Sica afirmó esta mañana que el monto extra será sólo para aquellos convenios que quedaron debajo del 40%, la inflación que espera el Gobierno a fin de año
La letra chica del blindaje social desató un fuerte tironeo entre el Gobierno, los empresarios y la CGT, que ya empezó a impactar en las paritarias.
Luego de llegar a un principio de acuerdo ayer, representantes de los tres sectores proseguían este miércoles puliendo los detalles del decreto que exhorta al sector privado a otorgar un bono “a cuenta” o compensatorio de hasta $5.000 en dos tramos y así evitar el quinto paro general que podría definir mañana la central obrera.
En un clima de fuerte hermetismo, los técnicos del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se encontraban reunidos desde este mediodía con asesores legales de la CGT y la cúpula empresaria, que ayer estuvo representada por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Construcción (Camarco), las entidades de Comercio CAC y la CAME, y la Cámara de la Alimentación (Copal), según confirmaron a iProfesional fuentes sindicales.
Como adelantó ayer este medio, el bono se pagará en noviembre y enero en dos sumas fijas no remunerativas de $2.500, que a su vez serán negociadas en cada actividad y estarán destinadas a aquellos convenios que quedaron por debajo del 40%, la inflación que espera el Gobierno para fin de año. Sica precisó esta mañana que apuntará a los sectores que ya no pueden activar cláusulas de revisión o que no tienen pendientes cuotas de incrementos salariales ya acordados.
Por estas horas, la principal preocupación del Gobierno es frenar el paro general que la CGT amenaza con definir mañana en su reunión de Consejo Directivo.
Las autoridades quieren despejar el clima de conflictividad previo a la cumbre del G20. Pero la posibilidad de que el bono suplante la revisión de los acuerdos salariales pendientes sumó malestar en la cúpula sindical.
“No me cierran cifras no remunerativas cantidad y calidad en el salario”, dijo a iProfesional Sergio Romero, titular de UDA y miembro del consejo directivo de Azopardo.
Declaraciones oficiales
El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dio detalles este miércoles del principio de acuerdo al que llegó el Gobierno con empresarios y sindicalistas este martes para pagar un bono de fin de año que compense la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Explicó que el extra de $5.000, “será obligatorio para el sector privado, pero no así para el público”.
“Sería compensatorio y no remunerativo en dos cuotas, en principio para el sector privado. Hasta que el público no cierre sus paritarias, solo compete al sector privado. Estamos terminando de redactar el texto”, puntualizó el funcionario.
Además, informó que el plus está destinado para los trabajadores que cerraron paritarias por debajo de la inflación que proyecta la Casa Rosada que es un 40%. Es decir, para aquellos que no pueden activar clásulas de revisión o que no tienen pendientes cuotas de incrementos salariales ya acordados con anterioridad.
Sica explicó: “Pusimos el límite de $5.000 como no remunerativo. Para las empresas que puedan pagar más, eso ya sería remunerativo”. En caso de las compañías que atraviesan dificultades económicas, podrán pagarlo en más cuotas.
“La idea de esta mesa de diálogo es que todos ponemos algo. Nosotros estamos resignando recaudación con el pago no remunerativo”, añadió.
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En declaraciones a radio Continental, Sica resaltó la relación con el movimiento obrero. “Venimos manteniendo un diálogo fluido con todos los sindicatos. Reconstituimos la mesa de diálogo que en los últimos meses no había funcionado”, dijo.
“Los gremios planteaban que podría haber algún tipo de flexibilidad (para el pago del plus de fin de año). Vamos a hablar con el sistema financiero para ver si puede haber algún tipo de financiación para las empresas que no lo puedan pagar”, indicó el ministro.
Sica reconoció que hubo un “impacto de la crisis” en los salarios, pero dijo que están “haciendo todo lo que podemos hacer para recuperar el crecimiento”.
En este marco, en la reunión del martes también se dispuso que las empresas que pretendan despedir personal tendrán que encarar un proceso administrativo ante la Secretaría de Trabajo, como paso previo a concretar esa medida. Esta decisión se oficializará en los próximos días por medio de un decreto a publicarse en el Boletín Oficial.
Según explicaron, la intención es fijar un mecanismo que desaliente los despidos, en el marco de la recesión económica que sufre el país.

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