Juan Carlos Argüello

Periodista, director de Economis

La fe de los conversos

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Quien piensa que el escándalo de los cuadernos es inocuo para la economía y la política, se equivoca. En el corto plazo el Gobierno puede sacar alguna ventaja con las anotaciones del chofer infiel, ya que parecen describir únicamente a ex funcionarios de los gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner. Pero para que alguien cobre una coima, debe haber un pagador, lo mismo que con los bolsos de López. Si hay plata “negra”, alguien la abona. Por eso la causa que maneja con la severidad de un sheriff el juez Claudio Bonadío corre el riesgo de ser una más en el universo de denuncias contra los salientes, con títulos pegadizos pero no demasiadas pruebas contundentes: la ruta del dinero K, los cuadernos de la corrupción K, etc.
La celeridad con que Bonadío regala libertades a quienes declaran haber pagado, aún incriminándose, choca con la privación de la libertad de todo aquel que presuntamente haya cobrado. Pero quienes hasta ahora reconocen algún delito, están vinculados de uno u otro modo con el Gobierno actual, el único beneficiado directo al reivindicar la bandera de la lucha contra la corrupción. La de los otros. De los aportes truchos a la campaña ya no se habla. De la inflación y los problemas de gestión, tampoco.

El primer “arrepentido” es el primo Angelo Calcaterra. Angelo es de la familia presidencial y dueño de Iecsa, la constructora con la que los Macri hicieron fortunas durante décadas. Antes de presentarse “espontáneamente” ante Bonadío, confesó haberse reunido con el primo Mauricio para coordinar la estrategia judicial. Si es tanta la confianza, ¿cómo es que el Presidente no sabía que la empresa familiar movía dinero en negro?
El otro arrepentido es Juan Abal Medina, ex jefe de Gabinete de Cristina y ahora funcionario del Gobierno de Macri. Con la fe de los conversos, admitió haber recibido “aportes” para la campaña política, pero salió campante, por la puerta grande, lo mismo que el primo Angelo. Uno pagó y el otro recibió, pero como están de un lado del mostrador, son carmelitas. Los sucios son los otros.
Por eso sobran empresarios con ganas de contar. Saben que, una vez arrepentidos, tienen la garantía de seguir en libertad, siempre y cuando aporten algún dato jugoso en contra de los otros.
El relato pormenorizado y potenciado al infinito en las pantallas de televisión genera, sin embargo, un efecto todavía imperceptible, pero peligroso: una parálisis que puede profundizar, aún más si cabe, el enfriamiento de la economía. Oculta, como contraste, que si todo es como se pinta, el sistema y el poder empresario, que trascienden a los gobiernos, son parte del problema.
“El efecto va a ser idéntico a Brasil. Largo tiempo de recesión, se van a parar y hacer más lentas todas las contrataciones con el Estado, todas. La política también va a deambular entre líderes que no van a tener legitimidad”, analizó un conocedor de la gestión y de las lides políticas.
No le falta razón. Macri sigue en baja en las encuestas, pero también flaqueó Cristina, que venía recuperando terreno y ahora volvió a quedar en medio de las denuncias de corrupción por las anotaciones en el cuaderno Gloria.
 

 
Los mismos funcionarios del Gobierno nacional admiten el temor a firmar cualquier documento y del otro lado, los empresarios de la construcción, aseguran que este escándalo no hará más que ralentizar la ya pobre obra pública en ejecución y puede frenar la “lluvia de inversiones” hasta que pase la tormenta. El problema es que obra que no se licita hoy, tiene efecto retardado en el empleo y la actividad económica. Es decir, se extenderá la agonía de la recesión.
No debe entenderse esto como una justificación. Pero todo el proceso sería más creíble si no fuera la continuidad de la búsqueda de culpables de un solo color político. De otro modo, parece un eslogan de campaña y ya van dos años y medio de gobierno, sin otro resultado positivo.
Los empresarios de la construcción reunidos en el foro pymes que se realizó en Posadas el viernes, advirtieron la brutal caída en los proyectos de obra pública financiados por la Nación. Eso se traduce en menos empleo -hay 8.500 trabajadores, contra un pico superior a los 15 mil a fines de 2015- y menor inversión real. Las empresas más grandes subsisten por su propia espalda, las medianas con alguna que otra obra financiada por el Gobierno de Misiones, pero las más pequeñas padecen la crisis y despiden trabajadores. Pero todas sufren de una u otra forma la recesión que se extiende. Por eso no sorprendió el histórico llamado de empresarios de todo el NEA, junto al Gobierno provincial, para que la Nación reactive el financiamiento y, especialmente, no concentre las obras en Buenos Aires, cuna del poder político de la alianza gobernante, junto al centro del país.
“Se están terminando las obras ya licitadas, y no hay obras nuevas en marcha y si no hay cambios, va a haber una crisis de cierre de empresas y menos empleo”, dijo Pablo Ratti, que participó del panel principal en el cual los empresarios delinearon el futuro del sector.
No es el en el único rubro en el que se percibe la discriminación. El senador correntino Camau Espinola denunció que el precio del combustible aumenta mucho más en el interior que en Buenos Aires, una lucha que hace años encabeza Misiones, casi en soledad.
El legislador apuntó que, en el caso de YPF, las naftas y el gasoil subieron entre junio y el 5 de agosto un 21 por ciento en Corrientes, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ascendieron sólo un 14,7 según información oficial del Ministerio de Energía.
“Esa situación provocó un incremento en la brecha de precios entre las dos ciudades, pasando del 8,9 al 14,9 por ciento”, se quejó el parlamentario al realizar el pedido de informes al Gobierno.
En el caso de Misiones, la nafta Premium subió 38 por ciento en lo que va del año y 146 por ciento desde que asumió Mauricio Macri, mientras que la Súper, subió 34 por ciento hasta agosto y 130 por ciento en la era Cambiemos.
Misiones sabe de esas luchas. Hace años que paga un combustible más caro que el resto del país. Pero las diferencias son más abundantes. Los últimos datos de la coparticipación ratifican que la tierra colorada es la que menos recibe de todo el NEA. Llegaron 2.696 millones, lo que equivale a 2.449 pesos por habitante, la mitad de lo que recibió Formosa. Chaco, en tanto, percibió giros por 3.998 millones. Con una población de 1,05 millón de habitantes arroja una Coparticipación per cápita de 3.789 por cada chaqueño. Corrientes, en tanto, obtuvo giros por $3.008 millones y con una población de 930.000 almas, recibió en julio recursos de 3.235 pesos por cada correntino.
La caída de la coparticipación en julio derrumba el principal argumento del Gobierno nacional -y sus voceros en Misiones- para transferir el ajuste a las provincias. Hasta ahora los ministros de Macri decían que las provincias están recibiendo muchos recursos, lo que les permitía afrontar los recortes de las obligaciones nacionales. La coparticipación, como se aprecia, es la primera en sufrir las consecuencias de la crisis.
Pero el ajuste se da de hecho. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recortó giros a seis provincias por “demoras” en el envío de información de las cajas previsionales que no fueron transferidas a Nación. Misiones fue una de ellas, pero si se analiza un poco más en profundidad la información, se advierte que en realidad, las exigencias son tan altas que ninguna provincia está en condiciones de cumplir. La Nación pidió información digitalizada desde 1994, que la Provincia -y las demás- enviaron, pero al ser tanta la cantidad de datos, son muchos los errores detectados, lo que hizo todo más lento el proceso. Por las dudas, los diarios porteños, ya hablan de “castigo” a las provincias, que son las causas de todos los males del país central. Por las dudas, hay un decreto que autoriza a la Nación a quedarse con parte de la coparticipación si se computan que la Anses pagó “de más” en algún mes. El detalle, mínimo, es que sería una retención ilegal, que ya se dilucidó en la Corte a favor de las provincias que sufrían retenciones para financiar la Anses.  
En ese escenario cobra relevancia que Misiones sea una de las pocas provincias con los números en orden y capaz de realizar aportes para sobrellevar el mal paso. El Banco de Fomento, diseñado por el gobernador Hugo Passalacqua, entregó 500 créditos e inyectó 120 millones de pesos al desarrollo productivo de toda la provincia, desde una industria yerbatera hasta una fábrica de chocolate, pasando por las más urgentes necesidades de innovar producto de la crisis. En paralelo, el Ahora Misiones y sus satélites Ahora Pan y Ahora Gas son un éxito que sostiene el consumo. Tanto que el Ahora Pan se extendió hasta diciembre. Y el Gobierno piensa en varias alternativas para beneficio del consumidor apretado. El “Ahora Patente” podría ser el próximo paso, para regularizar deudas y mejorar la recaudación fiscal de los municipios.
Mientras el país discute el contenido de los cuadernos Gloria, en Misiones el debate es hacia el futuro. Docentes de todo el país y de la región se reunieron en Iguazú para analizar el Flipped Learning, o sistema de “aula invertida”, llamada a ser una revolución educativa, según Jon Bergmann, uno de los creadores del modelo que nació en Estados Unidos y se expande por el mundo, pero que tiene a Misiones como único lugar del mundo donde el Estado está a la vanguardia. El cambio de época es contundente: hasta hace poco en Misiones se discutía por la escasez de escuelas y la cantidad de chicos que estaban fuera del sistema. Ahora aparecen nuevos desafíos, como achicar la brecha tecnológica para que la inclusión alcance a todos los rincones.  

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En el momento justo

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La irrupción del remisero arrepentido con puntillosos detalles sobre presuntos hechos de corrupción durante el Gobierno anterior, tuvo un inmediato efecto en la escena política argentina. Desde hace unas horas no se habla más que de los cuadernos Gloria, llenos de anotaciones precisas sobre hechos, días, horas y millones de dólares contados a ojo con una exactitud asombrosa. La precisión alimenta el relato. Son los bolsos de López hechos novela. El problema, menor, es que los cuadernos no aparecen. No existen. Desaparecieron. Pero es un dato insignificante ante las oleadas de indignación. Que el juez sea Claudio Bonadío, sin sorteo ni licitación, tampoco importa demasiado si se trata de la lucha frontal contra la corrupción.
Los cuadernos aparecieron (o sus copias) en el momento más oportuno. Ahora el presidente Mauricio Macri prometió una ley anticorrupción para evitar repetir conductas inmorales de empresarios y funcionarios. Esa era, en definitiva, una de sus olvidadas promesas de campaña. Retoma así la iniciativa en medio de un escándalo por la revelación de aportantes truchos y posible lavado de dinero en la campaña de Cambiemos, que salpica a su principal activo político, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pero que tiene ramificaciones en casi todo el despliegue geográfico de la alianza gobernante.
Las revelaciones, con nombre y apellido, con rostros visibles, no indignaron tanto, ni al Presidente ni a su gobierno ni a los medios de comunicación que ahora cubren minuto a minuto el affaire de los cuadernos que, según Claudio Centeno, el chofer memorioso, tuvieron su epílogo en el fuego del asado. Final de novela para un escándalo de novela.
Pregunta inquietante ¿Por qué los cuadernos de dudoso origen indignan más que una investigación documentada sobre aportantes truchos a una campaña de candidatos que prometían transparencia? ¿Por qué indigna más imaginar un bolso volando por el aire con un puñado de miles de dólares que los miles de millones que se están fugando o el enorme volumen de deuda acumulada en los últimos dos años? ¿Por qué la corrupción K es más repulsiva que la M?
El chofer Centeno describe con minuciosidad viajes y mochilas cargadas con dólares, con números tan exactos que parece haberlas contado él. Solo sus anotaciones en los cuadernos que ahora no existen, alcanzaron como prueba necesaria para que Bonadío pida la detención de empresarios y funcionarios e insista en el desafuero de Cristina Fernández, destino ineludible de cada uno de sus embates. Juristas de variada escuela advierten que hay muchos puntos flacos en el trabajo de Bonadío, salvados únicamente por la autoincriminación de Centeno. De otro modo, la causa iba camino a un papelón histórico.
Cuatro prestigiosos abogados opinaron para esta columna: “Las copias de los famosos cuadernos no son en sí mismas, suficientes para sustentar los llamados a indagatorias y detenciones de empresarios, ex funcionarios públicos y hasta una ex presidente de la Nación. Debemos creer que, necesariamente, el juez de instrucción y el fiscal interviniente, han tenido que haber reunido un conjunto de pruebas, que en primer término, dan credibilidad a los relatos que describen las fotocopias simples de unos cuadernos que hoy sabemos, no existen más”, precisó el primero, de larga carrera como penalista.
“El llamado a prestar declaración indagatoria, implica imputar a una persona la comisión de uno o varios hechos punibles, y, por mandato constitucional, debe estar sustentado en hechos debidamente comprobados en la investigación, además, su corrección se obtiene por estar construida sobre un razonamiento que se encuentra sustentado sobre principios lógicos; al mismo tiempo que debe ser legal, fundado en pruebas válidamente incorporadas al proceso; como también veraz, por cuanto no podrá fabricar ni distorsionar los datos probatorios; específica, puesto que debe existir una motivación para cada conclusión fáctica; arreglada a las reglas de la sana crítica; completa, ya que debe comprender todas las cuestiones de la causa y cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión; y expresa, dado que el juez debe poner de manifiesto el razonamiento por el cual adopta una decisión y no otra”, argumenta.
“No se puede reemplazar su análisis crítico por una remisión genérica a las constancias del proceso, o a las pruebas de la causa o con un resumen meramente descriptivo de los elementos que lo conducen a la solución.La mera invocación en forma genérica a los indicios colectados a lo largo de una pesquisa no es pauta suficiente como para avalar un pronunciamiento jurisdiccional legítimo. Pocas personas conocen la totalidad de la prueba reunida en el expte, pero evidentemente, el acogimiento a la figura de arrepentido por parte de algunas de las personas detenidas, vinieron a consolidar un proceso que al inicio, presentaba todos los vestigios de una temible aventura jurídica con aplicación artificiosa del derecho”, culmina.
Un reconocido abogado ahora miembro del Poder Judicial hace foco en la detención de los empresarios y ex funcionarios. “La libertad es cuestión de la existencia o no de peligros procesales (fuga o entorpecimiento de la investigación). Eso es lo único que debe tenerse cualquiera sea el delito y la pena en expectativa”.
“La cuestión de las copias, en tanto cumplan con ciertos requisitos que les den veracidad, como puede ser el caso de un reconocimiento incondicional de quien los escribió o la comprobación de la certeza de los datos, es buena prueba, pero lo que no puede hacerse con una fotocopia es peritar. Pero la pericia se ordena solamente si la persona a la que se atribuyen las anotaciones las desconociera”, explica.
En la misma línea, un jurista de primera línea advierte que “las fotocopias son “meros indicios” de la comisión del delito”, pero para que se constituyan en “prueba” resulta necesario contar con el documento original toda vez que es sobre dicho documento donde se habrán de realizar las tareas de peritaje (por ejemplo caligráficos) entre otras medidas”. “Sólo en el exclusivo mundo de la Republiqueta Comodoro Py se  puede hacer estas groseras violaciones de los derechos individuales protegidos en el marco constitucional y convencional”, responde con ironía cuando se le consulta por la ola de detenciones.
“Los cuadernos, que no hay, implican una debilidad desde lo jurídico, se tendría que caer, pero se subsana con los arrepentidos. A raíz de los cuadernos, detienen gente, pero si nadie confiesa nada, los cuadernos no son una prueba. Ahora, los empresarios detenidos, se pueden quebrar. Si corroboran algo, ya no importan los cuadernos. Eso salva la falta de fundamentos de Bonadío”, cierra un abogado radical, pero de los que no están en la alianza.
Es decir, la causa, que tiene como involucrado al misionero Oscar Thomas, ex presidente de Yacyretá, depende de la credibilidad de un remisero, ex suboficial del Ejército, que ofició de “arrepentido” al mismo tiempo que era cómplice de un supuesto delito. El “mani pulite”, el “lava jato”, argentino como lo quieren presentar, tiene todavía bases endebles y está en manos de un juez sospechado de parcialidad, aunque nadie parece reparar en esos “detalles”.
Siquiera el Presidente, que aprovechó para “diferenciarse” de la gestión anterior al mismo tiempo que presentaba “créditos blandos” para jubilados. “Hoy más que nunca necesitamos que la Justicia nos demuestre que no hay impunidad”, dijo y pidió “terminar con el doble discurso de decir una cosa y hacer otra” porque es necesario “poner la verdad y los problemas sobre la mesa para empezar a resolverlos”. Macri sostuvo que los créditos permitirán a los jubilados “arreglar esa habitación que tenemos problemitas, o un escape de gas como le pasó a la vecina”. Detrás estaba, sonriente, María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia donde horas antes murieron dos personas por un escape de gas en una escuela que tenía serios problemas de infraestructura. No hay ironía.
Rara parábola del “soporte” del Estado mediante créditos (que terminan siendo una deuda para el jubilado) mientras que se anuncian severos recortes en asignaciones familiares, que afectan a 400 mil chicos en todo el país.
El escándalo de los cuadernos estalló en el momento justo. El mismo día, Javier Iguacel anunciaba un nuevo tarifazo de la energía -Misiones deberá pagar 44 por ciento más por la electricidad que compra a Nación- y nuevos aumentos en el combustible. El mismo día se conocía que la deuda externa aumentó 90 mil millones desde que asumió Macri y alcanzó los 345 mil millones de dólares, cerca del 70 por ciento del PBI. La recesión, la devaluación y los préstamos del FMI equiparan el ratio de la deuda 2006, luego del canje de bonos en default.
La recesión, la devaluación y los préstamos del FMI también marcan el ritmo de la gestión.
La industria cayó 8,1 por ciento -12 por ciento la yerba y el té, 9,7 por ciento el tabaco y 1,2 el papel y cartón-. De los 12 bloques productivos relevados por el Indec, 11 cayeron. La construcción cortó una racha de quince meses en repunte y se contrajo 0,1 por ciento y se espera que sea peor por la parálisis de la inversión en obra pública y la disparada de los valores inmobiliarios por la inflación.
Como síntoma del momento, la recaudación también cayó en julio cinco por ciento en términos reales, ya que creció 23,8, contra una inflación anualizada de 29,5 por ciento. Esa caída se sentirá en la coparticipación que reciben las provincias, el caballito de Troya con el que el Gobierno pretendía imponer el ajuste en el interior. El “aumento” de la coparticipación era el principal argumento de los legisladores de Cambiemos para justificar los recortes en Misiones. Pero está claro que a menores recursos, se hará más fuerte el ajuste, círculo vicioso y harto conocido.
Ahí radica una de las principales resistencias de las provincias al recorte que planea la Nación.
Misiones tiene datos que demuestran que hizo las cosas bien en los últimos quince en años en materia financiera y económica. No hay argumentos para que pague por pecadora. El stock de deuda sobre los ingresos alcanzaba al 302 por ciento en 2002. Hoy es apenas del 13,8. Si se mide por la ley de Responsabilidad Fiscal, Misiones es la segunda que mejor perfomance tiene de acuerdo a la ejecución presupuestaria 2017: apenas 0,9 por ciento, cuando hay provincias como Salta, que alcanzan al 20 por ciento o Buenos Aires, que roza el 10.
La solidez de la economía misionera y el rol del Estado contrastan con la posición de la Nación. En Misiones el Estado prioriza la Educación y la contención social, interviene en la economía para regular, pero también para estimular. El programa Ahora Misiones generó ventas financiadas con tasa cero por 757 millones de pesos, con picos de consumo en varios meses de este año, mientras que el Banco de Crédito de Misiones acaba de entregar su préstamo productivo número 500. La multitudinaria nueva edición del Black Friday, este fin de semana, es otra muestra de la sinergia con el sector privado. No ocurre en otros lados.

