Passalacqua

Passalacqua destacó el alivio fiscal en Misiones y reivindicó el diálogo entre gobernadores: “No hay grieta”

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El gobernador Hugo Passalacqua participó este viernes del panel “El rol de las provincias en la transformación competitiva del país”, en el marco de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrolla en Puerto Iguazú. Ante representantes del ámbito empresarial y económico, el mandatario expuso medidas adoptadas por Misiones en materia tributaria y destacó decisiones vinculadas con Ingresos Brutos y determinadas operaciones comerciales y bancarias.

Passalacqua compartió el panel con los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza; Raúl Jalil, de Catamarca; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. El intercambio fue moderado por el director de Contenidos de La Nación, José del Río.

Consultado sobre la realidad económica de Misiones y la cuestión tributaria, el gobernador puso el foco en decisiones que viene tomando la Provincia. En particular, destacó la eliminación del control rutero donde se abonaba el anticipo de Ingresos Brutos.

“Hemos levantado, que no sé si puede parecer menor, pero para nosotros fue muy importante, la llamada ‘aduana paralela’, en términos vulgares, que era el control rutero donde se pagaba el anticipo de Ingresos Brutos”, explicó.

Passalacqua también se refirió a medidas adoptadas sobre determinadas operaciones comerciales y bancarias. “En los comercios de esta virtualidad, depósitos bancarios y tarjetas de débito, hemos quitado todo eso como bien imponible”, señaló.

En ese contexto, el mandatario mencionó además el intercambio que mantuvo con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) durante la convención y señaló que la Provincia continúa trabajando sobre aspectos vinculados con el anticipo de Ingresos Brutos.

MALVINAS, “PARTE DE NUESTRO SER NACIONAL”

En otro tramo del panel, el gobernador fue consultado sobre la cuestión Malvinas y reivindicó su lugar dentro de la historia y la identidad nacional argentina.

“Algo puedo opinar como gobernador, pero también como ciudadano, que es mucho más importante. Yo me acuerdo de mi maestra de cuarto grado. Malvinas es parte de la familia nacional argentina y es parte de nuestro ser nacional”, expresó.

Passalacqua remarcó además la profundidad histórica de la causa. “La historia está metida ahí adentro. Ya San Martín hablaba de Malvinas, Moreno hablaba de Malvinas. Tiene una historia larguísima y es una herida de los argentinos”, sostuvo.

“NO HAY GRIETA, NO QUEREMOS ESO”

Al finalizar su primera intervención, Passalacqua puso en valor el intercambio entre los mandatarios provinciales que participaron del panel. “Sobre todo, quiero destacar a los colegas: grandes gobernadores”, expresó.

En ese momento, ante una referencia del moderador al consenso entre los mandatarios, Passalacqua sintetizó su posición: “no hay grieta, no queremos eso”.

En esa línea, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, puso el acento en la necesidad de avanzar hacia “un país mucho más federal”, con una mayor participación de las provincias en el desarrollo nacional.

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, destacó la importancia de impulsar las transformaciones “en un contexto democrático de deliberación pública”.

En tanto, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, planteó la necesidad de avanzar en una discusión integral del esquema impositivo y señaló que el debate debe alcanzar también al sistema tributario nacional. En ese sentido, sostuvo que no solo las provincias deben revisar sus impuestos, sino que el Gobierno nacional también debe abordar las distorsiones que generan distintos tributos. 

El panel se desarrolló durante la segunda jornada de la 47ª Convención Anual del IAEF y dio continuidad a la presencia institucional de Passalacqua en el encuentro, cuya apertura había acompañado el jueves. En esa oportunidad, el gobernador había destacado la importancia de estos espacios para intercambiar experiencias y conocimientos y sostuvo que “estos eventos son para aprender y después tomar buenas decisiones”.

Al finalizar su participación, Passalacqua recibió al presidente de la Nación, Javier Milei, quien tuvo a su cargo el cierre de la 47ª Convención Anual del IAEF.

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El ajedrez del equilibrio fiscal en Misiones

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Hace apenas unas horas, Misiones dio a conocer los datos de la ejecución presupuestaria correspondientes al segundo trimestre de 2026, que dejan como resultado general la obtención del equilibrio fiscal en un contexto altamente desafiante para las cuentas provinciales.

Entre enero y junio, Misiones registró ingresos totales por $2.152.608 millones (o $2,15 billones), que cayeron 8,6% real contra igual período de 2025. Esa baja equivale a una pérdida de recursos para la provincia, medida en pesos constantes a precios de junio de 2026, de $214.885 millones

A su vez, los gastos totales alcanzaron los $2.151.684 millones (o $2,15 billones), con un retroceso de 6,4% real, equivalente a un recorte del gasto público de $156.943 millones a precios de junio.

