El largo y sinuoso camino hacia un mercado cambiario normal

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El acuerdo con el FMI es necesario para continuar normalizando el mercado cambiario. Sin embargo, la falta de precisiones sobre el contenido de este acuerdo genera incertidumbre que se traduce en pérdida de reservas y aumento de la brecha cambiaria.

El 10 de diciembre de 2023 el mercado cambiario estaba bajo un fuerte stress: el dólar oficial atrasado, la brecha por las nubes y las reservas netas en casi US$ 12.000 millones negativas. El gobierno decidió devaluar el dólar oficial y mantener las restricciones que regían hasta ese momento. Así se inició la primer etapa, que consistió en demorar pagos de importaciones, medida heterodoxa pero que permitió, junto con la devaluación, mejorar la posición neta de reservas del BCRA.

Era evidente que un programa económico pro-mercado no podía mantener esas restricciones por tiempo indefinido.

Se decidió, entonces, aliviar la deuda pasada, que era totalmente ilíquida, dándole a las empresas la oportunidad de adquirir bonos del BCRA (Bopreal) que podían cambiar por divisas. Luego se redujo el plazo de pago para las importaciones, acercándolo a una situación más normal.

Apareció luego la segunda etapa, que fue el blanqueo de capitales. Los individuos tuvieron la opción de evitar multas si depositaban los dólares en una entidad financiera local. Así, éstas pudieron aumentar sus préstamos en dólares y quienes los recibieron, los vendieron al BCRA para hacerse de pesos. Pero esta etapa está próxima a agotarse, ya que el stock de préstamos en dólares se acerca a los máximos alcanzados en 2018 al mismo tiempo que se redujeron algo los depósitos privados expresados en esa moneda.

La tercera etapa es el acuerdo con el FMI que, tarde o temprano, tenía que ocurrir porque a partir del año 2026 (y, sobre todo, desde 2027 en adelante) la Argentina debía empezar a pagar el capital adeudado, sin que hubiera certeza de que se podrían obtener fondos adicionales del mercado además de los que son necesarios para renovar la deuda con privados.

Luego de ese acuerdo, los siguientes pasos hacia la normalización requieren acceder al mercado de capitales para, al menos, renovar el capital que vence de los bonos restructurados en 2020 y levantar la mayoría, sino todas, las restricciones cambiarias que todavía subsisten (pago de la mayoría de importaciones a 30 días, imposibilidad de pagar dividendos al exterior en forma normal, restricciones a la dolarización de portafolios que se concretan a través del límite mensual de US$ 200 para personas y las
restricciones cruzadas que postergan por 90 días el acceso al mercado oficial de cambios a la empresa que opera en el mercado libre).

La falta de precisiones sobre el contenido del acuerdo entre la Argentina y el FMI generó una incertidumbre que se tradujo en pérdida de reservas y un aumento en la brecha cambiaria. Hay tres puntos que son relevantes: a) la magnitud de los fondos frescos que desembolsará el FMI, b) el timing de esos desembolsos, y c) cuáles serían los cambios en la política cambiaria oficial de depreciación al 1% mensual anunciada hace pocas semanas.

La Argentina tiene vencimientos de capital con el FMI por alrededor de US$ 14.000 millones entre 2026 y mediados de 2029. El gobierno ha anunciado que el acuerdo es por US$ 20.000 millones, pero no se sabe si eso incluye a los US$ 14.000 millones o si todo (o buena parte) son fondos adicionales que pueden mejorar la posición de reservas.

Nótese que una posibilidad es que el desembolso inicial sea cercano a los US$ 20.000 millones, lo cual le daría tiempo a la Argentina hasta 2026 para reunir los US$ 1.100 millones de capital que vencen ese año y luego US$ 4.300 millones en 2027 y más de US$ 6.000 millones por año, pero recién en 2028 y 2029.

Una solución en ese sentido le daría mucha liquidez al BCRA y, probablemente, le permitiría mantener la política cambiaria sin grandes cambios o con cambios menores como sería una banda estrecha dentro de la cual flotaría el peso, al menos hasta que haya cedido la tensión que generan las elecciones de medio término.

Fondos iniciales muy acotados mantendrían o incluso agravarían la incertidumbre, probablemente forzando a una depreciación más fuerte del tipo de cambio. Aún en este caso, es poco probable que haya un evento disruptivo como los vividos en el pasado por varias razones: la mejora en la posición fiscal reduce la vulnerabilidad, la cuenta corriente del balance de pagos devengada es positiva, aun cuando la de caja se haya convertido en negativa, ya se están materializando shocks positivos a las exportaciones
en energía y estaría cercana la fase de desembolsos de capital de algunos proyectos mineros.

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Déficit fiscal y deuda pública

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La mejora en el resultado primario de casi 5% del PIB en un año es contundente. Sin embargo, se cuestiona la dimensión de la consolidación fiscal porque, como ocurre desde hace varios años, una parte de los intereses pagados por la deuda local se registra “debajo de la línea”. Estimaciones propias muestran que, bajo diferentes medidas, la deuda pública consolidada se redujo en los últimos 12 meses, lo cual revela la magnitud del esfuerzo fiscal realizado.

El ancla fiscal es muy relevante para el funcionamiento del programa económico. Es muy importante que el resultado fiscal primario del gobierno nacional del año 2024 haya sido superavitario en alrededor de 1.9% del PIB y el resultado global después del pago de intereses fuese de 0.3% del PIB. Es un cambio claro respecto de la adicción a los déficits tan característica de los gobiernos previos.

La mejora en el resultado primario de casi 5% del PIB en un año es contundente. Sin embargo, desde hace varios años una parte de los intereses pagados por la deuda local se registra “debajo de la línea”. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se emite deuda con cupones cero (es decir, que el interés está implícito en la diferencia entre el precio al cual se coloca el bono y el valor al cual se lo rescata). En la información oficial de deuda bruta del gobierno nacional se puede inferir que los intereses capitalizados son importantes: en los primeros once meses de 2024, se registraron pagos de intereses por el equivalente a US$ 11.248 millones, de los cuales sólo US$ 1.755 millones corresponden a deuda emitida en moneda nacional. En ese mismo lapso, según la misma fuente, se hicieron amortizaciones de deuda emitida en moneda local por más de US$ 78.000 millones.

Se puede aproximar que el monto de intereses que se habría registrado debajo de la línea supera 1% del PIB.

Eso llevaría a concluir que, en realidad, hubo un déficit pequeño durante 2024. Sin embargo, esa conclusión es apresurada. En una economía inflacionaria una parte de los intereses compensa por el deterioro que la inflación le genera al capital prestado; eso debería registrarse como un pago del principal y no como interés. Y eso también opera para la deuda en moneda extranjera.

Una forma alternativa de chequear la consistencia de los números fiscales es revisar la evolución de la deuda pública. La deuda puede variar como consecuencia del resultado fiscal y también por pérdidas/ganancias de valor (por ejemplo, licuación por inflación). Además, durante 2024 el Tesoro se hizo cargo de los pasivos remunerados del BCRA que, en la práctica, operaban como endeudamiento público que el gobierno anterior “forzaba” a los depositantes a hacer vía el sistema financiero.

En el caso argentino también hay deuda intrasector público. Los principales tenedores de deuda del Teso-
ro son la ANSES, el BCRA y, en mucha menor medida, los bancos oficiales. Esa deuda es menos exigente que la que se tiene con el sector privado o con organismos multilaterales. Habitualmente se refinancia o, en el caso de las letras/adelantos que suscribió el BCRA, devenga intereses muy bajos o se licúa por la inflación.

Por ello, muchos analistas preferimos seguir la evolución de la deuda consolidada (que netea la deuda intrasector público y suma ese neto del Tesoro a los pasivos remunerados del BCRA).

El paso siguiente es cómo medirla ¿en pesos constantes, en porcentaje del PIB o en dólares? La medición en porcentaje del PIB es muy utilizada en las comparaciones con otros países, pero para un gobierno que tiene un porcentaje elevado de sus pasivos en moneda extranjera, el cociente se modifica en forma apreciable cuando hay cambios importantes en el tipo de campo real; en un contexto de apreciación como el vivido durante los últimos meses, el cociente cae por un aumento del PIB medido en dólares. Entre noviembre de 2023 (último mes completo de la gestión anterior) y noviembre de 2024, la deuda consolidada medida en porcentaje del PIB se redujo en alrededor del 20% (el equivalente a algo más de 10 puntos del PIB).

La medición en dólares, que es la que mensualmente publica el Ministerio de Economía, también está influida por cambios en el tipo de cambio real, pero en sentido inverso. Cuando se aprecia el tipo de cambio real, la deuda emitida en moneda local aumenta en términos relativos a la emitida en moneda extranjera cuyo capital no se modifica en dólares (si no hay cancelaciones/emisiones netas). En cualquier caso, la deuda consolidada medida en dólares también se redujo en ese mismo período de 12 meses, pero algo menos del 10%.