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Debates a la fuerza

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Antes de que se agote la encendida discusión nacional sobre la despenalización del aborto, con los medievales consejos del médico Abel Albino incluidos, el presidente Mauricio Macri hizo otro aporte a la grieta: firmó el decreto autorizando a las fuerzas armadas a volver a operar sobre la seguridad interna.
Con argumentos poco claros, más allá de la mención vaga a lucha contra “nuevos enemigos” como el narcotráfico o el ciberterrorismo, Macri revivió un tema que trae a la memoria los años más oscuros del país. La nostalgia de la mano dura alimenta la grieta que tan buenos dividendos le dio a Cambiemos. Plantea la idea de que quien no apoya su iniciativa, está a favor de. A favor de puede ser del narcotráfico, de las mafias, o de Cristina. Igual suma y refuerza la identidad de quien está a favor, mayoritariamente votante de la alianza gobernante, según muestran las primeras encuestas.
En 1975, la última vez que un presidente constitucional firmaba un decreto similar, se abría la puerta a la “aniquilación” de la subversión, paso previo a la más feroz de las dictaduras en la Argentina. Ahora siquiera hay un enemigo identificado y tampoco una estrategia definida sobre qué harán las fuerzas armadas. Lo único que parece determinar la decisión es la mano dura que obnubila a las derechas del continente.
Colombia, México o el cercano Brasil con su paradisíaco Río de Janeiro son ejemplos claros del fracaso de la militarización en la lucha contra las drogas. Tampoco son iguales las condiciones. En esos países el flagelo de la droga generó estados paralelos, ejércitos narcos y millones de dólares sucios. En Argentina ni siquiera en estado incipiente hay similitudes. En cualquier caso, el problema principal está fronteras afuera.
El soldado, cuando dispara, lo hace a matar. Esa es su formación. ¿Qué hará en las fronteras? ¿Tirar a matar a las mulas que cargan los fardos de marihuana? ¿Establecer una pena de muerte exprés?
El dueño del negocio no se expone a un encuentro de ese tipo. Y ahí radica el fracaso de las guerras abiertas en Colombia, México o Brasil. Millones de dólares dilapidados en perseguir y matar, mientras la droga sigue fluyendo.
En México, una de las consecuencias de militarizar las calles fue una ola de violencia inusitada, con más de 150.000 muertos, 27.000 desaparecidos y 35.000 desplazados, carteles más fuertes y militares seducidos por jugosos sobornos. La batalla sigue y encuentra adeptos cada día: México es según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el segundo país con más disparidad económica entre ricos y pobres. Todavía no hay certezas sobre el rumbo que tomará el combate a las drogas con Andrés Manuel López Obrador, quien antes de ganar las elecciones propuso una “amnistía”.   
Las consecuencias de la guerra abierta del plan Colombia, con una inyección de dólares y armas de Estados Unidos, todavía son inconmensurables, pero se asemejan a la palabra fiasco. Miles de millones de dólares, recursos y soldados dilapidados en una escalada de violencia que lo único que hizo fue tecnificar la producción de cocaína.
La paradoja es que el tío Sam es el principal consumidor de la exportación colombiana. El novelizado Pablo Escobar fue apenas el precursor de un negocio que se globalizó.
En Brasil la guerra militar de Michel Temer contra el narcotráfico en las favelas despertó las aspiraciones primarias de un generalato nostálgico de la mano dura. Tanto que aspiran a recuperar un rol protagónico en la política, por las urnas o por la fuerza. “Estamos en un momento crítico, al filo de la navaja”, dijo Antonio Mourão, general retirado de cuatro estrellas que el año pasado, cuando aún estaba de servicio, sugirió que sería necesaria una intervención militar para purgar a la clase política.
Mourão, el general retirado, y otros oficiales jubilados han respaldado con entusiasmo la postulación presidencial del senador de ultraderecha Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha hecho propuestas polémicas para la restauración del orden, como darle a la policía más campo de maniobra para matar a presuntos criminales.
En Argentina y menos en sus fronteras, se encuentran paralelismos con las condiciones previas que desencadenaron esas fallidas batallas. No es con militares entrando a la fuerza a las villas que se terminará el narcotráfico. La idea, nada original, se hizo spot de campaña de Fernando De la Rúa, el fugaz presidente radical que huyó dejando un tendal de muertos en plaza de Mayo. Fue refrescada por Sergio Massa, cuando aspiraba a ser Presidente para que las Fuerzas Armadas puedan “atacar y bloquear las fronteras” y “entrar a los barrios más humildes” donde “los narcos infectan a nuestros jóvenes”. ¿Resiste análisis la propuesta de desatar una guerra inmediata con países vecinos? ¿Resiste análisis no advertir que el consumo de droga también se da en los barrios ricos?
La estigmatización es permanente, pero ni en la Triple Frontera, donde conviven decenas de agentes orgánicos e inorgánicos de diversas agencias de seguridad internacionales, se generó en los últimos años alguna prueba concluyente de que sea zona liberada para algo más que un gran mercado de baratijas tax free.
En cualquier caso, un ataque con morteros y armas largas no parece ser la mejor herramienta para tan compleja trama. La seguridad más efectiva viene de la mano de la inteligencia y no de la fuerza.  En Misiones se puso en marcha una intervención mucho más fuerte de la Policía en el combate al narcotráfico y en menos de tres años ya se decomisó marihuana por el equivalente a 900 millones de pesos y 37 toneladas de marihuana. Sin estridencias, los resultados están a la vista. 
En rigor, tampoco hay demasiadas precisiones sobre qué harán las fuerzas armadas con el permiso del Presidente. Los uniformados no parecen estar cómodos con la idea de salir a la calle a cazar ladrones de gallinas. No están preparados para ello ni cuentan con los elementos necesarios. Tampoco aprecian convertirse en protagonistas de una puja de la que no quieren ser parte en momentos en que la sociedad recién deja atrás los malos recuerdos de los años de plomo.
La última encuesta de la consultora D’Alessio Ariol, arroja que el 50 por ciento cree que la reconversión de las Fuerzas Armadas servirá para mejorar la seguridad. Ocho de cada diez votantes de Cambiemos confían en el éxito, pero solo dos del Frente para la Victoria comparten esa mirada.
La grieta es menor cuando se analiza la política económica del Gobierno. Allí la mayoría reconoce que está peor que hace algunos años y que el ajuste les empeoró las condiciones de vida.
La imagen negativa de Macri asciende a 67,8 por ciento y el 58,3 desaprueba su gestión, según un estudio del Grupo de Opinión Pública.
La imagen negativa del Presidente creció al 59,7 por ciento, según Ricardo Rouvier, para quien la gestión tiene una calificación negativa del 62,8 de sus encuestados. El consultor advierte que creció el voto a Cristina Fernández.
 

