Daniel Artana

Economista jefe de FIEL. Profesor en la UNLP y en la UTDT. Ph. D. in Economics UCLA

Déficit fiscal y deuda pública

Compartí esta noticia !

La mejora en el resultado primario de casi 5% del PIB en un año es contundente. Sin embargo, se cuestiona la dimensión de la consolidación fiscal porque, como ocurre desde hace varios años, una parte de los intereses pagados por la deuda local se registra “debajo de la línea”. Estimaciones propias muestran que, bajo diferentes medidas, la deuda pública consolidada se redujo en los últimos 12 meses, lo cual revela la magnitud del esfuerzo fiscal realizado.

El ancla fiscal es muy relevante para el funcionamiento del programa económico. Es muy importante que el resultado fiscal primario del gobierno nacional del año 2024 haya sido superavitario en alrededor de 1.9% del PIB y el resultado global después del pago de intereses fuese de 0.3% del PIB. Es un cambio claro respecto de la adicción a los déficits tan característica de los gobiernos previos.

La mejora en el resultado primario de casi 5% del PIB en un año es contundente. Sin embargo, desde hace varios años una parte de los intereses pagados por la deuda local se registra “debajo de la línea”. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se emite deuda con cupones cero (es decir, que el interés está implícito en la diferencia entre el precio al cual se coloca el bono y el valor al cual se lo rescata). En la información oficial de deuda bruta del gobierno nacional se puede inferir que los intereses capitalizados son importantes: en los primeros once meses de 2024, se registraron pagos de intereses por el equivalente a US$ 11.248 millones, de los cuales sólo US$ 1.755 millones corresponden a deuda emitida en moneda nacional. En ese mismo lapso, según la misma fuente, se hicieron amortizaciones de deuda emitida en moneda local por más de US$ 78.000 millones.

Se puede aproximar que el monto de intereses que se habría registrado debajo de la línea supera 1% del PIB.

Eso llevaría a concluir que, en realidad, hubo un déficit pequeño durante 2024. Sin embargo, esa conclusión es apresurada. En una economía inflacionaria una parte de los intereses compensa por el deterioro que la inflación le genera al capital prestado; eso debería registrarse como un pago del principal y no como interés. Y eso también opera para la deuda en moneda extranjera.

Una forma alternativa de chequear la consistencia de los números fiscales es revisar la evolución de la deuda pública. La deuda puede variar como consecuencia del resultado fiscal y también por pérdidas/ganancias de valor (por ejemplo, licuación por inflación). Además, durante 2024 el Tesoro se hizo cargo de los pasivos remunerados del BCRA que, en la práctica, operaban como endeudamiento público que el gobierno anterior “forzaba” a los depositantes a hacer vía el sistema financiero.

En el caso argentino también hay deuda intrasector público. Los principales tenedores de deuda del Teso-
ro son la ANSES, el BCRA y, en mucha menor medida, los bancos oficiales. Esa deuda es menos exigente que la que se tiene con el sector privado o con organismos multilaterales. Habitualmente se refinancia o, en el caso de las letras/adelantos que suscribió el BCRA, devenga intereses muy bajos o se licúa por la inflación.

Por ello, muchos analistas preferimos seguir la evolución de la deuda consolidada (que netea la deuda intrasector público y suma ese neto del Tesoro a los pasivos remunerados del BCRA).

El paso siguiente es cómo medirla ¿en pesos constantes, en porcentaje del PIB o en dólares? La medición en porcentaje del PIB es muy utilizada en las comparaciones con otros países, pero para un gobierno que tiene un porcentaje elevado de sus pasivos en moneda extranjera, el cociente se modifica en forma apreciable cuando hay cambios importantes en el tipo de campo real; en un contexto de apreciación como el vivido durante los últimos meses, el cociente cae por un aumento del PIB medido en dólares. Entre noviembre de 2023 (último mes completo de la gestión anterior) y noviembre de 2024, la deuda consolidada medida en porcentaje del PIB se redujo en alrededor del 20% (el equivalente a algo más de 10 puntos del PIB).

