Escuchas: Macri modificó por decreto la oficina de captación de comunicaciones
El Gobierno decidió por decreto modificar la estructura de la Oficina de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, que a partir de ahora estará compuesta por dos jueces penales con rango de juez de Cámara, cuando hasta el momento estaba a cargo de un solo magistrado.
La medida, que se toma tras la polémica por la filtración de las escuchas judiciales entre el ex Secretario General de la Presidencia y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, y la ex Presidenta Cristina Fernández, modifica el artículo cuarto del decreto 256, de diciembre de 2015.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictará el reglamento de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación; dicho organismo estará a cargo de dos jueces penales con rango de Juez de Cámara”, establece el decreto número 102/17, publicado hoy en el Boletín Oficial.
Allí se indica que estos magistrados serán serán designados por sorteo, actuarán como Director General y Subdirector General, respectivamente, y durarán en sus funciones por el plazo de tres años.
Transcurrido dicho plazo, el Subdirector General pasará a ejercer el cargo de Director General, procediéndose a la designación por sorteo de un nuevo Subdirector General, quienes durarán en sus funciones por un plazo de tres años.
Asimismo, quien haya actuado como Director General no podrá ejercer nuevamente ese cargo hasta transcurrido un periodo de seis años.
Asimismo, se establece que, por única vez, se mantienen en sus cargos a los jueces que fueran designados en su momento para esta función por la acordada 2/2016 de la Corte.
Se trata de los magistrados Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, Director y Subdirector respectivamente de esta oficina de escuchas judiciales, y cuyos mandatos estaban próximos a vencerse.
La decisión oficial se produce en medio de la polémica por la filtración de intervenciones telefónicas hechas al ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, en una causa judicial, por las que la Corte Suprema de Justicia ya pidió informes a la Oficina de Captación de Comunicaciones y al juez federal Ariel Lijo, para determinar si hubo responsabilidades administrativas.
Se trató de las escuchas entre Parrilli y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en la que el ex funcionario fue procesado por “encubrimiento agravado” del ex prófugo Ibar Pérez Corradi, a cargo del juez Lijo.
A raíz de la filtración, Parrilli recusó a Irurzun en esa causa debido a que las escuchas telefónicas fueron hechas por una oficina judicial a cargo de este magistrado, pero el camarista rechazó apartarse.
La medida, que se toma tras la polémica por la filtración de las escuchas judiciales entre el ex Secretario General de la Presidencia y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, y la ex Presidenta Cristina Fernández, modifica el artículo cuarto del decreto 256, de diciembre de 2015.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictará el reglamento de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación; dicho organismo estará a cargo de dos jueces penales con rango de Juez de Cámara”, establece el decreto número 102/17, publicado hoy en el Boletín Oficial.
Allí se indica que estos magistrados serán serán designados por sorteo, actuarán como Director General y Subdirector General, respectivamente, y durarán en sus funciones por el plazo de tres años.
Transcurrido dicho plazo, el Subdirector General pasará a ejercer el cargo de Director General, procediéndose a la designación por sorteo de un nuevo Subdirector General, quienes durarán en sus funciones por un plazo de tres años.
Asimismo, quien haya actuado como Director General no podrá ejercer nuevamente ese cargo hasta transcurrido un periodo de seis años.
Asimismo, se establece que, por única vez, se mantienen en sus cargos a los jueces que fueran designados en su momento para esta función por la acordada 2/2016 de la Corte.
Se trata de los magistrados Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, Director y Subdirector respectivamente de esta oficina de escuchas judiciales, y cuyos mandatos estaban próximos a vencerse.
La decisión oficial se produce en medio de la polémica por la filtración de intervenciones telefónicas hechas al ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, en una causa judicial, por las que la Corte Suprema de Justicia ya pidió informes a la Oficina de Captación de Comunicaciones y al juez federal Ariel Lijo, para determinar si hubo responsabilidades administrativas.
Se trató de las escuchas entre Parrilli y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en la que el ex funcionario fue procesado por “encubrimiento agravado” del ex prófugo Ibar Pérez Corradi, a cargo del juez Lijo.
A raíz de la filtración, Parrilli recusó a Irurzun en esa causa debido a que las escuchas telefónicas fueron hechas por una oficina judicial a cargo de este magistrado, pero el camarista rechazó apartarse.
