Daniel Artana

Economista jefe de FIEL. Profesor en la UNLP y en la UTDT. Ph. D. in Economics UCLA

La nominalidad de 2026 va a dar espacio

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El año 2025 cierra con la aprobación por parte del Congreso de dos normas importantes para la macro de 2026: el presupuesto y la ley de inocencia fiscal.

Luego de dos años sin presupuesto aprobado por el poder Legislativo, era imperioso que el gobierno pudiera lograr el consenso necesario para volver a la normalidad de contar con un presupuesto en tiempo y forma. En el camino quedó la intención de revertir el aumento en el gasto en universidades y discapacidad. En algún momento, estos temas demandarán un debate menos politizado del que se dio antes de las elecciones de octubre, con posturas extremas que resultaron en un relajamiento de los ya débiles requisitos para acceder a una prestación por discapacidad y en una priorización del gasto en universidades por sobre otras necesidades de gasto público nacional sin siquiera un intento por mejorar la eficiencia del gasto (por ejemplo, revisar la cantidad de universidades cuando existe evidencia de que se ha politizado la apertura de varias casas de estudio, incluso en ciudades poco pobladas del país cuyas necesidades podrían ser atendidas por regionales de las universidades más grandes).

En cualquier caso, surge la pregunta de cómo hará el Ejecutivo para alcanzar el resultado primario proyectado de 1.5% del PIB. La reasignación de partidas es una opción, pero tiene un límite importante que es la actualización por inflación de muchas de ellas (la más importante, el gasto en jubilaciones) y una restricción de un porcentaje máximo de afectación de cada rubro.

Sin embargo, el presupuesto 2026 se hizo suponiendo que el PIB nominal promedio del año aumentará alrededor del 20% respecto del de 2025. Es poco probable que la inflación del año sea tan baja como la prevista, y ello más que compensaría el menor crecimiento real respecto del demasiado optimista 5% contemplado en el presupuesto. Entonces, la mayor nominalidad aportará ingresos adicionales en pesos y licuará el gasto no ajustable por inflación sin necesidad de afectar las partidas aprobadas por el Congreso. Por ello, es probable que se alcance la meta de superávit primario, aunque eso deja un problema abierto para el presupuesto de 2027 cuando las proyecciones se basen en la ejecución real del año 2026.

Es difícil estimar el impacto de la ley de inocencia fiscal sobre las decisiones de las familias argentinas, pero en cualquier caso contribuirá algo a la actividad económica y podría ser también un vehículo para aportar algún financiamiento al soberano en la medida en que algunos de los dólares ingresados al sistema terminen comprando títulos públicos.

La mayor nominalidad de la economía también ayudará al BCRA. Los datos confirman que hubo una gran dolarización de portafolios previo a la elección de octubre y que ello debería revertirse, al menos en parte, dando un espacio para que aumente la demanda de pesos. Este efecto de normalización (que puede demorar varios trimestres) es de una sola vez. Pero, además, cada año el BCRA puede emitir para satisfacer el incremento en la demanda de base monetaria que se requiere para mantener el cociente Base a PIB constante en el nivel deseado por los agentes económicos privados. Una economía con mayor crecimiento del PIB nominal le da más espacio al BCRA para comprar divisas con emisión que no genera inflación.

Aquí es importante recordar porqué es necesario acumular reservas aún si el tipo de cambio flotara libremente. Los países emergentes están expuestos a shocks que pueden desatar un corte abrupto del financiamiento al soberano y a las empresas privadas. Si no hay alguna reserva podría forzarse a los deudores a incumplir en sus obligaciones. Por ello, para establecer el nivel adecuado de las reservas de un país se consideran, entre otros indicadores, el monto de vencimientos de deuda de corto plazo y de los pagos de importaciones. Se trata de evitar eventos disruptivos que agravarían las tendencias recesivas de un shock des favorable.

El swap con Estados Unidos, que parece ser de más fácil acceso que el swap con China, actúa como un sustituto transitorio a la débil posición de reservas netas del BCRA. Pero hay que resolver la debilidad aun cuando en el corto plazo ello se traduzca en un tipo de cambio real algo más depreciado y se sacrifique parte de la mejora posible en el nivel de actividad.

El último punto se explica porque la alternativa a la acumulación de reservas era que se gastaran esas divisas. Ello daría más actividad (al evitar pagar el costo del seguro anticrisis) pero al riesgo de enfrentar una recesión mayor si no se cuenta con el “pago” del autoseguro.

Es posible, incluso, que a medida que se avance en la mejora de la posición de reservas netas se reduzca el riesgo país y ello aporte una compensación. Pero eso podría ocurrir luego de varios meses de compras netas del BCRA.

Empieza un nuevo año en el cual la nominalidad le dará espacio al programa de gobierno permitiéndole fortalecer algunos puntos débiles. Una reducción más paulatina en la tasa de inflación parece un buen precio a pagar para ganar en tranquilidad.

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Ante una gran oportunidad

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Se abre una oportunidad para promover reformas estructurales ambiciosas. Queda pendiente mejorar las reservas del BCRA, y hay espacio para que esta compra de divisas se realice sin esterilizar.

El resultado de las elecciones del 26 de octubre ha sido muy positivo para el funcionamiento de la economía argentina. En la previa de las elecciones, había una gran tensión financiera que contaminaba a la economía real (aplacada, sólo en parte, por la ayuda del gobierno de Estados Unidos). Las exorbitantes tasas de interés en pesos no eran suficientes para evitar que el tipo de cambio alcanzara el techo de la banda de flotación y ello tenía consecuencias sobre el nivel de actividad y algunas decisiones de consumo.

Se percibía un riesgo político creciente desde el resultado en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y también las consecuencias de algunos errores en decisiones de política económica. El resultado de la elección del domingo 26 no sólo le dio al gobierno más musculatura de la esperada en el Congreso, lo cual debería ayudar a lograr reformas más potentes, sino que redujo significativamente la probabilidad de que a fines de 2027 regrese al poder una fuerza política que todavía pregona la necesidad de un nuevo default y no reniega de sus errores que resultaron en déficits fiscales financiados con emisión y, por lo tanto, en tasas de inflación astronómicas.

Esa menor probabilidad de retornar al populismo debería ayudar a motorizar inversiones. Nadie hunde mucho capital en una economía si espera que le cambien las reglas de juego en forma arbitraria al poco tiempo. Los congelamientos de tarifas, las modificaciones a la libre disponibilidad de divisas aprobada por ley y alteraciones a la estabilidad tributaria son algunos ejemplos del comportamiento oportunista del populismo vernáculo en el pasado no tan lejano.

El resultado electoral también debería favorecer la aprobación de reformas estructurales más ambiciosas. En el campo laboral, hay problemas con la rigidez contractual, los costos del cese laboral, la litigiosidad y los costos impositivos y no impositivos. Los problemas de rigidez no sólo incluyen a la negociación colectiva que impone las mismas condiciones para realidades muy diferentes entre provincias. La Argentina tiene poca flexibilidad a la hora de hacer contratos a tiempo parcial o temporarios. La indemnización por despido, calculada como un mes de sueldo por cada año de antigüedad, es alta en la comparación internacional, pero la litigiosidad la eleva aún más y lo mismo aplica para los riesgos del trabajo. Una posible solución es fusionar el fuero laboral con el comercial, pero se requiere también que las provincias resuelvan los problemas que se generan en su ámbito de competencia. Además, es necesario establecer criterios más acotados y precisos para reducir los márgenes de interpretación de la ley. Finalmente, la Argentina tiene la mayor brecha entre costo laboral y salario neto de la región, pero reducirla requiere recursos fiscales alternativos. Además, los sindicatos obtienen ingresos anormalmente elevados, sin que se perciba una contraprestación para el trabajador. Reducir este “impuesto con recaudación privatizada” debería ser una prioridad de la reforma.

