Daniel Artana

Economista jefe de FIEL. Profesor en la UNLP y en la UTDT. Ph. D. in Economics UCLA

Avances estructurales y dudas cambiarias

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El gobierno ha dado varios pasos en implementar algunas reformas estructurales orientadas a reducir el costo para el sector privado; entre ellas, la rebaja en el impuesto PAIS. Estos avances son importantes para el futuro de la economía local. Sin embargo, subsisten dudas por el financiamiento externo hasta que las reformas se traduzcan en mayores inversiones y exportaciones.

El gobierno ha dado pasos importantes en algunas reformas estructurales que tienen como objetivo reducir los costos del sector privado. Dentro de las más importantes se pueden señalar: a) la eliminación de algunas trabas para-arancelarias que encarecían las importaciones por encima del arancel externo común, el derecho de estadística y el impuesto PAÍS, b) la simplificación de varios trámites administrativos, c) la reducción de alrededor de 20.000 empleados estatales y la propuesta de mejorar la carrera administrativa, d) la eliminación de pseudo impuestos que encarecían algunas actividades y que financiaban a algunos grupos de presión (por ejemplo, SADAIC), e) la reducción en los cargos que agravaban la indemnización por despido, f) la rebaja del impuesto PAÍS para las importaciones de bienes, del 17.5% al 7.5%.

Sobre esta última medida, debe señalarse que el impuesto PAÍS genera más distorsiones que otros gravámenes. Es una protección adicional que se agrega a una estructura arancelaria con niveles medios muy elevados y que, por lo tanto, tiene un sesgo antiexportador importante: los precios de venta al mercado interno de un productor nacional resultan muy superiores a los que obtiene si exporta y, además, se encarecen los insumos que utiliza quien vende al exterior.

El gobierno decidió reducir este impuesto sin compensar su efecto con una depreciación adicional en el tipo de cambio oficial. Esto debería producir alguna disminución en el nivel general de precios (no en la tasa de variación de cada mes, luego de computarse el efecto inicial). Pero el efecto puede demorar algún tiempo en concretarse.

Aún en mercados competitivos, como es el caso del mercado de combustibles de Estados Unidos, existen estudios que muestran una respuesta asimétrica a los cambios en el precio del petróleo (insumo principal), más rápida en las subas. Esto se ha explicado por la demora que pueden tener las estaciones de servicio en vender los stocks comprados al precio viejo. En un mercado de productos no homogéneos, ese mayor precio transitorio no resulta en una pérdida de volúmenes importante, aun cuando algunos competidores reaccionen más rápido que otros.

Un cambio en el precio de un insumo tendría un efecto inmediato en los precios en mercados contestables. Pero, en la práctica, las presiones competitivas tienen efecto a lo largo de varios meses sin que ello genere una intervención de las oficinas de defensa de la competencia.

En el mismo sentido, la literatura sugiere que los cambios en la tasa del IVA se trasladan al precio final en forma más rápida, pero no necesariamente se observa siempre un passthrough total.

Esta respuesta esperada contrasta con las urgencias de la macro argentina. De todas maneras, la reducción de este impuesto es una medida que tendrá un efecto positivo en el mediano plazo. Sí es más relevante analizar su impacto en los ingresos del gobierno por este tributo, que se reducirán casi un 60%. El gobierno es consciente de la dificultad de prorrogar este gravamen para 2025, dado que, en el mejor de los casos, se debería compartir su producido con las provincias. Parecería que se confía en compensar su reducción / eliminación por medio de la reversión en la baja del impuesto a las ganancias de las personas físicas, el adelanto en el pago del impuesto a los bienes personales para asegurar la tasa y la base imponible, el blanqueo y la moratoria, y la recuperación en la actividad económica. Eventualmente, será necesario reducir algún gasto en forma adicional.

