Juan Carlos Argüello

Periodista, director de Economis

El que apuesta al dólar…

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“El que apuesta al dólar pierde“. La frase que repitió en 2002 Eduardo Duhalde cuando la Convertibilidad había estallado por la crisis, es, en realidad, original de Lorenzo Sigaut, ministro de Economía del gobierno de facto de Roberto Eduardo Viola. No apostó bien. Sucedió lo contrario: la gente que desobedeció el consejo salió beneficiada. El gobierno militar no logró controlar el mercado y, hacia fines de 1981, sólo unos meses después de las palabras de Sigaut, el dólar había aumentado el 130%.
El dólar ha sido y es, un seductor imán para un argentino acostumbrado a desconfiar de su moneda local, empujado por gobiernos que no logran generar entusiasmo.
La tormenta perfecta de esta semana en la Argentina vuelve a demostrar que domesticar el dólar parece sencillo cuando se está lejos del poder, pero un problema político que puede hacer trastabillar al más mentado cuando se está en el Gobierno.
El mejor equipo no logra transmitir confianza y el dólar trepó a los 23 pesos en un jueves caótico en el que fracasaron todas las iniciativas oficiales. La desconfianza recorre la médula espinal de buena parte de los votantes del cambio, los mismos que alguna vez sufrieron por un corralito y empuñaron las cacerolas. Pero, para mayor angustia del Gobierno, también comienzan a mirar con desconfianza los “inversores”, esos que todavía no trajeron la lluvia prometida.
La revista Forbes, que hace unos pocos meses encumbró en su portada a Marco Peña como el CEO del año –no hay ironía en que no se distinga que se trata del Jefe de Gabinete-, ahora recomienda “salir rápido de la Argentina”.
“Es hora de salir de Argentina y salir corriendo. El carry trade es lo que mantuvo al país a flote. Es entonces cuando los inversores de países con bajos intereses obtienen préstamos en sus países para adquirir deuda de otras naciones, que rinde mayor interés. Ese comercio, en la Argentina, es aún menos atractivo, porque -sin importar qué- los inversores en bonos todavía quieren ver un crecimiento y Argentina lucha por lograrlo. La economía ha sido una montaña rusa. 10% en 2009. 2% abajo. 2% arriba.2% abajo. 2% arriba. Así es la imagen”, reza uno de los párrafos más duros del artículo firmado por Kenneth Rapoza.
The Economist, revista británica de negocios, también hizo foco en la “crisis del gradualismo argentino” y cuestionó las medidas del Gobierno que “perjudican las perspectivas de crecimiento y de Macri”.  
El peso argentino fue la moneda más devaluada del año. Justo en el Gobierno que se burlaba del anterior por “no poder contener” la suba del dólar. A Axel Kicillof se le achacaba haber dejado subir el dólar 56,3 por ciento en sus dos años de gestión. En el mismo período, desde que asumió Macri, el dólar es 127,34 por ciento más caro, o 59,14 por ciento, medido desde la salida del cepo.
No sorprende entonces que en medio de la tormenta, Nico y Toto –los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Finanzas, Luis Caputo-, dieran explicaciones que en ningún momento estuvieron dirigidas al ciudadano preocupado por el impacto de la devaluación en su bolsillo, sino a los mercados financieros que quieren garantías de que van a cobrar las jugosas ganancias prometidas. La falta de un liderazgo político se hace evidente en las respuestas de manual ortodoxo de ambos ministros. El ala política está desdibujada. La renuncia anticipada de Emilio Monzó a continuar como enlace en Diputados, así como el desconcierto del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al intentar explicar que el ajuste no pasará por las obras de su cartera, son dos muestras de la preponderancia de los CEO.
La receta para calmar las aguas no es desconocida. Subir las tasas de referencia para bonos en pesos y hacer más ajuste.
No podría esperarse un remedio distinto de un Gobierno que se inició con eliminación de retenciones e impuestos para los sectores más poderosos y quita de subsidios que beneficiaban a los de menores recursos.
La tasa del Banco Central subió a 40 puntos, típica primera herramienta para frenar la estampida. Nico anunció un ajuste de 30 mil millones de pesos –la mitad de lo presupuestado para el año- para achicar el pánico déficit.
Esas medidas tienen su costo. Elevar la tasa de interés puede desincentivar la compra de dólares, pero al mismo tiempo alimenta la bicicleta financiera y frustra inversiones en el mundo real. ¿Quién garantiza una ganancia tan alta sin hacer nada?
El recorte también genera un problema político para Mauricio Macri, que sostiene buena parte de su gobernabilidad en la buena relación con los gobernadores provinciales. Menos obra pública significa menos dinamismo en la economía y paralización de rutas y caminos. Varios ya hicieron notar su disgusto.