La discusión sobre la despenalización del aborto y las fuerzas armadas en la calle, cobra otra dimensión mirada a la luz de las encuestas. Parece necesario evitar poner el foco en la economía. Y no es solo el éxito de las medidas, sino la permanente vocación por el ajuste siempre, siempre, sobre los que menos tienen.
Es esclarecedor que el Presidente les haya garantizado a los patrones de la soja que no iba a volver a subir -siquiera a congelar la baja- las retenciones agrarias, pero pocas horas después el Gobierno anuncie un severo plan de ajuste sobre las asignaciones familiares. Ahora no habrá plus por zona desfavorable y se puso como tope máximo para cobrar asignaciones familiares un ingreso familiar de 83.917 pesos. La pareja tampoco podrá cobrar las asignaciones si uno de los dos miembros percibe más de 41.959 pesos. Es decir, bajan las retenciones al campo, pero se las suben a cada una de las familias argentinas. La decisión generó un amplio descontento y hasta algunos radicales la criticaron, como Ricardo Alfonsín.
Es cada vez más visible la distancia entre los macristas y los radicales dentro de Cambiemos. El joven Pepe Pianesi no dudó en mostrarse sonriente con el ascendente Federico Villagra, el economista crítico de las decisiones del Gobierno nacional. Ambos quieren “más protagonismo” dentro de la alianza y temen quedar fuera del reparto de candidaturas para 2019. Es que se menciona algunos de la vieja guardia para las principales postulaciones, como Germán Bordón o Mario Pegoraro en la UCR y hasta algunos viejos peronistas ligados a Ramón Puerta. La idea de Villagra y Pianesi es fortalecer la línea de radicales nacidos en democracia. Esa línea generacional no se anima a respaldar las medidas de ajuste impuestas por sus socios y por lo bajo cuestionan a la cúpula que banca banderas de las que el radicalismo abjuró, como la injerencia militar en la seguridad interior. Del otro lado, se lo vio a Luis Pastori, defensor a ultranza de las medidas de ajuste, justificar la política de mano dura para hacer un “uso racional y práctico para las Fuerzas Armadas”.
 
Misiones se muestra como el contraste a la política de ajuste social que aplica Macri. El Presupuesto 2019, aún con la austeridad de los tiempos, invierte el 60 por ciento de los recursos en las áreas sociales: la Educación sigue siendo la prioridad de la gestión renovadora, complementada con la mejora en la salud y el desarrollo social integral.
En política y economía, las decisiones recién pueden valorarse a mediano plazo. Las buenas y las malas. Alcanzar un buen resultado en educación o en salud es la consecuencia de medidas tomadas hace diez o más años. Son procesos.
A la inversa, es lo mismo. En cinco años se podrán apreciar las consecuencias de los ajustes de este año. La Nación anuncia tijera masiva para todo lo que no sea cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Eso implica incluso la desaparición del Fondo Nacional de Viviendas. Es decir, quien no tiene un hogar, no podrá esperar ayuda del Gobierno nacional que había prometido un millón de viviendas en cuatro años. En última instancia, quedará en los malabarismos que puedan hacer los gobernadores para arreglarse con menos recursos. Lo mismo pasa con el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio, ya les anticiparon a los gobernadores que puede haber un recorte equivalente al cinco por ciento de la coparticipación que reciben las provincias para alcanzar la reducción del déficit que impone el FMI.
Los ministros se regodean con números que “demuestran” la generosidad de la Nación para con las provincias en los últimos años. Los datos, que son repartidos a los periodistas por los diputados de la alianza gobernante para justificar los ajustes, señalan que en junio, las provincias recibieron 108.221 millones de pesos, 51,7 por ciento más que el mismo mes del año pasado.
Pero hilando fino se advierte que no es tanta la abundancia. Entre enero y junio de este año, la coparticipación creció 46,2 por ciento, pero solo 15,6 por ciento si se le descuenta la inflación acumulada, con el agravante de que, por la devaluación, el peso vale casi 50 por ciento menos que en los primeros días de 2018. Lo mismo sucede con Misiones, con un aumento del 15,6 por ciento de coparticipación, pero con una caída del 60 por ciento en las transferencias de capital, fondos para viviendas, obras viales, programas de salud y hasta el programa El Hambre es Más Urgente, adeudado desde febrero.
La coparticipación, por cierto, es variable, ya que depende de la recaudación y, más allá del efecto inflacionario, es probable que tienda a bajar si se extiende la recesión como pronostica el bueno del FMI.
Es decir, el Gobierno nacional generó condiciones económicas adversas y ahora el peso recaerá sobre los gobernadores, que tendrán que atajar los desbordes que se pudieran generar. El Pacto Fiscal, sellado hace pocos meses, es una muestra del fracaso de las proyecciones nacionales: una de las garantías de que las provincias no iban a perder recursos se daba con la promesa de un crecimiento económico del 3 por ciento. El propio FMI dice que este año no habrá crecimiento y que, con suerte, se recuperará paulatinamente entre 2018 y 2019. Mientras tanto, las provincias ya tienen menos recursos y la enorme transferencia de recursos hacia el sector privado más concentrado, no se tradujo en grandes inversiones ni en más empleo.
De hecho, en Misiones ya se paró una inversión por la escalada del dólar y crece el descontento oficial con el sector forestal, que no generó ni una sola nueva inversión pese a que cuentan con todos los beneficios.
Sin embargo, Misiones es una de las pocas provincias donde el empleo no sufrió en demasía. En mayo, según los datos oficiales, se destruyeron 27 mil puestos de trabajo en todo el país. Aquí, aunque se está lejos del pico de 16 mil puestos, se crearon 1.278 empleos y se llegó a los 111 mil.  
 