En ese contexto, cobra relevancia la votación en el Congreso del aumento en las jubilaciones sin su correspondiente financiamiento. Los gastos en jubilación aumentarían por tres motivos: un incremento general de casi el 8%, un seguro de que la jubilación mínima sea algo mayor que el costo de la canasta alimentaria y un ajuste anual por la mitad de la diferencia entre la variación en los salarios y el IPC, que opera solamente si los salarios mejoran en términos reales.

El impacto es significativo y no puede compensarse con lo actualmente gastado en el bono de 70.000 pesos, que se agrega a la jubilación mínima, porque operaría el límite del costo de la canasta básica. Tampoco ello garantiza que no habrá más juicios, porque los que litigan son, en general, los de jubilaciones más altas, que sólo recibirían la compensación (muy parcial) del 8%.

El argumento de que hay recursos que se gastan en otras prioridades, como el presupuesto adicional para la SIDE o la rebaja en la alícuota del impuesto a los bienes personales, no resiste una comparación numérica: el mayor gasto previsional de cada año supera con creces a esas eventuales fuentes de recursos.

El mercado cambiario

A pesar de que el BCRA volvió a comprar reservas en el mes de agosto, las dudas hacia adelante persisten y son importantes. Es posible que se hayan postergado algunas operaciones a la espera de la reducción en el impuesto PAÍS y, además, el nuevo calendario de pago de importaciones hace que, en los próximos tres meses, los pagos sean mayores a las compras devengadas.

El gobierno parece apostar al blanqueo y al RIGI y eventualmente a cerrar el faltante con REPOS. En el caso del blanqueo, sólo la multa puede aportar algunas divisas al Tesoro, pero los montos que se depositen en las cuentas especiales aportan reservas brutas (por los encajes), pero no netas. El blanqueo sí puede ayudar a mejorar la actividad económica o el precio de algunos activos financieros.

El RIGI puede destrabar algunos proyectos importantes, pero el ingreso de divisas se empezaría a dar recién el año próximo por la demora que existe entre el momento de aprobación por parte del gobierno y la concreción de las inversiones. No ha habido más precisiones sobre los REPO desde su anuncio.

Además, la economía está sufriendo un shock negativo importante en los precios de exportación de las commodities agrícolas que, a los valores actuales, no puede ser compensado por la mejora prevista en el saldo comercial de energía y minería.

Como última instancia, aparece un nuevo programa con el FMI que, seguramente, requerirá una eliminación del blend para exportar y del impuesto PAÍS.

En resumen, los avances en reformas estructurales son muy importantes para el futuro de la economía, pero subsisten dudas acerca del financiamiento hasta que esas reformas resulten en mayores inversiones y exportaciones.



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Prendiendo velas al blanqueo de capitales

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Aparecen algunos tibios indicios de recuperación económica, pero también un riesgo
asociado al deterioro en los indicadores financieros. Ante ello, se anuncian medidas de
control monetario y flexibilización del cepo. Estas medidas parecen intentar establecer un
puente hasta que empiecen a ingresar divisas por el blanqueo o el RIGI.

Los datos que se van conociendo del segundo trimestre del año muestran algunos indicios de que la economía está rebotando desde los mínimos observados en el primer cuarto. El cuadro adjunto resume -con indicadores ajustados por estacionalidad- los cambios observados en diversas variables desde diciembre de 2023 y desde diciembre de 2022. Por ejemplo, el estimador mensual del PIB del mes de mayo recuperó lo perdido entre diciembre y abril gracias a la recuperación de la cosecha y el buen desempeño de la producción petrolera, pero todavía se ubica 5% por debajo del nivel de fines de 2022. En el caso de los sectores de la construcción y la industria manufacturera, la caída acumulada desde 2022 es muy importante y, en mayo, todavía la actividad se ubicaba 22% y 5% por debajo de lo observado a finales de 2023, respectivamente.

