Menos costos para producir y más recursos disponibles para sostener la actividad en las chacras. Con ese objetivo, el Gobierno de Misiones estableció un esquema de “canon cero” para pequeños usuarios productivos que utilizan agua proveniente de perforaciones y captaciones registradas. La decisión del gobernador Hugo Passalacqua fue destacada por el titular de la cartera agraria, Facundo López Sartori, por su impacto directo sobre quienes registren consumos mensuales de hasta 299 metros cúbicos.
La medida no alcanza al servicio domiciliario de agua potable, sino específicamente al aprovechamiento del recurso hídrico mediante perforaciones y captaciones registradas utilizadas en actividades productivas. Comprende actividades agrícolas, pecuarias, industriales y piscícolas, entre otras, y apunta especialmente a aliviar la estructura de costos de los pequeños productores.
“Es otra decisión concreta del gobernador Passalacqua para bajar costos al que produce. En un momento difícil para las economías regionales, buscamos que cada recurso que podamos ahorrar vuelva a la chacra, a la producción y al trabajo”, señaló López Sartori.
La iniciativa fue instrumentada por Aguas Misioneras S.E., presidida por Hernán Corrales, y forma parte de un trabajo articulado con los sectores productivos para reducir costos y acompañar especialmente a los pequeños usuarios. El ministro destacó, además, el diálogo y el trabajo conjunto con Corrales para acercar esta herramienta a los productores alcanzados por el beneficio.
El esquema establece que los usuarios cuyo consumo mensual se mantenga hasta los 299 m³ no tendrán facturación ni deberán abonar el canon correspondiente. A partir de los 300 m³, quedarán fuera del beneficio y continuarán bajo el régimen vigente por la totalidad del consumo registrado.
La aplicación será automática, de acuerdo con el consumo y la información registrada, por lo que los usuarios alcanzados no deberán realizar ningún trámite adicional. En los casos en que un mismo titular posea más de una perforación o captación registrada, se sumarán los consumos correspondientes a todas ellas para determinar si se encuentra dentro del límite establecido.
“Para el pequeño productor cada costo cuenta. Esta medida combina dos cosas que para nosotros son fundamentales: cuidar y controlar responsablemente el recurso hídrico y, al mismo tiempo, aliviar los costos de quienes producen”, remarcó López Sartori.
El beneficio estará vigente desde septiembre de 2026 hasta diciembre de 2027 y excluye a aquellas actividades que utilizan el agua de manera directa e intensiva como materia prima principal, entre ellas las empresas embotelladoras y los establecimientos dedicados a la fabricación de hielo.
De esta manera, la medida permite reducir un costo concreto para pequeños usuarios productivos sin dejar de sostener el registro y el control sobre el aprovechamiento del recurso hídrico, articulando el acompañamiento a la producción con una gestión responsable del agua.
El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este martes la entrega de vouchers a 45 bibliotecas de Misiones para la adquisición de nuevos libros, mientras que 15 instituciones recibieron además aportes mediante cheques. La iniciativa forma parte del acompañamiento que el Gobierno provincial sostiene desde hace 16 años para fortalecer el trabajo de las bibliotecas y ampliar el acceso de las comunidades a la lectura y la cultura.
La actividad se realizó en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, en la antesala del Día de las Bibliotecas Populares, que se conmemora cada 23 de septiembre. Allí, Passalacqua compartió el encuentro con representantes de instituciones de distintos puntos de Misiones y reivindicó especialmente el papel que cumplen estos espacios para acercar los libros a quienes de otro modo podrían tener dificultades para acceder a ellos.
“Los libros nos construyen por dentro”, expresó el gobernador al referirse a la capacidad de la lectura de trasladar a las personas hacia otros lugares, épocas y experiencias. Destacó también la particular relación que permite establecer el libro con el lector: volver sobre una página, recuperar un párrafo, marcar una frase y regresar a ella con el paso del tiempo.
Passalacqua puso el foco especialmente en el trabajo cotidiano de quienes sostienen las bibliotecas. “Vine hoy a agradecerles lo que hacen todos los días con el corazón para que miles de misioneros y misioneras puedan acceder a un libro, sobre todo la gente sencilla y los sectores humildes, que tal vez en su casa nunca lo podrían tener”, manifestó.
En ese sentido, definió a la biblioteca como “ese refugio de vidas, de aventuras, de matemáticas, de libros escolares”, abierto a niños, jóvenes, adultos y a todas aquellas personas con inquietud por aprender y conocer.
El mandatario destacó además la presencia de estos espacios en comunidades pequeñas y recordó particularmente su visita a la biblioteca de Profundidad como ejemplo de la dimensión territorial que alcanza esta tarea. “Está la bibliotequita ahí para la gente. Y eso es un aliento de esperanza en un momento difícil como el que estamos pasando”, sostuvo.
45 bibliotecas podrán elegir nuevos libros
Los vouchers entregados permitirán que cada biblioteca seleccione los títulos que necesita de acuerdo con los intereses y demandas de sus propios usuarios, preservando así la autonomía que caracteriza históricamente a las bibliotecas populares.