En materia tributaria, los problemas que aquejan a la “competitividad” se originan en los impuestos a las transacciones financieras, las retenciones, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto de sellos y la tasa de seguridad e higiene. El problema es que éstos recaudan alrededor de 7% del PIB y que intervienen los tres niveles de gobierno. La reducción en el número de impuestos no es una reforma relevante; lo importante no es la cantidad de impuestos sino los problemas que cada uno de ellos generan. Simplemente pensemos que el sistema tributario argentino sería todavía peor que el actual si se reemplazaran todos los impuestos por un “gran impuesto a los ingresos brutos”. Y modificaciones en el impuesto a las ganancias de las personas físicas que reduzcan el peso del impuesto no disminuyen costos de las empresas, reducen la recaudación y afectan la capacidad distributiva del gravamen.

Finalmente, el resultado electoral ha reducido significativamente el riesgo político. Pero la economía necesita volver a los niveles de tasas de interés que regían antes del 15 de julio. Es posible que ello no resulte en un tipo de cambio más depreciado que el actual si se consideran sólo los flujos de oferta y demanda de divisas privados. Pero queda pendiente mejorar las reservas del BCRA y ello va a requerir que, como estaba previsto en el acuerdo con el FMI, la autoridad monetaria compre divisas dentro de la banda de flotación. La ventaja es que hay suficiente espacio para remonetizar la economía partiendo de niveles muy bajos de la cantidad de dinero transaccional.

El cuadro adjunto compara distintos agregados monetarios medidos en porcentaje del PIB para los meses con inflación menor o igual al 2% desde 2003 a la fecha, lo ocurrido en un periodo sin cepo y la situación actual. Se puede ver que existe espacio para remonetizar, lo que permitiría comprar reservas sin esterilizar su efecto monetario.

En cambio, las compras de divisas para atender pagos de deuda pueden reducirse o dejar de ser necesarias si se accede a los mercados de capitales, lo que ahora parece posible por la ayuda americana.

En ese contexto, las opciones pasarían por avanzar hacia una flotación sin bandas, sin reservas netas y con el swap negociado con el gobierno americano como un sustituto temporario de esa fragilidad en los activos del BCRA.

O, alternativamente, modificar las bandas subiendo el techo y sobretodo el piso para tratar de evitar la tentación de fortalecer el peso antes de que lluevan exportaciones e inversiones.

Como puede verse, los desafíos siguen siendo importantes, pero el gobierno parece haber aprendido de algunos de sus errores. Esperemos que el 26 de octubre se haya abierto la puerta para empezar a recuperar tanto terreno perdido.

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Tasas reales y riesgo político

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Aunque la incidencia del riesgo político y de las turbulencias internacionales no pueden descartarse, otro factor que puede explicar el aumento en el riesgo país es la escasa acumulación de reservas del BCRA. Sería deseable que el gobierno iniciara el camino que, en ese sentido, se ha acordado con el FMI, pero ello impactará en el tipo de cambio nominal y seguramente el techo de la banda empezará a hacer ruido.

Desde comienzos de año se ha observado un aumento en el riesgo país, el que se ubica más de 150 puntos básicos por encima de los mínimos alcanzados en enero. Además, hace unos meses que las tasas de interés pasivas son mayores a la inflación del mes, incluso antes de las turbulencias que generara el
reemplazo de las Letras Fiscales de Liquidez por otros títulos del Tesoro.

¿Cuánto de este fenómeno se explica por el riesgo político y cuánto por debilidades de la economía argentina?

No es fácil responder a esta pregunta con precisión. Sin embargo, se pueden mencionar algunos puntos.

  1. Entendido como un retorno a políticas populistas, el riesgo político también existía a comienzos de año. Las elecciones de medio término pueden ayudar a reducirlo, pero seguramente habrá que esperar a las presidenciales de 2027. De hecho, las encuestas disponibles sugieren que el gobierno tiene altas chances de ganar en octubre de 2025 y los mercados habitualmente se adelantan.
  2. Las turbulencias en la economía mundial no parecen explicar lo ocurrido. Comparado con el promedio del mes de enero, el riesgo país argentino aumentó alrededor de 20%, mientras que se redujo en Brasil, Colombia, Chile, México y Perú entre 4 y 11%.
  3. El acuerdo con el FMI fue mejor de lo esperado a comienzos de año, con un monto total significativo y desembolsos al comienzo del programa de una magnitud no habitual. Esto debió ayudar a reducir el riesgo.
  4. La eliminación del cepo para personas físicas y la flotación entre bandas pueden explicar que las tasas reales en pesos se hayan convertido en positivas, pero ello no puede justificar que sean tan altas como para empezar a generar dudas respecto de la morosidad de los créditos, el nivel de actividad y la solvencia fiscal.
  5. Desde que se iniciara la flotación entre bandas, el peso se ha depreciado en forma considerable sin que ello haya impactado todavía en la tasa de inflación general o en la inflación núcleo. Eso ha permitido lograr una depreciación del tipo de cambio real multilateral del orden del 15% desde mediados de abril, que es saludable dados los cambios observados en las cuentas externas.