La medición en dólares, que es la que mensualmente publica el Ministerio de Economía, también está influida por cambios en el tipo de cambio real, pero en sentido inverso. Cuando se aprecia el tipo de cambio real, la deuda emitida en moneda local aumenta en términos relativos a la emitida en moneda extranjera cuyo capital no se modifica en dólares (si no hay cancelaciones/emisiones netas). En cualquier caso, la deuda consolidada medida en dólares también se redujo en ese mismo período de 12 meses, pero algo menos del 10%.

Finalmente, podemos estimar la evolución de la deuda en pesos constantes ajustados por la evolución del IPC Nacional. Como la mayoría de los flujos fiscales son en moneda local, esta medida del stock de pasivos es más consistente con el flujo de ingresos y egresos. En ese mismo período de 12 meses, la deuda consolidada se redujo alrededor de 3% en términos reales.

En conclusión, la mejora en los flujos fiscales y alguna licuación de la deuda previa han permitido reducir la deuda del sector público nacional más BCRA independientemente de la métrica que se utilice para calcularla (pesos constantes, porcentaje del PIB o dólares). Esto destaca la importancia del esfuerzo fiscal realizado por el gobierno nacional.

Compartí esta noticia !

¿Qué hacer ante un shock externo negativo?

Compartí esta noticia !

Ante un shock negativo, lo lógico sería que se deprecie el tipo de cambio real. La mejora notoria en la política fiscal podría hacer que una depreciación del tipo de cambio impacte menos en los precios que en el pasado.

El cambio de autoridades que ocurrirá en enero en Estados Unidos ha fortalecido al dólar. Todavía hay bastante incertidumbre acerca de cuánto se cerrará la economía americana al comercio internacional y que hará el nuevo gobierno con la política fiscal; de hecho, al final de la presidencia de Biden, la tasa de interés real es mayor que la que se observó en la primera presidencia de Trump y el dólar multilateral estimado por la Fed es también más fuerte. En cualquier caso, a valores constantes, la soja tocó mínimos durante la presidencia de Trump y la de Biden (Gráficos 1 y 2).

Pero a ello se sumó la depreciación del Real generada por factores idiosincráticos de nuestro vecino. Estos movimientos fortalecieron el tipo de cambio real multilateral (TCRM) que elabora el BCRA que, a finales de noviembre, se ubicaba en un nivel similar al promedio de los años 2015 o 2017, aunque todavía 15% más depreciado que en el último año de la Convertibilidad.

En cualquier caso, la estimación del TCRM debe complementarse con otros indicadores. Si se analiza la evolución de los salarios privados y se los ajusta por la inflación americana, en el último año de la Convertibilidad se pagaba un promedio de US$ 1500 por mes y en los años 2015, 2017 y 2018, incluso valores superiores. Hoy el promedio es de US$ 1100, aproximadamente. El magro desempeño de la productividad laboral argentina no es lo suficientemente importante para modificar este panorama.

La mejora en la política macroeconómica puede dar lugar a entrada de capitales y, además, hay en el horizonte un shock positivo a las exportaciones por la energía, la minería y el catch up del campo a la ventaja que nos sacaron los vecinos por el castigo al que fue sometido por el populismo kirchnerista. Pero debemos tener en cuenta algunos puntos: a) este año, las exportaciones medidas en dólares constantes serán alrededor de un tercio menores que los picos alcanzados en los momentos de precios récord de la soja; b) el punto de partida es un BCRA con reservas netas negativas y cepo; c) algunos de los flujos que han permitido a la autoridad monetaria que compre divisas son transitorios (como el blanqueo); d) no parece prudente gastar a cuenta de un shock positivo por venir cuando hoy enfrentamos uno negativo.

De cualquier manera, shocks positivos a las exportaciones y un manejo prudente de la política macro pueden acotar el traspaso de una depreciación a los precios, aún en economías muy dolarizadas. Ese ha sido el caso de Uruguay en los últimos veinte años, como ilustra el Gráfico 3. Depreciaciones de más de 20% interanual tuvieron un impacto en el tipo de cambio real, pero no uno muy importante en la tasa de
inflación. Y, además, el tipo de cambio real se apreció en forma sostenida cuando se mira la tendencia a lo largo de esas dos décadas.