Finalmente, podemos estimar la evolución de la deuda en pesos constantes ajustados por la evolución del IPC Nacional. Como la mayoría de los flujos fiscales son en moneda local, esta medida del stock de pasivos es más consistente con el flujo de ingresos y egresos. En ese mismo período de 12 meses, la deuda consolidada se redujo alrededor de 3% en términos reales.

En conclusión, la mejora en los flujos fiscales y alguna licuación de la deuda previa han permitido reducir la deuda del sector público nacional más BCRA independientemente de la métrica que se utilice para calcularla (pesos constantes, porcentaje del PIB o dólares). Esto destaca la importancia del esfuerzo fiscal realizado por el gobierno nacional.

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¿Qué hacer ante un shock externo negativo?

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Ante un shock negativo, lo lógico sería que se deprecie el tipo de cambio real. La mejora notoria en la política fiscal podría hacer que una depreciación del tipo de cambio impacte menos en los precios que en el pasado.

El cambio de autoridades que ocurrirá en enero en Estados Unidos ha fortalecido al dólar. Todavía hay bastante incertidumbre acerca de cuánto se cerrará la economía americana al comercio internacional y que hará el nuevo gobierno con la política fiscal; de hecho, al final de la presidencia de Biden, la tasa de interés real es mayor que la que se observó en la primera presidencia de Trump y el dólar multilateral estimado por la Fed es también más fuerte. En cualquier caso, a valores constantes, la soja tocó mínimos durante la presidencia de Trump y la de Biden (Gráficos 1 y 2).

Pero a ello se sumó la depreciación del Real generada por factores idiosincráticos de nuestro vecino. Estos movimientos fortalecieron el tipo de cambio real multilateral (TCRM) que elabora el BCRA que, a finales de noviembre, se ubicaba en un nivel similar al promedio de los años 2015 o 2017, aunque todavía 15% más depreciado que en el último año de la Convertibilidad.

En cualquier caso, la estimación del TCRM debe complementarse con otros indicadores. Si se analiza la evolución de los salarios privados y se los ajusta por la inflación americana, en el último año de la Convertibilidad se pagaba un promedio de US$ 1500 por mes y en los años 2015, 2017 y 2018, incluso valores superiores. Hoy el promedio es de US$ 1100, aproximadamente. El magro desempeño de la productividad laboral argentina no es lo suficientemente importante para modificar este panorama.

La mejora en la política macroeconómica puede dar lugar a entrada de capitales y, además, hay en el horizonte un shock positivo a las exportaciones por la energía, la minería y el catch up del campo a la ventaja que nos sacaron los vecinos por el castigo al que fue sometido por el populismo kirchnerista. Pero debemos tener en cuenta algunos puntos: a) este año, las exportaciones medidas en dólares constantes serán alrededor de un tercio menores que los picos alcanzados en los momentos de precios récord de la soja; b) el punto de partida es un BCRA con reservas netas negativas y cepo; c) algunos de los flujos que han permitido a la autoridad monetaria que compre divisas son transitorios (como el blanqueo); d) no parece prudente gastar a cuenta de un shock positivo por venir cuando hoy enfrentamos uno negativo.

De cualquier manera, shocks positivos a las exportaciones y un manejo prudente de la política macro pueden acotar el traspaso de una depreciación a los precios, aún en economías muy dolarizadas. Ese ha sido el caso de Uruguay en los últimos veinte años, como ilustra el Gráfico 3. Depreciaciones de más de 20% interanual tuvieron un impacto en el tipo de cambio real, pero no uno muy importante en la tasa de
inflación. Y, además, el tipo de cambio real se apreció en forma sostenida cuando se mira la tendencia a lo largo de esas dos décadas.

Es cierto que en la Argentina estamos todavía lejos de esa situación, pero la mejora notoria en la política fiscal podría hacer que una depreciación del tipo de cambio impacte menos en los precios que en el pasado. Ante un shock externo negativo, los países de la región con políticas macro ordenadas dejan depreciar el tipo de cambio nominal y ello no impacta mucho en la tasa de inflación, precisamente porque esa depreciación acolchona el impacto en la economía doméstica de tal shock.

Se avecina un año electoral y es evidente la intención del gobierno de seguir reduciendo la tasa de inflación. Pero si la economía requiere de un tipo de cambio real algo más depreciado, se podría mantener sin cambios el ritmo de depreciación mensual en el 2%. Ello no sería interpretado como una alteración del régimen cambiario y es posible que la inflación siga bajando, precisamente porque el shock negativo requiere de un tipo de cambio real algo más depreciado.