El otro factor que puede explicar el aumento en el riesgo país es la escasa acumulación de reservas del BCRA, que decidió no comprar divisas a menos que el tipo de cambio tocara el piso de la banda de flotación. El gobierno ha tratado de cumplir con la meta de reservas por medio de colocación de deuda y compras del Tesoro (lo que alivia la presión futura de éste sobre la autoridad monetaria en los momentos en que hay que servir la deuda externa).

Sin embargo, el programa firmado con el FMI era claro. La ambiciosa meta de acumulación de reservas que alcanzaba a más de US$ 80.000 millones a finales de 2030 se lograría por medio del señoreaje; es decir, con el BCRA emitiendo para comprar divisas y al mismo tiempo satisfacer un aumento en la demanda transaccional de dinero. Una acumulación a costo cero para el sector público consolidado.

Sería deseable que el gobierno iniciara ese camino, pero ello impactará en el tipo de cambio nominal y seguramente el techo de la banda empezará a hacer ruido. Luego de las elecciones habrá que definir qué hacer. Si avanzar hacia una flotación sin bandas con licitaciones programadas para la compra de dólares en el mercado o si corregir al alza el techo de la banda, lo que a su vez plantea otra definición: si se hace aumentando el ritmo de depreciación mensual o con un salto nominal. Y si se opta por mantener la banda, el techo habría que modificarlo antes de que el tipo de cambio mayorista se acerque a él porque si no se afectará la credibilidad del nuevo techo.

Lo que es claro es que si son necesarias tasas reales tan elevadas para sostener el tipo de cambio dentro de la banda de flotación algo anda mal con el programa.

Después de octubre sabremos cuánto aportaba el riesgo político, pero, por las dudas, mejor vayamos pensando cuál debería ser la política monetaria/cambiaria post elecciones.

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Logros y desafíos

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Hubo logros importantes durante el primer año y medio de gobierno, pero aparecen nubarrones en el frente externo. Sin embargo, la disciplina fiscal y la flotación cambiaria deberían ser suficientes para evitar que los pronósticos catastróficos se materialicen.

Se han cumplido 18 meses del nuevo gobierno y los indicadores económicos han sido favorables. Tanto el PIB como el consumo privado han mostrado recuperaciones en forma de V y lo mismo puede decirse de los salarios privados formales y de los informales (con los problemas de medición que tiene esta última variable). Junto con la reducción de la tasa de inflación mensual de 10% en los cinco meses que van de julio 2023 a noviembre de ese año a una del orden del 2% mensual, eso ha permitido una disminución importante en la pobreza y la indigencia.

A su vez, la tasa de inversión medida a precios constantes alcanzó en el primer trimestre del año al 21%, ubicándose cerca de los máximos, aunque a precios corrientes fue de sólo 15%, probablemente explicado por un cambio en la composición de la inversión (menor construcción y más equipo durable).

Sin embargo, la evolución de las cuentas externas plantea algunas dudas. El déficit devengado de la cuenta corriente del balance de pagos en el primer trimestre de 2025 fue de US$ 5200 millones y el de caja de US$ 4200 millones. En ambos casos, ello se explica por una reducción en el superávit de bienes y un aumento en el saldo negativo de turismo, que alcanzó 1.3% del PIB durante el primer trimestre, cerca del máximo observado durante el mismo período de 2018. La cifra de déficit de turismo devengada es incluso mayor, reflejando que las familias utilizan dólares propios sin pasar por el mercado de cambios.