A simple vista, aparecen dos cuestiones centrales. En primer lugar, el equilibrio fiscal: el resultado financiero fue de $924 millones positivos, equivalente al 0,0% de los ingresos. Algo más holgado fue el resultado primario (previo al pago de intereses de la deuda), que alcanzó los $4.806 millones, aunque representa apenas el 0,2% de los ingresos. En segundo lugar, el gasto cayó en menor medida que los ingresos, por lo que el ajuste no fue lineal respecto de la evolución de los recursos. En ese marco, resulta necesario observar qué ocurrió con cada uno de sus componentes.

Empecemos por los ingresos. Los ingresos corrientes cayeron 8,6% y explicaron el 99,5% de los recursos totales de la provincia. Dentro de estos, los ingresos tributarios, es decir, aquellos derivados de impuestos retrocedieron con mayor fuerza (-10,2%), arrastrados principalmente por los impuestos provinciales, cuya baja llegó al 20,9%, mientras que los de origen nacional cayeron 4,4%. En conjunto, los recursos tributarios registraron una pérdida de $207.122 millones, equivalente al 96% del total de recursos que perdió la provincia durante el período.

También sufrieron bajas las contribuciones de la seguridad social (-13,6% y – $49.083 millones a precios actuales), los no tributarios (-0,3%) y las rentas de la propiedad (-66,7%); por el contrario, las transferencias corrientes crecieron 135,5% aportando un excedente de $ 48.249 millones, claramente insuficiente para torcer el resultado general. Por el lado de los ingresos de capital, explican solo el 0,5% del total y cayeron 3,3% interanual real, aportando una pérdida muy menor con relación a los otros componentes del gasto (pérdida de $ 368 millones a precios actuales).

Hecho este detalle, ¿cómo se explica entonces la fuerte baja de los ingresos provinciales? La respuesta es clara: la actividad económica. En los tributos provinciales, la caída se explicó casi en su totalidad por la menor recaudación de Ingresos Brutos, una de las más fuertes del país. En los recursos de origen nacional, el principal impacto vino por la coparticipación, fuertemente condicionada por el menor desempeño del IVA. En definitiva, el 96% de la pérdida de recursos de la provincia se concentró en estos dos conceptos, reflejando el desafiante escenario que enfrenta la caja provincial.

Ahora bien, si vemos el otro costado de la situación: ¿Cómo se administró la caída de los recursos? Mediante una redistribución del gasto público total, que cayó también pero en un nivel inferior al de los ingresos. La merma del gasto total fue del 6,4% real interanual, equivalente a un recorte del gasto público de $ 156.943 millones medido a precios de junio del corriente. 

El 94,5% del gasto misionero fueron erogaciones corrientes, que retrocedieron 6,9% (-$ 159.526 millones reales). Si bien la mayoría de sus componentes siguieron la tendencia a la baja, no fueron todos. El gasto en personal mermó 9,1% y explicó casi la mitad del recorte total de los gastos corrientes; los bienes de consumo cayeron en 3,6% y las prestaciones de la seguridad social -7,8%. Por su parte, las transferencias corrientes marcaron -7,0% aunque dentro de las mismas hay dispares desempeños: los envíos al sector privado crecen 10% pero al sector público caen 16,5%, en parte explicado por la caída en la coparticipación municipal (-17,4%) parcialmente compensada por mayores envíos corrientes a municipios fuera de la copa (+20,5%, aunque desde niveles muy bajos). 

Lo novedoso aparece en el gasto de capital. En un contexto de caída de ingresos, donde habitualmente la inversión es uno de los primeros componentes en ajustarse, Misiones tomó el camino inverso. El gasto de capital creció 2,1%, pero con una marcada recomposición interna.

La inversión real directa, lo que comúnmente llamamos obra pública (y que explica el 72% del gasto de capital total) creció en 53,7%, ampliando su gasto a nivel interanual en un equivalente a $ 31.272 millones a precios de hoy. Se trata de una suba de muy importante magnitud que cobra mayor relevancia por el contexto. 

Pero si el principal componente del gasto de capital creció más de 50%, ¿por qué el gasto de capital total aumentó apenas 2%? La explicación está en los restantes componentes: la inversión financiera cayó 48,4% y las transferencias de capital retrocedieron 34,9%. También aquí hubo diferencias significativas: los envíos al sector privado crecieron 29,5%, los fondos de capital destinados a municipios aumentaron 22,7%, mientras que las transferencias al resto del sector público desaparecieron en su totalidad.

¿Qué muestra, en definitiva, esta composición? Que el gasto de capital fue reorientado hacia la ejecución de obra pública, la asistencia financiera a los municipios para inversión y el apoyo al sector privado, mientras se redujeron los recursos destinados a otros organismos del Estado y la inversión financiera. La decisión parece haber sido concentrar los recursos disponibles en aquellos componentes con mayor capacidad de impacto sobre la dinámica económica interna.

Si se resume la estrategia fiscal del primer semestre, puede decirse que Misiones logró sostener el equilibrio no solamente mediante una reducción del gasto, sino también a través de una redistribución de sus partidas. El gasto corriente absorbió buena parte del ajuste, mientras que se preservó e incluso incrementó la inversión real directa. De haberse aplicado un ajuste uniforme sobre todos los componentes, el gasto total probablemente habría caído en línea con los ingresos o incluso por encima de ellos.

Misiones logró esa readecuación de sus cuentas aun sosteniendo el equilibrio fiscal, lo cual es destacable y cobra mayor relevancia al mirar al mediano plazo: el gasto de personal tuvo una merma significativa en este periodo, pero para el tercer trimestre tendrá otra dinámica dada la aplicación de la pauta salarial acordada. Así, el reordenamiento de las partidas priorizó primero la dinámica interna vía aumento de inversión pública para luego, con cierto margen fiscal, poder avanzar hacia el recupero de otros componentes del gasto corriente que requiere mejoras para dinamizar la actividad interna. 

El problema, sin embargo, está menos en el gasto que en los ingresos. La provincia puede decidir qué partidas priorizar, cuáles ajustar y cuáles sostener, pero existe un límite concreto para esa ingeniería fiscal cuando los recursos tributarios continúan cayendo.

El equilibrio fiscal conseguido por Misiones durante el primer semestre es, por lo tanto, más una muestra de capacidad de administración que de holgura fiscal. La provincia logró sostener las cuentas ordenadas en un escenario de menores recursos, pero lo hizo utilizando el margen disponible para preservar la inversión y contener el impacto sobre la actividad. El desafío hacia adelante será mucho mayor: si la economía y la recaudación no recuperan dinamismo, cada vez habrá menos espacio para sostener simultáneamente equilibrio fiscal, inversión pública y recuperación del gasto corriente. En épocas de vacas flacas, el verdadero desafío no es solamente gastar menos, sino decidir qué no se puede dejar de financiar.

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Misiones desactiva la prohibición del glifosato y condiciona el reemplazo a alternativas viables

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La prohibición del glifosato en Misiones está a punto de dejar de ser una obligación establecida por ley para convertirse en un objetivo condicionado al desarrollo tecnológico, autorizaciones nacionales y las exigencias de los mercados internacionales. Ese es el cambio sustancial que propone el proyecto presentado este jueves en la Cámara de Representantes, con las firmas de 18 diputados del bloque Movimiento por lo que Viene.

La iniciativa tiene apenas tres artículos, pero modifica el corazón de la política agroecológica aprobada por la Legislatura en junio de 2023. El texto deroga el artículo 7 de la impulsada por Carlos Rovira, que prohibió el uso de glifosato, sus componentes y productos afines en todo el territorio provincial, y lo reemplaza por una fórmula abierta, progresiva y sin una fecha determinada para su cumplimiento.

La nueva redacción establece que la utilización de bioinsumos será exigible en Misiones “en la medida” en que los organismos nacionales competentes o las autoridades de los países compradores de productos misioneros hayan autorizado fitosanitarios más amigables con el ambiente. Al mismo tiempo, faculta al Poder Ejecutivo provincial a fijar los plazos, las condiciones y los requisitos del proceso de transición.

El cambio jurídico es profundo: la ley dejará de contener una prohibición expresa del glifosato. Tampoco establecerá un plazo concreto para eliminarlo. La sustitución quedará supeditada a la existencia de alternativas autorizadas y validadas por el mercado.

La norma sancionada en 2023 había fijado un período de dos años para completar la transición hacia métodos productivos más amigables con el ambiente. Cumplido ese plazo, la prohibición debía entrar plenamente en vigor.

Sin embargo, antes de que esa obligación se volviera efectiva, el gobernador Hugo Passalacqua prorrogó por cinco años la posibilidad de utilizar glifosato. Posteriormente, el Decreto 1675/25 eliminó en los hechos aquella fecha límite al extender la excepción hasta que existieran productos alternativos autorizados por los organismos nacionales y los países de destino de las exportaciones.

El proyecto presentado ahora lleva ese criterio al nivel legislativo. Ya no se trata solamente de postergar por decreto la aplicación de una prohibición vigente, sino de retirar esa prohibición del cuerpo permanente de la ley.