“Uno elige qué costos evitar y qué costos pagar; elegimos evitar una crisis”, justificó Nico. Su elección hace que miles de argentinos sean los que deban pagar los costos de las ganancias de unos pocos que especularon con información privilegiada. Uno de los primeros que salió a comprar dólares en estampida fue la JP Morgan, que tiene a sus ejecutivos también dentro del Gobierno.  Nico y  Toto, como Juan José Aranguren, no sufren. Tienen su capital en dólares y buena parte del país. En todo caso, con la suba, solo tienen un par de millones más de ahorros.
Nico y Toto insistieron en que las metas centrales no se modifican, como si la suba del dólar no se trasladara a los precios. La meta del 15 por ciento ya fue dinamitada hace rato, pero es la regla con la que se midieron paritarias.
Los esfuerzos por contener la corrida obligaron al Banco Central a vender más de siete mil millones de dólares en dos meses. El plan de infraestructura que prometió el Gobierno con participación público privada, cuesta seis mil millones de dólares.
El epicentro de la crisis tomó por sorpresa al Gobierno y también a opositores. Los principales consultores advierten que tendrá coletazos políticos y que afectará la imagen presidencial, que sueña con una reelección.
El consultor Gustavo Córdoba señala que “hoy el peronismo sin hacer nada aparece como opción con posibilidades”, aunque no haya una figura excluyente. Y recuerda que a Carlos Menem y Néstor Kirchner tampoco los conocía nadie cuando llegaron a ser candidatos. “Sorprende el argumento que, ante la fuerte caída de la aprobación del Macri está todo bien porque nadie en la oposición lo capitaliza”, especifica.
La corrida cambiaria y la inestabilidad financiera contrastan con el modelo misionero que comenzó a generarse hace quince años. Desendeudamiento y previsibilidad en el gasto. El desendeudamiento incluyó la desdolarización de los pasivos: el 95 por ciento de la deuda estaba en dólares. Hoy no llega al cinco por ciento y la deuda total, a menos del diez por ciento del presupuesto, cuando a fines de los 90 significaba dos presupuestos y medio.

En su discurso ante la Cámara de Diputados, el gobernador Hugo Passalacqua ratificó esa postura, iniciada por el entonces gobernador Carlos Rovira, hoy presidente del parlamento, al advertir que pese a que Misiones recibe buenas calificaciones de las consultoras financieras, “no modifica la postura del Gobierno provincial de no asumir endeudamientos que comprometan las finanzas provinciales”.
No fue la única señal de diferenciación. La más sonora fue la confirmación de que Misiones resistirá la desregulación del mercado yerbatero que impulsa el Presidente. “No queremos someter a la querida yerba mate, a la libertad de un mercado, donde las reglas no las pone el pequeño y mediano productor”, afirmó Passalacqua.
También hubo un contrapunto por la quita de subsidios energéticos que inició la Nación que derivó en una “penuria económica para los misioneros”.
Como ejemplo, desde un valor del megavatio-hora (MW-h) que compraba la Provincia a 64, pasó a costar 1.080 en febrero de este año. Estos números dan dimensión real del incremento. La energía eléctrica está atada al dólar, por lo que cualquier fluctuación deriva en nuevas tensiones por los valores, lo mismo que las naftas, cuyos expendedores están reclamando por un “atraso” del 20 por ciento tras las últimas subas del billete verde.
La nueva devaluación deja más heridos que victoriosos. En Misiones celebran los exportadores que vendieron por 411millones de dólares en 2017, ya que un dólar alto aumenta la rentabilidad –Arauco celebra por partida doble: es la principal exportadora de pasta celulósica y concentra ventas por más de 100 millones, a lo que se suma baja de impuestos y en breve el beneficio de los bitrenes-.
Sufren los comerciantes que no ven el fin de la agonía de las asimetrías. En teoría, un dólar alto mitigaría la diferencia de precios con Paraguay, pero como hay un corrimiento casi directo a precios, nunca serán más bajos que en la vecina orilla. Si dejan de comprar en Encarnación, no quiere decir que compren en Posadas.
La suba de tasas también acentuará las dificultades para financiarse y reponer stocks.
Otros que padecen por las consecuencias de la corrida son los yerbateros, endeudados en más de dos mil millones de pesos. Las tasas más altas encarecerán su financiamiento.
Misiones reclama y mantiene negociaciones permanentes para conseguir alguna compensación por la suba de tarifas y la electrodependencia de una provincia que carece de gas natural. En el Congreso se intentó con bajar a cero los impuestos a la transferencia para toda la provincia, iniciativa que fue bloqueada por Cambiemos con el voto en contra de Misiones del radical Luis Pastori.
Pero esa necesidad de conseguir algún beneficio no se traduce en irresponsabilidad. Así como los diputados misioneros se sentaron con toda la oposición para discutir un freno a los tarifazos, ahora el propio Gobernador anticipó que no se acompañará un pedido del peronismo y corrientes de izquierda para quitar el IVA a las tarifas.
