TIERRAS

El senador libertario Joaquín Benegas Lynch tiene una empresa que gestiona ventas de tierras a extranjeros

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El senador Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza-Entre Ríos) es director de una empresa que se dedica a gestionar ventas de tierras a extranjeros en la Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. El legislador representaba uno de los votos favorables al proyecto del presidente Javier Milei conocido como ley de tierras, que incluye en sus puntos elevar de 15% a 25% el máximo de superficie que pueden adquirir personas y empresas que no son argentinas, que el oficialismo retiró del temario de la sesión de este jueves por carecer del apoyo para aprobarlo.

La firma de Benegas Lynch se llama Glocal Terra, y el senador es su fundador y director, según consta en la página de internet (íntegramente en inglés) de la empresa. Glocal Terra ofrece a sus clientes inversiones y cotizaciones de tierras.

“Actuando en nombre y bajo la dirección de propietarios de tierras residentes en el extranjero, supervisamos explotaciones agrícolas arrendadas y gestionadas, y elaboramos informes con observaciones actualizadas y propuestas de solución”, indica la firma que dirige el senador Benegas Lynch.

Entre otros puntos, Glocal Terra asegura haber operado con más de 3.000.000 de hectáreas en “mercados latinoamericanos”. Al ofrecer el servicio de inversión, en su sitio web promociona “desde las tierras de cultivo más fértiles del cinturón sojero de la Argentina hasta plantaciones forestales de pino o eucalipto en Uruguay, pasando por cultivos de aguacate y cereza en Chile, explotaciones de uva y cítricos en Perú, haciendas ganaderas en Paraguay, los bosques de hoja perenne más extensos y agrestes de Chile, un haras en Buenos Aires o Santiago, una finca para la pesca con mosca en la Patagonia o un viñedo en Mendoza, y cualquier opción intermedia”.

En el apartado sobre cotizaciones de su página de internet, la empresa de Benegas Lynch informa que “ha valuado más de 400.000 hectáreas en América Latina, incluyendo tierras agrícolas, ganaderas y forestales, así como propiedades destinadas a la conservación y a estilos de vida específicos”. La empresa destaca, además, su “experiencia en la gestión de más de 85.000 hectáreas de terrenos forestales y en el manejo de créditos de carbono en Chile y Argentina.

En el equipo que acompaña a Benegas Lynch, hermano del diputado Bertie Benegas Lynch e hijo del economista Alberto Benegas Lynch (hijo), al que el presidente Javier Milei define como “el prócer del liberalismo”, hay profesionales dedicados a las distintas actividades productivas que promueve y a los países en los que ofrece tierras.

Al sintetizar cuál es la filosofía de la empresa Glocal Terra, se destacan ideas que La Libertad Avanza defiende. “Es un hecho que las empresas rentables del sector privado -especialmente cuando operan en el contexto de una sociedad libre y bajo sistemas no regulados- generan beneficios sostenibles y a largo plazo, tanto directos como indirectos, para la comunidad local y global”, se especifica.

En el apartado sobre la filosofía empresaria, Glocal Terra destaca el trabajo de ONG’s como Conin. Y puntualiza: “Si una parte de nuestras ganancias puede apoyar programas educativos que nos beneficien a todos —permitiéndonos vivir en un mundo mejor y más libre— y, al mismo tiempo, contribuir a nutrir a las generaciones futuras como motor de este cambio, entonces nuestros beneficios nos permitirán ir un paso más allá”.

Al presentar a sus candidatos en 2025, cuando Joaquín Benegas Lynch ganó su banca por Entre Ríos, La Libertad Avanza lo presentó con las credenciales de que “llegó a Entre Ríos trabajando en proyectos de inversión agropecuaria para luego fundar Glocal Terra, empresa dedicada al asesoramiento de inversores y administración integral de campos productivos”, además de estar “consustanciado con las ideas liberales desde toda su vida, heredando el legado liberal de parte de su abuelo y de su padre, Alberto”.

