La Asociación Forestal Argentina (AFoA) manifestó su respaldo al dictamen aprobado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado de la Nación que impulsa modificaciones a la Ley de Tierras Rurales (26.737), en el marco del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En un contexto de fuerte debate político y social por la iniciativa, la entidad sostuvo que el texto consensuado en la Cámara Alta “logra un equilibrio necesario” entre la apertura a las inversiones privadas internacionales y el mantenimiento de los resguardos vinculados a la soberanía territorial.

Según AFoA, la reforma elimina restricciones burocráticas y límites cuantitativos que, a su criterio, habían frenado durante años la llegada de capitales para proyectos productivos, especialmente en sectores como la foresto-industria, sin modificar los mecanismos de control sobre áreas estratégicas.

La tierra permanece en el país

Uno de los principales argumentos de la entidad es que la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros no implica una pérdida patrimonial para la Argentina, ya que la tierra constituye un bien inmóvil que permanece bajo jurisdicción nacional.

En ese sentido, señaló que la llegada de inversiones privadas internacionales permitiría generar empleo, impulsar el desarrollo de proveedores locales, fortalecer las economías regionales y aumentar la recaudación tributaria, sin que el patrimonio territorial abandone el país.

Controles sobre soberanía y fronteras

AFoA rechazó las interpretaciones que plantean una flexibilización sin límites y remarcó que el dictamen mantiene prohibiciones específicas para que Estados extranjeros, gobiernos o empresas públicas de otros países adquieran tierras rurales, salvo autorizaciones excepcionales del Poder Ejecutivo por razones vinculadas a la defensa nacional.

Asimismo, destacó que continúan vigentes los controles para operaciones inmobiliarias en zonas de seguridad de frontera, donde sigue siendo obligatoria la intervención previa del Ministerio del Interior conforme al régimen vigente.

Sin cambios en la legislación ambiental

La entidad también buscó despejar cuestionamientos vinculados a la protección de los recursos naturales.

Según explicó, la modificación de la Ley de Tierras no altera el marco ambiental argentino, por lo que cualquier emprendimiento deberá continuar respetando la Ley de Bosques Nativos, la Ley General del Ambiente, la normativa sobre aguas y la Ley de Glaciares, independientemente del origen del capital.

Del mismo modo, remarcó que la compra de tierras no habilita automáticamente cambios en el uso del suelo ni afecta los ordenamientos territoriales establecidos por las provincias.

La foresto-industria reclama inversiones de largo plazo

AFoA sostuvo que la foresto-industria es una de las actividades más afectadas por las restricciones vigentes debido a que requiere inversiones de gran escala y horizontes de recuperación prolongados.

La entidad afirmó que la eliminación de límites como los topes de superficie o los cupos provinciales permitiría acelerar proyectos forestales destinados a la producción de madera, papel, cartón, bioenergía, biomateriales y otros bioproductos renovables que tienen creciente demanda en los mercados internacionales.

También destacó el potencial del sector para generar empleo calificado en el interior del país, promover el arraigo poblacional y contribuir a la captura de carbono mediante plantaciones forestales sustentables, un aspecto cada vez más relevante dentro de los mercados de créditos de carbono.

Como ejemplo, mencionó el desarrollo alcanzado por Corrientes durante las últimas tres décadas gracias al crecimiento de las forestaciones, experiencia que, según AFoA, podría replicarse en otras provincias si se eliminan las actuales restricciones a la inversión.

Desde la asociación concluyeron que “remover trabas burocráticas al capital privado que busca producir respetando las leyes argentinas no debilita al país; por el contrario, lo fortalece”. En esa línea, sostuvieron que la defensa de la soberanía no pasa por restringir la inversión extranjera, sino por garantizar controles transparentes, generar empleo y asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.