Aunque Macri ya anticipó que vetará cualquier legislación que atente contra las subas de tarifas,  la quita del IVA no significará más que una doble imposición para las provincias, que ya deben cargar con rebajas de impuestos o tarifas. El IVA se coparticipa. Para Misiones una quita significaría 452 millones menos, de un costo fiscal de 29.140 millones en total. En 2019 la pérdida podría ser mayor, en torno a los 900 millones de pesos.
Pese a que despotrican contra las provincias, en el Gobierno de Macri agradecieron la sensatez de Misiones a la que se sumaron Entre Ríos, Salta y Córdoba, tándem que podría desarmar la estrategia opositora que no tiene nada que perder. Sería bueno que además de las gracias, realmente haya reciprocidad.
La defensa del tarifazo, de todos modos, tiene un elevado costo político para Macri y una posible víctima directa: el radical Luis Pastori podría quedarse fuera de la fórmula en Misiones por su encendido alegato a favor del Gobierno y en contra de la rebaja del impuesto a las naftas que proponía el bloque misionerista.
Las primeras encuestas marcaron una fuerte caída en la imagen del veterano dirigente. En cambio, Humberto Schiavoni celebró el viernes un virtual lanzamiento de su candidatura en un mitín realizado en Itaembé Miní, después de una minuciosa convocatoria telefónica a vecinos y militantes del radicalismo que parecen contentos con el papel de partenaires que conservarán en 2019.
Lejos de las elecciones y con la tranquilidad que brindan los sondeos que revelan la continuidad de una imagen elevadísima del Gobernador y una buena calificación de la gestión, en la Renovación se esfuerzan por sostener un Gobierno activo y atento a las necesidades de la sociedad.
Mantenerse como una de las pocas provincias sin deudas que comprometan las finanzas y pagando los sueldos en término, son activos políticos invaluables en estos momentos de turbulencia.
Los resultados de una política de largo plazo pueden evaluarse en la baja de la mortalidad infantil a 7.99 por mil, después de records negativos que superaron los 20 por mil en los 90. Alcanzar esa meta no sería posible sin inversiones en infraestructura hospitalaria, rutas, viviendas y las aulas abiertas. La Educación es una prioridad. Se lleva el 30 por ciento del presupuesto y los chicos tienen boleto gratuito todos los días. Solo este año se abrirán 60 nuevas escuelas. Son pocas las provincias que pueden darse ese lujo.

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Problemas de corazón

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Pretendían atacar el corazón del programa económico nacional”.  Con ese argumento salió a justificarse el diputado nacional de Cambiemos, Luis Pastori, el único misionero que votó en contra de la posibilidad de que la Provincia tenga un impuesto cero a la transferencia de los combustibles, como arma para combatir las asimetrías con Paraguay y Brasil.
La iniciativa formó parte de una batería de proyectos impulsados por la oposición para ponerle freno a los tarifazos en la energía.
La dramática defensa de Pastori deja al desnudo que no hay plan B al ajuste de tarifas sobre el consumidor para parchar un déficit fiscal que sigue creciendo en paralelo a la inflación y al endeudamiento.
Si ese es el corazón, se entienden los problemas cardíacos. Pastori acusó a la oposición de pretender mellar la salud del Gobierno frenando sus políticas con “proyectos improvisados”, similar argumento al que utilizó cuando rechazó la declaración de la emergencia yerbatera, a la que calificó de “una mentira”. La avanzada desreguladora del Presidente y la amenaza de un nuevo tractorazo, demuestran, un año después, que la crisis estaba latente.
No hacía falta tanta obediencia, entienden incluso en el radicalismo. Con una abstención o incluso, votando a favor, no cambiaba el resultado final de la votación en el Congreso, pero simbólicamente no se ponía (ni a la UCR) a favor de los tarifazos y en contra de los misioneros.
El apuro no parece ser el problema real, sino la voluntad política de encontrar soluciones. A fin de cuentas, la ley Pymes, de la que él fue promotor con la esperanzadora inclusión del artículo 10 con herramientas específicas para combatir las asimetrías, pasó por todas las formalidades y todavía sigue sin reglamentarse en su totalidad.
“No solo apuntábamos a la nafta, sino a la reactivación de la economía, a que haya un mayor movimiento y una mayor fuente de ingresos por recaudación. Eso es lo que perdió Misiones en este ida y vuelta de caprichos. Nos perjudican los caprichos cuando no hay racionalidad. Las veces que tuvimos que acompañar cosas que creímos que hacían bien al país, lo hicimos”, señaló el diputado Ricardo Wellbach como síntesis de una sesión en la que el oficialismo bloqueó todas las iniciativas de la oposición al requerir los dos tercios de los votos.