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Optimismo financiero a un año de las elecciones

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La sucesión de superávits fiscales logrados parece ir despejando las dudas acerca de su sostenibilidad, al tiempo que la reciente mayor disponibilidad de divisas a través de distintas vías parece traer cierto alivio en materia de reservas. Sin embargo, la necesidad de continuar con su acumulación por parte del BCRA agita el debate sobre la existencia o no de atraso cambiario. El nivel de salarios en dólares sugiere que por el momento no habría atraso cambiario, aunque el margen se diluye rápido.

Un país con equilibrio fiscal no debería tener un riesgo país de cuatro dígitos, a menos que se piense que ese equilibrio no es sostenible o que, por falta de acceso al crédito, el soberano no podrá cumplir con el servicio de deuda.

La sucesión de superávits fiscales que ha logrado el gobierno nacional parece ir despejando las dudas acerca de su sostenibilidad. Subsiste el problema de la subestimación de los intereses que ocurre porque no se computan como tales los que surgen al colocar letras cupón cero a descuento.

El aumento de la deuda del Tesoro en pesos que ocurrió al reemplazar los pasivos remunerados del BCRA generó un incremento en el monto de intereses que se computa debajo de la línea y que podría alcanzar a 1% del PIB. En cualquier caso, el resultado fiscal obtenido es más que satisfactorio y además se percibe la decisión del gobierno de seguir achicando gastos e ineficiencias.

Aun cuando haya superávit, hay quienes dudan de que el gobierno pueda convertir los pesos a dólares. Las reservas netas son negativas y no hay acceso a nuevos créditos en el mercado internacional de capitales. En verdad, se duda de la decisión de cualquier gobierno de dejar que la economía entre en recesión y que ello aumente el superávit comercial; antes es posible que las autoridades decidan incumplir con los pagos de deuda.

La compra de reservas del BCRA durante el mes de octubre reduce algo esas dudas. Y a ello se suma que parecería que, finalmente, se van a concretar REPOS por una suma que permitiría asegurar los pagos de capital del año próximo a los inversores privados. Además, es posible que los multilaterales (excluyendo al FMI) hagan desembolsos netos positivos durante 2025, lo cual depende, entre otras cosas, de la capacidad del gobierno de concretar a tiempo los gastos que financian algunos de esos préstamos.

También ayudó que el tramo local del blanqueo haya sido exitoso (podría acercarse a los US$ 20.000 millones). Un 60% del aumento final en los depósitos en dólares se debe encajar en el BCRA, lo que aumentará las reservas brutas, pero el 40% restante se puede prestar básicamente a exportadores. Estos habitualmente liquidan las divisas que reciben para hacerse de pesos y eso puede explicar, al menos, parte de la compra de dólares del mes de octubre. De todas maneras, algo de ese financiamiento podría ser reemplazo de otro que se hubiera tomado en el mercado internacional.

En ese contexto, hay quienes dudan de si hay atraso cambiario. Con reservas netas negativas, es obvio que el BCRA debería acumular reservas y ello requiere un tipo de cambio más alto que en el caso en que esto no fuera necesario. Además, por un lado, está el shock negativo sufrido en los precios de exportación (que se habría detenido) y, por otro, algo de alivio climático y las buenas noticias que brinda cada mes el sector energético.

Las comparaciones históricas aportan una referencia. Cuando se pone el foco en el tipo de cambio real multilateral, la tesis de que hay atraso cambiario cobra más fuerza. Sin embargo, al analizar la evolución de salarios privados en dólares constantes (ajustados por el IPC americano), la conclusión es otra. Si bien es cierto que hay que ajustar las series por productividad, la caída en la misma, al menos en los últimos años, no es tan pronunciada como para invalidar que los salarios lucen todavía bajos, al menos en comparación con los US$1.500 por mes de la Convertibilidad y los algo más de US$ 2.000 por mes de finales de 2015.

En cualquier caso, ese margen se evaporará rápido si los aumentos salariales en dólares siguen “navegando” al 2% por mes. Con la alta informalidad laboral, habría sido preferible transitar el periodo que va desde una economía de capitalismo prebendario a una orientada por el mercado a un ritmo menor de apreciación cambiaria. La necesaria desregulación de la economía va a ayudar a rebajar costos, pero ello a veces demora en materializarse.