Ello naturalmente lleva a un debate sobre el nivel de tipo de cambio real, potenciado porque a fines de junio expiró la reducción temporaria en los derechos de exportación del maíz y la soja que alentó una importante liquidación del sector en el segundo trimestre del año, lo que seguramente fue en parte influido por un anticipo de ventas que habrían ocurrido en el segundo semestre.

Desde que empezara el nuevo esquema cambiario de bandas de flotación, el tipo de cambio nominal se depreció alrededor del 10%. Junto con una depreciación del dólar a nivel global, ello generó que el tipo de cambio real multilateral de la Argentina se depreciara casi 8% durante el primer semestre del año.

Pero, en definitiva, en un esquema de flotación, el tipo de cambio obedece a la oferta y demanda. Es cierto que desde mediados de abril no estuvo presente la demanda del sector público nacional que se suponía iba a comprar divisas para mejorar las reservas netas del BCRA y para hacer frente al servicio de deuda pública. Sin embargo, sobre el final del semestre, el Tesoro decidió comprar alrededor de US$ 200 millones en bloque y, antes de eso, se colocaron bonos en pesos contra dólares y se hizo un segundo REPO para acercarse a cumplir con la meta de reservas netas acordada con el FMI que permite utilizar, para tal fin, endeudamiento por encima de US$ 1.500 millones.

En otras palabras, se eligió acumular reservas vía la política de deuda pública y no por medio del señoreaje que era lo que podía preverse de la lectura del informe del equipo técnico del FMI.
También es cierto que el BCRA vendió futuros durante mayo por el equivalente a US$ 1500 millones, pero esa intervención habría menguado en junio.

En cualquier caso, para los casi cuatro meses que restan del ciclo electoral es importante tener en cuenta que:
a) El BCRA tiene suficientes reservas para controlar un ataque especulativo contra el techo de la banda de flotación porque, si ello ocurriera, puede utilizar incluso las divisas que le desembolsó el FMI.
b) La tasa de interés en pesos también es un factor que puede incentivar a una menor demanda de divisas. Por ejemplo, la tasa Badlar medida en términos reales fue en promedio neutra durante el primer cuatrimestre del año y pasó a ser 8% real anual positiva durante mayo y junio (medida contra la inflación núcleo).
c) Debería esperarse que continúe el flujo de préstamos a provincias y empresas privadas y, además, debería revertirse el saldo negativo de la inversión extranjera directa que se observó en el balance cambiario del BCRA durante los primeros cinco meses del año.
d) El BCRA tiene todavía margen de US$ 7.000 millones para intervenir en el mercado de futuros. Sería prudente no utilizarlo y dejar que el peso se deprecie algo si esa es la tendencia, pero en cualquier caso, el margen existe.

En resumen, existen varios problemas que resolver, pero la disciplina fiscal y la flotación cambiaria deberían ser suficientes para evitar que los pronósticos catastróficos se materialicen

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Se aleja el piso de la banda

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Con la restricción de comprar sólo en el piso de la banda, que parece estar cada vez más lejos, queda la opción de cumplir vía endeudamiento la acumulación de reservas que prevé el acuerdo con el FMI.

El tipo de cambio mayorista que publica el BCRA se depreció casi el 11% desde los Arg$ 1.078,4 del 11 de abril (último día de vigencia del crawling peg) a los Arg$ 1.195,3 de finales de mayo, alejándose del piso de la banda que está alrededor de Arg$ 985. Hay algunos factores puntuales que pueden haber reducido la disponibilidad de divisas, como la gran cantidad de lluvias durante mayo que habrían postergado algo la liquidación del agro, pero la evolución del mercado de cambios que publica la autoridad monetaria muestra algunos datos preocupantes.

Durante el primer cuatrimestre de 2025, la cuenta corriente cambiaria fue negativa en 4.800 millones de dólares como consecuencia de un superávit en bienes de US$ 2.000 millones que fue insuficiente para pagar el déficit de servicios de US$ 4.200 millones (casi todo explicado por el déficit de turismo) y pagos netos de intereses por US$ 2.700 millones. Con pagos de importaciones normalizados, la eliminación del dólar blend (que sólo operó 15 días de ese cuatrimestre) daría algún espacio adicional, pero la caída en el precio internacional del petróleo no deja lugar para mucho optimismo en las exportaciones de energía, ni parece que sea probable que ceda el déficit de turismo.

Por la cuenta capital se registró un superávit de 12.700 millones como consecuencia de un ingreso neto del FMI y otros organismos multilaterales por US$ 13.900 millones que, junto con financiamiento a empresas privadas por US$ 4.800 millones, permitió financiar con holgura una inversión extranjera negativa en US$ 1.800 millones y ventas de divisas a particulares por US$ 1.500 millones. Hacia adelante, el financiamiento neto de los organismos multilaterales desaparecerá (incluso se volverá negativo), pero la inversión extranjera debería volver a ser positiva, sobre todo cuando empiecen a materializarse las inversiones al amparo del RIGI. El financiamiento a empresas privadas podría continuar o incluso ampliarse y habrá que ver qué pasa con los individuos que en abril compraron en pocos días más de US$ 1.800 millones, revirtiendo el comportamiento de los meses previos en los cuales realizaron ventas netas.

Los pagos de importaciones de bienes estarían siendo similares a las nuevas importaciones devengadas, pero éstas han aumentado en alrededor de US$ 1.700 millones por mes respecto de los deprimidos valores de comienzos de 2024, explicados por la recuperación económica, la apreciación del tipo de cambio real y la apertura. La importación de bienes de capital y partes y piezas de esos bienes explica alrededor de la mitad del aumento de importaciones devengadas, y las de vehículos y bienes de consumo alrededor del 30 a 40%.

La acumulación de reservas que prevé el acuerdo con el FMI puede lograrse por medio de compras del BCRA en el mercado de cambios o por endeudamiento de organismos públicos. Con la restricción de comprar sólo en el piso de la banda, que parece estar cada vez más lejos, queda la opción de cumplir vía endeudamiento del Tesoro que reemplace las compras al BCRA para pagar deuda o de la propia autoridad monetaria. La reciente colocación de un Bonte a 5 años en pesos que se suscribió en dólares es una opción, a la cual se sumaría un nuevo REPO del BCRA (recuérdese que los primeros US$ 1.500 millones de endeudamiento aumentan la meta, es decir cuentan para las reservas los dólares obtenidos por encima de ese nivel
de deuda).

Dada la decisión del Tesoro de renovar menos deuda local en pesos por un importe similar al que se logró con los Bontes, ambas operaciones se asemejan a lo que habría resultado de una compra de divisas directa del BCRA en el mercado cambiario con renovación del 100% de la deuda del Tesoro. El resultado fiscal de abril volvió a mostrar otro mes con superávit primario impulsado por un gasto primario que tuvo una modesta reducción real interanual, luego de aumentar 11% real en el primer trimestre.

Las prestaciones sociales siguen aumentando porque todavía se compara con meses en los cuales no se había concretado la mejora de 8% real en las jubilaciones y pensiones, pero en abril el impacto fue compensado por menores subsidios al sector privado y menores gastos de capital y de otros gastos corrientes.

El objetivo de lograr un superávit primario de 1.6% del PIB en 2025, mejor incluso que el 1.3% acordado con el FMI, parece alcanzable.

La inflación de mayo va a reducirse respecto del 3.2% de abril, pero parece difícil que perfore el 2% mensual. La actividad debería recuperarse algo luego de la fuerte caída de marzo, pero continuarían las asimetrías sectoriales; los datos del IPI de FIEL sugieren que la caída ajustada por estacionalidad habría continuado en el mes de abril. De todas maneras, la economía, en el promedio del año, tendrá una recuperación importante respecto del deprimido año 2024 y la inflación debería continuar a la baja.

Parece difícil pensar que si ocurren sobresaltos cambiarios previos a la elección de medio término de octubre, el BCRA no intervenga para moderarlos, utilizando la posibilidad de vender spot que le da el acuerdo con el FMI ante circunstancias disruptivas o mediante la venta de futuros

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