La Nación nunca atendió ni entendió las problemáticas fronterizas. Las asimetrías ahora pasaron a ser “exageradas”, pero las colas para ir a Paraguay siguen siendo eternas y el combustible está mucho más barato, nueve pesos menos que en Posadas. Ya hay una consecuencia directa. La venta de combustibles cayó entre 12 y 15 por ciento desde la eliminación del ITC diferenciado. Pero discutir algún remedio es “apurado”.
Hasta ahora el único ajuste real vino por el lado de las tarifas y la eliminación de subsidios que recae sobre el usuario de a pie. En los últimos dos años, la tarifa eléctrica aumentó 2.500 por ciento y la única aspirina es un pago en cuotas de una parte de la factura. Es un costo político que recae sobre la Nación y que se acrecienta ante cada suba. El bolsillo es mucho más transparente que las preferencias políticas. No miente. Y eso hace al descontento, indisimulable.
El Presidente advirtió el malhumor creciente. Y para evitarse un mal mayor, pretendió trasladar ese costo a los gobernadores, a través de un pedido de bajar impuestos en las tarifas. Si la responsabilidad es de todos, no es de ninguno en especial.
Pero la realidad marca que el escenario es dispar. Hay provincias como Buenos Aires, con una carga impositiva que supera el 15 por ciento. Otras están por la mitad y Misiones, en el promedio de cinco por ciento de Ingresos Brutos a la distribución de energía. Ante un aumento del 2500 por ciento, la quita de un impuesto que significa el 5 por ciento, no modifica sustancialmente la ecuación final.
El pedido presidencial de un “costo compartido” por los gobernadores, responde al malhumor social por las tarifas, que no estaba en los planes.
Hace apenas unos meses se firmó el Pacto Fiscal en el que se acordó la reducción gradual de Ingresos Brutos a los servicios de electricidad gas y agua del 5 por ciento a cero en 2022. Pretender cambiar las reglas de juego apenas unos meses después no es la mejor muestra de solidez ni previsibilidad.
Incluso se barajó en un momento un proyecto de ley del propio Gobierno para bajar todos los impuestos, incluido el IVA –que alcanza al 27 por ciento en el sector comercial-. Eso significaría perder recaudación en un impuesto que además se coparticipa. Nunca hubo un mínimo replanteo que apunte a la ganancia empresaria.
De todos modos, la primera en salir a cumplir los deseos de Macri, fue María Eugenia Vidal, quien ordenó una rebaja de impuestos que ella misma había restablecido este año. No se pagaban desde 2016, pero la favorita presidencial apeló a la Justicia para volver a cobrarlos. Ahora, convenientemente, anunció una rebaja del 15 por ciento, lo mismo que representaban el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico y el Fondo Especial para Grandes Obras que ella reinstauró.
Por supuesto, en Cambiemos y los medios se elogió el “gesto” desprendido. Pero ese gesto va de la mano de una enorme caja extra que recibió Vidal gracias al desprendimiento –forzoso– del resto de las provincias. Cuarenta mil millones adicionales de coparticipación que antes se repartían en porciones a cada Estado. Semejante incentivo, lo menos que puede despertar es la generosidad.
En Misiones, pese a los recursos cedidos, el Gobierno hizo un enorme esfuerzo para que la tarifa no suba en la misma proporción que los aumentos que llegaban. Absorbió parte de los mayores costos de la energía que se compra al sistema federal y ahora subsidió la tarifa final para el usuario. Antes, por decisión del gobernador Hugo Passalacqua, se había congelado el Valor Agregado de Distribución. Ese esfuerzo se tradujo en una transformación sorprendente, que pone en cuestionamiento el mito de que en Misiones se paga la energía más cara del país. Según datos de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, a marzo, Emsa estaba entre la cuarta y la segunda distribuidora con tarifas más bajas del país y al mismo tiempo, entre las de menor carga impositiva.
Pese al permanente latiguillo opositor, Emsa es hoy una empresa que está muy cerca de alcanzar el equilibrio financiero, se enorgullecen en el Gobierno. Ven como un acierto la elección de Passalacqua al poner al frente a Guillermo Aicheler, un outsider que vino con mano de hierro a sanear la empresa. También destacan la decisión del Gobernador de congelar el VAD  para que el bolsillo sienta menos.
Seguramente será uno de los temas a analizar por el Gobernador en su discurso del 1 de Mayo en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Hay mucha expectativa por el texto del discurso, que se mantuvo encerrado bajo siete llaves. Cada palabra será estudiada con lupa para encontrar alguna señal sobre el año político que se avecina.
Los primeros escarceos muestran a una Renovación unida y a una oposición que se esfuerza por mostrar despliegue con suerte dispar. Los socios radicales de Cambiemos no pudieron nominar a candidatos para disputar espacios en el Instituto de Previsión Social. El mismo problema tienen a la hora de desembarcar en los barrios. Una cosa es el dirigente que necesita mostrarse y ser parte. Otra cosa el militante, que debe explicar que el cambio que hoy se siente en el bolsillo, es a la larga lo más conveniente.