La diferencia no es menor. Una prórroga conserva la obligación y posterga su cumplimiento. La reforma propuesta elimina la obligación categórica y la sustituye por un mandato futuro, sujeto a condiciones técnicas, regulatorias y comerciales que todavía no están plenamente satisfechas.

El artículo proyectado tampoco menciona directamente al glifosato. Habla de la exigibilidad de los bioinsumos y de la autorización de “fitosanitarios amigables con el ambiente”. Esa redacción permitirá mantener el uso del herbicida mientras no haya sustitutos adecuados para cada actividad, autorizados por el Senasa u otros organismos nacionales y aceptados por los mercados compradores.

Además, la expresión “nacional y/o” países de destino introduce un esquema potencialmente variable: la transición podrá depender no solamente del cultivo y del producto alternativo disponible, sino también del mercado al que se dirija cada producción.

El objetivo permanece, el plazo desaparece

La posición oficial intenta diferenciar la modificación normativa de una reivindicación del glifosato. El argumento central es que Misiones mantiene como horizonte estratégico una chacra orgánica y sustentable, pero reconoce que ese proceso no puede quedar atado a fechas que desconozcan las condiciones reales de la producción.

“El horizonte estratégico se mantiene firme: la chacra misionera avanza de manera decidida hacia un modelo orgánico y sustentable, donde la eliminación progresiva del glifosato es una prioridad innegociable”, sostiene el Gobierno. La revisión se justifica, sin embargo, en la falta actual de alternativas biológicas que reúnan simultáneamente cuatro condiciones decisivas: que estén probadas, certificadas, sean económicamente accesibles y cuenten con homologación en los mercados nacionales e internacionales.

El Gobierno advierte que imponer una prohibición sin sustitutos viables no garantiza una producción más limpia, sino que puede llevar a los productores a utilizar el producto de manera informal, sin registro ni asistencia técnica. También plantea una consecuencia todavía más severa: bajo el texto vigente, los colonos podrían quedar formalmente impedidos de comercializar o exportar su producción aun cuando los mercados compradores admitan el uso regulado del glifosato y no reconozcan las alternativas desarrolladas localmente.

Desde esa perspectiva, la modificación “no defiende al glifosato, sino al productor”. La prioridad inmediata pasa a ser evitar que la chacra misionera cargue con una restricción que no existe en otras provincias competidoras y que podría incrementar costos, reducir rendimientos o cerrar mercados.

Una ley de vanguardia que chocó con la escala productiva

La Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos fue impulsada por Rovira -entre otros diputados- y aprobada en 2023 como uno de los pasos más ambiciosos del modelo ambiental misionero. La norma no se limitó al glifosato: creó un marco para investigar, desarrollar, producir, registrar, comercializar y utilizar productos biológicos naturales. Pero en la práctica, únicamente abrió las puertas a una empresa: Agro Sustentable, que le proveía bioinsumos al Gobierno para repartirlos en las chacras. En enero, Passalacqua cortó ese vínculo. 

La prohibición fue, sin embargo, su disposición más contundente y controvertida. Desde el comienzo, entidades agrarias, productores yerbateros, forestales, tabacaleros, tealeros, ganaderos y asesores técnicos advirtieron que no existía un herbicida biológico capaz de reemplazar al glifosato en todas sus funciones, con costos, disponibilidad y eficacia comparables.

La controversia se profundizó con la experiencia de Agro Sustentable, la compañía encabezada por Joaquín Basanta -socio de Augusto Marini, titular de Alegramed, otra empresa bajo la lupa- que se instaló en el Parque Industrial de Posadas y le vendió insumos a la Provincia para su distribución entre productores. La empresa quedó ligada política y comercialmente a la primera etapa de la transición promovida por la ley.

La Confederación Económica de Misiones consideró favorable la presentación del proyecto que propone derogar el artículo 7 de la Ley VIII–N.º 103. Para la entidad, la decisión resulta “lógica” y debe avanzar en la Legislatura, ya que, a tres años de la sanción de la norma, todavía no existe un reemplazo biológico que haya demostrado eficacia real bajo las condiciones productivas de Misiones.

El respaldo, sin embargo, no implica que la CEM abandone su postura original. La organización recordó que había solicitado formalmente la derogación completa de la Ley de Promoción de Bioinsumos en representación de productores, cooperativistas, empresarios pymes, asesores técnicos y dirigentes vinculados con las cadenas forestal, yerbatera, tabacalera, tealera, ganadera y citrícola, además de la agricultura familiar y el comercio. La confederación también pidió que la experiencia sea tomada como antecedente para futuras decisiones que afecten a la actividad agropecuaria, forestal y comercial. “Cuando hay miles de familias y comunidades en juego, las definiciones deben basarse en el diálogo multisectorial y las evidencias científicas; no en ideologías o intereses particulares”, sostuvo la entidad.

Biofábrica, entre los avances científicos y los tiempos del campo

El Gobierno sostiene que la revisión de la ley no implica congelar la agenda agroecológica. La estrategia se apoyará especialmente en Biofábrica Misiones y en acuerdos con universidades e institutos científicos para desarrollar insumos basados en microorganismos nativos.

Uno de los productos más avanzados es Mihoba, elaborado con cepas locales de Trichoderma asperellum. Biofábrica informó que el desarrollo obtuvo el registro del Senasa como biofertilizante y biofungicida y que se realizaron pruebas en diferentes cultivos. No obstante, su función no equivale necesariamente a la de un herbicida total: actúa principalmente como promotor del crecimiento y para el control de determinados hongos y enfermedades.

Los ensayos también revelan una diferencia práctica frente a los productos químicos. De acuerdo con la propia Biofábrica, los microorganismos necesitan varias aplicaciones para establecerse en el suelo, mientras que algunos fitosanitarios convencionales requieren una sola intervención. Esa diferencia influye sobre los costos, la logística y la adopción por parte de los productores. 

En paralelo, Biofábrica y el Instituto de Biotecnología de Misiones desarrollan un hormiguicida biológico a base del hongo nativo Beauveria bassiana. También se estudia su uso contra el ácaro rojo del té y se ensaya Mihoba para prevenir la fusariosis en ananá. Son líneas promisorias, aunque todavía se encuentran en distintas etapas de experimentación, formulación y validación a campo.

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Las líneas entre pasado y presente

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La frase que utilizó el gobernador Hugo Passalacqua en su discurso de homenaje al general José de San Martín, fue pensada minuciosamente para trazar una línea entre el pasado y el presente. “San Martín era un patriota, pero también era un hombre de libertades, que no podía convivir con un sistema monárquico. Esa voluntad de libertad de San Martín está asociada al fin del absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? Es creerse que uno es dueño de todo, el Estado soy yo. Luis XIV, y l’État c’est moi. Yo soy el Estado. Yo decido qué tenés que decir y qué no tenés que decir, qué pensar y qué leer, quien crece y quien no. Yo decido porque soy yo, soy el absoluto. San Martín peleó contra ese absoluto, entregó su vida para que no vuelva ese absoluto. Esa voluntad de libertad para algo, no libertad para que el opresor ponga el pie sobre el oprimido”. 

La frase describe lo que se quiere dejar atrás. El uso del francés es un dardo con un único destinatario. Detrás de él, en el escenario armado en la localidad de San José, por donde alguna vez pasó el general Manuel Belgrano en su periplo hacia Paraguay, observaban callados Oscar Herrera Ahuad y Maurice Closs, dos ex gobernadores que le dan sustento al Movimiento por lo que Viene, que contiene hoy a casi la totalidad de los intendentes de la ex Renovación, a 18 diputados del mismo espacio y a cuatro diputados nacionales y dos senadores. 

Casi nadie queda del lado de Encuentro Misionero, el espacio que Carlos Rovira pensó como sucesor de la Renovación. Por estas horas nadie sabe si el diputado aceptará mansamente el forzado retiro a cuarteles de invierno o si estará dispuesto a dar una última batalla. En la sesión del último jueves, en la que reapareció después de dos meses, su presencia no pasó inadvertida y no ahorró picardía política: se tomó el trabajo de saludar a cada diputado cercano y buscó la fotografía en la que un par de ellos lo reciben calurosamente. Uno de ellos era Juan José Szychowski, el presidente del bloque de la nueva primera minoría que apenas una semana antes había cuestionado su ausencia con severidad exacerbada.

Sin embargo, en el Gobierno consideran  que ya no importa qué haga Rovira. Ahora el foco estará puesto en la gestión, que, sostienen las principales espadas en el gabinete, comienza a diferenciarse con nitidez de la etapa anterior. 

El ejemplo más cercano que exhiben es el resultado conseguido en la negociación con el ministro de Economía, Luis Caputo, para recuperar tarifas eléctricas subsidiadas. Fue el debut en primera línea del nuevo presidente de Energía de Misiones, Julio César Barreto, uno de los intendentes elegidos para nutrir el equipo de la gestión Passalacqua. El ex intendente de Montecarlo representó a Misiones en la mesa de negociaciones en la que las provincias del Norte consiguieron recuperar una reivindicación que se sentirá en el bolsillo. El principio de acuerdo contempla modificar los actuales bloques de consumo subsidiado y establecer un régimen específico para las zonas cálidas: hasta 500 kWh mensuales durante los seis meses de mayores temperaturas y 300 kWh durante el resto del año.