Con respecto a los salarios, las dos estimaciones correspondientes a trabajadores del sector privado formal (el RIPTE y el IVS estimado por el INDEC) muestran una mejora real -ajustados por la inflación minorista- de 6% en lo que va de 2024, pero un nivel entre 10 y 15% más bajo si la comparación se hace con diciembre de 2022. Esa recuperación no se replica en los ingresos de los empleados públicos o de los trabajadores informales.

La baja en la tasa de inflación y mecanismos de ajuste que actúan con algún desfasaje sugieren que la mejora observada podría mantenerse en los meses de junio y julio. Algo parecido ocurre con las jubilaciones que, además, obtuvieron en el mes de abril una compensación parcial de 12.5% por la pérdida sufrida en los últimos años.

Esa mejora de ingresos debería traducirse en una recuperación modesta del consumo privado, pero aparece un riesgo asociado al deterioro en los indicadores financieros que se dio desde abril en adelante. La reacción del gobierno fue anunciar la fase 2 del programa que procura cerrar todas las fuentes de emisión, informando que se esterilizará la emisión de pesos por la compra de dólares en el mercado oficial vendiendo divisas en el Contado con Liquidación.

Más allá del impacto monetario de la medida, el BCRA utilizará una parte de las divisas que podía acumular en sus reservas para reducir la brecha cambiaria. El efecto en los mercados fue el esperado: se redujo algo la brecha y aumentó el riesgo país (los dólares que se vendan en el CCL no estarán disponibles para pagar la deuda).

También la autoridad monetaria anunció algunas medidas de flexibilización del cepo. La más importante es que las importaciones podrán pagarse con divisas adquiridas en el mercado oficial a plazos más cortos y que los exportadores de servicios podrán retener el doble de divisas sin necesidad de venderlas al oficial. Ambas medidas también deberían reducir la brecha cambiaria al disminuir la demanda de dólares para pagar importaciones de aquellas empresas que no pudieran financiarse al plazo impuesto por el BCRA y permitirles a los exportadores de servicios contar con más dólares de libre disponibilidad. Pero ello resultará en un menor ritmo de acumulación de reservas.

Las medidas anunciadas parecen intentar establecer un puente hasta que empiecen a ingresar divisas por el blanqueo o el RIGI. En el segundo caso, la demora en reglamentar la ley y los tiempos que insume presentar los informes técnicos requeridos más ejecutar las inversiones sugieren que no habrá un ingreso significativo de dólares en lo que resta del año.

En el caso del blanqueo, es más difícil hacer una estimación, pero luego de cuatro años de regulaciones e impuestos intrusivos y excesivos debería haber fondos que quieran volver al circuito legal. En todo caso, habrá que ver qué porcentaje de esos fondos se reingresa al país.

Además de ello, el gobierno ha anunciado que para levantar el cepo cambiario espera a que la tasa de inflación mensual sea muy baja. Eso puede llevar varios meses desde los niveles actuales del orden del 4% y, por eso, medidas que avancen parcialmente en la dirección correcta son bi-
envenidas.

En el interín, el gobierno deberá ir mostrando cómo, sin un acceso fluido a los mercados de capitales, va a cumplir con los pagos de deuda del Tesoro y del BCRA en moneda extranjera del año 2025. Las opciones disponibles se pueden resumir en las siguientes:

  1. Obtener financiamiento a tasas más bajas que las que hoy rinden los títulos públicos, ofreciendo algún colateral como el oro o un sobreaforo de títulos.
  2. Acordar un nuevo programa con el FMI que aporte algunos fondos adicionales. Debe recordarse que las divisas que aporte el FMI no pueden utilizarse para pagar deuda con privados, pero como el dinero es, en alguna medida fungible, existe algún margen de flexibilidad.
  3. Unificar el tipo de cambio y que la eliminación de la brecha cambiaria aliente una mayor venta de divisas al BCRA. Esto requiere atender el problema del “passthrough” a precios, acotado para muchos bienes y servicios que ya contemplan el efecto del impuesto PAIS y del dólar blend para las exportaciones, pero no para la energía que en su mayoría se guía por el tipo de cambio oficial.

