Eva Sacco

Economista del Centro de Economía Política Argentina y docente universitaria.

Los desafíos de la Pos-Pandemia

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El primer desafío para el que debemos estar preparados en el mundo pos-pandemia es el financiamiento de la infraestructura necesaria para incluirse en una economía mucho más virtualizada en un contexto de restricción externa estructural a lo que se suma la particular situación actual tanto local como de contexto internacional. Pero pensar el desarrollo y la infraestructura debe considerar necesariamente los aspectos sociales: desde la necesidad de proveer dispositivos a precio accesible y compatible con los salarios domésticos hasta la alfabetización digital y las brechas culturales y generacionales en el uso y el acceso a la tecnología. Un segundo desafío, también en esta misma línea consiste en revisar y adaptar el marco regulatorio sobre la tecnología que tiene décadas de atraso: por citar un ejemplo, ni el teléfono celular ni el internet fijo es considerado un servicio público, por lo cual las regulaciones de mercado y tarifarias resultan mucho más laxas. Sumado a lo anterior, la estructura de mercado es altamente concentrada, lo que se profundizó a partir de la fusión de Cablevisión con Telecom en 2017. La empresa de comunicaciones se convirtió en la tercera empresa más grande del país considerando su facturación, controlando 60% de accesos a internet fija. En el segmento de telefonía Celular, Personal (perteneciente a Telecom) acumula el 30% del mercado. A partir de 2017, la empresa más grande del país es Mercado libre, desplazando del podio a YPF. El comercio electrónico es uno de los segmentos donde más creció la demanda exponencialmente a partir del aislamiento social y que mayores perspectiva de crecimiento tiene.

A pesar de las dificultades y desafíos, por el lado de las oportunidades surgen ventajas para nuestro país: en primer lugar, el cambio tecnoproductivo es una ventana de oportunidad para insertarse en el nuevo paradigma con bajos costos de entrada, algo que resulta cada vez más difícil a medida que se va ingresando en la madurez tecnológica. Los años venideros constituyen grandes oportunidades para las Pymes locales de base tecnológica. Asimismo, se abren oportunidades para diversificar la matriz exportadora en el sector servicios con gran valor agregado por la cantidad y calidad de los profesionales argentinos.

“Los años venideros constituyen grandes oportunidades para las Pymes locales de base tecnológica. Asimismo, se abren oportunidades para diversificar la matriz exportadora en el sector servicios con gran valor agregado por la cantidad y calidad de los profesionales argentinos.”

Pero también, por las ventajas que tiene el idioma Español como segunda lengua materna en importancia según la cantidad de hablantes en el mundo, el crecimiento de la comunidad Latina en Estados Unidos y los usos horarios compartidos con el resto del Continente Americano y de sólo 4 a 6 horas de diferencia con Europa. Existen por último, trayectorias tecnológicas exitosas ya recorridas como INVAP, CONEA y CONAE entre otras. Para aprovechar las oportunidades y ayudar a resolver los problemas resulta sumamente relevante concluir rápidamente la renegociación de la deuda y aprovecha una próxima etapa de bajas tasas de interés para financiar proyectos de desarrollo de base tecnológica.

Tecnología e inclusión

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) indica que 62,92% de los hogares tiene acceso a internet fija (dato a diciembre de 2019), un incremento de 19,12 p.p respecto del 43,8% que indicaba la encuesta ENTICS de INDEC para 2015. Aunque creció, este porcentaje deja a muchos hogares en una situación altamente desfavorable para enfrentar los desafíos que requiere el aislamiento y la denominada nueva normalidad. Los datos de ENACOM, si bien resultan la serie más actualizadas no incluyen información sobre acceso a dispositivos y en este sentido ENTICS revela que al momento del relevamiento la mayoría de hogares accedía a internet mediante teléfonos celulares (85,6%). Solamente 52,8% contaba con una computadora, pero no se especifica si la misma es adecuada para el teletrabajo o la educación a distancia, contando con software y hardward capaz de soportar transmisiones de streaming.

Un reciente informe de Argentinos por la educación, realiza una interesante comparación internacional: de 80 países que participan en las pruebas PISA, Argentina ocupa el puesto 62 ordenando de mayor a menor según el porcentaje de estudiantes con acceso a Internet en su hogar. Se agrega además, una observación respecto de la metodología de relevamiento: en el cuestionario complementario a estudiantes, se pregunta entre otras cuestiones si en su hogar tienen conexión a Internet, a lo que los estudiantes pueden responder sí o no. Esta pregunta no indaga exclusivamente si el estudiante tiene o no Internet de tipo fijo y puede interpretar tener una conexión a Internet en sentido amplio (fijo o móvil, por ejemplo a través del celular o una red abierta). Asimismo, las mediciones en pruebas estandarizadas en estudiantes de 15 años (como PISA) o de final de secundario (como Aprender) tienen un sesgo: los estudiantes que llegan a esta instancia del proceso educativo suelen provenir de estratos socioeconómicos más favorecidos en comparación con el total de estudiantes. En términos internacionales, la conectividad es inferior a las de países como Australia, España, Estado Unidos o Francia donde más del 95% de los estudiantes tiene acceso a Internet y más del 85% cuenta con computadora. En comparación con la región, las cifras de Argentina superan a Perú, México y Colombia tanto en conectividad como en tenencia de computadora, pero son inferiores a las de Chile y Uruguay.

Es relevante estudiar y definir la Brecha Tecnológica en el contexto actual. Este concepto, que hace referencia al desigual acceso a la tecnología, surgió en la década de 1980 y no cuenta con una definición unívoca: mientras para algunas interpretaciones hace referencia solamente a la dimensión de acceso a la tecnología, en otros se incluye también la alfabetización digital y las condiciones que deben darse para que el acceso sea efectivo. Siendo la vulnerabilidad que implica la inequidad en el acceso el concepto central de brecha tecnológica, en realidad, sería más claro definir y trabajar bajo el paradigma de pobreza digital. Los datos actuales, aunque descriptivos resultan incompletos, y pensando desde el punto de vista de las políticas públicas y toma de decisiones, resulta sumamente relevante contar con indicadores que den cuenta de la situación de conectividad de los hogares. El censo nacional de población, a realizarse en octubre de este año (pero que en el contexto actual podría postergarse para el 2021) es una buena oportunidad para definir el punto de partida de cara a los nuevos desafíos que traerá el mundo pos-pandemia.

“En definitiva, estamos a los albores de un cambio social y tecno-productivo que sin duda continuará y profundizara la crisis y desequilibrios que inició la pandemia.”

En definitiva, estamos a los albores de un cambio social y tecno-productivo que sin duda continuará y profundizara la crisis y desequilibrios que inició la pandemia. Pero también representa una ventana de oportunidad para encontrar los nichos en los que es posible, convertirse en los líderes y absorber el cambio lo más rápido posible, apalancar los esfuerzos realizados y trabajar sobre la pobreza digital para que el desarrollo incluya a todos, a todas y todes.

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Coronavirus: ¿Qué aprendimos de las crisis?

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En 2008 el mundo entró en una crisis global engendrada en el corazón del capitalismo a partir del crash de las hipotecas sub-prime. Rápidamente se expandió hacia Europa y el resto del mundo en virtud de la globalización financiera.

Argentina aún se encontraba en una suerte de “isla” por el arrastre de los efectos pos-estallido de la convertibilidad, pero sufrió el golpe por la vía de la economía real: se ralentizó el denominado viento de cola de los commodities que funcionaba como una fuerte locomotora económica.

El precio de la soja pasó de US$ 600 la tonelada a US$ 300 en pocos meses. Aunque se recuperó después, el mercado se volvió mucho más volátil y no volvió a los récords históricos con la excepción de 2013 cuando en Estados Unidos hubo una gran sequía.

El gobierno argentino de ese momento apostó a sostener el consumo, el trabajo, la producción y ampliar el gasto. Para 2010 ya estaba creciendo nuevamente y recuperando la caída y aunque hasta 2015 se alternaron tasas positivas y negativas en el agregado la economía creció 11% entre 2009 y 2015.

En otras economías, especialmente de la eurozona, la crisis financiera rápidamente viró hacia crisis de deuda y se impusieron las clásicas políticas de austeridad.

La crisis profundizó la desigualdad económica, desmanteló en gran medida lo que quedaba de los Estados de Bienestar europeos y fundamentalmente generó una profunda decepción de la ciudadanía con las respuestas de las elites políticas y económicas.

Con relación a los efectos de la crisis actual a nivel global, los economistas hablan de tres letras: una V, una U o una L. La primera es el escenario más optimista con una rápida caída como la actual seguida de un igual de rápida recuperación: el coronavirus en términos económicos habrá quedado como sólo como un mal recurso.

El escenario en U es similar a la V pero arrancar nuevamente cuesta un poco más y el más peligrosos de los tres es la L. La economía mundial entraría en un nuevo período recesivo del que tomaría mucho tiempo recuperarse.

Los más pesimistas señalan que lamentablemente no es tan poco probable, ya que de no ser por el consumo (fuertemente afectado por la pandemia) el mundo ya habría entrado en recesión. De hecho, señalan que Estados Unidos está en trampa de liquidez: a pesar de la reducción de tasas, la inversión privada no reacciona y la única forma efectiva es mediante el aumento del gasto y la política fiscal.

Con relación a la crisis sanitaria actual en nuestro país, cabe destacar que la misma se monta sobre la crisis financiera subyacente y dependen los resultados en gran medida de la manera de cómo el mundo pueda arreglárselas con la crisis sanitaria.

Si el mundo cayera en una gran recesión que tuviera como detonante al coronavirus, las consecuencias para Argentina serían contradictorias ya que, por un lado, el efecto comparación podría favorecer en cierta medida la renegociación de la deuda.

Por otro lado, la caída en los precios internacionales de los commodities, los efectos en el comercio mundial y especialmente de China nos afectarían muy negativamente y dificultarían llegar a un arreglo rápido y favorable. Cabe preguntarse, sin embargo, si las elites económicas y políticas del mundo, realmente aprendieron algo en primero lugar del manejo de la crisis de 2009, y en segundo lugar (pero no menos importante) sobre el rol del Estado en la economía.

Fueron justamente esos sistemas sanitarios que colapsaron los últimos días, los que fueron sistemáticamente desmantelados. ¿Volverán nuevamente sobre las políticas de austeridad que recomiendan a nuestro país, o por el contrario tomarán nota de los errores del pasado reciente? Las consecuencias a largo plazo dependen en gran medida de este aprendizaje.

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Se apuesta por una renegociación exitosa, pero hay plan B

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Mauricio Macri dejó al país en un estado de default encubierto. En mayo de 2018 esa hubiera sido la situación de no ser por la intervención del FMI que incrementó la deuda contraída por la gestión macrista de US$ 100 mil millones a casi US$ 150 mil millones. Casi un año y medio después, lejos haber resuelto la crisis, el entonces ministro Lacunza anunció el reperfilamiento de la deuda de corto plazo en moneda local.

La inestabilidad cambiaria que se arrastraba hacía más de un año se hubiera incrementado todavía más en caso de concretar el pago mediante emisión de pesos. Finalmente, se resolvió el desdoblamiento cambiario para frenar la salida acelerada de dólares que venía ocurriendo más de dos años consecutivos.

Frente a estos condicionamientos de origen, ¿qué alternativas enfrenta la actual gestión económica? En el contexto de crisis financiera y de deuda resulta racional que el Gobierno esté concentrado en la reestructuración de la deuda pública como primera prioridad.

El diagnóstico está centrado en la problemática del endeudamiento externo como determinante de la economía. Mientras tanto, la economía real continúa en recesión y el propio ministro reconoció en numerosas oportunidades que no cuenta con recursos suficientes para emprender un proceso de reactivación y al mismo tiempo una renegociación ordenada.

Reactivar es incrementar el consumo, ya que explica el 80% del producto. Pero el riesgo asociado es que el incremento de las importaciones que esto conlleva presione sobre el superávit comercial y dificulte cumplir con los compromisos generando mayor inestabilidad.

Mientras tanto el objetivo es contener a los sectores sociales más vulnerables y que la economía detenga la caída. Una solución que atiende a las limitaciones presentes, pero que no puede extenderse demasiado en el tiempo.

El problema de la deuda no es menor ni fácilmente resoluble: según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso el perfil de vencimientos es muy exigido. En todo 2020, excluyendo la deuda intra sector público, hay vencimientos en dólares por un total de US$ 19,2 mil millones (US$ 17,2 mil millones para lo que queda de 2020), lo cual supera el superávit comercial de 2019 en más US$ 4 mil millones.

Sin acceso al mercado de capitales, como se encuentra el país desde mayo de 2018 cuando Macri y Peña informan la decisión de acudir al FMI, no es posible renovar los vencimientos (lo que técnicamente se conoce como rollear).

Al menos, sin comprometer seriamente la sustentabilidad económica en el corto y mediano plazo.  A esto se le suma un total de US$ 28,8 mil millones de deuda en moneda local a la cotización actual. Su pago mediante emisión de pesos generaría una gran inestabilidad cambiaria que ampliaría la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

En el corto plazo hay dos escenarios posibles: que la renegociación se resuelva en los próximos meses o bien que se extienda durante mucho más tiempo.

En el primer caso el camino seguido resulta mucho más favorable y hay un horizonte de crecimiento. Aunque este no queda exento de problemas a solucionar, como el alto grado de endeudamiento de empresas y familias, la inflación y el desorden de precios relativos, el Gobierno contaría con muchos más grados de libertad que en la actualidad para enfrentarlos.

En el segundo escenario, el Gobierno deberá tomar una decisión: extender indefinidamente la situación actual con un progresivo empobrecimiento económico y corriendo el riesgo de una desestabilización económica y política o bien cambiar el orden de prioridades entre renegociación y reactivación.

A diferencia de lo que los funcionarios macristas afirmaron para justificar sus decisiones, en economía (como en la vida en general) siempre hay plan B. 

Lo difícil consiste en tomar la decisión de cambiar en el momento adecuado.  En este caso, consiste en utilizar los recursos disponibles para fomentar el consumo y la producción y luego ofrecer a los acreedores una parte de los resultados de ese crecimiento solo en la medida que estos vayan apareciendo.

El plan B implica enfrentarse a las consecuencias de un default generalizado, lo que no deja de tener costos asociados tanto económicos como políticos, y por eso no fue la primera opción.

Sin embargo, desde una perspectiva realista es crucial entender que el plan B es mucho más deseable que extender infinitamente la situación actual. En definitiva: el Gobierno apuesta a resolver rápidamente la deuda, el resto de la economía queda pendiente de esta definición.

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Jubilaciones: del desfinanciamiento del sistema previsional a la construcción de un plan de rescate

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Luego de la nefasta experiencia de las AFJP, el país decidió volver a un sistema jubilatorio solidario: lxs trabajadorxs activxs registradxs pagamos las jubilaciones de lxs pasivxs a través de los aportes que hacemos al ANSES. El haber se calcula mediante el monto total aportado durante la vida activa: básicamente es un sistema meritocrático porque cuanto más éxito hayas tenido económicamente, mayor será tu paga. Sin embargo, el incremento en la esperanza de vida, algo que es muy positivo, también constituye un enorme problema para un sistema pensado hace 80 años. No es un inconveniente que afecta sólo a nuestro país, sino que es generalizado.  En casi todo el mundo que cuenta con estos esquemas la solución consiste en financiar parte de las jubilaciones con fondos públicos de impuestos generales.  

La crisis de empleo, la disminución de los salarios reales y el aumento de la informalidad laboral durante el período macrista generó que los fondos para pagar a lxs jubiladxs se redujeran doblemente. El volumen de aportes y la recaudación tributaria son menores. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que tendría que haber servido para amortiguar este efecto, se encuentra diezmado y perdió el 70% de su valor desde 2015. El macrismo utilizó el FGS para financiar irresponsablemente el endeudamiento y en la actualidad se encuentra compuesto en gran parte por bonos de deuda pública cuya cotización disminuyó sustancialmente. 

Hablar de jubilaciones, por su magnitud, es hablar de política macroeconómica: hay 5,8 millones de jubilados y el financiamiento en ANSES insume 60% del gasto público. Si la economía está quebrada, el sistema jubilatorio también. No es posible brindar una solución sin resolver las inconsistencias macroeconómicas. Mientras tanto es un problema de la manta corta: la decisión que tomó el gobierno actual no dejará conformes a todos. 

A partir de marzo de 2020, por medio de un decreto del poder ejecutivo lxs jubiladxs percibirán un incremento de $1500+2,3% del haber de febrero. Esto es un aumento de 13% para lxs que cobran la mínima. Para los hogares beneficiarios de la AUH se aplicará el mismo porcentaje. La fórmula de Macri (que ajustaba los haberes a la inflación pasada) representaba 11,56%, con lo cual en estos casos hay una mejora en términos reales. Sin embargo (y es aquí donde aparece la controversia) para lxs jubiladxs que cobran más de $16.700 el incremento resultante es menor que la fórmula inflacionaria y si el haber es de $25.000 va a representar el 8,3%. El aumento se va licuando en tanto se consideren haberes superiores.

¿Vale justificar esta decisión en que la mayor parte de los jubilados cobran el haber mínimo y en que el 86% de los beneficiarios de ANSES tendrá una mejora real? ¿Vale afirmar que en términos agregados no hay ajuste? Sí, todo esto es cierto: pero es muy poco empático y realista negar que dentro del 14% restante sólo una pequeña minoría percibe realmente beneficios “de privilegio”. Unx jubiladx que cobra menos de $30 mil (menos de 2 canastas alimentarias) no tiene un buen pasar ni mucho menos. Si bien un objetivo político inclusivo es generar una pirámide jubilatoria “achatada” donde se tiendan a compensar las desigualdades surgidas durante la vida laboral, esta discusión puede darse sólo para haberes mucho más elevados y cobrará sentido real cuando en el futuro mejoren las condiciones económicas y los recursos disponibles. A pesar de todo esto, unx jubiladx que percibe una jubilación de $30.000 se encuentra infinitamente en mejor situación que con un haber mínimo o un hogar con menores de edad imposibilitado de cubrir la nutrición básica. Cualquier argumento cae por tierra cuando se toma en cuenta que la responsabilidad primaria del Estado es atender la alimentación de lxs niñoxs y adultxs mayores.  

Si bien no se incrementó el gasto total, se optó por no disminuirlo en un contexto de serias restricciones financieras, a contramano de la experiencia histórica y el pasado reciente cuando en contextos de crisis se ajustó a lxs jubiladxs. Tomar este camino no solo hubiera sido reprobable éticamente, sino que hubiera profundizado la recesión. En términos agregados las medidas referidas al universo cubierto por ANSES, como afirmó Alejandro Vanoli, titular del organismo, son neutras en términos fiscales ya que se deben destacar varios elementos: en diciembre de 2019 y enero de 2020 se abonó un pago extra que significó elevar transitoriamente la jubilación mínima a $19 mil. Para gran parte de lxs jubiladxs que cobraban un haber de $14.000 representó una sustancial inyección de recursos (en total $30 mil millones) después de varios meses de inflación galopante. A los hogares que perciben la AUH se le otorgó dos bonos de $2.000 por cada menor que se sumó a lo anterior. Asimismo, el PAMI agregó una canasta de 170 principios activos que cubrirán el gasto de lxs jubiladxs en medicación. Considerando que entre el 20% y el 30% de sus ingresos se destinan a la compra de remedios, constituye una mejora significativa que se irá notando a medida que se instrumente. Por último, se lanzaron líneas de créditos Argenta a tasas mucho menores que permiten el desendeudamiento de quienes perciben la AUH, jubiladxs y pensionadxs. Las tarifas congeladas de transporte y energía, aunque en niveles elevados, también son un dato que aporta en este mismo sentido.

En definitiva, la solución de redistribuir los escasos recursos entre lxs jubiladxs probablemente deja gusto a poco y disconforme a varixs: necesariamente debe ser transitoria. Hay que aspirar a mejorar los recursos de la ANSES. Pero dolorosamente, hoy por hoy se trata de lo posible y la responsabilidad es puramente de quienes dejaron un país devastado. Lo que sí corresponde a la dirigencia actual es explicar a la ciudadanía claramente la relación entre el desfinanciamiento del sistema previsional y un modelo económico neoliberal que propició el deterioro económico y social, en favor de la valorización financiera por sobre la producción. Un camino que no sea para justificarse, ni sólo para investigar irregularidades, sino fundamentalmente para impedir su repetición. 

En tanto la economía dé señales de mejora (como el dato de inflación de 2,3% para el mes de enero) se irán reconstituyendo los haberes reales y será más probable una solución de fondo que mejore los recursos totales y confiera un aumento significativo tanto a lxs jubiladxs de la mínima como a lxs de haberes más elevados. El objetivo debe ser trabajar en este vector. Discutamos como hacerlo, cuáles son las medidas adecuadas y los grados de libertad reales con los que se cuenta para implementarlas. Todo lo demás, si no contempla esto último, resulta una discusión vacía, sesgada y propiciada políticamente para desgastar y desviar la atención.

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Golpe de Estado en Bolivia ¿ruptura democrática para América Latina?

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Algunas lecturas en clave social, cultural y económica pueden explicar lo que pasó en Bolivia y resultan significativas para toda la región. En primer lugar, la estrategia de desgaste mediático al gobierno de Evo Morales fue muchísimo menos exitosa en Bolivia que en otras latitudes: la sociedad boliviana no sólo está atravesada por diferencias de clase, sino fundamentalmente raciales. El discurso “aspiracional y meritocrático” de la derecha tuvo menos campo fértil para crecer en un pueblo que mantiene a flor de piel 500 años de colonialismo por parte de una elite blanca o mestiza. Pero fundamentalmente, un punto insoslayable es que el modelo económico es rotundamente exitoso y a diferencia de lo acontecido en otros países de América Latina que tuvieron gobiernos que son catalogados como “populistas”, pudieron sortear efectivamente la crisis internacional y prolongar los buenos resultados durante los 13 años de gobierno de Evo Morales. Para el 2019, según las proyecciones del FMI, Bolivia registrará el mayor crecimiento de América, con un promedio en los últimos 5 años del 4,6% anual. Es el país sudamericano con la menor tasa de desocupación (4%) y de más baja inflación (1,7% anual para 2019). Entre 2005 y 2017 la desigualdad se redujo 25% y la pobreza cayó 25 puntos porcentuales. 

