La reunión del martes de la comisión de Presupuesto transcurría sin sobresaltos. El ministro Marcelo Pérez expuso durante unos pocos minutos -un récord de brevedad- y nadie le preguntó por políticas de seguridad ni otra cosa de interés. Horacio Loreiro, del PRO, se preocupó por las naranjas robadas a Ricardo Ranger, famoso por no poder encontrar mano de obra que le ayude en la cosecha. El productor realizó 71 denuncias en lo que va del año -una cada cinco días- sobre robos reiterados de frutas. El diputado tenía un interés especial: “No quiero que me llame más a mí”, confesó entre risas. Pérez respondió que él mismo fue a reunirse con Ranger. “Podemos ayudar con logística o inteligencia para saber quien es el responsable de los robos. Pero el productor debe cuidar su propiedad, que es muy vulnerable. No se puede cuidar a alguien en particular. Si no, seríamos una seguridad privada”.

Tras la explicación, hubo otras dos preguntas, que en el momento parecieron intrascendentes, pero que con el correr de las horas, cobran otra dimensión. El radical Francisco Fonseca, inquirió sobre las sanciones a los policías que estuvieron en las protestas de mayo y si la Provincia había incumplido el acta acuerdo. La respuesta de Pérez fue tajante: “¿Quien nos preserva de los delincuentes con uniforme? No se puede tener un funcionario con cuentas pendientes con la Justicia penal. Los pases a disponibilidad obedecen a notificaciones de la Justicia por delitos de usurpación, daño, incitación a la violencia, robo de armas, móviles policiales. El delito de sedición”, remarcó Pérez.  

El ministro contó que dialogó con Patricia Bullrich sobre la situación de los policías díscolos y la ministra de Seguridad de la Nación respaldó la posición de Misiones. “No se violó ningún acuerdo. Nadie viola la ley”, apuntó Pérez.

Finalmente, Miguel Núñez, también del PRO, se quejó por la detención de un efectivo policial, lo que motivó el airado reclamo de los líderes de la revuelta de mayo. Nuevamente, Pérez fue terminante: “La Policía no detiene a nadie porque sí. Se lo detuvo por orden de un juez. Y el juez ordenó que se le secuestre el teléfono para determinar eventuales contactos para la concreción de los delitos”, detalló. 

Pérez se refería a Diego Correa, detenido por orden del juez Fernando Verón al revelarse una trama conspirativa que fue abortada gracias al llamado de alerta de otro policía. Si bien Correa fue uno de los promotores de la toma del Comando Radioeléctrico y es uno de los delegados en la discusión salarial, la detención no estuvo relacionada con ese primer hecho sino con lo que se estaba montando para el martes 17 de septiembre.

Según confirmaron desde el juzgado de Verón, el peritaje del teléfono celular del oficial fue clave para determinar las intenciones de la banda, que ahora ya se encuentra a disposición de la Justicia. Se trata del propio Correa, el sargento Ramón Alejandro Arrieta, el oficial ayudante Horacio Elías Coutto, , el sargento Lisandro Ramón Canteros, , el oficial subayudante Iván Ezequiel Arrieta, el suboficial mayor Ramón Oscar Amarilla -cabecilla de la sublevación de mayo-, el sargento Joaquín Orrego y el cabo primero Adolfo Girula. Todos perderán estado policial y serán echados de la fuerza. 

La Justicia accedió a un intercambio de mensajes entre los ocho en el que revelaban la intención de provocar incendios para forzar la salida de los cuarteles de bomberos de las autobombas y así robarlas para bloquear avenidas y calles. También la toma de la Jefatura y acciones de amedrentamiento a funcionarios y piquetes en sus hogares. La intención era forzar el cambio de la cúpula policial y la salida del propio Pérez. Lo salarial quedaba en segundo plano. Eran acciones políticas. ¿Será por eso que tanta era la preocupación de los diputados de la alianza opositora? ¿Sabían lo que se estaba tramando? ¿Tenían vínculos con los detenidos? 