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La tormenta perfecta

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Hay una Argentina que, más allá de esta tormenta, se sigue moviendo, sigue siendo vital y no hay que creer que esta tormenta va a llevarnos a una crisis parecida a una que hayamos tenido en el pasado”. El presidente Mauricio Macri apeló en media hora diez veces a la “tormenta” para evitar la palabra “crisis”, que agobia a la economía Argentina.
Pero en la conferencia de prensa que convocó a mitad de la semana, no se mostró como un piloto avezado, sino como un espectador de una escena, de la que no se siente protagonista. Es algo que está pasando, pero en lo que no tiene responsabilidad.
Del “pasaron cosas” a una “tormenta”. Una tormenta es un fenómeno meteorológico cuyos efectos ni duración se pueden controlar. Pero la economía no es un fenómeno meteorológico. Es una ciencia que, no exacta, permite avizorar con tiempo qué puede suceder de acuerdo a las decisiones que se van tomando o dejando de tomar en el camino.
Cualquier economista más o menos serio advertía que una eventual suba de tasas de Estados Unidos podría complicar la estrategia de financiamiento vía deuda que tiene la Argentina por el aumento de los costos y la fuga de dólares hacia el país gobernado por Trump. Sucedió y se convirtió en “tormenta”.
La corrida cambiaria se convirtió en una tormenta que expulsó varios miles de millones de dólares, pero nadie atinó a abrir el paraguas hasta que el agua ya estaba al cuello.
Cualquier economista más o menos serio advertía que la inflación estaba lejos de ser controlada, pero cerró junio con 3,7 por ciento y anualizada ya superó el 29 por ciento. La suba de precios se convirtió en una tormenta, que abre las puertas para que el Fondo Monetario Internacional comience a imponer reglas en la economía argentina. Christine Lagarde o sus gerentes, serán nuevamente visitantes asiduos al país para comenzar a “monitorear” las variables de la política económica.
Macri volvió a hacer un relato de su propio gobierno al que le queda poco más de año y medio de mandato. “El objetivo es claramente bajar la inflación, y el plan que hemos presentado y que es parte del acuerdo con el Fondo va a en esa dirección: el año que viene va a bajar más de 10 puntos, y esperamos en el siguiente año ya estar cerca de la inflación de un dígito que es lo que todos queremos, y que es lo que tienen todos los países normales”. Se hizo largo el segundo semestre, tan largo que la expectativa del Presidente es terminar con una inflación en los mismos elevados valores que estaban cuando asumió.
Volvió a apelar al compromiso de “todos” para bajar el deficit fiscal y cuestionó a un Estado que “gasta más de lo que ingresa”. Pero los datos vuelven a demostrar que las promesas van a contramano de la realidad.  El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), think thank que aportó numerosos funcionarios al Gobierno nacional y de Buenos Aires, emitió un lapidario informe en el que revela que desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, aumentó el tamaño de la estructura del Ejecutivo al tiempo que se multiplicaron los nombramientos discrecionales de funcionarios.
Además del andamiaje formal dentro de la estructura estatal, también aumentaron los cargos extraescalafonarios, es decir, aquellos que son nombrados directamente por el Poder Ejecutivo Nacional pero que se encuentran excluidos del Sistema Nacional de Empleo Público. Estos cargos tienen un grado de jerarquía equivalente a niveles de secretarías, subsecretarías y coordinaciones, y son instrumentos para designar personal político fuera de la estructura formal, explica el informe.
Entre 2015 y 2017, se crearon 1.111 cargos políticos y solo 62 fueron en la estructura formal. Así, se crearon 1.049 cargos extraescalafonarios en toda la Administración Pública Nacional lo que significó un crecimiento porcentual del 50%. La Jefatura de Gabinete de Ministros explicó el 31% del aumento, la Presidencia el 22% y el ministerio de Modernización que explicó el 11% del total de los cargos extraescalafonarios creados. Esa ampliación de los cargos políticos contradice la ola de despidos de los trabajadores subalternos.
 “Que a la crisis la vistan de tormenta, no le quita su esencia, sigue siendo una crisis”, definió el politólogo Mario Riorda después de escuchar al Presidente. “Macri habló como candidato a Presidente. Pura voluntad y esperanza. Un presidente aspiracional con un discurso esperanzador, coloquial y simple. Fue una colección de promesas. Si su problema es gestionar las expectativas, esta conferencia no ayuda en nada”, analizó.  
La situación por la que pasa la Argentina dista demasiado de obedecer al clima. Las mismas causas deberían haber arrastrado a economías parecidas, pero el efecto no fue el mismo. Argentina es por lejos el país que más devaluó en el mundo y es, por lejos, el país que más deuda emitió en corto plazo. La recesión amenaza con estirar la tormenta hasta los primeros meses del año que viene.
Las encuestas comienzan a mostrar que el descontento se extiende más allá de las huestes opositoras. Ya no es el kirchnerismo ni la herencia, sino la escasez de resultados positivos en los últimos años. La reelección asegurada hasta hace unos meses, es puesta en duda hoy, aunque el Presidente insista en que “seguirá hasta que ustedes quieran”.
La “tormenta” también azota a la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal aparece salpicada por un escándalo mayúsculo, que surgió de una investigación periodística que reveló una enorme cantidad de aportantes truchos a la campaña de Cambiemos.
El PRO tomaba identidades y los anotaba como aportantes propios para justificar millones de pesos en la campaña. Incluso hay funcionarios y dirigentes de Cambiemos que niegan haber puesto plata de su bolsillo para la campaña. Más allá de la gravedad del robo de identidades, es tan o más relevante conocer el origen del dinero negro. 
La Gobernadora obvió los alcances del escándalo hasta que aparecieron en los grandes diarios. Ahí echó a la contadora general bonaerense, María Fernanda Iza que había sido designada cinco días antes. Es decir, asumió en medio de la escalada de datos que la involucraban directamente. La Gobernadora amagó con enterarse recién con los diarios, pero la funcionaria desplazada era la contadora del partido que ella preside en Buenos Aires. Demasiado cerca. Echar la culpa al contador no es siquiera una estrategia inesperada. Lo mismo hizo hace poco Mariano Rajoy antes de ser obligado a dimitir en España por el escándalo de las cajas paralelas.
En medio del escándalo, Macri prometió una ley para bancarizar los aportes.
Fue tan escasa la condena del Presidente y de la propia Vidal que hasta los medios amigos hicieron notar su descontento. “Macri no dijo la verdad. Caramba señor Presidente, esto merece su condena. Porque usted lo hubiera hecho con otros partidos. Esto pone en duda su palabra de transparencia”, adoctrinó el doctor Nélson Castro desde la pantalla de Todo Noticias.
Cuando se entere el veterano columnista que la campaña de Cambiemos en 2017 se financió con 88 por ciento de aportes en efectivo, quizás monte en cólera.
“Que Cambiemos (desde la voz de su presidente) no condene la opacidad de la causa de los aportantes en Buenos Aires, es como mínimo el pase de Cambiemos a la categoría de partidos clásicos. Uno más del montón”, agrega Riorda con su habitual lucidez.
El escándalo de los aportes puede extenderse en varias provincias y sacude los cimientos de la alianza gobernante. En su breve paso por Misiones, Ricardo Alfonsín dejó trazos del discurso de su padre en contra de las políticas neoliberales que aplica el Gobierno. Aunque no saca los pies del plato, cada vez son más voces las que se animan a cuestionar la conducción política de Cambiemos, tanto en el ámbito nacional como en el provincial, donde reina el silencio sobre las medidas de ajuste que impactan en Misiones.
El hijo del ex presidente vino a Posadas en homenaje al senador Mario Losada, cuyo nombre distinguirá a una plaza de la Costanera. Allí se reunió con el economista Federico Villagra, uno de los que se animó a romper con la estructura vertical y analiza armar un nuevo espacio con los desencantados.
En el radicalismo causó cierto alivio la frustrada visita de Lilita Carrió a Posadas, porque se temía que la blonda reitere su diatriba contra los dirigentes de la UCR que prefieren quedarse al cobijo de los cargos.

Mientras el temporal sacude los cimientos de Cambiemos, el Gobierno sigue su curso. El debate está centrado en el monto del ajuste necesario para cumplir con las metas impuestas en la letra chica del préstamo del FMI.
En los primeros escarceos, el superministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el de Interior, Rogelio Frigerio, mostraron una mayor predisposición a que sea la Nación la que asuma la mayor parte de los recortes, estimada en 200 mil millones de pesos, mientras que las provincias deberían absorber otros cien mil millones, especialmente en transferencias no automáticas y obra pública.
En ese escenario, Misiones debería ceder poco más de tres mil millones de pesos en 2019, de acuerdo al índice de coparticipación. Después de escuchar los planteos de los ministros de Macri, Misiones volvió a insistir con la necesidad de medidas que compensen las asimetrías y el ajuste encubierto a través de las subas incesantes de la única fuente de energía que tiene la provincia. El combustible Premium ya roza los 40 pesos y la nafta común se acerca a esa marca. Por eso, los funcionarios provinciales remarcaron que Misiones debe volver a contar con el ITC diferenciado hasta que haya otra fuente energética que compense costos de logística y distancia.
Es que Misiones ya viene soportando con hidalguía el retroceso en los fondos que no se detiene. La Nación evalúa ponerle fin al Fondo Nacional de Incentivo Docente y liquidar el Fondo de la Soja, que sostiene la infraestructura de los municipios.
“Ya no vamos a discutir aumentos, sino sostener lo que tenemos”, alertó la secretaria general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, Stella Maris Leverberg.
Es que por más esfuerzo que haga Misiones, si se confirma que la Nación deja de financiar el Incentivo, la Provincia debería hacerse cargo de 60 millones extra por mes solo para sostener el nivel de salario actual. Ni hablar de paritarias hacia arriba.
Y eso que la Educación es la prioridad del Gobierno misionero. Nuevamente, como en los últimos años, es el área que se lleva el 30 por ciento de los recursos proyectados para 2019.
Con una anticipación inusual, pero que responde a la previsibilidad en el manejo de las cuentas en Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua giró el proyecto de Presupuesto a la Legislatura.
Las áreas sociales en su conjunto contendrán el récord de 60 por ciento de la inversión del Estado, mientras que la obra pública se llevará otro 20 por ciento.
Nuevamente es Misiones la provincia que hace punta en el tratamiento de su presupuesto, aún sin contar con la proyección de los recursos federales. Pero está a tono con las metas de ajuste fiscal, con un crecimiento del gasto estimado en 16 por ciento, lo que marca un tácito ajuste por inflación. En total, se proyecta un presupuesto de 67.225.502.000 pesos.
“Sosteniendo nuestra concepción misionerista, tenemos un Estado provincial fuerte, responsable, organizado y con las cuentas equilibradas; y ello es así porque en lo fiscal seguimos el mandato de nuestro espacio político, como lo venimos haciendo desde 2003”, argumenta Passalacqua.
La Renovación, con la bandera del misionerismo, a diferencia de los percances de la alianza nacional, goza de buena salud. Una encuesta de Analía del Franco señala que Passalacqua presenta hoy un nivel de aprobación de gestión de 78 por ciento, con un promedio de evaluación positiva del 73%.
El alto nivel de aprobación del gobernador y su gobierno es pareja en todas las localidades de la provincia. En Posadas es de 71% positivo y en interior 75%. El apoyo de los Posadeños es altmente significativo dado que es una ciudad donde hace menos de un año en las elecciones legislativas ganó la oposición.

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Pasar el invierno

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Hay que pasar el invierno. La frase quedó eternizada como sinónimo de ajuste y políticas en contra de los trabajadores. La pronunció Alvaro Alsogaray, recién ungido ministro de Economía de Arturo Frondizi para poner en marcha un feroz plan de ajuste en medio de una escalada inflacionaria y las primeras privatizaciones. El discurso de Alsogaray del 28 de junio de 1959, tiene enorme “actualidad”: “Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. […]. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace ya más de diez años. […]. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el invierno”.
El “Plan de Estabilidad y Desarrollo” hizo que el salario real cayese 24 por ciento en 1959, hubo miles de despidos en el Estado y se puso en marcha un plan de flexibilización laboral que se profundizó años después y que sobrevuela el presente.
A lo lejos, en tiempo y distancia, la frase del economista radical liberal cobra otro significado en Misiones, donde el Estado, lejos de batirse en retirada, asume protagonismo para pasar el invierno, entendido como estación del año y de la economía.
Ante el frenesí de los aumentos de precios, la corrida financiera y el Gobierno nacional cada vez más volcado al ajuste para cumplir con su programa y las pautas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional, Misiones toma pequeñas medidas de aliento a la economía y de protección al bolsillo. Primero fueron subsidios a la energía de industrias y comercios, después un creativo programa de financiación de compras bautizado Ahora Misiones, que parió al tiempo el Ahora Papá, el Ahora Pan y esta semana el Ahora Gas.
El Ahora Misiones fue una eficaz herramienta para sostener el consumo dentro de la provincia, agobiada por una sangría permanente de recursos hacia Paraguay y Brasil en busca de precios más bajos. El Ahora Pan congeló durante 90 días el precio del francés, emblema del consumo en la mesa familiar que estaba sintiendo los efectos de una inflación que doblegó todas las proyecciones oficiales, incluso las recalibradas por el mejor equipo. El Ahora Gas va en el mismo camino: cuidar el bolsillo de cientos de familias con el mango justo para parar la olla.