En el frente tributario, la urgencia fiscal no da margen para avanzar más allá de la eliminación del impuesto PAÍS que ocurrirá a finales de año. Sí es posible reemplazar impuestos muy malos por otros menos malos, pero ello presenta algunas dificultades de “economía política”. Los impuestos peores, en general, son poco visibles y muchos de ellos son recaudados por los gobiernos subnacionales. Sí sería posible aumentar el porcentaje que se puede descontar de otros impuestos (un ejemplo es el gravamen sobre las transacciones financieras).

En resumen, los indicadores financieros, con la menor brecha y riesgo país desde que asumió el gobierno, dan un margen importante para empezar a transitar el año electoral, pero subsisten desafíos importantes que requieren que el gobierno mantenga el ritmo de avance en las reformas estructurales.

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El presupuesto 2025

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La subestimación de la inflación proyectada con la que se elaboró el presupuesto ayudará a lograr un nuevo superávit en 2025 sin recurrir a la regla fiscal. Sin embargo, el gobierno necesitará de financiamiento para compensar un menor superávit externo al previsto. Hay opciones, pero algunas de ellas implican costos políticos importantes.

El gobierno presentó en tiempo el presupuesto para el año 2025. La proyección es que se mantendrá el superávit financiero el año próximo, con ingresos algo superiores a los de 2024 medidos en porcentaje del PIB y gastos similares. Como la economía se proyecta que crezca 5% en términos reales, se prevé que ingresos y egresos aumenten por encima de la tasa de inflación en algo más del crecimiento proyectado.

Las proyecciones de ingresos prevén reemplazar el impuesto PAIS, que aportaría 1.1% del PIB en 2024, por un aumento en la recaudación del impuesto a las ganancias -que parece factible, luego de la reducción aprobada en el mínimo no imponible-, mayores recursos por impuesto a los combustibles, lo que requiere aumentos del gravamen unitario bastante por encima de la tasa de inflación, y aumentos algo optimistas en la recaudación de derechos de exportación y de los recursos de la seguridad social.

Sin embargo, como el gobierno es demasiado optimista con la inflación proyectada para 2024 y para 2025, la recaudación en pesos nominales se logrará y el superávit se obtendrá por una reducción de los gastos que no tienen ajuste automático por inflación. No parece que sea necesario recurrir a la regla fiscal.

De todas maneras, el diseño de la regla fiscal no es bueno porque, apartándose de la práctica más reciente a nivel internacional, no se protege a los gastos de capital ante un faltante de ingresos y, además, porque se trata de una regla procíclica: una causa habitual de los menores recursos a los esperados es un bajo crecimiento de la economía; un ajuste fiscal en ese contexto probablemente agrave la caída.

En los egresos se mantiene la reducción en las partidas lograda en 2024, que sumó alrededor de 5% del PIB.

Hay alguna reasignación hacia jubilaciones y gastos en personal que se espera compensar con una baja adicional en el déficit de las empresas públicas. El subregistro de los intereses capitalizables sería inferior al superávit proyectado con lo cual se prevé mantener un superávit genuino.

En las cuentas externas, se prevé en el presupuesto un superávit en el comercio de bienes y servicios del orden de US$ 20.700 millones. Con precios internacionales que no recuperen lo previsto por el gobierno y la respuesta natural de las importaciones a la recuperación de la actividad, el resultado sería entre US$ 8.000 y 10.000 millones menor. Para compensarlo, el gobierno necesita financiamiento externo.

El blanqueo, que parece será bastante exitoso, genera reservas brutas en la medida en que el dinero blanqueado termine en depósitos en los bancos, pero no reservas netas. En otras palabras, el BCRA puede utilizar la liquidez en forma temporal pero no es una solución estructural.

La segunda opción es el RIGI, pero su efecto pleno se vería recién en 2026 y, además, el efecto neto para la economía será menor a los montos de inversión brutos en la medida en que una parte de esa inversión sea en bienes de capital no fabricados en el país.

La tercera opción son los Repos, que probablemente sean de un monto mayor a lo previsto en los medios (del orden de US$ 3.000 millones). Luego aparecen opciones con costo político. Se podría eliminar parcial o totalmente el dólar blend que hoy gozan los exportadores, pero ello requeriría una compensación vía depreciación del tipo de cambio oficial que afectaría los índices de inflación por la necesidad de ajustar precios de la energía. Además, aumentaría la brecha cambiaria que también contamina los precios y afecta negativamente expectativas.

Finalmente, está la opción de recurrir al FMI, lo que requeriría de un nuevo acuerdo, o de lograr algún préstamo bilateral.

Puede concluirse que el gobierno tiene opciones para resolver el problema externo del año próximo, pero algunas de ellas implican costos políticos importantes.

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