Es cierto que en la Argentina estamos todavía lejos de esa situación, pero la mejora notoria en la política fiscal podría hacer que una depreciación del tipo de cambio impacte menos en los precios que en el pasado. Ante un shock externo negativo, los países de la región con políticas macro ordenadas dejan depreciar el tipo de cambio nominal y ello no impacta mucho en la tasa de inflación, precisamente porque esa depreciación acolchona el impacto en la economía doméstica de tal shock.

Se avecina un año electoral y es evidente la intención del gobierno de seguir reduciendo la tasa de inflación. Pero si la economía requiere de un tipo de cambio real algo más depreciado, se podría mantener sin cambios el ritmo de depreciación mensual en el 2%. Ello no sería interpretado como una alteración del régimen cambiario y es posible que la inflación siga bajando, precisamente porque el shock negativo requiere de un tipo de cambio real algo más depreciado.

Compartí esta noticia !

Optimismo financiero a un año de las elecciones

Compartí esta noticia !

La sucesión de superávits fiscales logrados parece ir despejando las dudas acerca de su sostenibilidad, al tiempo que la reciente mayor disponibilidad de divisas a través de distintas vías parece traer cierto alivio en materia de reservas. Sin embargo, la necesidad de continuar con su acumulación por parte del BCRA agita el debate sobre la existencia o no de atraso cambiario. El nivel de salarios en dólares sugiere que por el momento no habría atraso cambiario, aunque el margen se diluye rápido.

Un país con equilibrio fiscal no debería tener un riesgo país de cuatro dígitos, a menos que se piense que ese equilibrio no es sostenible o que, por falta de acceso al crédito, el soberano no podrá cumplir con el servicio de deuda.

La sucesión de superávits fiscales que ha logrado el gobierno nacional parece ir despejando las dudas acerca de su sostenibilidad. Subsiste el problema de la subestimación de los intereses que ocurre porque no se computan como tales los que surgen al colocar letras cupón cero a descuento.

El aumento de la deuda del Tesoro en pesos que ocurrió al reemplazar los pasivos remunerados del BCRA generó un incremento en el monto de intereses que se computa debajo de la línea y que podría alcanzar a 1% del PIB. En cualquier caso, el resultado fiscal obtenido es más que satisfactorio y además se percibe la decisión del gobierno de seguir achicando gastos e ineficiencias.

Aun cuando haya superávit, hay quienes dudan de que el gobierno pueda convertir los pesos a dólares. Las reservas netas son negativas y no hay acceso a nuevos créditos en el mercado internacional de capitales. En verdad, se duda de la decisión de cualquier gobierno de dejar que la economía entre en recesión y que ello aumente el superávit comercial; antes es posible que las autoridades decidan incumplir con los pagos de deuda.

La compra de reservas del BCRA durante el mes de octubre reduce algo esas dudas. Y a ello se suma que parecería que, finalmente, se van a concretar REPOS por una suma que permitiría asegurar los pagos de capital del año próximo a los inversores privados. Además, es posible que los multilaterales (excluyendo al FMI) hagan desembolsos netos positivos durante 2025, lo cual depende, entre otras cosas, de la capacidad del gobierno de concretar a tiempo los gastos que financian algunos de esos préstamos.

También ayudó que el tramo local del blanqueo haya sido exitoso (podría acercarse a los US$ 20.000 millones). Un 60% del aumento final en los depósitos en dólares se debe encajar en el BCRA, lo que aumentará las reservas brutas, pero el 40% restante se puede prestar básicamente a exportadores. Estos habitualmente liquidan las divisas que reciben para hacerse de pesos y eso puede explicar, al menos, parte de la compra de dólares del mes de octubre. De todas maneras, algo de ese financiamiento podría ser reemplazo de otro que se hubiera tomado en el mercado internacional.

En ese contexto, hay quienes dudan de si hay atraso cambiario. Con reservas netas negativas, es obvio que el BCRA debería acumular reservas y ello requiere un tipo de cambio más alto que en el caso en que esto no fuera necesario. Además, por un lado, está el shock negativo sufrido en los precios de exportación (que se habría detenido) y, por otro, algo de alivio climático y las buenas noticias que brinda cada mes el sector energético.