El análisis de los teléfonos de Germán Kiczka, el ex diputado puertista-libertario que protagoniza un escándalo de pedofilia, permitió conocer que había sido uno de los que aportó logística y financiamiento a la revuelta de mayo. El intercambio directo se habría dado entre Kiczka y Ernesto Krauchuk, mano derecha y seguridad de Ramón Puerta. ¿Habrá alguna conversación similar con los nuevos revoltosos? 

El viernes, el gobernador Hugo Passalacqua reunió a representantes de los tres poderes para darle un cierre al intento de rebelión sofocado. “Estamos comprometidos en hacer que la vida de los misioneros y las misioneras transcurra en paz”, aseguró.

“Cuando eso se rompe, se distorsiona, nos invita y nos obliga a la acción para que todo siga funcionando con normalidad”, sentenció.

Tras la reunión, Pérez señaló que “Misiones es una provincia de diálogo y paz social”, que respeta los “códigos de convivencia democráticos”.

“El uniforme nunca es ni puede ser, un escudo para delinquir. Hoy queda demostrado, una vez más, que a aquellos que así lo intentan, les cae el peso de la ley. Porque el uniforme constituye un compromiso con nuestra sociedad, es un símbolo de entrega y de servicio. Quien no lo comprenda; entonces no tiene lugar en nuestras fuerzas”, aseguró el ministro.

Ajenos a todos, como en el escándalo por pedofilia y material de abuso sexual infantil que conmueve a la Provincia, los dirigentes de la oposición hacen silencio o se mostraron preocupados por los policías detenidos y no por el delito del que se los acusa. Con Kiczka, uno de los suyos, fue igual, entre denuncias de “operaciones” y pedidos de “un proceso justo”, macristas y radicales defendieron hasta último momento al entonces diputado cuyos gustos incluían la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Ninguno se preocupó por las víctimas.

Sin embargo, cuanto más detalles se conocen de las conversaciones de Kiczka, queda claro que nada había de inocente en su accionar. Las conversaciones con su pareja, María Alejandra F, revelan que las aberraciones se cometían desde hace tiempo y que ambos comprendían cabalmente la gravedad de las acusaciones.

-Lo único que te voy a pedir es que la notebook que está en casa la marrón (sic)…

-Hay que desaherce (sic)

-puede haber material viejo. No sea cosa que un día caigan a casa o algo

–ROMPELA

-O la llevamos a lo de Clarita no se

Las frases pertenecen a María Alejandra, la pareja de Germán Kiczka, una presentadora de noticias de Apóstoles. 

A lo que Germán responde: 

-Ok china pero yo tengo fueros… no pueden entrar a mi casa de ninguna forma… no hay juez que pueda

– Pero si te deja más tranquila la tiro a la mierda

– A mi no me pueden investigar

María Alejandra vuelve a responder: Noelia que sabes si no contó que hay un compu en el piso de casa Pueden investigar

-esa compu está muy a la vista y el aparato ese que tiene las fotos también

– Vamos a meter en una bolsa y llevamos a lo de mi mamá

-Bueno estoy ordenando un poco acá

Germán: Aaaah mirá como revisaste todo eh… no se te escapó nada

María Alejandra: lo del aparato me contaste vos… Que pusiste fotos ahí

Germán: se se se

-No so facil vo eh

María Alejandra: Yo ya no reviso esas pavadas

Me voy a las ctas del banco

Germán: ahhh bueno mirala

–A mi no me pueden tocar, olvidate de todo

–Tengo fueros, quedate tranquila

Ese diálogo disparó el allanamiento que se realizó este miércoles en la casa de los padres de María Alejandra, los suegros de Kiczka, que ya no tiene fueros y está detenido con prisión preventiva, junto a su hermano Sebastián. Queda claro que Kiczka sabía la gravedad del contenido sexual que consumía. Tanto que había que esconderlo. Sus socios políticos, que lo cobijaron y defendieron y siguen sin pedir disculpas, se quedan sin excusas. Acostumbrados a los cálculos electorales, la ecuación les da negativo. En la Libertad Avanza no quieren saber nada con tener como aliados a los salpicados por el escándalo de la pedofilia. Y al revés. En Misiones crece el rechazo a la alianza del radical Martín Arjol con las políticas de ajuste de Javier Milei. Al veto al aumento a los jubilados, votado por Arjol, se sumará otro al presupuesto universitario, que también tendrá el voto radical. 