Parecería que el gobierno está evaluando acciones en los tres frentes mencionados hasta que se resuelva la incógnita de cuán exitoso será el blanqueo de capitales.

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Peores indicadores financieros,a pesar del avance de las reformas

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Un mini shock externo negativo, que afecta negativamente la disponibilidad de divisas, parece ser el responsable del deterioro en los indicadores financieros. Sería importante, además, que el gobierno avance en remover algunas de las distorsiones que genera el cepo cambiario vigente.

Entre los meses de abril y junio, se observó un deterioro en los indicadores financieros. Por ejemplo, el riesgo país promedio del mes aumentó algo más de 160 puntos básicos y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el CCL se duplicó. Ello no se revirtió a pesar de la aprobación de la Ley de Bases. Si bien subsisten algunos temas políticos, como la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de un aumento adicional en las jubilaciones sin que quede claro cómo se financiaría, y algunos conflictos dentro del Poder Ejecutivo, parecería que los factores no económicos no tienen el peso suficiente para explicar tales resultados.

El desempeño fiscal tampoco ayuda a entender lo ocurrido. El gobierno logró un superávit en cada uno de los primeros meses del año y el ajuste parece depender cada vez menos de factores transitorios.

Debe mencionarse que los anuncios del inicio de la fase 2 del programa económico aumentan la exigencia sobre el Tesoro porque la decisión de terminar de traspasarle los pasivos remunerados del BCRA (alrededor de 18 billones de pesos) resultará en una mayor carga de intereses (o mayor incremento de la deuda, si se emiten letras/bonos a descuento). Sin embargo, la decisión de las autoridades permite que la tasa de política monetaria sea un instrumento algo mejor que en el pasado, ya que una eventual alza de la tasa no se reflejará en un aumento en los pagos inmediatos del BCRA.

Es cierto que, en la medida en que las tasas arbitren, los cambios en la tasa de interés se reflejarán, a la larga o a la corta, en la carga de intereses del Tesoro, pero en forma más pausada porque los vencimientos de deuda son a plazos mayores que los pases a un día. Entonces, ahora el gobierno tendría más grados de libertad para lograr que las tasas sean positivas en términos reales.

También hubo alguna mayor certeza de que un eventual aumento en la demanda real de dinero podría ser satisfecho con emisión vía compra de reservas. El límite sería la base amplia y, si se utilizara como referencia la de finales de junio, habría espacio suficiente para remonetizar la economía (la base amplia era en ese momento, aproximadamente, el doble de la base monetaria común).

Sin embargo, aparecen dos cuestiones relacionadas con el mercado de cambios. Se infiere de la lectura del Staff Report del FMI que, para los técnicos del organismo, el tipo de cambio real de finales de marzo era similar al que ellos estiman de equilibrio. Desde entonces, el tipo de cambio
real multilateral se apreció alrededor de 14%. Además, el BCRA dejó de acumular reservas en el mes de junio.

La liquidación de divisas del campo en los primeros cinco meses del año ha sido menor, en dólares ajustados por inflación americana, a la que se dio en años normales en el pasado, pero si bien se puede inferir que hay algo menos de volumen de lo normal, los precios más bajos explican buena parte de lo ocurrido. De hecho, desde diciembre de 2023 a junio de 2024, el precio en puertos argentinos de la soja y el maíz cayó alrededor de 12% en dólares. En ese mismo período, el Real de Brasil se depreció contra el dólar un 10% (Cuadro 1). Dos mini shocks externos negativos que se suman al efecto del clima más frío sobre las importaciones de energía apuntado por el gobierno. En otras palabras, factores ajenos a la voluntad de agentes económicos de la Argentina están influyendo negativamente en la disponibilidad de divisas.

