras sociales—, muchos jóvenes deben recurrir a sistemas privados. En ese marco, un plan básico de medicina prepaga ronda los $238.377 mensuales, a lo que se agregan alrededor de $50.000 en medicamentos.

El transporte, mayormente resuelto mediante transporte público, demanda unos $143.123 mensuales, mientras que los servicios de conectividad —internet, telefonía y cable— suman más de $200.000. Incluso en educación pública, como la Universidad de Buenos Aires, existen costos asociados que elevan el gasto mensual.

A partir de ese piso, el informe incorpora un segundo nivel de consumos, vinculados a la vida social, cultural y educativa. Allí aparecen gastos como terapia psicológica, estudios en universidades privadas, plataformas de streaming, herramientas digitales, ocio y vacaciones. Este conjunto eleva la canasta en $1.457.773 adicionales, llevando el costo total a $3.543.626 mensuales.

En este escenario, la brecha entre ingresos y costo de vida se convierte en el principal obstáculo. Según explicó Damián Di Pace, director de Focus Market, la informalidad laboral —que alcanza al 36% de los jóvenes— no solo limita el acceso al alquiler, sino que también condiciona la posibilidad de proyectar una vida autónoma.

El diagnóstico es claro: incluso quienes trabajan encuentran dificultades para sostener la independencia económica. La falta de ingresos estables, combinada con exigencias del mercado inmobiliario y un costo de vida en ascenso, empuja a muchos jóvenes a postergar la salida del hogar familiar.

En ese contexto, el informe advierte que revertir esta tendencia requiere políticas estructurales: promover la formalización del empleo joven, facilitar el acceso a la vivienda mediante garantías alternativas o créditos accesibles, y lograr que los ingresos evolucionen en línea con el costo de vida. Sin esos cambios, la independencia seguirá siendo más una aspiración que una realidad para gran parte de la juventud argentina.

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Pobreza en baja, pero con alertas de fondo en los ingresos y forma de medición

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La pobreza en Argentina registró una caída significativa durante el segundo semestre de 2025, aunque el dato abre interrogantes sobre su consistencia y sostenibilidad en el tiempo. Según las cifras oficiales, el 28,2% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y el 6,9% en situación de indigencia, lo que implica una reducción de 9,9 y 1,9 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con igual período de 2024.

Sin embargo, la mejora estadística convive con cuestionamientos metodológicos y con un deterioro concreto en los ingresos de los sectores más vulnerables, lo que obliga a analizar el dato con mayor profundidad.

Uno de los factores centrales es el cambio en la medición de ingresos. Desde fines de 2023, el INDEC incorporó mejoras en la captación de ingresos no laborales dentro de la Encuesta Permanente de Hogares, incluyendo transferencias como la Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas y programas sociales. Este ajuste permitió relevar con mayor precisión recursos que antes estaban subestimados, elevando el ingreso declarado de los hogares sin que necesariamente haya habido una mejora equivalente en su poder adquisitivo real.

A esto se suma una dinámica atípica en los ingresos informales. Los salarios de trabajadores no registrados muestran una suba real significativa —del 25,5% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025— que no se condice con el contexto de enfriamiento del mercado laboral. Esta ruptura con patrones históricos sugiere que parte de la mejora responde a cambios estadísticos más que a una recuperación genuina del empleo o los ingresos.

Otro punto clave es la medición de la Canasta Básica Total. Distintos análisis advierten que su actualización subestima el peso creciente de servicios y transporte en el gasto de los hogares. Dado que estos rubros aumentaron por encima de los alimentos, la línea de pobreza podría estar quedando por debajo del costo real de vida, lo que eleva artificialmente la cantidad de personas que aparecen fuera de la pobreza.

Más allá de estos reparos, hay factores económicos que explican la baja del indicador. La inflación de alimentos mostró cierta desaceleración en la segunda mitad del año, con un promedio mensual del 2,2%, mientras que las líneas de pobreza e indigencia registraron caídas en términos reales. A su vez, algunos indicadores salariales, como el RIPTE, exhibieron una mejora interanual del 6,6%.

Pero este escenario convive con señales preocupantes. Los ingresos más sensibles sufrieron un fuerte deterioro: la Tarjeta Alimentar cayó 16,1% en términos reales, los planes sociales retrocedieron 10,5% —en gran parte por el congelamiento de sus montos— y la jubilación mínima con bono perdió 3,4% de poder adquisitivo. Es decir, mientras el promedio mejora, los sectores más vulnerables pierden capacidad de consumo.

En el mercado laboral formal, la situación tampoco termina de consolidarse. Si bien la mediana salarial llegó a cubrir casi la totalidad de la Canasta Básica en junio de 2025, hacia fin de año volvió a retroceder, cerrando en torno al 94%. Esto implica que una parte significativa de los trabajadores registrados sigue sin alcanzar el ingreso necesario para cubrir el costo de vida, consolidando el fenómeno de los “trabajadores pobres”.

De cara a 2026, el panorama presenta riesgos claros. La inflación de alimentos volvió a acelerarse en los primeros meses del año, con registros cercanos al 4% mensual, lo que presiona nuevamente sobre las canastas básicas. Al mismo tiempo, el salario mínimo, los programas sociales y las jubilaciones continúan perdiendo poder adquisitivo en un contexto de ingresos congelados o rezagados.

En este marco, la baja de la pobreza en 2025 aparece como un dato relevante, pero no necesariamente estructural. Más bien refleja una combinación de factores estadísticos y económicos que podrían revertirse si no se consolida una recuperación real del ingreso.

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