El dato, que entonces pasó desapercibido, cobró nueva dimensión este miércoles, publicado por LaPolíticaOnline, en la previa de la votación de la ley de propiedad privada, que iba a tener a Benegas Lynch entre sus protagonistas

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Reflexiones de un Ingeniero Forestal sobre la tierra: desafío estructural para el desarrollo sostenible y la soberanía

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La política de tierras como base del desarrollo territorial, el arraigo rural y la sostenibilidad de las economías regionales.

La política de tierras constituye uno de los pilares sobre los cuales se construyen el desarrollo territorial, el arraigo rural y la sostenibilidad de las economías regionales. En un país de profundas diversidades geográficas, productivas, ambientales y sociales como la Argentina, las decisiones relacionadas con el acceso, la tenencia, el uso y la protección de la tierra requieren políticas públicas estables, concebidas como políticas de Estado, con visión federal y planificación estratégica de largo plazo.

En ese marco, la tierra trasciende su condición de bien económico para constituirse en un recurso natural estratégico, estrechamente vinculado con la producción, la conservación de los ecosistemas, la seguridad alimentaria, la gestión del agua, el ordenamiento territorial y la soberanía nacional. Estas reflexiones procuran contribuir a ese debate desde la experiencia en la gestión pública y el ejercicio profesional de la ingeniería forestal, promoviendo una mirada integral sobre uno de los desafíos estructurales más relevantes para el desarrollo sostenible de la Argentina y, en particular, de la provincia de Misiones.

Ley N.º 26.737: una política de protección territorial

La Ley N.º 26.737, denominada _”Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”, constituyó un importante avance institucional en materia de política territorial y administración estratégica del territorio nacional.

Su sanción fue producto de un amplio debate político y federal, reconociendo a la tierra como un recurso natural estratégico y estableciendo límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

El espíritu de esta norma no fue impedir inversiones ni aislar al país del mundo, sino preservar la capacidad del Estado para planificar el territorio, proteger recursos estratégicos y garantizar que el desarrollo económico sea compatible con el interés nacional.

Por ello, cualquier modificación de este régimen debería surgir de un debate amplio, federal y responsable, que contemple no solo las variables económicas, sino también las dimensiones sociales, ambientales, territoriales y geopolíticas.

El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la promoción de inversiones y la preservación de la capacidad soberana del Estado para administrar sus recursos estratégicos.

La cuestión de la tierra como desafío estructural

La cuestión de la tierra constituye uno de los desafíos estructurales más importantes para el desarrollo territorial, el ordenamiento del territorio y el fortalecimiento de la soberanía nacional, especialmente en provincias como Misiones.

El acceso, la distribución y la regularización de la tenencia no representan únicamente cuestiones jurídicas o administrativas. Son componentes fundamentales de una política de Estado orientada al desarrollo y al ordenamiento territorial.

La tierra no puede ser considerada exclusivamente como un activo económico o financiero. Es un recurso natural estratégico que sostiene la producción, preserva la biodiversidad, protege los recursos hídricos y forma parte de la identidad cultural y social de las comunidades.

La forma en que una sociedad administra este recurso condiciona su modelo de desarrollo, su equilibrio territorial y su capacidad de construir un futuro sostenible.

El territorio como construcción social

El territorio no es solamente un espacio físico; es el ámbito donde se articulan las relaciones sociales, económicas, culturales, políticas e institucionales. 

Cada comunidad construye sentidos de pertenencia a partir de su historia, su cultura y sus prácticas sociales. Por ello, un mismo espacio puede adquirir significados diferentes para los distintos grupos sociales o pueblos originarios que lo habitan.

Comprender esta dimensión resulta indispensable para diseñar políticas públicas capaces de armonizar producción, conservación ambiental, inclusión social y desarrollo.

La ecuación del desarrollo territorial

El desarrollo territorial sostenible depende de un conjunto de políticas que deben actuar de manera integrada.

La ecuación comprende los componentes básicos que permiten transformar la tierra en un factor de desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental:

Acceso a la tierra + Distribución equitativa + Regularización dominial + Uso responsable basado en Buenas practicas de manejo y Conservación de los suelos.

A estas variables deben incorporarse otros instrumentos estratégicos:

– Planificación y ordenamiento territorial.

– Parámetros claros de tenencia.

– Uso del suelo según su aptitud.

– Mecanismos eficaces de control.

– Asistencia técnica y financiera.

– Infraestructura rural (vivienda, caminos, electrificación, conectividad, educación y salud).

– Fortalecimiento de la competitividad de las economías regionales.

Ninguna de estas políticas, por sí sola, resulta suficiente. Su eficacia depende de una visión integral del territorio y de una adecuada articulación entre los distintos niveles del Estado.

Tierra, soberanía y planificación estratégica

La extranjerización de la tierra no puede analizarse exclusivamente desde la titularidad registral de los inmuebles rurales. También requiere considerar el control efectivo sobre recursos estratégicos: accesos, cursos de agua, nacientes, costas, corredores ambientales, áreas forestales y territorios ubicados en zonas de frontera.

La soberanía en el siglo XXI no se limita exclusivamente a la delimitación física de las fronteras. También comprende la capacidad del Estado para decidir sobre el uso del suelo, garantizar el acceso al agua, proteger los ecosistemas, evitar concentraciones que generen posiciones dominantes y orientar el aprovechamiento de los recursos naturales en función del interés colectivo.

Por ello, el debate sobre la tierra es esencialmente un debate político: expresa distintas concepciones sobre el desarrollo, la propiedad, el territorio y el rol del Estado.

No se trata de rechazar inversiones ni de negar la importancia del capital privado para el crecimiento económico. El desafío consiste en promover inversiones productivas que generen empleo, innovación y agregado de valor, preservando al mismo tiempo la capacidad estratégica del Estado.

Una mirada geopolítica sobre los recursos estratégicos

En un escenario internacional marcado por crecientes disputas por el agua, los alimentos, la energía, los bosques y la biodiversidad, la tierra adquiere una relevancia estratégica creciente.

Por eso, la discusión no debería limitarse al funcionamiento del mercado inmobiliario rural, sino ampliarse hacia una pregunta fundamental: ¿Qué modelo de desarrollo y qué proyecto de país queremos construir?

El problema no reside exclusivamente en la nacionalidad de quien posee una determinada superficie, sino en la combinación de factores que pueden comprometer el interés nacional:

》La concentración territorial;

》La localización estratégica de determinados inmuebles;

》El acceso y control sobre recursos naturales; y

》La capacidad regulatoria del Estado.

La tierra como política de Estado

La tierra constituye uno de los principales activos estratégicos de una Nación. Su administración responsable permite fortalecer las economías regionales, proteger el patrimonio natural, promover un desarrollo equilibrado y consolidar la soberanía territorial.

En definitiva, la tierra es mucho más que un bien patrimonial o el objeto de un debate sobre intereses sectoriales. Constituye el soporte físico del desarrollo, la producción, la conservación ambiental y la identidad territorial de una Nación. Administrarla con visión estratégica no significa restringir el progreso, sino garantizar que ese progreso responda al interés general y fortalezca las oportunidades de las generaciones presentes y futuras.

El desafío de la dirigencia política es transformar la política de tierras en una verdadera Política de Estado: con visión federal, perspectiva intergeneracional y compromiso permanente con el interés nacional, el desarrollo sostenible y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Solo desde una visión estratégica e integral será posible garantizar que la tierra continúe siendo un factor de producción, de cohesión territorial y de soberanía para la Nación.

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La tierra no se negocia

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El Senado pidió un cuarto intermedio para continuar con el tratamiento de la modificación de la Ley de Tierras. No es un dato menor. Cuando un proyecto genera tanta resistencia que ni siquiera sus impulsores se animan a votarlo de una vez, es porque algo no termina de cerrar.

Vamos a lo concreto. La reforma que se discute en el Congreso no habla de tierras. Habla de otra cosa. Se presenta como una “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, un nombre elegante para una operación bastante menos elegante: derogar el artículo que pone límites a la extranjerización de la tierra argentina. Nada más y nada menos.