Del otro lado, como depredadores cuando huelen sangre, los opositores que hasta ahora se habían lamido las heridas de las derrotas electorales, descubrieron que juntos, pueden poner en apuros al Gobierno. El peronismo “federal”, el más kirchnerista y otras corrientes, se encontraron de pronto, juntos en posiciones similares en contra del aumento de las tarifas. Pero hasta el radicalismo y la siempre dispuesta Lilita Carrió descubrieron la debilidad del Gobierno que se desgasta al defender el ajuste como respuesta a todo. Dispararon fuego amigo, buscando salir lo menos dañados del mal momento de los socios.
Ese es el verdadero costo político, incluso mayor que el descontento social, que deberá pagar el Gobierno nacional por su política de ajustes. La oposición encontró puntos en común para construir desde la diversidad. Esa cercanía no existía hasta el tarifazo. La foto en Córdoba, con Juan Schiaretti como anfitrión de un variopinto escenario político, todavía sin liderazgos claros, revela que al oficialismo le ha nacido un potencial rival.
Y mientras atiende el frente político, el Gobierno debió lidiar con el económico, el que hasta ahora menos dolores de cabeza le había dado. Pero un día todo junto pareció flaquear. El dólar se disparó en una preocupante corrida y obligó al Banco Central a una fuerte intervención para frenar la sangría. En una semana se usó todo un arsenal: suba de tasas y ventas por 4343 millones de dólares. Pero el dólar cerró por encima de los 21 pesos. Cinco pesos por encima del pronóstico de Alfonso Prat Gay, cuando advertía que un dólar a 16 pesos sería un fracaso del Gobierno.
El presidente del Banco Central, Federico Struzenegger es, pese a todo, el menos cuestionado en medio de la tormenta. Las peores críticas se las llevan el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
El enojo empresarial está en alza. Sienten que las tasas altas terminan influyendo en la inflación y conspiran contra la posibilidad de crecimiento. Tampoco comparten la política para contener al dólar. Y algunos voceros lo hacen público: “No apostamos al cambio para esto”. En definitiva, viven de las ventas y el mercado interno no repunta salvo en sectores puntuales.
Ahora, una de las entidades empresarias de mayor peso en la Argentina, será comandada por un misionero: Gerardo Díaz Beltrán fue electo presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y quiere aportarle una mirada federal a la entidad. “Estamos en un país que tiene un discurso permanentemente federalista, pero que no se da en la práctica.  Por qué, no empezar por casa e iniciar  ese federalismo, por CAME era el momento de hacerlo”.

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En cómodas cuotas

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El rostro sonriente detrás de una cortina y los dedos en V, burlones, de Nicolás Massot ante el reclamo furibundo de la oposición para que se discuta en el Congreso un freno a los aumentos de tarifa, desnuda un debate en el que solo gana el oficialismo. Como en el cruce de Gabriela Cerruti con el ministro de Finanzas of shore, Luis Caputo, la anécdota tapa lo importante.
El incremento de tarifas es un drama para buena parte de la población, agobiada por la inflación que no detiene su marcha. Y también se estaba convirtiendo en un problema para el Gobierno con las críticas de los propios aliados. Pero el escándalo del Congreso sirvió para desviar el foco.

El radicalismo, que venía amagando con críticas picantes, salió con el pecho inflado: logró ser recibido y escuchado por el Presidente. De socio quisquilloso a agradecer un descuentito en cuotas… con interés.  Alfredo Cornejo terminó pidiendo que “el argentino consuma menos”, como paliativo a lo que debe pagar. “La inflación deriva de que la sociedad cree que tiene más derechos que recursos“, completó Javier González Fraga, con su habitual desdén por los que están más abajo. Obvia recordar que bajo su conducción en el Banco Central se desataron las dos peores hiperinflaciones entre 1989 y 1990.
Por esos años también se pagaba los servicios en cuotas. Durante la hiperinflación, en 1989, Carlos Menem, recién asumido después de la partida anticipada de Raúl Alfonsín, tuvo esa generosidad. En julio de ese año se anunciaba la medida. Al mismo tiempo, el radicalismo daba su apoyo al plan económico.
El presidente Mauricio Macri y su equipo no suavizaron un ápice los aumentos ya confirmados. Pero sus explicaciones dejaron conformes a “todos”, dijeron macristas y radicales después de la cumbre en la Casa Rosada. El todos excluye, claro, a quienes deben pagar las tarifas. Incluye a quienes la cobran y quienes deciden. Pero no a todos.
Lo curioso es que las fórmulas para justificar los tarifazos contradicen lo mismo que decían los ahora gobernantes cuando estaban en el llano. “Aumentan las tarifas de los servicios, aumenta el precio de gas en boca de pozo, se reabre el canje de deuda. ¿Renuncia Kicillof?, se preguntaba en 2012 un sonriente Rogelio Frigerio desde el llano. Ahora él mismo anticipa que no se terminaron las subas, sino que habrá varias más por “cuatro o cinco años”.