Las políticas de ajuste del Gobierno nacional están impactando de lleno en el mercado laboral. La recesión se profundizó y cerró el segundo trimestre del 2024 con el 7,6% de desocupación, según el Indec. De esta manera, el indicador social desmejoró 1,4 puntos porcentuales respecto del mismo período del 2023 (6,2%). La región NEA mostró considerables desmejoras: si bien la población activa creció, lo hizo de manera muy leve (apenas 0,1 punto porcentual en la comparación interanual). A su vez, el empleo cayó en 1,3 puntos y la desocupación saltó 3,5 puntos. 

El Presupuesto 2025 diseñado por Milei no permite avizorar mejoras, aunque el propio Gobierno estime un crecimiento del 5% para el próximo año después de una caída en 2024 -sólo en el primer semestre el PBI se contrajo 3,4%-.

El recorte presupuestario a las provincias se mantiene y Milei pidió un ajuste extra de “60 mil millones de dólares”. Claramente, es insostenible. La reacción de Misiones fue inmediata. El lunes Passalacqua y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, se reunieron con el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para intentar corregir algunas variables. Se consiguió salvar de la motosierra al Fondo Especial del Tabaco, que seguirá siendo una caja extrapresupuestaria, por lo que no se cambiará su forma de distribución. También se consiguió la promesa de que la Nación cumplirá con el compromiso de saldar la deuda por la caja previsional y recursos para obras que ya estaban comprometidas. Pero no mucho más. 

En el tablero nacional, las provincias deben arreglarse cada una como pueda. Misiones está mostrando músculo. Esta semana presentó seis líneas de crédito para las pequeñas y medianas empresas por 88 mil millones de pesos. Acumulan 103 mil millones en lo que va del año. Misiones se posiciona así como la principal “prestadora” del país, por encima de Capital Federal y Chubut. 

Misiones mantiene una línea de conducta con una decidida intervención en la economía, ahí donde haga falta. En otras provincias no sucede lo mismo. Las economías regionales no encuentran piso. 

En lo que hace a Misiones, la mandioca, la forestación y la yerba mate, siguen en un rojo furioso en el semáforo de Coninagro. La Provincia está buscando los mecanismos para mejorar el precio de la materia prima de la yerba mate y el lunes se reunirá con productores en Salto Encantado. El bosquejo inicial marca un precio de referencia definido en forma similar al té, con incentivos fiscales para los secaderos que paguen el valor máximo. El objetivo es que el esquema esté listo para iniciar la zafra 2025. Para la producción este ya es un año perdido. Más aún cuando el Gobierno nacional celebra los efectos de la desregulación.

Este sábado el ministro Federico Sturzzenegger dio a conocer un informe sobre el impacto del DNU 7023. Más concretamente, la “Unidad de Evaluación de Impacto” de la cartera desreguladora calculó que en términos reales (esto es, descontada la inflación), el precio promedio de la yerba mate cayó 25,4% respecto de diciembre de 2023. La caída en góndola no se compara con el derrumbe del precio de la materia prima, que llegó a pagarse 370 pesos en febrero de este año, a los 230 o 250 actuales -pagados hasta en 120 días-, con una caída de entre 32 y 37 por ciento, con una inflación acumulada superior al 90 por ciento. Hoy muchos productores apenas cobraron para la subsistencia.

El informe de Sturzenegger confunde algunos conceptos. El comunicado de su cartera indica que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), “tenía la atribución de establecer, mediante resoluciones semestrales, los valores mínimos de la materia prima de la yerba, que comprendía tanto la tonelada de hoja verde como la tonelada de yerba mate canchada puesta en secadero” que el gobierno del presidente Javier Milei eliminó, mediante el DNU 70/2023, la facultad del INYM para establecerlos. De acuerdo al Ministerio desregulador, “esta medida permitió que los productores fijaran libremente el precio de venta del producto”. Esa sentencia es, sin embargo, falsa: con la desregulación, los productores nunca fijaron el precio de venta. De hecho, pedían 505 pesos para iniciar la zafra y hoy se está pagando cien pesos y el resto a 120 días.

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