Las comparaciones históricas aportan una referencia. Cuando se pone el foco en el tipo de cambio real multilateral, la tesis de que hay atraso cambiario cobra más fuerza. Sin embargo, al analizar la evolución de salarios privados en dólares constantes (ajustados por el IPC americano), la conclusión es otra. Si bien es cierto que hay que ajustar las series por productividad, la caída en la misma, al menos en los últimos años, no es tan pronunciada como para invalidar que los salarios lucen todavía bajos, al menos en comparación con los US$1.500 por mes de la Convertibilidad y los algo más de US$ 2.000 por mes de finales de 2015.

En cualquier caso, ese margen se evaporará rápido si los aumentos salariales en dólares siguen “navegando” al 2% por mes. Con la alta informalidad laboral, habría sido preferible transitar el periodo que va desde una economía de capitalismo prebendario a una orientada por el mercado a un ritmo menor de apreciación cambiaria. La necesaria desregulación de la economía va a ayudar a rebajar costos, pero ello a veces demora en materializarse.

En el frente tributario, la urgencia fiscal no da margen para avanzar más allá de la eliminación del impuesto PAÍS que ocurrirá a finales de año. Sí es posible reemplazar impuestos muy malos por otros menos malos, pero ello presenta algunas dificultades de “economía política”. Los impuestos peores, en general, son poco visibles y muchos de ellos son recaudados por los gobiernos subnacionales. Sí sería posible aumentar el porcentaje que se puede descontar de otros impuestos (un ejemplo es el gravamen sobre las transacciones financieras).

En resumen, los indicadores financieros, con la menor brecha y riesgo país desde que asumió el gobierno, dan un margen importante para empezar a transitar el año electoral, pero subsisten desafíos importantes que requieren que el gobierno mantenga el ritmo de avance en las reformas estructurales.

Compartí esta noticia !

El presupuesto 2025

Compartí esta noticia !

La subestimación de la inflación proyectada con la que se elaboró el presupuesto ayudará a lograr un nuevo superávit en 2025 sin recurrir a la regla fiscal. Sin embargo, el gobierno necesitará de financiamiento para compensar un menor superávit externo al previsto. Hay opciones, pero algunas de ellas implican costos políticos importantes.

El gobierno presentó en tiempo el presupuesto para el año 2025. La proyección es que se mantendrá el superávit financiero el año próximo, con ingresos algo superiores a los de 2024 medidos en porcentaje del PIB y gastos similares. Como la economía se proyecta que crezca 5% en términos reales, se prevé que ingresos y egresos aumenten por encima de la tasa de inflación en algo más del crecimiento proyectado.

Las proyecciones de ingresos prevén reemplazar el impuesto PAIS, que aportaría 1.1% del PIB en 2024, por un aumento en la recaudación del impuesto a las ganancias -que parece factible, luego de la reducción aprobada en el mínimo no imponible-, mayores recursos por impuesto a los combustibles, lo que requiere aumentos del gravamen unitario bastante por encima de la tasa de inflación, y aumentos algo optimistas en la recaudación de derechos de exportación y de los recursos de la seguridad social.

Sin embargo, como el gobierno es demasiado optimista con la inflación proyectada para 2024 y para 2025, la recaudación en pesos nominales se logrará y el superávit se obtendrá por una reducción de los gastos que no tienen ajuste automático por inflación. No parece que sea necesario recurrir a la regla fiscal.

De todas maneras, el diseño de la regla fiscal no es bueno porque, apartándose de la práctica más reciente a nivel internacional, no se protege a los gastos de capital ante un faltante de ingresos y, además, porque se trata de una regla procíclica: una causa habitual de los menores recursos a los esperados es un bajo crecimiento de la economía; un ajuste fiscal en ese contexto probablemente agrave la caída.

En los egresos se mantiene la reducción en las partidas lograda en 2024, que sumó alrededor de 5% del PIB.