En dos años, la electricidad aumentó 562% en promedio, el agua (338%) y el gas (223%), muy por encima de lo que subieron (en términos nominales) los sueldos de los asalariados.
Según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda en 2015, el peso promedio de una canasta de servicios públicos rondaba el 6% del salario mínimo, mientras que en el 2018 este porcentaje subió al 21 por ciento. En este sentido, la Argentina pasó de estar última en 2015 al tercer puesto en 2018 detrás de Venezuela (33%) y Chile (23%).
La frialdad del Gobierno contrasta con la necesidad de la oposición de encontrar un elemento que aglutine fuerzas. El rechazo al tarifazo obligó a las principales fuerzas a sentarse en el recinto del Congreso, pero la sesión fracasó por el faltazo de varios actores principales. El quórum dependía de un legislador.
El misionero Daniel Di Stefano llegó sobre el sonido de la chicharra pero no alcanzó para evitar la frustración.
La sesión fallida no es responsabilidad de Di Stefano ni debe cargarse a Cambiemos, que, en el juego de la política, se puede permitir esos costos. Es un problema de la oposición. Algunas ausencias fueron notorias.
Fue una oportunidad perdida para que Misiones haga oír sus demandas por las asimetrías internas que soporta desde hace años con el costo de la energía. Lo había planteado ante sus pares el renovador Ricardo Wellbach al explicar que Misiones recibe energía cara y que no tiene cómo sustituir lo que demanda la producción.
La Provincia reclama cobrar las regalías de Yacyretá en energía, para poder darle el destino que mejor requiera el desarrollo económico local y eventualmente decidir el costo interno de la energía. El bloque Federal, que integra el Frente Renovador de la Concordia misionero, presentó una alternativa razonable a los tarifazos: propone que para los usuarios residenciales, las tarifas de luz y gas no podrán subir más que los salarios y serán estables por 12 meses. Además, para PyMEs, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas, los aumentos de tarifas no podrán ser mayores al índice de precios mayoristas del INDEC.
La garantía de gobernabilidad que le brinda Misiones a la Nación permite hacer una oposición seria y hacerse escuchar en las demandas. Es una posición mejor que la de los socios del radicalismo o los locales del PRO que tienen obediencia debida.
El sector empresario presentó su propia propuesta, que apunta a bajar la carga tributaria en el valor de la tarifa. Si la carga tributaria no cambia, el aumento porcentual de la factura es igual al aumento porcentual de la tarifa. Si la carga tributaria indirecta baja, el aumento porcentual de la factura es menor al aumento porcentual de la tarifa”, indica un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
Sin embargo, para la Nación, la culpa de los tarifazos es, como no podía ser de otra manera, culpa de la herencia, pero también de los gobiernos provinciales y municipales. Ese es el argumento del radical Luis Pastori, quien defendió los tarifazos de Juan José Aranguren y culpó a la provincia por los costos de energía.
En realidad, la tarifa eléctrica de un usuario residencial, subió 34 por ciento en Misiones, pero ese número podría ser mucho más dramático: Emsa paga por la energía que compra a la Nación, 62,50 por ciento más que en marzo del año pasado. La Provincia absorbió prácticamente la mitad de las subas en el último año, al mismo tiempo que normalizaba los números de Emsa.
El secretario de Energía, Sergio Lanziani, advirtió que lo peor no ha llegado: Aranguren tomó la decisión de eliminar subsidios por 9 mil millones de dólares. Quiere decir que los redistribuidores van a tener que pagar el precio pleno de la generación en 2019, ese precio hoy es de 75 dólares el megavatio hora. Pastori dice la verdad: este nuevo gobierno federalizó el costo, a todos los distribuidores de entrega al mismo precio, que son alrededor de 50 dólares por megavatio hora, pero significa que para igualar el costo de generación, del mix nacional que son 75 dólares, todavía falta incrementar las tarifas eléctricas un 50% en dólares”. Si sube el dólar, será cada vez más caro, como sucede con los combustibles.
Los números oficiales ratifican que Misiones requiere una atención especial. No sólo subieron las tarifas de energía, sino que el combustible se disparó castigando a los usuarios de todo el país, pero especialmente a la Provincia, encajonada por las asimetrías con los países vecinos, pero especialmente con Paraguay. Desde marzo del año pasado la nafta súper aumentó en Posadas 50,5 por ciento interanual, acentuando las asimetrías con Encarnación, donde el mismo combustible se consigue hoy por ocho pesos menos el litro. En la vecina orilla en las últimas horas hasta bajó el precio. Aquí no hace más que subir.
Y no hay perspectivas de que la inflación se detenga. El Fondo Monetario Internacional –fuego amigo- anticipó para este año una inflación de 19,2 por ciento, por encima de las recalibradas metas del equipo económico. También habrá un menor crecimiento del esperado por el Gobierno, de solo 2 por ciento, cuando la expectativa era de 2,9. Eso implica menor reactivación y menor empleo.
La reactivación celebrada por el Gobierno es, hasta ahora, bastante endeble. Del medio millón de empleos creados en 2017, la mayoría son cuentapropistas y trabajadores en negro. 379 mil en total. Ese trabajador no aporta para su jubilación, tributa poco a la seguridad social y en definitiva, será un problema futuro para el Estado.
Misiones no escapa a esa tendencia, aunque en menor proporción. Según datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos, en Posadas al tercer trimestre de 2017 había 155.436 personas ocupadas (5,1% más que en el mismo trimestre del 2016). De ese total, 74,0% pertenecen a la categoría obrero/empleado, es decir, 114.981 personas (4,8% más que en el mismo trimestre del 2016).
Los cuentapropistas conforman el 20,6% del total de ocupados (con un crecimiento interanual del 3,0%) y son patrones el 4,6% de los ocupados (con un crecimiento interanual del 33,4%).
Por el contrario, trabajadores familiares sin remuneración el 0,8% (la cifra interanual disminuyó un 26,2%), lo que revela una “migración” de amas de casa a buscar un trabajo para complementar los ingresos familiares. El empleo no registrado o “en negro”, aumentó 6,2% con respecto al tercer trimestre del año anterior (pasando de 37.284 a 39.607 personas), mientras que el empleo registrado creció en menor proporción: un 4,1% de manera interanual (pasando de 72.431 a 75.374 empleados registrados).
Está claro que Misiones debe potenciar sus propias cualidades para no depender exclusivamente del rumbo nacional.
La buena sintonía del gobernador Hugo Passalacqua con el presidente Mauricio Macri no anula la idea de que la prioridad es el “misionerismo” y, por el contrario, encuentra oportunidades para potenciarla. El Presidente tiene a Misiones entre sus favoritas a la hora de promocionar el turismo y lo demostró en una nueva “minicumbre” con el mandatario misionero en el Foro Mundial del Turismo que se celebró en Buenos Aires. Allí se cerró el acuerdo con Globalia, el grupo español que invertirá en dos hoteles en Cataratas, además de unirla en vuelo directo con Madrid con una inversión global de 80 millones de dólares.
El ministro de Turismo, José María Arrúa, mantuvo además reuniones con otros potenciales inversores. Hoy, sin dudas, es el turismo el gran atractivo: en los últimos dos años la actividad atrajo 160 millones de dólares, mucho más que otros sectores económicos.
El sector forestal, por caso, principal beneficiado de la reforma fiscal, que este año dejará de tributar 500 millones de pesos en Misiones, no ha reinvertido ni generado empleo en los últimos meses. La Mesa Forestal provincial se reunió el viernes es una herramienta fundamental para fortalecer la sinergia entre privados y Estado. Pero el empresariado debe ponerse en línea con el momento. El sector más concentrado de la economía, como nunca está recibiendo una enorme transferencia de recursos y, aún ganando más, lo ideal sería que haya una retribución social. De otro modo, el denostado Estado será el único aportante: menos recursos para atender más demandas.
Los productores entendieron que la única manera de proteger a la familia yerbatera es mantenerse unidos. Una demostración de fuerza fue la que hicieron al firmar un documento en contra de la desregulación del mercado, con la que insiste el Presidente.
Los yerbateros no quieren que se repita la historia, esa que los fundió entre 1991 y el 2000 y los obligó a malvender por limosnas el producto de su esfuerzo. Curiosamente, el documento elaborado contiene una fuerte defensa del Instituto Nacional de la Yerba Mate, la herramienta imperfecta que vino a poner un poco de orden después de sendos tractorazos entre 2001 y 2002. “El INYM nos pertenece, porque lo parimos, con gran sufrimiento, con dolor y lo vamos a defender como una madre defiende un hijo”, resaltaron los productores, como una advertencia a la ola de protestas que se levantará si Macri decide finalmente ponerle la firma a su proyecto.
Cambiemos tuvo que salir, casi por obligación a poner el pecho en defensa de la desregulación.
Alfredo Schiavoni indicó que “el Estado no puede meterse indefinidamente en el mercado, pero no puede retirarse de la fijación de precios”. Como propuesta, sugirió fijar cupos –algo que el INYM ya hizo sin suerte- para equilibrar oferta y demanda. El ex diputado provincial sostuvo que otra medida puede ser el reemplazo de los yerbales por plantas de pomelo y palta, que “tienen mercado en el mundo”. De cualquier modo, reconoció que el Estado no puede retirarse del todo, porque hay problemas en el mercado.
