Argentina dio un paso clave en la lucha contra la pesca ilegal al adherir al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puertos (AMERP), el primer instrumento legal internacional destinado a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Este Acuerdo, que había obtenido media sanción en el mes de abril en el Senado de la Nación Argentina, representa un avance en la estrategia de control sobre la actividad pesquera y puertos argentinos.

Se estima que uno de cada cinco peces capturados en el mundo proviene de actividades de pesca ilegal o irregular, prácticas que afectan la sustentabilidad de los recursos pesqueros, dañan los ecosistemas marinos y generan competencia desleal para quienes operan dentro de la ley.

El AMERP, adoptado en 2009 en el ámbito de la FAO y en vigor desde 2016, establece estándares mínimos y mecanismos de cooperación entre países para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR, que actualmente cuenta con 87 estados parte. A su vez, plantea la necesidad de fortalecer la articulación internacional para la protección de los recursos pesqueros, especialmente aquellos explotados por flotas extranjeras en aguas adyacentes a la plataforma continental argentina.

“Este acuerdo es una herramienta concreta para establecer un límite para quienes operan por fuera de la ley. Fortalece los controles en nuestros puertos y mejora la coordinación con otros países para combatir la pesca ilegal a escala global”, señaló Sebastián Fermani, director de conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina. 

Un avance clave para proteger los recursos argentinos

La implementación del AMERP permite restringir el acceso a puertos argentinos a buques vinculados con actividades ilegales, desalentando estas prácticas a nivel global. Al mismo tiempo, contribuirá a proteger los recursos pesqueros del país y a mejorar la competitividad de los productos nacionales obtenidos de manera legal y sostenible.

“La pesca ilegal no solo pone en riesgo los ecosistemas marinos, también perjudica a quienes cumplen las reglas. Poder contar con un instrumento legal como este acuerdo permite establecer las mismas condiciones para quienes operan sobre los recursos pesqueros nacionales y reconoce el valor de una actividad responsable”, afirmó Diego Albareda, coordinador del Paisaje Costero Marino de Fundación Vida Silvestre Argentina. 

Hasta ahora, Argentina contaba con mecanismos de control en el marco del Acuerdo Latinoamericano sobre el Control de Buques por el Estado Rector del Puerto, enfocados principalmente en la seguridad marítima y la prevención de la contaminación. Sin embargo, este marco no contemplaba herramientas específicas para abordar la pesca ilegal con el alcance que propone el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puertos, por lo que refuerza la importancia de su aprobación. 

Desafíos a futuro

La adhesión al acuerdo representa un avance significativo, pero también plantea nuevos desafíos. Entre ellos, la necesidad de fortalecer la articulación internacional para la protección de los recursos pesqueros, especialmente aquellos compartidos con flotas extranjeras en aguas adyacentes a la plataforma continental argentina.

“Este es un paso fundamental, pero no es suficiente. En este sentido, será clave avanzar en acuerdos bilaterales o en el ámbito de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero, de acuerdo con lo que el Estado considere más pertinente, con el objetivo de asegurar que las medidas de conservación y manejo sean respetadas más allá de las aguas jurisdiccionales”, concluyó Sebastián Fermani, director de conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina.