Un ucase en la Rusia imperial era una proclamación del zar, que tenía fuerza de ley. Era, básicamente, la suma del poder en un sólo hombre. Todo lo contrario a la división de poderes de la República. Un ucase es lo que impuso Javier Milei para transformar, de un plumazo, la Argentina tal como era conocida.  Habrá que ser muy creativo para frenar sus consecuencias. Misiones dio el primer paso para desafiar el tsunami. 

El decreto de necesidad y urgencia presentado por el Presidente atraviesa la estructura económica y social rompiendo todo a su paso sin que queden en claro ni la necesidad ni la urgencia de muchos artículos demoledores. No hay un sólo constitucionalista que pueda defender el mamotreto de 86 páginas y más de 300 desregulaciones. “Se busca destrabar el andamiaje jurídico, institucional opresor que ha destruido nuestro país“, dijo Javier Milei antes de declarar “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. 

“Hoy es un día histórico para el país, después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Desde que asumimos, estuvimos enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos”, dijo el Presidente.

Vale la pena describir la escena: rodeaban al Presidente, Luis Caputo, ahora su ministro de Economía, antes responsable del endeudamiento de miles de millones de dólares, el bono a cien años y la vuelta al Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Mauricio Macri. A su lado estaba parado, como ministro sin cartera, Federico Sturzenegger, protagonista activo de la crisis de 2001, con la caída de la alianza y también de la debacle argentina durante Cambiemos. Con rostro adusto, seguía atentamente Patricia Bullrich, otra protagonista de las últimas décadas, como ministra de Trabajo de la alianza y responsable del ajuste del 13% sobre los salarios y jubilaciones y después como ministra de Seguridad del propio Macri. Tres protagonistas directos de las últimas dos décadas y media, caracterizadas por un enorme endeudamiento y finales con crisis sociales. La puesta en escena, en la noche del 20 de diciembre, con toda la carga simbólica que esa fecha tiene, hizo acordar a otras cadenas nacionales, de la última dictadura y también de Carlos Saúl Menem, a quién se copió casi al detalle, en otro anuncio de desregulación, en 1991. Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado. O será convertido en sociedad anónima. Desde el INVAP hasta Fabricaciones Militares.  Que las consecuencias económicas sean similares, es apenas una simple coincidencia.

Milei impuso una profunda reforma laboral, que limita indemnizaciones, amplía el período de prueba y le da más poder a las empresas por sobre las fuerzas productivas. Eliminó la ley de Alquileres y ahora se podrá pactar tiempos y monedas en forma libre, abrió el camino para las privatizaciones de empresas, con Aerolíneas Argentinas como primera a desguazar y Arsat (ofertada en plena cadena nacional a Elon Musk, dueño de Starlink). No es un detalle anecdótico. Milei reconoció en cadena nacional que dictó un decreto de necesidad y urgencia diseñado para hacer negocios con una determinada empresa. A confesión de parte, relevo de pruebas..

El Presidente también limitó el derecho a huelga y las asociaciones sindicales, además de considerar servicios esenciales la docencia, servicios de salud, telecomunicaciones, comercio exterior, por lo que no podrán protestar sin asistencia al puesto de trabajo. Eliminó las restricciones de precios a la industria prepaga y las incorporó al régimen de obras sociales. Lejos de estimular la competencia, las prepagas, obedientes, acordaron aplicar un aumento del 40 por ciento desde enero. 

El megadecreto de Milei, como el de 1991, impacta directamente en Misiones, con la desregulación del mercado de la yerba mate. Nadie puede explicar ni la necesidad ni la urgencia de tocar un mercado que está cerrando un año de alto consumo y exportaciones récord, con precios para el sector productivo. Mucho más si se tienen en cuenta los antecedentes. El Instituto Nacional de la yerba Mate quedó reducido a un organismo de promoción, sin facultades de regular ni el mercado ni los precios. El objetivo del Presidente es “impedir su intromisión en un mercado competitivo”, replicando así el “exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”. 

De este modo, la resolución 170 que fijaba límites a la producción, quedará abstracta, justo después de que la Justicia correntina devolviera a Misiones el conflicto suscitado por el reclamo de dos empresas contra el corsé de cinco hectáreas para nuevas plantaciones. 

El DNU también derogó la Ley N° 27.114 que imponía limitaciones al fraccionamiento de la yerba mate con exclusividad en Misiones y Corrientes, lo que abre el juego a la compra de materia prima por parte de otras provincias para industrializarse fuera de la zona productora. La ley justamente buscaba promover la radicación y un Régimen de Envasado en Origen de la Yerba Mate en la región productora.

También eliminó el inciso N de la ley del INYM, que instaba a “promover distintas formas asociativas entre productores primarios de yerba mate y en particular a las cooperativas yerbateras de la zona productora”, lo que contradice profundamente el modelo productivo de Misiones. 

Finalmente, suprimió el inciso R, que le daba facultad al INYM para “acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes el precio de la materia prima”. Entre otras cosas. Un sacudón para el sector productivo, que todavía tiene frescas en la memoria las consecuencias de la década desregulada, que terminó en 2002 con un histórico tractorazo en reclamo de precios justos. Entre 1991 y 2001, el precio de la yerba se desplomó: el kilo de hoja verde cayó de $0,20 en 1991 a 0,06 pesos convertibles uno a uno. El precio en góndola, en cambio, se mantuvo casi constante. Esos 14 centavos de dólar perdidos por la producción primaria por una cosecha promedio de 700 millones de kilos por 10 años, permite visualizar la enorme transferencia de ingresos de la producción hacia la  industria, comercios e impuestos: casi 1.000 u$s millones en una década. Las chacras se malvendían. La yerba se cambiaba por vales de comida. 

La regulación provocó el efecto inverso. La yerba cerrará el año en su mejor momento con el consumo interno más alto de los últimos cinco años y el mejor nivel de exportaciones desde 2020, el año récord. La materia prima se pagaba por encima de los precios oficiales y el objetivo era insistir en los 60 centavos de dólar, ya que el precio en pesos se acercó bastante hasta la devaluación. Sin embargo, la licuación del precio oficial, hoy en 210 pesos, es evidente: con un dólar a 800 pesos, el precio de la materia se desplomó a 0,26 centavos de dólar. Sin la facultad de fijar precios, será imposible seguir ese ritmo. 

Los únicos que celebraron la desregulación fueron los diputados de la alianza Cambiemos. Pedro Puerta fue el más enfático. “Desde hoy la yerba es más competitiva y el productor va a ganar más. Esta nueva normativa le va a permitir vender a un mejor precio. Va tener incentivo para producir. Al igual que todos los otros productos que hay en el supermercado, el precio de la yerba lo van a definir la familia yerbatera y los consumidores. Si a la yerba le va bien, a Misiones le va bien”, remarcó. No fue así en los 90. Aunque su padre fue uno de los pocos en sobrevivir a la década desregulada. 

El radicalismo, protagonista en la creación del INYM, ahora no levantó la voz en contra de la desregulación. Por el contrario, aunque “no comparte” la idea de Milei, Martín Arjol destacó que cumplió con lo que decía en campaña y de paso, pidió una auditoría sobre el diluído organismo yerbatero.  Ariel Pianesi fue más enfático: pidió “por favor” a Milei que convoque al Congreso en vez de imponer el DNU. 

Por eso cobra dimensión la reacción de la Provincia. La primera en plantarse ante el DNU de Milei. Misiones creará su propio Instituto de la Yerba Mate, según anunció el diputado y conductor de la Renovación, Carlos Rovira, con el respaldo del gobernador Hugo Passalacqua y del presidente de la Cámara, Oscar Herrera Ahuad. Tendrá las mismas facultades que el organismo que bajó de categoría: fijar precios, cupificar y rol de policía para garantizar la calidad del producto. “El producto madre de la tierra colorada no está en discusión, y los misioneros somos soberanos para cuidarlo”, definió Rovira, en un mensaje que anticipa la posición de Misiones ante los planes de ajuste: habrá que poner mucha creatividad para mitigar los efectos del ucase. No es una bandera coyuntural. La yerba es el producto emblema de Misiones y la asociatividad despreciada por Milei es característica de los colonos que llegaron desde distintas partes del mundo. La yerba es un negocio que mueve por año unos 1.500 millones de dólares. 

En paralelo, Passalacqua instruyó al equipo de abogados de la Fiscalía de Estado a presentar una cautelar en contra de la desregulación del mercado yerbatero. Los abogados trabajan a contrarreloj para ultimar los detalles del escrito que será presentado el 29 de diciembre, día en que entrará en fecha DNU. No se descartan acciones similares contra otras medidas incluidas en el decreto. Son varias. Milei derogó deroga leyes de turismo que regulan el funcionamiento de las agencias de viajes y el alojamiento turístico, flexibilizando las reglas de una de las principales industrias de Misiones. ¿Qué ocurriría con “un señor que pone una agencia turística e invita a escalar, pero no tiene condiciones de seguridad mínima?”, le preguntaron a Sturzenegger. La respuesta no tiene desperdicio: “¿Cuál es el contrato más riesgoso que firmás en tu vida? El matrimonio, que es recontra más peligroso que ir a hacer una caminata con un flaco en (las sierras de) Calamuchita”.

“El matrimonio es un contrato de alto riesgo y “el Estado no tiene absolutamente nada que hacer inmiscuyéndose en con quién te casás, ni en el sexo de la persona ni en la edad ni en nada”, argumentó.

“Si decimos que el matrimonio es un contrato muy riesgoso, por qué no hacemos un registro de novios y novias, y después una carrera de productores de matrimonio. O sea, agentes preparados por el Estado para explicarte con quién te ‘matcheas’. Y si después si te casás te voy a dar un contrato escrito por un burócrata que te va a decir quién lava los platos y las otras menudencias que tenemos en el matrimonio”. Clarito el concepto. ¿Para qué el Estado regularía la edad para casarse? o ¿quien lava los platos?

Milei también tumbó la ley de Tierras, que imponía límites a la compra de propiedades por parte de extranjeros. También, de la mano, suprimió el artículo 22 bis de la ley 26815 de manejo del fuego. Ese artículo impedía la modificación del uso de la tierra afectada por un incendio. En caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, prohibía por 60 años desde su extinción:

a) Realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio;

b) La división o subdivisión, excepto que resulte de una partición hereditaria; el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares.

c) La venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y,

d) Cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio.

Ahora podrán comprar la tierra, usar fuego y vender la propiedad o plantar soja donde antes hubo monte o un humedal. En libertad. 

Será clave la red de contención que pueda recrear Misiones. El nuevo escenario encuentra a Misiones con las cuentas en orden y sin el peso agobiante de deuda en dólares -es una de las pocas provincias que en 2024 no enfrenta vencimientos en esa moneda-. “Misiones nunca hizo el ajuste sobre la población”, definió el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. El periplo es similar desde su origen, aunque los caminos fueron distintos. En 1999, el gobernador Rovira recibió una Provincia con una deuda de más de mil millones de dólares, dejada por su antecesor, Ramón Puerta. Rovira inició ingentes negociaciones en medio de una profunda crisis, para achicar la deuda y no frenar inversiones internas. Ordenó las cuentas y puso en marcha una política de obras públicas que se expandió por todo el territorio, alcanzando a los pueblos más alejados. No se hizo el ajuste sobre la población. 

Pero ahora serán numerosos los frentes de tormenta. La quita de subsidios al transporte público implica una sangría de 3000 millones al año, que directamente se trasladará al costo de los usuarios. Otro tanto lo será con la energía. Los datos que se manejan en la empresa eléctrica provincial son escalofriantes: un consumo residencial de 300 kwh, durante 30 días, el valor actual es de $9.055,02. Con la quita de subsidios, ese importe ascendería a $30.984,30, es decir, 242% más. Ese porcentaje es aún mayor si hablamos de la misma categoría residencial pero con un consumo mensual de 500 kwh. En la actualidad un usuario con ese consumo paga $14.028,88, y luego de la eventual quita del subsidio nacional, pasaría a pagar $50.378,86, o sea un 259% de aumento. Para el consumo comercial e industrial, por 1000 kwh de consumo, se pagan $51.312,14. Sin subsidios deberán abonar $90.043,62. Si el consumo llega a los 3000 kwh, los $175.233,27 de la actualidad se transformarán en $287.420,01. Tarifas libres y plenas. Otro tanto es el combustible. Otro tanto es el Fondo Nacional de Incentivo Docente que está en riesgo. O la garantía nacional para el piso salarial educativo. Entre ambos, un docente que recién se inicia podría perder 94 mil pesos. Un profesor de cinco años o más, 177 mil pesos.

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