Según las reglas electorales bolivianas, la fuerza política ganadora debería obtener más del 10% de diferencia con la segunda para evitar el balotaje y si bien los resultados de las elecciones presidenciales fueron contundentes a favor de Morales, quedaron al límite de la segunda vuelta y se sucedieron denuncias de la oposición por fraude que derivaron en manifestaciones con escalonamiento de violencia. A partir del pronunciamiento de la OEA y la consecuente aceptación de anulación y decisión de repetir las elecciones por parte del hasta entonces gobierno boliviano, las demandas republicanas que (al menos en el discurso) suscitaron las protestas deberían haberse aplacado. Pero al contrario, se incrementaron. Por fuera de todos los canales institucionales, desde la oposición se presionó la renuncia de Evo Morales y todo el gobierno, se persiguió y atacó violentamente a militantes del MAS, a funcionarios y sus familiares. La escalada de violencia pudo producirse al campo liberado que dejó el amotinamiento policial y la negativa del ejército a intervenir en la pacificación.  No es un dato menor la “orden de detención” contra el expresidente, completamente al margen de la legalidad por no existir autoridad gubernamental.

¿Representa el golpe en Bolivia el final de la derecha democrática? 

El triunfo de Mauricio Macri había coronado el éxito en Latinoamérica de la estrategia de manipulación mediática y desgaste constante a gobiernos democráticos y (según el discurso liberal de la derecha) “populistas”. El modelo económico, cabe aclarar en estas latitudes, mostraba a diferencia de Bolivia síntomas de agotamiento a partir del advenimiento de la crisis internacional. Calcada estrategia de desgaste mediático podemos encontrar en Brasil, Venezuela, Paraguay y demás países latinoamericanos. Apenas asumido Macri, se puso en marcha la segunda fase: el “law fear”, que no es más que la manipulación de la justicia para la persecución de opositores mediante el recurso de investigación de hechos de corrupción. Esta estrategia mediático-judicial, sumada en Brasil al factor de un sector importante de Iglesias  cristianas, permitió la destitución de Dilma Roussef en agosto de 2016 y el posterior encarcelamiento de Lula durante la campaña presidencial que lo nominaba como ganador y que terminó con la consagración presidencial de Jair Bolsonaro. De forma similar, en Ecuador Lenin Moreno quien era hasta ese momento su delfín, consagró la persecución de Rafael Correa que derivó en su exilio en Bélgica. ¿El quiebre institucional de Bolivia es la tercera fase en la reinstauración de un modelo neoliberal en toda la región?

Hasta este momento, el discurso esgrimido por la derecha en condena a los populismos venía fundamentándose en el republicanismo y las denuncias de corrupción. Pero cada cambio de gobierno significó mucho más un rotundo viraje de modelo económico que un incremento en la transparencia institucional, con el consiguiente proceso de concentración de la riqueza y desmejoramiento de las condiciones de vida de amplias mayorías. En este contexto se enmarcan los movimientos de resistencia al ajuste por parte de sectores postergados que ocuparon las calles de Ecuador y aún las ocupan en Chile. En la Argentina tenemos el antecedente de las fuertes movilizaciones de 2017 en el contexto de la reforma previsional. 

Asimismo, en un contexto democrático, las estrategias de manipulación mediática tienen un límite frente al deterioro económico. También tiene límite institucional la persecución judicial a opositores. Así lo demuestran el resultado electoral en la Argentina y en Brasil la liberación de Lula respectivamente.

América Latina atraviesa horas decisivas: la estrategia de manipulación mediática y judicial patece insuficiente para sostener en el poder gobiernos que más allá de los resultados positivos (como Chile) o negativos (como Argentina y Brasil) en términos de crecimiento profundizaron en todos los casos la desigualdad y empeoraron las condiciones de vida de los sectores más humildes. Resulta sumamente preocupante que la estrategia de la derecha sea avanzar por fuera de los límites institucionales y democráticos. Los próximos días son cruciales para determinar si el antecedente del golpe en Bolivia resulta exitoso y si es o no repudiado por la comunidad internacional y especialmente latinoamericana. Llama la atención, sin embargo, la falta de pronunciamiento por el momento de los gobiernos de Argentina y Brasil. Gobiernos que se enarbolan en la defensa republicana en el caso de Venezuela y no dudan en repudiar los movimientos de protesta que ponen en jaque a los gobiernos de Chile y Ecuador.

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