En los anuncios del viernes 28 de junio también se mencionó que todavía no hay fecha para levantar el cepo.

Al igual que en el tema fiscal, sabemos cuál es el objetivo de largo plazo (equilibrio en las cuentas públicas y deshacerse del cepo), pero en el primer caso ha habido avances claros que se complementan con la ley de Bases que brinda nuevos instrumentos para continuar la tarea de
reducción del gasto.

En el tema cambiario se avanzó en limpiar stocks no deseados de deuda comercial heredados de la administración anterior, pero se generó una deuda nueva por el pago en cuatro cuotas de la mayor parte de las importaciones. En definitiva, no se ve con tanta claridad la hoja de ruta para
llegar al largo plazo.

Algunos de los temas que es necesario resolver parecen complejos. Por ejemplo, la remoción del impuesto PAIS tiene un costo fiscal, pero la ley de Bases permite al menos una compensación parcial. Pero si se remueve el blend 80/20 para los exportadores y el impuesto PAIS, ello equivaldría a una revaluación del tipo de cambio efectivo, a menos que se compensara con una depreciación del tipo de cambio oficial. Pero si ello ocurre, se incrementarían los costos de la energía y se requeriría una ronda adicional de aumentos tarifarios respecto de los estimados hasta hoy, si se quiere evitar una suba en los subsidios.

En cualquier caso, sería importante que el gobierno pueda avanzar en remover algunas de las distorsiones que genera el cepo actual, que no difiere mucho del heredado. Es más relevante que esos avances se concreten en las operaciones que traban el normal funcionamiento de las empresas (dividendos, pagos de importaciones) que en las que afectan a las personas.

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Cómo sigue la película en el segundo semestre

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El superávit fiscal es el ancla económica y política del gobierno, y es clave consolidar estos resultados durante el segundo semestre de gestión. También es importante, aprobada la Ley de Bases, avanzar en reformas estructurales que ni siquiera se han discutido.

Próximos a cumplir los primeros seis meses de gestión del nuevo gobierno, hay resultados mixtos. La inflación, que en mayo se ubicaría en alrededor de 5%, ha caído más rápido de lo esperado y es menos de la mitad de la que se observó en los últimos cuatro meses completos del gobierno anterior (agosto-noviembre de 2023) o del 8% mensual promedio de los primeros once meses del año pasado. Pero debe señalarse que la tasa semanal de inflación en la Ciudad de Buenos Aires que medimos en FIEL muestra alguna dificultad para perforar el 1%.

La brecha cambiaria y el riesgo país son sustancialmente más bajos y las reservas netas del BCRA han mejorado en alrededor de US$ 10.000 millones, y además se ha resuelto buena parte del aumento no deseado en el stock de deuda comercial con proveedores del exterior que había generado la administración anterior. Pero la gestión actual también acumuló una deuda significativa, dado que no se ha permitido pagar libremente las importaciones realizadas desde diciembre en adelante.

El resultado fiscal de los primeros cuatro meses del año fue superavitario en 0.2% del PIB anual, cuando el promedio de los primeros cuatrimestres de años anteriores era un déficit del orden de 1% del PIB. Y los pasivos remunerados del BCRA se han reducido fuertemente, en parte por licuación y en parte por el traspaso de deuda de la autoridad monetaria al Tesoro.

La actividad económica se contrajo más de lo esperado. El PIB mensual en marzo arrojó una caída interanual del 8% y la actividad industrial habría caído 15% en abril, según el índice que elaboramos en FIEL. Con capacidad ociosa por doquier, la recuperación depende de lo que puedan aportar las exportaciones y el consumo. Luego de años de economía cerrada al comercio, las primeras pesan poco en la demanda agregada, aunque algo ayudarán.

El consumo privado debería mejorar. El monto ajustado por inflación de las jubilaciones, tanto la mínima más bono como la máxima, estuvieron en mayo 30% por encima del promedio del primer trimestre y los salarios privados registrados dejaron de caer en marzo, mostrando incluso una modesta recuperación. La caída del empleo es todavía un porcentaje bajo y la menor cantidad de horas extras tampoco haría que la masa salarial continue cayendo.

¿Cómo sigue la película? El superávit fiscal es el ancla económica y política del gobierno. La postergación de los aumentos de tarifas genera algunas dudas sobre la capacidad del gobierno de mantener el resultado alcanzado durante los primeros cuatro meses de gestión. A eso se suma el hecho de que el impuesto PAÍS expira a finales del año y, aun cuando se quisiera renovar a una tasa más baja, seguramente el gobierno nacional tendrá que ceder una parte de su recaudación a las provincias para poder pasarlo por el Congreso.

Sin embargo, si finalmente se aprueba la Ley de Bases, el gobierno podrá seguir avanzando para tratar de que algunas reducciones de gastos sean permanentes. En cualquier caso, no hay mucho tiempo para consolidar el ajuste, ya que es crucial para lograr un acceso limitado al mercado internacional de capitales. En 2025, los vencimientos de deuda en moneda extranjera del Tesoro y de Bopreal son del orden de US$ 17.000 millones y los organismos multilaterales aportarían, en el mejor de los casos, no más del 30% de esa cifra. Y ello no computa que el BCRA puede necesitar divisas para otros fines (por ejemplo, pagar parte del swap con China o normalizar la deuda comercial). Sin algo de financiamiento, el nivel de tipo de cambio real que equilibre el mercado de divisas puede ser más alto que el que tolere la política.

A los pagos de deuda en moneda extranjera se suman hoy (y seguramente será más a fines de este año) el equivalente a US$ 24.000 millones de vencimientos de deuda en moneda local (o dólar link) que son relativamente fáciles de renovar con cepo, pero que se vuelven más desafiantes si se libera el acceso al mercado cambiario.

Aprobada la Ley de Bases, durante el segundo semestre de gestión el gobierno debería poner el foco en consolidar los números fiscales, aun cuando ello reduzca su popularidad. Entre otras cosas, ello requiere contar con un presupuesto creíble para este año y cumplir con las fechas legales para el de 2025.

También se debe avanzar en reformas estructurales que ni siquiera se han discutido, aun cuando se deba a esperar a finales de 2025 para enviarlas a un Congreso más afín. La reforma previsional excede con creces el cambio de fórmula de indexación aprobado por DNU y está pendiente una reforma tributaria que reduzca el peso de los impuestos más distorsivos en la recaudación y los gastos tributarios. En este tema, la visión del Ejecutivo es algo contradictoria al proponer el RIGI y defender el tratamiento especial del régimen de Tierra del Fuego.

En resumen, hay un gran riesgo para el programa en curso si se generan dudas acerca de la capacidad de mantener el ancla fiscal que hasta ahora ha sido el sostén principal de los logros alcanzados.

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El ajuste fiscal

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Existe una discusión en torno a si el resultado fiscal del primer trimestre es sostenible. Del lado del gasto, hay más motosierra que licuadora, y esto puede ampliarse si se aprueba la Ley Bases. En los ingresos, el principal problema es que el impuesto PAIS expira a finales de año. No es tarea fácil, pero puede lograrse el balance de las cuentas públicas.

Luego de que se publicara el resultado superavitario del Tesoro Nacional del primer trimestre del año, surgieron algunas dudas respecto de su sostenibilidad bajo el argumento de que éste se explicaría por una licuación transitoria de gastos. En cambio, desde el gobierno se sostiene que la mayor parte de la mejora obedece a medidas que tendrían un efecto permanente.

Del lado de los ingresos, el gobierno nacional ha sufrido una pérdida menor que las provincias porque se favoreció del impacto de la devaluación de diciembre en los impuestos al comercio exterior y del aumento en la alícuota del impuesto PAIS. Estos gravámenes no se comparten con las provincias, mientras que la recesión está produciendo una caída en términos reales en los coparticipados.