¿Hacía falta una ley nueva para proteger la propiedad privada? No. La Constitución Nacional ya la protege. El Código Civil y Comercial también. Entonces, ¿para qué una ley que promete proteger algo que ya está protegido? La respuesta surge por sí sola: el envoltorio dice una cosa, pero el contenido dice otra. Eso, en criollo, se llama maquillaje legislativo.

Desde el Frente Grande Misiones lo venimos diciendo con todas las letras: la tierra no es una mercancía como cualquier otra. Es el sustento de miles de familias productoras, el sostén de las economías regionales y la base de la seguridad alimentaria. Someterla exclusivamente a las reglas del mercado no es modernización. Es entrega.

Y acá conviene mirar el mapa. Porque esta discusión, que en los despachos porteños puede sonar abstracta, en Misiones es una realidad concreta. Somos una provincia de frontera. Tenemos una riqueza forestal, hídrica y ambiental que pocas regiones del país poseen. Legislar sobre la tierra sin contemplar estas particularidades no es un error técnico: es desconocer la realidad de nuestra provincia.

La pregunta de fondo es simple: ¿quién controla el territorio? Porque cuando el Estado resigna herramientas de regulación y control, no gana el mercado libre. Gana quien tiene mayor capacidad económica para comprar. Y ese comprador, muchas veces, no vive acá, no produce acá y no le rinde cuentas a nadie de acá.

Por eso, desde el Frente Grande Misiones y también desde la conducción nacional del Frente Grande fuimos claros: convocamos a los legisladores nacionales a asumir esta discusión con responsabilidad histórica y a rechazar cualquier modificación que favorezca la concentración de la propiedad, la especulación inmobiliaria o la pérdida de control sobre nuestros recursos estratégicos. No es una consigna de ocasión; es una advertencia sobre lo que verdaderamente está en juego.

El cuarto intermedio no puede convertirse en un simple trámite para volver la semana próxima con el mismo proyecto maquillado. Debe servir para escuchar a los pequeños y medianos productores, a las universidades, a las organizaciones sociales y a las provincias que serán las primeras en sentir las consecuencias de lo que se vote en Buenos Aires. Las provincias no pueden ser convidadas de piedra en una decisión que las atraviesa de punta a punta.

La Argentina necesita inversión, trabajo y valor agregado. Nadie discute eso. Lo que no podemos aceptar es que la única receta para atraer inversiones sea resignar el rol del Estado y entregar el control sobre la tierra. Eso no es desarrollo; es hipotecar el futuro con el argumento de que no existe otra alternativa.

La soberanía no se declama en un discurso ni se garantiza con un nombre atractivo para una ley. La soberanía se defiende con decisiones concretas, en el momento en que hay que tomarlas. Y este es uno de esos momentos.

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AFoA respalda el dictamen de la Ley de Tierras en el Senado

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La Asociación Forestal Argentina (AFoA) manifestó su respaldo al dictamen aprobado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado de la Nación que impulsa modificaciones a la Ley de Tierras Rurales (26.737), en el marco del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En un contexto de fuerte debate político y social por la iniciativa, la entidad sostuvo que el texto consensuado en la Cámara Alta “logra un equilibrio necesario” entre la apertura a las inversiones privadas internacionales y el mantenimiento de los resguardos vinculados a la soberanía territorial.

Según AFoA, la reforma elimina restricciones burocráticas y límites cuantitativos que, a su criterio, habían frenado durante años la llegada de capitales para proyectos productivos, especialmente en sectores como la foresto-industria, sin modificar los mecanismos de control sobre áreas estratégicas.

La tierra permanece en el país

Uno de los principales argumentos de la entidad es que la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros no implica una pérdida patrimonial para la Argentina, ya que la tierra constituye un bien inmóvil que permanece bajo jurisdicción nacional.

En ese sentido, señaló que la llegada de inversiones privadas internacionales permitiría generar empleo, impulsar el desarrollo de proveedores locales, fortalecer las economías regionales y aumentar la recaudación tributaria, sin que el patrimonio territorial abandone el país.