La estimación de Energía de Misiones es que, con esos parámetros, más del 70% de los usuarios residenciales de la provincia quedarían alcanzados por el beneficio.

La discusión tiene un trasfondo económico considerable. En los últimos dos años y medio, el costo de la energía aumentó alrededor de 423%, como consecuencia de la recomposición del precio mayorista y la reducción de los subsidios nacionales.

Sin embargo, ese incremento no fue trasladado completamente a las facturas.

El Gobierno provincial absorbió durante ese período más de 300 puntos porcentuales del aumento, mediante distintas herramientas y decisiones tarifarias. De esa manera, mientras el costo de abastecimiento trepó más de cuatro veces, el incremento acumulado que terminó llegando a usuarios residenciales, comercios e industrias rondó el 100%.

Barreto le dijo a Economis que la estimación más optimista es que el impacto económico pueda comenzar a verse dentro de los próximos 45 a 60 días. El calendario no es un detalle. Si los plazos se cumplen, el nuevo esquema podría comenzar a operar cerca del inicio del período de mayor demanda eléctrica en Misiones, cuando las altas temperaturas vuelven a empujar los consumos hacia arriba.

Hay otros elementos que muestran una diferenciación con la orientación política previa. Uno será la salida de Héctor Llera de la presidencia de Marandú, la empresa tecnológica misionera. 

Otros tienen un impacto mucho mayor. El Gobierno dejó de comprar bioinsumos a Agro Sustentable la empresa presidida por Joaquín Basanta, socio de Augusto Marini -dueño de los canales de streaming Blender y Carajo y de la aplicación AlegraMed, que también será dada de baja– que se instaló en el Parque Industrial de Posadas al calor de la ley que prohibió el uso del glifosato en Misiones. Esa ley, cuestionada por las entidades productivas, será ahora modificada en su artículo clave: el 7, que impone la prohibición total del uso del herbicida glifosato, sus componentes y derivados en toda la provincia de Misiones. La redacción original fijaba el inicio de la prohibición tras un período de transición, pero ante los reclamos del sector productivo, la aplicación sufrió postergaciones hasta 2030. Ahora la prohibición recién comenzará a regir cuando se encuentre un sustituto probado. La ley generaba un conflicto, particularmente con las condiciones de los países a los que Misiones exporta té, que no permiten fertilizantes amigables con el ambiente que no tengan sellos o certificaciones, lo que no fue tenido en cuenta originalmente. 

La política fiscal también tendrá un capítulo de diferenciación. Comenzó con el fin de la mal llamada “aduana paralela” -que provocó un abrupto corte en el flujo de recaudación en momentos de escasez de recursos-, siguió con la eliminación de retenciones automáticas en billeteras digitales, transferencias bancarias y operaciones financieras. Se está trabajando en un mecanismo de precisión para desactivar la bomba de los saldos a favor y puede haber novedades en patentes, para emparejar la situación con provincias cercanas. 

Sentido común”, repiten en el Gobierno, como la cualidad que identifica al nuevo tiempo.  

La situación, claro, no está para grandilocuencias. Misiones perdió 814 empresas en el último año y 6.546 empleos registrados. Desde que asumió Javier Milei, Misiones acumula una pérdida de 12.324 empleos (-11,3% vs. noviembre de  2023). La obsesión es cuidar y recuperar el empleo. Claro está que no depende solo de la voluntad política local. En el país entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 30.633 casos (33,5 por día). En el mismo período, se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-4,18%), 450 puestos por día.

El sentido común que busca recuperarse en Misiones, parece estar ausente en la Nación. El presidente Javier Milei afirmó que “el sector privado formal está igual” y puso en duda el cierre de empresas: “Es muy deshonesto mirar solo las que cierran. Es cierto que desaparecen empresas, pero son de una sola persona”.

Pero los datos oficiales dicen otra cosa. Hay 30.000 empresas menos, incluso después de contabilizar las nuevas aperturas. Y si se pretendiera explicar esa caída con el argumento -casi exótico- de que cierran firmas de un empleado mientras nacen otras con planteles de diez trabajadores, esa supuesta transformación debería reflejarse en una expansión del empleo registrado. Los datos -nuevamente, los oficiales- muestran exactamente lo contrario.

Pero el Presidente parece decidido a vivir la realidad de acuerdo a sus propios datos. Milei asoció la morosidad récord en las familias argentinas con la venta de televisores para el Mundial. “Compraron y dejaron de pagar”, tira. 

La mora crediticia de las familias argentinas permaneció en 12,8% en junio, conforme a los datos publicados por el BCRA. En la comparación interanual pasó de 5,1% a 12,8%, lo que representa un incremento de 7,7 p.p. (+151%).

