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La Corte Internacional de Justicia declaró que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás y fijó un precedente para el derecho internacional

El fallo, aprobado por nueve votos contra seis, constituye la primera vez que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declara a un Estado responsable de cometer genocidio. La sentencia obliga a Myanmar a adoptar medidas de reparación, investigar a los responsables y garantizar condiciones para el retorno seguro de los desplazados. Su interpretación jurídica también tendrá relevancia para otros litigios internacionales, entre ellos la demanda de Sudáfrica contra Israel por la situación en Gaza.

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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el 19 de noviembre una sentencia histórica al determinar que Myanmar cometió genocidio contra la población rohinyá durante las operaciones militares de 2017 en el estado de Rakáin. La resolución establece la responsabilidad internacional del Estado asiático por violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y abre una nueva etapa en el proceso de búsqueda de justicia para una comunidad que lleva décadas sometida a persecución, desplazamiento y privación de derechos.

El fallo fue aprobado por nueve votos contra seis y representa un antecedente sin precedentes en la jurisdicción de la CIJ: por primera vez, el máximo tribunal de Naciones Unidas declaró a un Estado responsable de haber cometido genocidio. La decisión responde a la demanda presentada por Gambia en noviembre de 2019, con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica, a partir de las denuncias sobre las operaciones militares contra los rohinyás.

Los magistrados consideraron acreditada la existencia de una intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo étnico. Entre las pruebas examinadas figuraron asesinatos masivos, violencia sexual, torturas, ataques contra niños y destrucción de aldeas. La documentación presentada ante el tribunal también permitió reconstruir las consecuencias de una ofensiva que, según las estimaciones incorporadas al proceso, provocó más de 10.000 muertes y el desplazamiento de cientos de miles de personas hacia Bangladesh.

La resolución no se limitó a establecer la responsabilidad por los hechos de 2017. También determinó que Myanmar incumplió sus obligaciones de prevenir el genocidio, castigar los actos contemplados en la Convención y establecer legislación interna adecuada para cumplir con ese tratado. En cambio, los jueces concluyeron que no se había demostrado una incitación directa y pública al genocidio por parte de particulares.

La intención de destruir a un grupo, el elemento central del fallo

Uno de los aspectos jurídicos más relevantes de la sentencia es la interpretación del estándar probatorio necesario para demostrar la intención genocida. La Convención de 1948 establece que el genocidio comprende determinados actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

La dificultad de estos procesos reside en demostrar esa intención específica. No alcanza con acreditar asesinatos, desplazamientos forzados o destrucción de infraestructura: es necesario establecer que esas acciones estuvieron vinculadas con el propósito de destruir al grupo protegido.

En el caso de Myanmar, la CIJ examinó el conjunto de las operaciones militares, las restricciones impuestas a la comunidad y las consecuencias de las acciones de las fuerzas de seguridad. La intención genocida fue inferida a partir de un patrón de conducta que, según la mayoría de los magistrados, no podía explicarse razonablemente sin reconocer ese propósito.

La interpretación resulta relevante porque permite evaluar la intención estatal a partir de evidencias convergentes, incluso cuando no existen órdenes escritas o documentos oficiales que expresen explícitamente la decisión de cometer genocidio.

La especialista en Seguridad Global Janina Dill, de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, explicó que la existencia de otros objetivos militares o políticos, como la contrainsurgencia o el desplazamiento forzado, no excluye necesariamente una intención genocida. El análisis debe considerar si el conjunto de las pruebas permite establecer que la destrucción del grupo también formó parte de los objetivos perseguidos.

La sentencia, por lo tanto, aporta criterios que serán examinados por especialistas y tribunales en futuros litigios. Sin embargo, no establece una condena automática para otros Estados ni determina por anticipado el resultado de causas diferentes.

El precedente que puede influir en otros procesos internacionales

La repercusión del fallo excede el conflicto de Myanmar. Uno de los expedientes que podría verse jurídicamente influido es la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la misma Corte, en la que se denuncian presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio durante las operaciones militares en la Franja de Gaza, posteriores a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Israel rechaza las acusaciones y sostiene que sus operaciones responden a objetivos de defensa y a la lucha contra Hamás. La causa todavía requiere una evaluación propia de los hechos y las pruebas presentadas por las partes.

El abogado británico Philippe Sands, integrante del equipo jurídico de Gambia, destacó que el resultado del proceso contra Myanmar tiene implicancias para la discusión sobre los requisitos legales que permiten demostrar la intención genocida. En declaraciones a la BBC, sostuvo que una derrota de Gambia habría tenido consecuencias importantes para la interpretación jurídica que se desarrolla en el expediente promovido por Sudáfrica.

El alcance del antecedente, sin embargo, debe entenderse con precisión. La CIJ no determinó que Israel haya cometido genocidio ni anticipó una resolución sobre Gaza. Cada expediente debe analizarse de manera independiente, conforme a sus propias pruebas y circunstancias. Lo que aporta la sentencia contra Myanmar es una interpretación judicial que podrá ser considerada en otros procesos donde se discuta la aplicación de la Convención de 1948.

La importancia institucional también reside en reafirmar la vigencia de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados después de la Segunda Guerra Mundial. La Convención sobre el Genocidio establece compromisos que no dependen exclusivamente de la voluntad política de los gobiernos y cuya aplicación puede ser sometida al control de la jurisdicción internacional.

Quiénes son los rohinyás y por qué fueron perseguidos durante décadas

Los rohinyás constituyen una minoría étnica musulmana que habita históricamente en el estado de Rakáin, en el oeste de Myanmar. Su identidad, lengua y pertenencia comunitaria fueron objeto de controversias y negación por parte de sucesivos gobiernos del país, de mayoría budista.

La legislación de ciudadanía de 1982 reconoció a 135 grupos étnicos, pero excluyó a los rohinyás de ese reconocimiento. Como consecuencia, gran parte de esta población quedó privada de ciudadanía y expuesta a restricciones sobre sus derechos fundamentales, entre ellos la libertad de circulación, el acceso a la propiedad, el matrimonio y el registro de nacimientos.

La CIJ reconoció expresamente a los rohinyás como un grupo étnico protegido por la Convención sobre el Genocidio. Para ello consideró su identidad compartida, sus características culturales y lingüísticas y la discriminación sistemática que sufrieron durante décadas.

La ofensiva militar de agosto de 2017 profundizó una crisis humanitaria que ya tenía antecedentes. Después de los ataques contra puestos policiales atribuidos al Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), las fuerzas de seguridad de Myanmar desplegaron operaciones militares en el norte de Rakáin. Las denuncias documentaron asesinatos, violaciones, incendios de aldeas y ataques contra población civil.

Según Médicos Sin Fronteras, al menos 6.700 rohinyás, incluidos unos 730 niños menores de cinco años, murieron durante el primer mes de violencia. Más de 700.000 personas huyeron hacia Bangladesh durante aquella ofensiva y las distintas oleadas de desplazamiento elevaron a más de un millón la población rohinyá refugiada en ese país.

Los campamentos de Cox’s Bazar concentran actualmente a una de las mayores poblaciones de refugiados del mundo. Allí, las familias enfrentan condiciones de vida precarias, dificultades de acceso a servicios básicos y una prolongada incertidumbre sobre la posibilidad de regresar a sus lugares de origen.

La sentencia también examinó las políticas de control demográfico impuestas por Myanmar, incluidas restricciones al matrimonio y medidas destinadas a limitar la cantidad de hijos de las familias rohinyás. Para los magistrados, esas disposiciones, junto con la violencia sexual y las operaciones militares, constituyeron elementos relevantes para establecer la intención de destruir al grupo.

Reparaciones, retorno y límites de la justicia internacional

Aunque el fallo representa un reconocimiento jurídico de enorme relevancia para las víctimas, no implica una solución inmediata a la crisis humanitaria. Más de un millón de rohinyás continúan desplazados, principalmente en Bangladesh, mientras que las condiciones políticas y de seguridad en Myanmar dificultan cualquier perspectiva de retorno.

La CIJ ordenó al Estado asiático poner fin a los incumplimientos que continúan vigentes, adoptar legislación que garantice el cumplimiento de la Convención, investigar a las personas sospechadas de participar en los crímenes y, cuando corresponda, procesarlas y sancionarlas.

Además, estableció la obligación de ofrecer garantías de no repetición y disponer medidas de reparación para la comunidad y las víctimas individuales. Entre ellas incluyó la restitución de derechos, el retorno seguro, voluntario y digno de los desplazados a sus lugares de residencia y la reunificación de las familias separadas por la violencia.

El tribunal también determinó que Myanmar deberá compensar los daños ocasionados. El monto y las modalidades de esas reparaciones serán definidos en una etapa posterior del procedimiento. Para avanzar en ese proceso, el Estado deberá presentar ante la Corte, dentro de los dos años posteriores a la sentencia, un informe sobre las medidas de restitución adoptadas y las condiciones de compensación.

La principal dificultad será transformar esas obligaciones jurídicas en resultados concretos. La CIJ tiene competencia para resolver controversias entre Estados y sus sentencias son vinculantes, definitivas y no admiten apelación, pero no dispone de una fuerza ejecutiva propia que pueda imponer directamente su cumplimiento dentro del territorio de un país.

La respuesta internacional también dependerá de los mecanismos diplomáticos y multilaterales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede intervenir ante incumplimientos, aunque las diferencias entre sus miembros permanentes y la posibilidad de utilizar el derecho de veto condicionan las medidas que podrían adoptarse.

El Gobierno de Myanmar expresó su rechazo al resultado y cuestionó el criterio probatorio utilizado por la mayoría de los magistrados. En un comunicado del 20 de noviembre, sostuvo que la sentencia fue adoptada por una mayoría dividida y reivindicó su argumento de que las operaciones militares respondieron a ataques de organizaciones armadas. Esa posición anticipa dificultades para implementar las medidas ordenadas por el tribunal.

Un precedente para la responsabilidad de los Estados

La sentencia contra Myanmar introduce un antecedente relevante para el sistema internacional de protección de los derechos humanos: confirma que la responsabilidad por genocidio puede atribuirse directamente a un Estado ante la jurisdicción internacional y que las obligaciones de la Convención de 1948 no se limitan a prevenir los crímenes, sino que también exigen investigar, sancionar y reparar sus consecuencias.

Para los rohinyás, el reconocimiento judicial constituye un paso hacia la reparación de décadas de persecución y desplazamiento. Sin embargo, el alcance real de esa justicia dependerá de que las obligaciones establecidas puedan traducirse en garantías de seguridad, recuperación de derechos y condiciones materiales para reconstruir sus comunidades.

Para el derecho internacional, el desafío será demostrar que una sentencia de esta magnitud puede producir efectos más allá de su valor declarativo. La aplicación efectiva de las medidas ordenadas, la cooperación de los Estados y la capacidad de los organismos multilaterales para sostener mecanismos de rendición de cuentas serán determinantes para que el fallo no quede limitado a un reconocimiento histórico.

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