Hay alguna reasignación hacia jubilaciones y gastos en personal que se espera compensar con una baja adicional en el déficit de las empresas públicas. El subregistro de los intereses capitalizables sería inferior al superávit proyectado con lo cual se prevé mantener un superávit genuino.

En las cuentas externas, se prevé en el presupuesto un superávit en el comercio de bienes y servicios del orden de US$ 20.700 millones. Con precios internacionales que no recuperen lo previsto por el gobierno y la respuesta natural de las importaciones a la recuperación de la actividad, el resultado sería entre US$ 8.000 y 10.000 millones menor. Para compensarlo, el gobierno necesita financiamiento externo.

El blanqueo, que parece será bastante exitoso, genera reservas brutas en la medida en que el dinero blanqueado termine en depósitos en los bancos, pero no reservas netas. En otras palabras, el BCRA puede utilizar la liquidez en forma temporal pero no es una solución estructural.

La segunda opción es el RIGI, pero su efecto pleno se vería recién en 2026 y, además, el efecto neto para la economía será menor a los montos de inversión brutos en la medida en que una parte de esa inversión sea en bienes de capital no fabricados en el país.

La tercera opción son los Repos, que probablemente sean de un monto mayor a lo previsto en los medios (del orden de US$ 3.000 millones). Luego aparecen opciones con costo político. Se podría eliminar parcial o totalmente el dólar blend que hoy gozan los exportadores, pero ello requeriría una compensación vía depreciación del tipo de cambio oficial que afectaría los índices de inflación por la necesidad de ajustar precios de la energía. Además, aumentaría la brecha cambiaria que también contamina los precios y afecta negativamente expectativas.

Finalmente, está la opción de recurrir al FMI, lo que requeriría de un nuevo acuerdo, o de lograr algún préstamo bilateral.

Puede concluirse que el gobierno tiene opciones para resolver el problema externo del año próximo, pero algunas de ellas implican costos políticos importantes.

Compartí esta noticia !

Avances estructurales y dudas cambiarias

Compartí esta noticia !

El gobierno ha dado varios pasos en implementar algunas reformas estructurales orientadas a reducir el costo para el sector privado; entre ellas, la rebaja en el impuesto PAIS. Estos avances son importantes para el futuro de la economía local. Sin embargo, subsisten dudas por el financiamiento externo hasta que las reformas se traduzcan en mayores inversiones y exportaciones.

El gobierno ha dado pasos importantes en algunas reformas estructurales que tienen como objetivo reducir los costos del sector privado. Dentro de las más importantes se pueden señalar: a) la eliminación de algunas trabas para-arancelarias que encarecían las importaciones por encima del arancel externo común, el derecho de estadística y el impuesto PAÍS, b) la simplificación de varios trámites administrativos, c) la reducción de alrededor de 20.000 empleados estatales y la propuesta de mejorar la carrera administrativa, d) la eliminación de pseudo impuestos que encarecían algunas actividades y que financiaban a algunos grupos de presión (por ejemplo, SADAIC), e) la reducción en los cargos que agravaban la indemnización por despido, f) la rebaja del impuesto PAÍS para las importaciones de bienes, del 17.5% al 7.5%.

Sobre esta última medida, debe señalarse que el impuesto PAÍS genera más distorsiones que otros gravámenes. Es una protección adicional que se agrega a una estructura arancelaria con niveles medios muy elevados y que, por lo tanto, tiene un sesgo antiexportador importante: los precios de venta al mercado interno de un productor nacional resultan muy superiores a los que obtiene si exporta y, además, se encarecen los insumos que utiliza quien vende al exterior.

El gobierno decidió reducir este impuesto sin compensar su efecto con una depreciación adicional en el tipo de cambio oficial. Esto debería producir alguna disminución en el nivel general de precios (no en la tasa de variación de cada mes, luego de computarse el efecto inicial). Pero el efecto puede demorar algún tiempo en concretarse.

Aún en mercados competitivos, como es el caso del mercado de combustibles de Estados Unidos, existen estudios que muestran una respuesta asimétrica a los cambios en el precio del petróleo (insumo principal), más rápida en las subas. Esto se ha explicado por la demora que pueden tener las estaciones de servicio en vender los stocks comprados al precio viejo. En un mercado de productos no homogéneos, ese mayor precio transitorio no resulta en una pérdida de volúmenes importante, aun cuando algunos competidores reaccionen más rápido que otros.