La presidenta de la Federación Misionera de Bibliotecas Populares y delegada de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), Elsa Tañski, destacó precisamente esa posibilidad. “Con el voucher, cada biblioteca puede ir y elegir los libros que necesitan sus usuarios”, explicó.
Tañski también remarcó la continuidad de estos espacios en Misiones en un contexto complejo para numerosas instituciones culturales. “Así como hay bibliotecas que se están cerrando en otros lados, aquí no se ha cerrado ninguna. Y tampoco hay rumores de que haya alguna que quiera cerrar”, afirmó.
La referente atribuyó esa continuidad a la articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que administran las bibliotecas. Según explicó, mientras el sector público aporta capacidad organizativa y recursos, las asociaciones sostienen una intensa actividad comunitaria mediante cursos, capacitaciones, concursos literarios, encuentros, actividades artísticas y otras propuestas.
Un acompañamiento que se sostiene desde hace 16 años
La delegada gubernamental ante la CONABIP, Iris Gómez, destacó la decisión de mantener el programa y señaló que la renovación de las colecciones repercute directamente en la calidad de los servicios que las bibliotecas brindan a sus comunidades.
“Sabemos que es importante tener ese voucher para poder actualizar sus colecciones”, expresó. Asimismo, destacó la continuidad de los aportes provinciales y el acompañamiento que permite a las bibliotecas participar de otras instancias vinculadas a la adquisición de material bibliográfico.
El esquema provincial se desarrolla desde hace 16 años y acompaña a instituciones distribuidas en distintos municipios. Las bibliotecas populares son asociaciones civiles autónomas creadas y sostenidas por vecinos, socios, voluntarios y colaboradores, y funcionan como espacios abiertos para la lectura, el encuentro y las actividades culturales.
En esta edición, además de los vouchers destinados a 45 instituciones, 15 bibliotecas recibieron cheques. Tañski explicó que existe un trabajo pendiente para que más instituciones puedan regularizar su documentación y acceder en futuras ediciones a esos aportes.
En ese marco, anunció que desde la CONABIP se prevé un programa destinado a acompañar, a través de la Federación, a las bibliotecas que necesitan completar trámites y avanzar en su regularización.
Más de 150 años de historia de las bibliotecas populares
La entrega se realizó un día antes del Día de las Bibliotecas Populares, que se conmemora cada 23 de septiembre en recuerdo de la promulgación, en 1870, de la Ley N.º 419, que dio origen a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, antecedente de la actual CONABIP.
La iniciativa fue impulsada durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento junto a su ministro de Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda, con la concepción de que las propias comunidades tuvieran un papel central en la creación y funcionamiento de estos espacios.
A 156 años de aquel antecedente, la jornada en Casa de Gobierno reunió a representantes de bibliotecas de diferentes puntos de Misiones y renovó un esquema de acompañamiento provincial que lleva 16 años de continuidad. Los vouchers permitirán que nuevos títulos lleguen a sus estantes y, desde allí, a niños, jóvenes y adultos que encuentran en las bibliotecas un espacio comunitario de acceso a la lectura y al conocimiento.
Acompañaron al gobernador el ministro de Cultura, Joselo Schuap; la delegada gubernamental ante la CONABIP, Iris Gómez; y la presidenta de la Federación Misionera de Bibliotecas Populares y delegada de CONABIP, Elsa Tañski, junto a representantes de las instituciones beneficiarias.
El gobernador Hugo Passalacqua desplazó por decreto a Carlos Rovira de la presidencia honoraria del Parque de la Salud, en un movimiento que aisla aún más al ex conductor del Frente Renovador, ahora al frente de Encuentro Misionero:
El texto es directo: Instrúyase al Consejo de Administración de la Fundación Parque de la Salud Dr. Ramon Madariaga Ley XVII – Nº 70 a dejar sin efecto la figura de “Presidente Honorario”, creada por acta de dicho Consejo.
El consejo estaba integrado en su mayoría por figuras de lo que fue la Renovación. La presidencia sigue a cargo de Daniel Hassan, pero hay cambios en el resto de la estructura. El vicepresidente era el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, quien anunció ahora que armará un espacio político propio, y ahora será reemplazado por Daniel Silva. El secretario era Martín Cesino, potencial candidato a intendente capitalino de Encuentro Misionero. Ahora el lugar será ocupado por Roberto Hugo Correa.
Como tesorero aparece el senador Carlos Arce, ahora perteneciente al Movimiento por lo que Viene, mientras que como vocales están la ministra de Trabajo Silvana Giménez y el el ex intendente Orlando Franco. Giménez sigue, pero Franco será reemplazado por Matías Vilchez, ministro de Acción Cooperativa y ex intendente de San Javier.
Según fuentes oficiales, el control del Parque ahora será ejercido y consensuado con Salud Pública, ya que el ministerio es el ente rector de la salud en Misiones, pero tenía escasa injerencia bajo la gestión renovadora.
La escena tuvo algo de insólito y, al mismo tiempo, dejó una postal bastante elocuente del clima que rodeó una reunión clave para el futuro del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Una periodista llegó a la sede del INYM para cubrir el encuentro y, con la naturalidad de quien entra a buscar información, saludó y siguió caminando. Nadie la detuvo. Al contrario: cuando llegó hasta Presidencia, la hicieron pasar y le indicaron dónde debía ubicarse para participar de la reunión.
El equívoco duró hasta que a alguien se le ocurrió hacer la pregunta elemental: quién era y a quién representaba. “Le dije que era de Economis y me pidieron que esperara en el hall”.
Pero la confusión no terminó allí. Poco después la llamó Rodrigo Correa, presidente del INYM, convencido también de que se trataba de una funcionaria del Senasa, uno de los organismos involucrados en la discusión sobre el nuevo esquema de fiscalización de la actividad yerbatera. Cuando advirtió que estaba frente a una periodista, Correa pidió disculpas y volvió a solicitarle que aguardara afuera.
La anécdota podría quedar simplemente como un episodio pintoresco si no fuera por el contexto. La periodista estuvo a nada de sentarse en una reunión convocada en forma reservada en la que funcionarios nacionales iban a plantear cambios sensibles en el funcionamiento del INYM. Y la confusión parece haber sido posible por la insoportable levedad con la que se manejan los temas de una de las principales economías de Misiones. Ninguno de los directores del INYM tenía precisión sobre quiénes participarían ni sobre el alcance de lo que Nación venía a proponer. La información oficial apareció varias horas después: el comunicado fue publicado alrededor del mediodía. Sin nombres. Sin información concreta.
En la reunión estuvieron Martín Giacco, por Agricultura; Martín Fernández, jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura; Eugenio Marí y Brenda Padilla Tanco, del área nacional de Desregulación, además de funcionarios del Senasa.
Vinieron con una misión precisa marcada por Federico Sturzenegger: vaciar de funciones al INYM, reducido ya a mero espectador de la realidad yerbatera. El objetivo es ir a fondo ante un relato que cruje. El argumento del Titán para justificar la caída del precio de la yerba es que hay sobreproducción. Pero del casi un millón de toneladas cosechadas en 2024, ahora se alcanzarán, con suerte, las 750 mil toneladas. El precio no se movió ni un céntimo para arriba. Y los productores siguen a la miseria, al mismo tiempo que la industria también patalea por la pérdida de rentabilidad, pese al boom exportador que es relevante en las primeras marcas.
El relato cruce y los datos lo evidencian. La economía volvió a achicarse en el segundo trimestre y los motores internos empiezan a apagarse al mismo tiempo. El 0,6% de caída contra el trimestre anterior no es apenas una sutileza estadística: mientras el Gobierno exhibe el crecimiento contra 2025, el presente muestra familias que retraen el consumo y empresas que pisan el freno de la inversión. El consumo privado cayó 2,4% respecto del primer trimestre, el público 2,3% y la inversión se desplomó 11,1% interanual, con derrumbes de 15,2% en maquinaria y equipo y de 22,1% en equipos de transporte. El único motor que mantuvo velocidad fueron las exportaciones, con una expansión interanual del 13,7%.
Hay otros números que prácticamente hablan solos. La Argentina tiene el desempleo más alto desde 2021, cuando la economía intentaba salir del golpe de la pandemia. La desocupación trepó al 7,9%: con aproximadamente 1,2 millones de personas desocupadas. Pero esa es apenas la primera capa del problema. Entre quienes sí tienen una ocupación, alrededor del 17% busca activamente otro empleo y la subocupación supera el 11%.
En 2021 había una explicación extraordinaria: la economía venía de atravesar cierres, restricciones, fronteras bloqueadas y una disrupción global sin precedentes. Cinco años después no hay pandemia, pero el desempleo regresó a aquellos niveles. Y ahora se superpone otro deterioro: el 45% de los trabajadores está en la informalidad, cerca de seis millones de personas solamente dentro de los grandes aglomerados urbanos relevados por la EPH. El problema laboral argentino, por lo tanto, ya no cabe en el 7,9% de desocupación. Hay que sumar a quienes buscan trabajo sin encontrarlo, a quienes tienen uno pero buscan otro, a los subocupados que necesitan más horas y a millones que producen y generan ingresos por fuera de la formalidad.
Si crecer no alcanza para crear empleo suficiente, y casi la mitad del trabajo que se crea o sobrevive permanece en la informalidad, entonces no hay tal recuperación ni estamos atravesando los mejores 18 meses prometidos por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los problemas laborales se traducen también en una enorme pérdida de ingresos y poder adquisitivo. La mora de las familias llegó al 12,9%, más del doble del 5,6% de hace apenas un año y el nivel más alto en más de dos décadas. Pero el dato se vuelve todavía más crudo cuando se mira dónde están los atrasos: los préstamos personales ya tienen 16,7% de irregularidad y las tarjetas, 12,8%. Es decir, el problema se concentra precisamente en las herramientas a las que recurren los hogares cuando el sueldo no alcanza para atravesar el mes. El ajuste de los hogares ya no consiste solamente en consumir menos; para una porción creciente, también significa no poder pagar lo que consumieron cuando todavía tenían crédito para hacerlo.
El presidente Javier Milei está decidido a ignorar esos datos y a mantener firme el rumbo hacia el faro. En la letra chica del Presupuesto 2027 puede analizarse que el plan no se inmuta.
El Presupuesto puede mostrar una mejora real del gasto de 3,9% respecto de este año, pero esa recuperación apenas maquilla la magnitud del ajuste acumulado: el Estado nacional seguirá gastando 26,5% menos que en 2023. Y debajo del promedio aparecen números todavía más brutales: Vivienda y Urbanismo permanece 99% por debajo de aquel año; Agua Potable y Alcantarillado, 93%; los servicios económicos, 68%. La obra pública resume como pocas áreas el cambio de época: de una cartera de 2.339 proyectos, apenas 199 continúan bajo gestión directa de Nación, mientras el gasto en infraestructura se mantiene cerca de 80% por debajo de 2023. No es austeridad presupuestaria: es un Estado nacional que abandona buena parte de su presencia directa y apuesta a que provincias, municipios y capital privado ocupen ese espacio.
El proyecto elimina la actualización automática de la AUH y las Asignaciones Familiares sin reemplazarla por otra fórmula, devolviendo al Ejecutivo la decisión sobre cuándo y cuánto aumentarlas. A eso se agregan universidades con $7,5 billones frente a los $11 billones necesarios calculados por el CIN, Incluir Salud con otro recorte real de 13,9% y una Educación Sexual Integral reducida 98,5% frente a 2023. El Presupuesto no sólo administra la escasez después de tres años de motosierra: intenta convertir parte de ese ajuste en una nueva arquitectura permanente del Estado.
Una frase de Patricia Bullrich quizá explique mejor el Presupuesto que varias páginas de sus planillas: “De golpe viene una bomba atómica”. No lo dijo un gobernador opositor ni uno de los sectores afectados por el ajuste. Lo dijo la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, después de descubrir que el proyecto enviado al Congreso incorporaba nuevos ajustes en discapacidad que, según aseguró, ni siquiera habían sido discutidos en la mesa política del oficialismo. “A mí no me tomen de tonta”, completó, y señaló hacia donde sale formalmente el proyecto: “El Presupuesto viene de Economía”.
La paradoja es difícil de mejorar. La “bomba atómica” de la que habla Bullrich no la escribió la oposición: es el Presupuesto elaborado por el propio Gobierno de Javier Milei que ahora necesita que voten sus legisladores y los aliados que le permitieron construir mayorías durante el año. Bullrich está jugando su propia interna y su posicionamiento político, pero su advertencia deja al descubierto un límite que hasta dentro del oficialismo empieza a resultar incómodo: cuánto ajuste puede soportar una mayoría parlamentaria antes de romperse. Quien hoy advierte que algunas decisiones pueden hacer volar por los aires la gobernabilidad integró, como ministra de Trabajo, el gobierno de Fernando de la Rúa que en 2001 aplicó el recorte del 13% sobre jubilaciones y salarios públicos superiores a determinado monto. La discusión ya no parece ser solamente cuánto ajustar, sino hasta dónde se puede tensar la cuerda sin quedarse, finalmente, sin nadie dispuesto a sostenerla.
La aprobación de Milei permanece en 42% por tercer mes consecutivo, después de haber perdido nueve puntos entre enero y julio. La meseta puede ser leída como un alivio después del deterioro del primer semestre, aunque convive con señales económicas menos favorables: 52% evalúa negativamente la situación económica actual, 55% considera que el país está peor que hace un año y los problemas económicos concentran el 60% de las preocupaciones personales. Los bajos salarios aparecen, además, con el registro más alto de la serie de Poliarquía.
En el presupuesto diseñado por Milei, Misiones sale poco favorecida. Los $3,43 billones que el Presupuesto 2027 contabiliza en Misiones no son plata para la Provincia: casi todo son obligaciones que Nación ya debe atender, desde jubilaciones hasta salarios y transferencias corrientes. La inversión es apenas una nota al pie: sólo el 1% del gasto territorializado corresponde a capital y apenas $13.383 millones aparecen identificados para proyectos de inversión. Para ponerlo en perspectiva, la autovía de la ruta 105 tendría $2.732 millones y la continuidad de la autopista de la ruta 12 entre Posadas y San Ignacio, apenas $848 millones. Después de años de deterioro de las rutas nacionales y paralización de obras, la recuperación prometida luce microscópica frente a las necesidades acumuladas.
La otra paradoja es todavía más incómoda para el discurso federal: Misiones encabeza el NEA cuando Nación contabiliza cuánto gastará dentro de cada territorio, pero queda última cuando se mira el dinero automático que efectivamente ingresará a las provincias. El proyecto calcula $3,34 billones para Misiones, contra $4,91 billones para Chaco, $3,74 billones para Corrientes y $3,56 billones para Formosa. Y mientras las transferencias de capital a provincias y municipios caerían otro 20% real en todo el país, el Presupuesto consolida una ecuación conocida por los misioneros: Nación exhibe como presencia federal el pago de jubilaciones y otras obligaciones corrientes, pero cuando llega la hora de repartir recursos y financiar infraestructura, Misiones vuelve a quedar mirando desde el borde del mapa.
Ante esto, es clave la gestión provincial. El Presupuesto propio está siendo analizado en la Legislatura, pero el gobernador Hugo Passalacqua lo diseñó con una lógica distinta al de Nación: la prioridad es la recuperación de la economía, con una fuerte inversión en la inversión pública y el despliegue de obras. El viernes el Gobernador entregó dos motoniveladoras con inversión provincial para Florentino Ameghino y El Soberbio, ambos municipios con cientos de kilómetros de caminos rurales por arreglar.
El vínculo con los intendentes se vuelve fundamental para sostener el rumbo en tiempos de turbulencia. La Asociación de Intendentes del Norte Misionero (ADINM) recibió el jueves en Eldorado con el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, en el marco de una agenda institucional impulsada por Passalacqua, que busca sostener el contacto directo entre los municipios y el Gobierno provincial.
Uno de los ejes de análisis fue el impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional sobre las administraciones comunales.
Durante el encuentro repasaron las dificultades que atraviesan los municipios para sostener sus esquemas de funcionamiento frente a un contexto de menores recursos y mayores exigencias de gestión.
“La intención es sostener una planificación conjunta que permita atender las principales necesidades de cada municipio y ordenar las prioridades para los últimos meses del año, teniendo en cuenta las restricciones derivadas de la situación económica nacional”, explicó Sartori.
“Lo que está sucediendo en Argentina es un flagelo y hay que decirlo con todas letras. Según el Gobierno nacional la economía crece, pero es solo para algunos sectores empresarios muy concentrados y no derrama para la clase trabajadora”, afirmó el jefe de Gabinete. “La insensibilidad de Milei hacia Misiones es alarmante”, sentenció.
Como contraste a las políticas nacionales, Misiones le puso tope al endeudamiento de los estatales -bajó de 39 al 30 por ciento el límite para los descuentos automáticos- y mantiene la inyección de recursos para estimular el consumo. En las últimas horas se conoció una nueva medida de alivio fiscal que se suma a otras ya vigentes: el Gobierno provincial decidió reducir del 5% al 3,5% la alícuota de Ingresos Brutos para profesionales independientes vinculados con la actividad turística y excluir a las agencias de viajes minoristas del régimen de retenciones bancarias. En este último caso, el beneficio alcanzará a una única cuenta declarada por cada agencia y tendrá una vigencia inicial de tres meses.
Cada medida tiene que analizarse en el contexto.Misiones enfrenta una encerrona fiscal difícil de disimular: la recaudación propia crece apenas 6% en términos nominales, pero cuando se descuenta la inflación se derrumba entre 21% y 25%. No es solamente un problema de caja provincial; detrás aparecen algunos de los sectores que mejor explican la economía real de Misiones -industria, yerba mate, forestación y obra pública- transmitiendo su retracción hacia comercios, proveedores, transporte y servicios. Y el dato resulta especialmente sensible porque tres de cada diez pesos que financian al Estado provincial provienen de recursos propios, mientras alrededor del 45% del impuesto determinado depende del comercio.
La respuesta provincial agrega una paradoja: en el momento de mayor deterioro real de sus ingresos, Misiones decidió resignar unos $2.300 millones mensuales para aliviar retenciones y percepciones sobre pymes y pequeños contribuyentes; proyectado a doce meses, son $27.600 millones que dejan de pasar por ATM para permanecer en el circuito privado. No es un gesto fiscal menor cuando los ingresos pierden hasta una cuarta parte de su valor real y el propio organismo recaudador tendrá en 2027 un presupuesto 0,71% inferior al actual. La Provincia está intentando cobrar menos sobre una economía que produce, vende y consume menos, pero debe seguir financiando prácticamente las mismas obligaciones. Esa pinza -menos actividad, menos recaudación y menos margen para aumentar impuestos sin profundizar la recesión- probablemente sea uno de los desafíos más ásperos que tendrá Misiones en 2027.
El otro es el electoral. Misiones irá a las urnas antes que las elecciones nacionales y antes de agosto del año que viene.
Passalacqua acompañó al empresario Ricardo “Pilo” Cáceres en la inauguración de La Casona de California.
Passalacqua cuenta con el respaldo de buena parte de los intendentes y las encuestas muestran un liderazgo fortalecido. La incógnita es qué harán las oposiciones. El PRO diseña una alianza con libertarios. Los radicales se esperanzan con cobijarse a la sombra del ex comisario Ramón Amarilla. El intendente Leonardo Stelatto aportó la novedad de la semana. Renunció a Encuentro Misionero -que parece camino a diluirse-. Pero su renuncia no debe interpretarse como una inevitable decisión de cortarse solo ni ser un candidato definido a gobernador. Por estas horas el alcalde se muestra enfocado en la gestión y el diseño de su propio presupuesto que debe presentar antes de este fin de septiembre. La renuncia a EM obedece a la intención de construir una identidad partidaria propia y proyectarse en el tiempo. La apuesta no establece exclusiones de antemano y deja abierta la puerta a integrar un frente con otros espacios políticos sin exceptuar a nadie.
Cuando se conocieron los desalentadores resultados de las pruebas PISA (Programme for International Student Assessment), la política argentina reaccionó “con sorpresa” y su habitual lavado de manos. Los malos resultados no deben leerse únicamente en clave local. El problema de la educación es mucho más profundo, transversal a países y sistemas y no exento de controversias. Singapur es el país que lidera las pruebas PISA: su modelo tiene una disciplina estricta y castigos físicos para varones desde los 9 años ante faltas graves. Un tercio de los estudiantes de España no alcanza el nivel 2 de PISA ni en matemáticas ni en lectura.
El diagnóstico de PISA deja pocas zonas grises para la Argentina. Los estudiantes de 15 años obtuvieron peores resultados que en la evaluación anterior en las tres competencias centrales y el deterioro no se limita al puntaje promedio: aumentó la proporción de alumnos que no alcanza los conocimientos mínimos. El resultado puede resumirse en tres números: 389 puntos en Lectura, 367 en Matemática y 393 en Ciencias. Argentina quedó 62° del mundo en Lectura, 75° en Matemática y 71° en Ciencias. Y quedó octava entre los 13 países latinoamericanos en las tres pruebas. Si en Argentina hay crisis, Paraguay está por debajo.
Los peores resultados para la Argentina en 20 años se dieron en 2025, en plena gestión de Javier Milei. Pero obviamente la responsabilidad excede a su gestión, ya que en los adolescentes de hoy, hay responsabilidad de al menos tres gobiernos anteriores: Alberto Fernández, Mauricio Macri y la última etapa de Cristina Fernández. ¿Eso exime a la gestión libertaria? Ni mucho menos. Pretender que no tiene nada que ver con los resultados es una falacia, idéntica a apropiarse de las mejoras en las pruebas Aprender.
La educación en la Argentina está mal desde hace años. No mejorará en el futuro inmediato. El ajuste sobre la educación no es solamente una discusión presupuestaria: expresa una definición sobre el lugar que el Estado nacional pretende ocupar en la formación de las próximas generaciones. Entre 2023 y 2025, la inversión nacional destinada a educación sufrió una caída cercana al 48% en términos reales. La partida de Educación y Cultura pasó de representar alrededor del 1,43% del PBI a ubicarse en torno al 0,75%, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.
La retracción ocurrió en prácticamente todos los frentes. Se redujeron transferencias y programas destinados a las provincias, se desplomaron partidas para infraestructura escolar, becas y políticas socioeducativas y desapareció el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que durante años complementó los salarios docentes en todo el país. Al mismo tiempo, universidades nacionales y organismos científicos quedaron sometidos a una fuerte restricción presupuestaria, con partidas de funcionamiento que perdieron poder adquisitivo y recortes que alcanzaron al CONICET y, con especial intensidad, a la Agencia I+D+i.
Pero quizá el cambio más profundo no esté en cuánto dinero se recortó, sino en el paradigma que comienza a construirse detrás de esos números. La eliminación de los pisos legales de financiamiento educativo -entre ellos, la referencia del 6% del PBI- supone abandonar una concepción en la que el Estado asumía compromisos mínimos y explícitos con la educación. Las propuestas oficiales orientadas hacia una mayor libertad de elección, desregulación de formatos y mecanismos de financiamiento vinculados a la demanda profundizan esa transformación.
Por eso, discutir educación únicamente en términos de déficit fiscal sería quedarse con una parte del problema. La pregunta de fondo es qué tipo de país puede construirse cuando el conocimiento, la universidad, la ciencia y la escuela pública dejan de ser considerados una inversión estratégica. “La educación es una inversión fundamental, pero hemos tenido que llevar adelante una reducción del gasto para recuperar el orden público; la estabilidad de precios; una Argentina ordenada”, argumentó el vocero presidencial Adrián Ravier.
El ahorro presupuestario puede contabilizarse en un ejercicio fiscal; sus consecuencias sobre el capital humano, la productividad, la innovación y la movilidad social, en cambio, se pagan durante décadas. Es ahí donde debe ubicarse la responsabilidad libertaria.
En el Congreso se debatió esta semana el impacto de los tarifazos y los recortes en los clubes barriales. El diputado misionero Diego Hartfield fue duramente criticado por decir que los clubes no pueden vivir subsidiados, cuando él mismo había sido becado por el Cenard y recibía apoyos de la Municipalidad de Oberá para costear sus viajes a Buenos Aires, antes de competir en la élite.
El error no forzado no es que Hartfield tenga memoria selectiva. Cualquiera puede cambiar de opinión después de treinta años. El problema es otro: una política económica que combina la quita de subsidios con aumentos brutales de las tarifas eléctricas está empujando al límite a miles de clubes de barrio en la Argentina.
El problema no es solamente cuántos clubes podrán pagar la próxima boleta de luz. Es cuántas oportunidades se apagan con ellos. Porque una política económica que asfixia a los clubes también reduce las posibilidades de que un chico o una chica, en algún pueblo perdido del mapa, encuentre una cancha, una raqueta, un entrenador y una oportunidad.
Tal vez el próximo gran tenista argentino no nazca en una academia de élite. Tal vez esté hoy golpeando una pelota contra una pared en un club de barrio. Y quizá el verdadero costo de apagar ese club no aparezca nunca en una planilla fiscal: será descubrir, dentro de veinte años, que también apagamos la posibilidad de que alguien llegara a enfrentar al Federer del futuro, como pudo hacer el Hartfield del pasado.
El contrapunto escaló y rápidamente adquirió dimensión nacional. Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza en Misiones, salió en defensa de quien podría ser su contendiente por la candidatura a gobernador. Para hacerlo, eligió un argumento curioso: sostuvo que en Misiones también se recortaron partidas destinadas a actividades sin fines de lucro y concluyó que, por lo tanto, “el deporte no es una prioridad”.
Pero la frase, antes que una crítica, suena a confesión. Porque si Núñez considera que el recorte presupuestario alcanza para demostrar que el deporte dejó de ser una prioridad en Misiones, la pregunta cae por su propio peso: ¿qué debería decir entonces del país que gobierna Javier Milei, donde el ajuste sobre clubes, instituciones y asociaciones deportivas tiene escala nacional? El argumento que pretendía ser una acusación terminó funcionando como un espejo.
Hay otra paradoja que ayuda a entender la distancia creciente entre las decisiones para “estabilizar” la macroeconomía y la vida cotidiana. El mismo día y a la misma hora, el INDEC publicó dos fotografías de agosto. Una mostró una inflación mensual del 1,7%, un dato que el Gobierno elige exhibir como evidencia de que el proceso de desinflación continúa. La otra mostró algo bastante menos confortable: tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Canasta Básica Total aumentaron 2,6%.
Los dos datos son verdaderos. Y justamente por eso importa leerlos juntos.
Mientras el índice general de precios avanzó 1,7%, el costo de las necesidades básicas de los hogares aumentó bastante más rápido. En la comparación interanual, la diferencia también resulta significativa: frente a una inflación general del 33,5%, la canasta alimentaria acumuló 39,6% y la canasta total, 38,3%. Para una familia tipo, evitar caer debajo de la línea de pobreza requirió $1.605.497 mensuales; solamente para superar la línea de indigencia fueron necesarios $726.469.
La desinflación existe. Negarla sería tan equivocado como confundirla con una mejora del bienestar. El IPC es un promedio construido sobre una enorme variedad de bienes y servicios, mientras que la pobreza tiene una frontera mucho más concreta: cuánto cuesta cubrir las necesidades elementales de una familia.
Ahí aparece una de las contradicciones centrales del actual programa económico. Se puede estabilizar la nominalidad y, al mismo tiempo, mantener bajo enorme presión el presupuesto de los hogares. Se puede perforar el 2% de inflación mensual y que la comida aumente bastante por encima de ese registro. En el NEA la inflación fue del 1,8 por ciento, pero subió 4% el costo de la energía, vivienda y combustible, un servicio regulado por el Estado.
El INDEC contó, el mismo día, dos dimensiones de una misma economía. El Gobierno naturalmente elegirá destacar aquella que demuestra el éxito de su principal batalla macroeconómica. Pero la otra estadística recuerda que estabilizar no es necesariamente mejorar y que bajar la inflación no equivale, por sí solo, a recuperar el poder adquisitivo.
Porque, al final, la discusión no es solamente cuánto sube el promedio de los precios. Es cuánto cuesta vivir.
Hay otro indicador que obliga a mirar más allá de la desinflación: el endeudamiento de las familias. En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua redujo del 39% al 30% el límite de los descuentos voluntarios sobre los haberes de empleados públicos y jubilados y, además, puso topes a las tasas y al costo financiero de los créditos. La decisión no aparece en el vacío: el propio decreto advierte sobre el crecimiento de la morosidad y busca evitar que una porción cada vez mayor del salario quede atrapada antes de llegar al bolsillo. Cuando un Estado necesita establecer cuánto del sueldo debe quedar a salvo de los acreedores, el problema ya no es solamente financiero: habla de familias que recurren al crédito para sostener su economía cotidiana.
Es otra cara de la misma paradoja. La inflación puede bajar y la macroeconomía puede estabilizar algunas de sus variables, pero eso no significa que los hogares hayan recuperado capacidad de consumo. Si aumenta la morosidad, se multiplican las refinanciaciones y es necesario proteger por decreto una parte del salario para evitar el sobreendeudamiento, hay una economía real que todavía está muy lejos de la celebración. La estabilidad de los precios importa, pero pierde buena parte de su sentido social si para llegar a fin de mes las familias necesitan hipotecar por adelantado el salario del mes siguiente.
La distancia entre la macroeconomía y la economía real también se mide en persianas que bajan y empleos que desaparecen. En junio, Misiones tenía 8.399 empresas privadas empleadoras, 862 menos que un año atrás y 1.081 menos que en noviembre de 2023, antes de la llegada de Javier Milei al Gobierno. La caída atraviesa prácticamente todo el entramado productivo: desde entonces, la construcción perdió casi una cuarta parte de sus empleadores, el comercio cerró 495 firmas y la industria, otras 167.
El empleo cuenta la misma historia. Misiones registró en junio 96.330 trabajadores privados formales, 6.089 menos que un año antes y 12.540 menos que en noviembre de 2023. No parece un fenómeno transitorio: la comparación interanual acumula trece meses consecutivos en retroceso.
En todo el país, desde el cambio de Gobierno se perdieron más de 246 mil empleos privados registrados.
Claro que importa el orden fiscal y las cuentas en orden. Pero también el para qué.
Misiones desde hace siete años viene cumpliendo parámetros de transparencia fiscal y este año alcanzó 7,55 puntos en el Índice de Transparencia de CIPPEC. Mejoró desde los 7,10 de la medición anterior y quedó segunda en el NEA. El resultado no otorga certificados de transparencia absoluta ni invalida los reclamos por mayor acceso a la información pública. Pero tampoco debería ser descartado simplemente porque incomoda el relato libertario: es una evaluación externa que registra avances concretos en la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria.
El dato adquiere mayor relevancia cuando la Legislatura discute un Presupuesto 2027 superior a los $5,2 billones. Cuanto más grande es el Estado y mayores son los recursos que administra, mayor debe ser también la posibilidad de saber cómo, dónde y para qué los utiliza.
Misiones fue, en menos de una semana, escenario de la discusión política nacional. Primero Milei, quien cerró en Iguazú un foro de ejecutivos de finanzas e ignoró la protesta yerbatera que lo recibió en la ruta. Allí el Presidente se mostró convencido de ser reelecto y avisó: “Abróchense los cinturones”, en un anticipo de más ajuste.
El miércoles vino Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y potencial candidato de un peronismo que todavía no encuentra su unidad. Compartió una intensa agenda institucional con Passalacqua -compró un laboratorio de Biofábrica- y se reunió con productores yerbateros en Apóstoles. Defendió el rol del Estado como regulador de la cadena yerbatera y señaló que “si no se determina un precio que permita distribuir al interior de la cadena a quién le va una parte del ingreso, obviamente el que sufre es el que menos poder tiene”, afirmó.
Kicillof sostuvo que la desregulación no elimina las relaciones de poder sino que fortalece al actor con mayor capacidad de negociación. “Cuando uno la ve en concreto, se trata de que el Estado se corra y entonces quede una especie de imperio del más fuerte”, planteó.
Su argumento fue que los problemas que observa en Misiones se reproducen, con diferentes actividades, en Buenos Aires, Chaco, Corrientes y otras provincias.
“Este modelo no le sirve a nadie”, resumió al referirse al deterioro industrial. La afirmación surgió después de describir cierres fabriles incluso en pequeñas localidades del interior bonaerense y de señalar que Buenos Aires concentra aproximadamente la mitad de la industria argentina.
¡Impresionante Misiones! Gracias por el cariño, el entusiasmo y las ganas de construir una Argentina distinta y un camino que signifique más producción, federalismo y soberanía para nuestro pueblo”, dijo Kicillof.
Después de reunirse con productores, vino al pasaje político. Kicillof aseguró que “es tiempo de construir una alternativa amplia a Milei”, en la que imagina a estudiantes, investigadores, jubilados, productores e industriales, además de las distintas expresiones políticas que cuestionan el rumbo económico nacional. “No quiero anteponer ni una candidatura ni una campaña electoral a una construcción que tiene que ser desde abajo y desde las provincias”, sostuvo.
También se preguntó ¿Qué trajo Milei a Misiones en estos tres años?
“En Argentina venimos de una etapa donde los gobiernos, primero el de Macri, un desastre absoluto, luego un gobierno peronista que también nos dejó en la frustración, y vino Milei a decir que él traía las soluciones y las respuestas para los problemas que teníamos en la Argentina”, sostuvo.
“Hoy vemos que el ajuste y la desgracia recayeron sobre los pobres, los humildes, sobre los trabajadores, sobre los sectores medios, sobre los empresarios nacionales, sobre los productores de toda la Argentina”, enumeró.
La noche cayó en el acto en la sede del peronismo. Hace más de 20 años que no se veía al PJ tan lleno y eso que no estaban los “cristinistas”.