Además de que el impuesto PAIS es bastante distorsivo, el gobierno nacional tiene el problema de que el mismo expira a finales de este año; además, no podría sostenerse a la elevada alícuota actual si se levanta el cepo. Esto último es relativo porque las personas físicas pueden eludir el pago del impuesto fácilmente, pero no así las empresas que ya sufren un mayor costo en sus importaciones por la existencia de los aranceles y del derecho de estadística. De todas maneras, si no se puede eliminar, al menos sería conveniente reducir la alícuota del impuesto PAIS; a su vez, habrá que ver si en una eventual discusión en el Congreso para extender su vigencia, las provincias no consiguen quedarse con una parte de su recaudación.

En la medida en que se apruebe el paquete fiscal, la masa coparticipable se favorecería de una recuperación parcial del punto del PIB que se perdió con la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Esta mejora sería del orden de 0.4% del PIB porque el mínimo no imponible es más alto que el que regía previo a la reforma de finales de 2023 y porque la alícuota media del impuesto sube más pausadamente. Pero en el paquete fiscal hay una segunda fuente de ingresos de un monto cercano al anterior que es la aclaración de que no puede haber más salarios no remunerativos dispuestos por acuerdos paritarios o por entidades públicas.

En cualquier caso, la Nación recibiría el 40% de los mayores ingresos que se obtengan del impuesto a las ganancias y algo más podría aportar la moratoria. Esto es menos del 1.5% del PIB que se prevé genere el impuesto PAIS en 2024.

La otra fuente de compensación es la recuperación del impuesto a los combustibles que se produjo al actualizar gradualmente por la inflación el monto del gravamen por litro. Ese proceso se ha realizado en forma parcial y se acaba de postergar el aumento previsto para mayo. Pero, en cualquier caso, la recaudación de este impuesto debería mejorar en el segundo trimestre del año, respecto de lo observado en el primero, por los aumentos ya realizados.

Del lado de los egresos, el resultado de caja estuvo favorecido por la postergación de los pagos a generadores de electricidad y productores de gas natural. Esa no es una mejora permanente. Pero, más allá de la forma que se elija para compensar a los afectados en los meses venideros, la suba en tarifas debería aportar los recursos para que no se repita el mismo problema. Sin embargo, la postergación de los aumentos tarifarios previstos para el mes de mayo despierta algunas dudas y será importante ver la decisión que el gobierno toma para el mes de junio.

Por el peso del gasto en jubilaciones en el gasto nacional, la mayor caída en porcentajes del PIB se dio en ese rubro. El gobierno ha dispuesto una nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones que revierte sólo una parte de la caída en el poder adquisitivo de las mismas. En la medida en que dicha fórmula sea avalada por la justicia, habrá un ahorro importante en el gasto cuya cifra final dependerá de la magnitud de los bonos que se otorgan a los jubilados que cobran la mínima.

En transferencias discrecionales a provincias, universidades y gastos de capital, las reducciones observadas en el primer trimestre han sido enormes y difícilmente puedan sostenerse en esa magnitud. Pero ello no obsta para que se pueda lograr algún ahorro respecto de los niveles de 2023, en especial por la decisión de las máximas autoridades de la República de reducir el peso del Estado en la economía.

El efecto de alguna reversión en las partidas mencionadas puede compensarse con recortes en el déficit de empresas del Estado que no pudieron lograrse en forma instantánea, y por una reducción adicional de la planta transitoria de empleados del sector público nacional.

En resumen, la posibilidad de alcanzar el equilibrio fiscal durante todo el año 2024 no es tarea fácil, pero hay mucho más de motosierra que de licuadora y eso puede extenderse todavía más si finalmente la ley de Bases es aprobada en el Senado de la Nación. En definitiva, con convicción política la tarea de balancear las cuentas se debería poder lograr.

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