La mora llegó a los 19 meses de suba y los últimos datos son de junio 2026, el mes del Mundial. El pico de venta de televisores fue en mayo, con más de 40% de aumento interanual, pero quienes compraron en esa época todavía no pueden estar atrasados por falta de tiempo. Y el dato, no menor… Este fue el mundial en el que se vendieron menos televisores de los últimos tres, según datos del mercado. 

No es el único consumo que cae. En junio de 2026, las ventas en los grandes supermercados registraron un descenso real del 3,1% interanual, la sexta baja

consecutiva. 

En Misiones, las ventas totalizaron $ 27.274 millones en mayo de 2026 y en relación con igual mes del 2025 mostraron una caída del 7,3% real, la décimo cuarta consecutiva, aunque crecieron mensualmente 5,6% respecto a mayo.

El escenario económico será clave para definir el político. El Gobierno confía en que la contención de la inflación alcanzará para sostener la reelección presidencial, pero es el único dato que sustenta ese sueño, ya que el desempleo y la pérdida de ingresos comienzan a hacerse sentir en cada encuesta. 

La oposición busca rearmarse sin demasiada coherencia por ahora. El peronismo logró una foto de unificación, con Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, pero no parece alcanzar para aplacar la interna. Sin embargo, el peronismo comenzó a mover sus alfiles. Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos, Federico Achával y Emir Félix llegaron a Misiones para mantener una reunión de trabajo con el partido y avanzar sobre una agenda que combina intereses provinciales, producción regional y posicionamiento político. La foto con el gobernador Hugo Passalacqua no pasó desapercibida y marca el distanciamiento del misionero con las huestes libertarias, más a gusto con la conducción de Rovira. 

Tolosa Paz, Michel y Félix manifestaron su disposición a acompañar el proyecto impulsado por Herrera Ahuad para reducir el IVA sobre la harina y la fécula de mandioca, además de sostener el reclamo por una emergencia para la producción yerbatera, uno de los sectores centrales de la economía misionera “La gente no se equivocó en 2023. Los equivocados fuimos nosotros”. La frase, pronunciada por Olmos durante el encuentro del peronismo federal en Posadas, condensa una admisión de responsabilidad por el triunfo libertario y el esbozo de una autocrítica necesaria. 

Ese diagnóstico tiene una consecuencia inmediata: no alcanza con esperar el desgaste de Milei. Michel, diputado nacional y uno de los dirigentes que busca darle forma a una construcción peronista federal, lo puso en otros términos. “El peronismo todavía es visto como oposición, no como alternativa”. Y mientras permanezca en ese lugar, puede acumular críticas pero no necesariamente votos. La salida que propone es bastante menos épica y mucho más difícil: volver a hablar con la gente.

El PRO también coquetea con la idea de un revival. Mauricio Macri sondea la posibilidad de una alianza con los libertarios. Pero el senador Martín Goerling, quien asumió la presidencia del partido en Misiones, prefiere una propuesta autónoma. Se anota también en la carrera por la gobernación, en soledad o con un frente amplio. 

Habrá que ver con quien. El radicalismo es la alianza obvia, pero también está buscando su propio frente, al que imaginan integrado al diputado Ramón Amarilla. Pero el ex comisario dice que no se casa con nadie y que, si hay alianza, será él quien la encabece. Los libertarios todavía no se definen. El ex tenista Diego Hartfield pica en punta, pero Adrián Núñez busca sumar la pata empresaria antes de definir candidatos.

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Tras reclamo de Passalacqua, Nación abrió discusión por tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande

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El reclamo histórico del Norte Grande por una tarifa eléctrica que reconozca las diferencias climáticas con el resto del país dio este martes un paso político relevante. El Gobierno nacional abrió formalmente la discusión con las provincias para diseñar un esquema especial de subsidios para las denominadas zonas cálidas y muy cálidas, donde el consumo de electricidad se dispara durante los meses de verano por la necesidad de refrigeración, tal como lo planteó el gobernador Hugo Passalacqua la semana pasada, durante la reunión de gobernadores y el ministro del Interior, Diego Santilli. El mandatario cuestionó la suba de tarifas y el impacto en Misiones, única provincia que carece de gas natural en todo el territorio, lo que impacta en la competitividad de las industrias.

La discusión tiene especial importancia para Misiones. La provincia no solamente soporta temperaturas elevadas durante buena parte del año, sino que además carece de gas natural por redes, por lo que la electricidad ocupa un lugar todavía más importante dentro de la matriz energética de los hogares. La reunión tuvo un saldo positivo, señalaron los funcionarios, aunque evitaron dar detalles para no alimentar expectativas inmediatas.