El gobernador Hugo Passalacqua intuye que sin una mano del Estado, la situación de cientos de familias misioneras sería muy compleja, pese a que Misiones es de las pocas provincias que todavía soportan el embate de la crisis, con una economía privada que se mantiene a flote, bajo desempleo y con finanzas en orden. Las fronteras, especialmente Paraguay, más allá de las quejas de los comerciantes por las asimetrías, funcionan como una válvula de escape para hacer rendir un poder adquisitivo deprimido.
En el Gobierno provincial advierten que “si no se revierte la tendencia económica nacional tendremos que profundizar medidas como el Ahora Misiones”, aunque si el tipo de cambio real se sigue manteniendo alto habrá un microclima económico favorable.
La preocupación por el estado de la economía recorre todos los estamentos. El Gobierno lo expresa en sus acciones, los empresarios marcan cada vez más distancia con el cambio que les había seducido.

En la Legislatura también comienza a alzarse la voz para advertir que los problemas se están profundizando. El jueves, el presidente del bloque Renovador, Marcelo Rodríguez, presentó una iniciativa que pretende instruir a los legisladores nacionales a que generen herramientas para el financiamiento de las pymes de todo el país, pero especialmente de Misiones.

El texto fue en realidad una excusa. El mensaje, estructurado con el conductor de la Renovación, Carlos Rovira, estaba en la argumentación. Rodríguez utiliza la palabra “estanflación”, para referirse al momento económico: “Un fenómeno que se caracteriza por un elevado índice de inflación (la inflación semestral del 15% ya ha consumado la meta anual), recesión y estancamiento o enfriamiento de la economía, y pérdida del poder adquisitivo de la moneda que se traduce en una pérdida en el poder de compra de la gente”.
“A esto debemos sumarle una devaluación de nuestra moneda en el primer semestre superior al 40%, una caída del consumo masivo y de las ventas en el mismo periodo (caída de la venta minorista que en junio fue del 4,2 % interanual); gravitando en torno a incrementos permanentes en el precio de los combustibles y en el costo de las  tarifas de los Servicios Públicos”, explicó el legislador.
La preocupación de Rodríguez no es exagerada. “Todo indica que el presente año se caracterizará por un proceso de estanflación; esto es: la combinación de estancamiento con inflación”, señala el último reporte del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, titulado “El regreso de la estanflación”. Sería el tercer episodio del Gobierno de Macri.
“Las Pymes necesitamos pasar URGENTE, del reconocimiento que tenemos en la economía nacional  a disponer de herramientas laborales, financieras e impositivas que nos permitan seguir sosteniendo empleo formal. Es importante y necesario para las Pymes, bajar el “costo laboral”, no el salarial, necesitamos consumo para retroalimentar la actividad”, advirtió el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el misionero Gerardo Díaz Beltrán. El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, recordó que la provincia está reclamando medidas especiales para recuperar competitividad más allá de los vaivenes de las asimetrías.
Lejos de atender la demanda de los empresarios que generan trabajo, el Banco Central mantiene una política que solo encuentra ganadores en la especulación financiera. Ahora es Luis Caputo en lugar de Federico Sturzenegger, pero la tasa de interés se mantiene por encima del 40 por ciento. Es la más alta del mundo.
“El BCRA mantendrá el actual sesgo contractivo de la política monetaria hasta que la trayectoria de la inflación, así como la inflación esperada, se alineen con la meta de diciembre 2019”, dijo el banco en el comunicado que acompañaba la decisión. Pero la inflación, lejos de disminuir volverá a estar por encima del 30 por ciento annual, como consecuencia de la devaluación.
La complejidad del momento económico preocupa a otros gobernadores, pero no todos cuentan con recursos y una relación aceitada con los actores económicos como para poner en marcha medidas similares.
La situación económica es muy mala”, admitió el jujeño Gerardo Morales, apenas unas horas después de cenar con el presidente Mauricio Macrio. El radical es uno de los ultraoficialistas de Cambiemos, pero advirtió que “los dos o tres meses que vienen serán difíciles y el desafío central del Gobierno nacional, me parece, es que los que tenemos responsabilidades en las provincias evitemos que caiga la economía”.
¿Fuego amigo? No fue el único. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el intendente porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidieron en reconocer la “difícil situación económica”. Ambos son puntales de la alianza gobernante, pero actúan como si fueran espectadores.
La misma actitud tienen los referentes de Cambiemos en Misiones. La crisis es algo que está pasando allá a lo lejos, de la que no se sienten responsables ni obligados a dar cuentas, pese a que sus vaticinios y promesas hasta ahora no se han cumplido, como el famoso artículo 10 de la ley Pymes. Ya sin timbreos, las reuniones políticas son escasas, porque es difícil explicar que estamos mal pero vamos bien. Las redes sociales son casi el único refugio.  
Cuanta será la preocupación que el propio Macri reconoció “temas de la propia gestión” como disparadores de la crisis que tiene en vilo a la sociedad. Sin embargo, el Presidente ratificó que el remedio será profundizar el modelo. Cómo hará el mismo modelo para mutar es una incógnita.
Como en aquel invierno de Alsogaray, la receta es más ajuste y volver a privatizar los activos del país. Eso es lo que aparece en la letra chica del acuerdo firmado con el FMI, que se conoce recién ahora. Las exigencias serán extenuantes. Profundizar la baja de subsidios a la energía y el transporte, reducir salarios en el Estado y las transferencias a las provincias, demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones establecidas en la reforma tributaria (la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias), bajar 15 por ciento el gasto público en bienes y servicios, durante el año que viene, son los principales puntos del acuerdo. Se estima un ajuste de 300 mil millones para el 2019 y que la mitad de ese recorte sea absorbido por las provincias.
También se sugiere “recortar empleados no prioritarios” en 2018 y congelar las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, excluyendo a las universidades, además de limitar la suba nominal de los salarios del sector público (incluyendo pagos no remunerativos) al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019.
En cuanto al Presupuesto 2019, que comienza a delinearse, se pretende “reducir las transferencias a las provincias un 1,2% del PBI en 2019, y asegurar que esa reducción se complete con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios”. De esta manera, se impulsa que la reducción del déficit fiscal se refuerce a nivel provincial.
Y, por último, una medida intrínseca del modelo: privatizar. El Fondo sugiere “vender tierras e inmuebles públicos y amortizar los activos en fondos de pensión (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES) para financiar parcialmente el gasto público en antiguos litigios judiciales por jubilaciones”.
Esta parte del acuerdo se elaboró luego de que concluyeran las negociaciones  del auxilio por US$50.000 millones, que pidió la Argentina. Si estas cláusulas se hubieran conocido antes, quizás no hubiese sido tan sencillo para el Gobierno argumentar sobre las bondades del acuerdo que, impone condiciones gravosas para millones de argentinos, que son, en definitiva, quienes pagan las consecuencias, con intereses.
Lo que va a quedar ahora va a ser un país peor que el que dejó Menem“, definió, con crudeza, la pensadora Beatriz Sarlo, hasta hace no demasiado tiempo una entusiasta  del cambio.
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