Controles sobre soberanía y fronteras

AFoA rechazó las interpretaciones que plantean una flexibilización sin límites y remarcó que el dictamen mantiene prohibiciones específicas para que Estados extranjeros, gobiernos o empresas públicas de otros países adquieran tierras rurales, salvo autorizaciones excepcionales del Poder Ejecutivo por razones vinculadas a la defensa nacional.

Asimismo, destacó que continúan vigentes los controles para operaciones inmobiliarias en zonas de seguridad de frontera, donde sigue siendo obligatoria la intervención previa del Ministerio del Interior conforme al régimen vigente.

Sin cambios en la legislación ambiental

La entidad también buscó despejar cuestionamientos vinculados a la protección de los recursos naturales.

Según explicó, la modificación de la Ley de Tierras no altera el marco ambiental argentino, por lo que cualquier emprendimiento deberá continuar respetando la Ley de Bosques Nativos, la Ley General del Ambiente, la normativa sobre aguas y la Ley de Glaciares, independientemente del origen del capital.

Del mismo modo, remarcó que la compra de tierras no habilita automáticamente cambios en el uso del suelo ni afecta los ordenamientos territoriales establecidos por las provincias.

La foresto-industria reclama inversiones de largo plazo

AFoA sostuvo que la foresto-industria es una de las actividades más afectadas por las restricciones vigentes debido a que requiere inversiones de gran escala y horizontes de recuperación prolongados.

La entidad afirmó que la eliminación de límites como los topes de superficie o los cupos provinciales permitiría acelerar proyectos forestales destinados a la producción de madera, papel, cartón, bioenergía, biomateriales y otros bioproductos renovables que tienen creciente demanda en los mercados internacionales.

También destacó el potencial del sector para generar empleo calificado en el interior del país, promover el arraigo poblacional y contribuir a la captura de carbono mediante plantaciones forestales sustentables, un aspecto cada vez más relevante dentro de los mercados de créditos de carbono.

Como ejemplo, mencionó el desarrollo alcanzado por Corrientes durante las últimas tres décadas gracias al crecimiento de las forestaciones, experiencia que, según AFoA, podría replicarse en otras provincias si se eliminan las actuales restricciones a la inversión.

Desde la asociación concluyeron que “remover trabas burocráticas al capital privado que busca producir respetando las leyes argentinas no debilita al país; por el contrario, lo fortalece”. En esa línea, sostuvieron que la defensa de la soberanía no pasa por restringir la inversión extranjera, sino por garantizar controles transparentes, generar empleo y asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

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Senadores misioneristas rechazarán artículo clave de la ley de Tierras, pero Goerling votará a favor

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Los senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, evalúan votar en contra del capítulo 3 del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras, mientras que el PRO-libertario Martín Goerling ratificó que votará a favor de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La postura de Arce y Rojas Decut no implicaría rechazar la totalidad del proyecto, sino el apartado referido a la extranjerización de tierras, tras considerar que una flexibilización de las restricciones podría afectar a una provincia de frontera como Misiones.

La posición está alineada con el planteo que les hizo el gobernador Hugo Passalacqua, con quien se reunieron en las últimas horas. El mandatario sostiene la necesidad de preservar el territorio provincial, los recursos naturales, la biodiversidad, los cursos de agua y las áreas productivas estratégicas. 

Aunque la decisión aún no fue oficializada, la evaluación apunta a mantener las herramientas de protección territorial vigentes y evitar cambios que puedan facilitar una mayor concentración o extranjerización de las tierras rurales. El tema genera expectativa entre sectores productivos, sociales y ambientales de la provincia.

En contraste, el senador Martín Göerling confirmó que votará a favor de la iniciativa y salió a cuestionar con dureza los argumentos del oficialismo misionero.

En una entrevista con Open 101.7, el legislador del PRO, alineado con el oficialismo nacional, sostuvo que la polémica en la provincia se construyó sobre “información falsa” y aseguró que el texto que llegará al recinto el próximo 6 de agosto es muy distinto al proyecto original, luego de múltiples modificaciones durante el debate parlamentario.