Un cambio en el precio de un insumo tendría un efecto inmediato en los precios en mercados contestables. Pero, en la práctica, las presiones competitivas tienen efecto a lo largo de varios meses sin que ello genere una intervención de las oficinas de defensa de la competencia.

En el mismo sentido, la literatura sugiere que los cambios en la tasa del IVA se trasladan al precio final en forma más rápida, pero no necesariamente se observa siempre un passthrough total.

Esta respuesta esperada contrasta con las urgencias de la macro argentina. De todas maneras, la reducción de este impuesto es una medida que tendrá un efecto positivo en el mediano plazo. Sí es más relevante analizar su impacto en los ingresos del gobierno por este tributo, que se reducirán casi un 60%. El gobierno es consciente de la dificultad de prorrogar este gravamen para 2025, dado que, en el mejor de los casos, se debería compartir su producido con las provincias. Parecería que se confía en compensar su reducción / eliminación por medio de la reversión en la baja del impuesto a las ganancias de las personas físicas, el adelanto en el pago del impuesto a los bienes personales para asegurar la tasa y la base imponible, el blanqueo y la moratoria, y la recuperación en la actividad económica. Eventualmente, será necesario reducir algún gasto en forma adicional.

En ese contexto, cobra relevancia la votación en el Congreso del aumento en las jubilaciones sin su correspondiente financiamiento. Los gastos en jubilación aumentarían por tres motivos: un incremento general de casi el 8%, un seguro de que la jubilación mínima sea algo mayor que el costo de la canasta alimentaria y un ajuste anual por la mitad de la diferencia entre la variación en los salarios y el IPC, que opera solamente si los salarios mejoran en términos reales.

El impacto es significativo y no puede compensarse con lo actualmente gastado en el bono de 70.000 pesos, que se agrega a la jubilación mínima, porque operaría el límite del costo de la canasta básica. Tampoco ello garantiza que no habrá más juicios, porque los que litigan son, en general, los de jubilaciones más altas, que sólo recibirían la compensación (muy parcial) del 8%.

El argumento de que hay recursos que se gastan en otras prioridades, como el presupuesto adicional para la SIDE o la rebaja en la alícuota del impuesto a los bienes personales, no resiste una comparación numérica: el mayor gasto previsional de cada año supera con creces a esas eventuales fuentes de recursos.

El mercado cambiario

A pesar de que el BCRA volvió a comprar reservas en el mes de agosto, las dudas hacia adelante persisten y son importantes. Es posible que se hayan postergado algunas operaciones a la espera de la reducción en el impuesto PAÍS y, además, el nuevo calendario de pago de importaciones hace que, en los próximos tres meses, los pagos sean mayores a las compras devengadas.

El gobierno parece apostar al blanqueo y al RIGI y eventualmente a cerrar el faltante con REPOS. En el caso del blanqueo, sólo la multa puede aportar algunas divisas al Tesoro, pero los montos que se depositen en las cuentas especiales aportan reservas brutas (por los encajes), pero no netas. El blanqueo sí puede ayudar a mejorar la actividad económica o el precio de algunos activos financieros.

El RIGI puede destrabar algunos proyectos importantes, pero el ingreso de divisas se empezaría a dar recién el año próximo por la demora que existe entre el momento de aprobación por parte del gobierno y la concreción de las inversiones. No ha habido más precisiones sobre los REPO desde su anuncio.

Además, la economía está sufriendo un shock negativo importante en los precios de exportación de las commodities agrícolas que, a los valores actuales, no puede ser compensado por la mejora prevista en el saldo comercial de energía y minería.

Como última instancia, aparece un nuevo programa con el FMI que, seguramente, requerirá una eliminación del blend para exportar y del impuesto PAÍS.

En resumen, los avances en reformas estructurales son muy importantes para el futuro de la economía, pero subsisten dudas acerca del financiamiento hasta que esas reformas resulten en mayores inversiones y exportaciones.



Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin