Las investigaciones judiciales en la provincia de Buenos Aires sobre casos de aborto hacían foco “en las mujeres que se causaban su propio aborto” antes de la sanción de la Ley IVE, en diciembre de 2020, según un informe difundido hoy por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial.

El estudio, realizado por la Subsecretaría de Política Criminal, abarca los últimos nueve años y puntualiza que la judicialización de comportamientos ligados al aborto fue perdiendo magnitud a lo largo de la pasada década.

En el período estudiado, siempre según el informe, cambió “el eje de la persecución judicial”, ya que “en los primeros tres años en territorio bonaerense se hacía foco en las personas que facilitaban el aborto”.

Pero en los últimos seis “ganaron entidad las investigaciones contra aquellas personas que se causaban su propio aborto”.

La recientemente sancionada ley IVE “se adecuó a compromisos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en materia de salud pública”, destacó el informe.

En este sentido, puntualizó que “se modificaron los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal, y se implementó el artículo 85 bis, que contempla como responsable a un funcionario público, autoridad o personal de la salud”.

Antes de la ley IVE, sancionada en diciembre y que entró a regir a partir del 14 de enero de este año, la obstaculización de un aborto “no se consideraba un delito y ahora contempla una pena de 3 meses a un año de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo”.

La nueva Ley, según el informe, “marca el cambio del artículo 88” del Código Penal ya que “antes causar su propio aborto o consentir que otro se lo cause tenía una pena de 1 a 4 años, pero ahora la pena va de tres meses a un año y podrán ser eximidas de prisión cuando las causas hicieran excusable la conducta”.

Otro de los puntos salientes del informe indicó que se identifica inicialmente una correlación entre las investigaciones iniciadas por actividad policial y los comportamientos ligados a los abortos ajenos.

Del mismo modo se corresponde la evolución de las causas generadas por órganos judiciales y las denuncias por prácticas vinculadas a abortos autogestionados.

Al mismo tiempo, remarcó que las personas detenidas en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense por conductas abortivas solían tener imputaciones que alcanzan otras figuras penales.

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