Por Misiones participaron de la mesa técnica el ministro de Energía, Paolo Quintana, y el presidente de Energía de Misiones, Julio César Barreto, llevando la posición provincial a una negociación que podría modificar la arquitectura de los subsidios nacionales y establecer criterios diferenciados según las características climáticas de cada región. “La reunión salió bien. Hubo acuerdo”, precisó Barreto, aunque los detalles serán dados más adelante. 

El encuentro realizado en el Ministerio de Economía estuvo encabezado por el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti. También participaron gobernadores y representantes de las provincias del Norte Grande.

Al término de las conversaciones, Caputo dio una señal política concreta sobre el avance de las negociaciones. El ministro aseguró que Nación y las provincias consensuaron una propuesta para redefinir los subsidios energéticos de las zonas cálidas y muy cálidas y acordaron continuar trabajando para instrumentarla.

Todavía no está definido, sin embargo, el diseño final del beneficio, ni los bloques de consumo que recibirían subsidios, ni cuál será el costo fiscal que asumirá el Estado nacional.

Del reclamo en Posadas a la mesa de Caputo

La reunión no surgió de manera aislada. Es consecuencia directa de la agenda que los gobernadores del Norte Grande llevaron a la 24ª Asamblea regional realizada la semana pasada en Posadas, donde la energía volvió a aparecer como uno de los principales factores de desigualdad estructural entre el norte y otras regiones del país.

En aquella cumbre, con Hugo Passalacqua como anfitrión, los mandatarios plantearon ante Santilli una agenda que incluyó rutas nacionales, infraestructura, reversión del Gasoducto del Norte, Hidrovía y, especialmente, un tratamiento diferencial para el consumo eléctrico de las provincias sometidas a temperaturas extremas.

La discusión parte de una realidad física difícil de soslayar: un hogar del Norte Grande necesita consumir más electricidad para alcanzar condiciones similares de confort que uno ubicado en una región templada.

Durante los meses más calurosos, los equipos de aire acondicionado, ventiladores y sistemas de refrigeración funcionan durante más horas y elevan considerablemente la demanda. Ese consumo adicional no responde necesariamente a una decisión discrecional del usuario, sino a las condiciones climáticas.

Precisamente ese fue el eje de la reunión: analizar alternativas ante el mayor consumo energético que enfrentan las provincias norteñas durante los meses de temperaturas extremas.

Para Misiones, la discusión incorpora además otra variable: la ausencia de gas natural. Junto con Corrientes y Chaco, continúa fuera de la red de gasoductos que abastece a buena parte del país, una asimetría que los gobernadores también pusieron sobre la mesa en Posadas.

La negociación adquiere una dimensión adicional porque se desarrolla mientras el Congreso discute cambios en el régimen de Zona Fría, que subsidia el consumo de gas de hogares ubicados en regiones de bajas temperaturas.

La modificación de ese esquema ya obtuvo media sanción en Diputados y espera su tratamiento en el Senado. En paralelo, las provincias norteñas buscan instalar una suerte de contracara conceptual: si el Estado reconoce que el clima frío obliga a determinados hogares a consumir más gas para calefaccionarse, las temperaturas extremas del norte también deberían ser contempladas al momento de determinar cuánto consumo eléctrico recibe subsidio.

No necesariamente se trataría de trasladar mecánicamente el régimen de Zona Fría hacia el norte. La negociación apunta a construir un mecanismo propio, asociado al consumo eléctrico y con diferenciaciones incluso dentro del propio Norte Grande.

Desde Nación ya adelantaron que no habrá una tarifa plana y que se analiza establecer distintos esquemas según la intensidad climática y los niveles de consumo. Los detalles todavía permanecen abiertos.

Ese punto será central para Misiones: cómo se define técnicamente una zona cálida o muy cálida, qué municipios quedan comprendidos, cuáles serán los bloques subsidiados y durante qué meses regirá el beneficio determinará el verdadero impacto económico del nuevo régimen.

En el Congreso ya existen proyectos que permiten dimensionar hasta dónde podría llegar una política de este tipo, aunque no deben confundirse esas iniciativas con la propuesta definitiva que negocia ahora el Gobierno.

Uno de los textos impulsados desde el Norte Grande propone crear un Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para la región, con reducciones de hasta 50% para hogares de menores ingresos y 35% para sectores medios y entidades sociales. También plantea eliminar topes de consumo subsidiado y aplicar IVA cero para usuarios que no cuentan con gas natural.

La mesa encabezada por Caputo deberá ahora determinar cuánto de esas demandas puede incorporarse a un esquema compatible con la política fiscal y energética de Nación.

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