“La polémica se armó en Misiones faltando totalmente a la verdad sobre lo que se está discutiendo”, afirmó. Incluso vinculó las críticas a “una interna del oficialismo” provincial y aseguró que muchos de los cuestionamientos públicos no se corresponden con el contenido definitivo del proyecto.

Uno de los principales argumentos del Gobierno de Misiones es que la reforma elimina barreras para la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en una provincia fronteriza y con importantes recursos naturales.

Goerling rechazó esa interpretación. Explicó que la iniciativa no modifica la legislación vigente desde 1944 que declara a Misiones zona de seguridad de frontera, por lo que cualquier adquisición de inmuebles por parte de ciudadanos extranjeros continuará requiriendo autorización estatal.

“Ningún extranjero va a poder comprar un metro de tierra en Misiones sin autorización. Eso no cambia”, sostuvo.

El senador también negó que la reforma implique una desprotección de los recursos hídricos, los bosques o las áreas de conservación.

El eje central de la defensa de Goerling es que la reforma elimina la intervención directa del Estado nacional en la fijación de límites generales y devuelve a cada provincia la capacidad de definir su propia política sobre la propiedad rural.

Según explicó, la actual ley, sancionada en 2011, estableció un límite del 15% para la propiedad extranjera tanto a nivel nacional como por departamento, sin contemplar la participación de las provincias en esas decisiones.

“La ley vigente define desde Buenos Aires quién puede comprar tierras en Misiones. Esta reforma les devuelve explícitamente esa potestad a las provincias”, afirmó.

Como ejemplo, recordó que departamentos como Iguazú, Wanda, Puerto Libertad y Esperanza ya superan ampliamente ese porcentaje debido a propiedades adquiridas antes de la sanción de la norma o pertenecientes a empresas extranjeras como Arauco.

A su criterio, el nuevo esquema permitirá que cada provincia autorice o rechace inversiones según sus propios intereses estratégicos.

Goerling también cuestionó las declaraciones de intendentes que en las últimas semanas se pronunciaron contra la reforma.

Dijo que muchos de los planteos realizados por los jefes comunales ya están contemplados en el texto que llegará al Senado.

“Escuché a varios intendentes pedir exactamente lo que establece esta ley: que la provincia tenga injerencia, que proteja los recursos naturales y que pueda decidir sobre su territorio. Todo eso está previsto en el proyecto”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que el Gobierno provincial debería comenzar a trabajar en una legislación específica para regular esas facultades en caso de que la reforma sea aprobada.

“Le diría al gobernador Passalacqua que, en lugar de pedir que rechacemos el proyecto, nos pongamos a trabajar en una ley provincial que establezca todas esas protecciones”, planteó.

Un debate que divide a Misiones

Las declaraciones del senador profundizan un escenario de fuerte confrontación política.

En las últimas semanas el Gobierno provincial impulsó un amplio frente institucional contra la reforma. Además del pronunciamiento del gobernador, también expresaron su rechazo la Asociación de Intendentes del Norte Misionero (ADINM), la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM), el Movimiento Industrial Misionero y la Red de Mujeres del Movimiento, encabezada por Viviana Rovira.

Todos coinciden en advertir que la eliminación de los límites nacionales a la compra de tierras por extranjeros podría facilitar la concentración de superficies estratégicas vinculadas a recursos hídricos, biodiversidad y zonas de frontera.

Goerling, en cambio, sostiene exactamente lo contrario: afirma que la reforma fortalece el federalismo, devuelve competencias a las provincias y no elimina ninguno de los controles específicos sobre las zonas fronterizas.

Con la sesión prevista para el 6 de agosto, el Senado se prepara para una votación que trasciende el debate jurídico y expone una diferencia política de fondo entre el Gobierno nacional y la conducción de Misiones sobre quién debe tener la última palabra en una cuestión considerada estratégica: el control del territorio provincial.

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