Lo cierto es que el mercado tiene problemas. Hay una concentración en cuatro empresas que marcan el ritmo de los precios a quince mil productores. Hace unos años eran diez las que dominaban el mercado. Una desregulación hará incluso más grande la porción para unos pocos. E incluso las grandes tienen problemas financieros que vienen de arrastre.
Lejos de medias tintas, el embajador en España, Ramón Puerta, dejó al desnudo que los argumentos del Presidente son los suyos. “La fijación de precio es un error, pero la desregulación sería tremenda. Hay que regular; no hay que plantar cuando hay superproducción; los precios deben ser reales, es decir lo que la oferta y la demanda van marcando”, señaló Puerta.
El ahora diplomático, pero nunca lejos de la política, reconoció que quiere ser parte de la alianza Cambiemos en 2019. “Unión Popular es en Misiones un brazo muy importante de un peronismo que fue vapuleado en los últimos años. Nosotros (Unión Popular) no somos parte de Cambiemos, pero somos un partido frentista”, se ofreció.
En Cambiemos no lo quieren pero reconocen su lealtad para con Macri y un núcleo duro de votos que puede aportar.
En cambio, en el radicalismo local hay enojo por el posible acercamiento. Pretenden una exclusividad que el PRO le niega persistentemente. De ambas partes reconocen que prácticamente no hay diálogo. La UCR disfruta más de las internas que de la construcción. El presidente, Francisco Fonseca, es cuestionado por sus correligionarios por el escaso apego al trabajo político en el partido y como enlace con Cambiemos.  Incluso, un dirigente ironizó: “Tenemos más motivos para una intervención que el PJ”.
 

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Se aceleran los tiempos

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La decisión de intervenir el partido Justicialista parece haber dado el puntapié inicial a un año político que recién debía amanecer dentro de varios meses. La inexplicable decisión de la jueza María Servini de Cubría, que usa como argumento la “derrota” del peronismo en las últimas dos elecciones, puso en alerta a todo el arco político. Poner a Luis Barrionuevo como garante de la “normalización” institucional del peronismo es una fina ironía: es el mismo Barrionuevo que en 2003, no hace demasiado tiempo, quemaba urnas en Catamarca enojado porque no lo dejaban candidatearse. Antes, claro, acuñó la frase: “Hay que dejar de robar durante dos años”.
Es imposible despegar la movida judicial de una intencionalidad política. Barrionuevo es un massista con partido propio, que vino a excluir a peronistas con partido propio. Para la “normalización” se reunirá con Sergio Massa y Eduardo Duhalde, pero no con el kirchnerismo al que preferentemente, se quiere tener lejos.

Parece una jugada armada para inclinar la cancha hacia un solo lado. Y no es el peronismo. La decisión judicial encendió las alarmas de todos los partidos, que se solidarizaron con el PJ. Incluso los radicales están intranquilos. Saben que son socios de conveniencia pero, más puristas, quieren resguardar la “institucionalidad” para competir en política.
El radicalismo está en Cambiemos por conveniencia y casi no convencido. El gobernador de Mendoza, Gustavo Cornejo se quejó de que en el Gobierno nadie consulta a la UCR y exigió lugares en las fórmulas de 2019. “Están dadas las condiciones para que el radicalismo tenga un mayor protagonismo en la Argentina que viene”, resaltó en su discurso en el Rotary Club en el que advirtió que no acompañarán la reforma laboral que impulsa Cambiemos, aunque reclamó políticas para “despedir con facilidad”.
Como contracara, cada vez que puede el Gobierno muestra su desdén por los socios. Elisa Carrió tiene mucho más peso específico dentro de la alianza gobernante que los socios radicales. La posadeña Aida Ayala, figurita radical de El Chaco y frustrada candidata a gobernadora, llegó al Congreso como parte del “cambio”. Ahora, cuando pidieron su desafuero por supuestos hechos de corrupción, los medios afines al gobierno hablan de “diputada radical”. En las malas, no forma parte.
Ayala está acusada de malversar fondos públicos y de lavado de dinero en operaciones cuando era intendenta de Resistencia. Ahora el Congreso debe votar su desafuero. La última vez que analizaron un caso similar, los legisladores fueron contundentes: si el juez lo pide, hay desafuero. El expulsado fue Julio De Vido.
Aída, como es conocida en Misiones, donde tiene aceitados vínculos con el radicalismo vernáculo y especialmente con el diputado nacional Luis Pastori, celebró en cambio el “apoyo” de sus pares de Cambiemos en el Congreso. ¿Tendrá la misma suerte que De Vido o algunos son más culpables que otros hasta que se demuestre su inocencia?
Hasta ahora Cambiemos protegió a todos sus funcionarios sospechados de alguna irregularidad. Ahora trascendió que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se sumó a la lista de patriotas con dinero afuera. A diferencia de su par de finanzas, Luis Caputo, el ex comentarista de TN habría blanqueado a través de la ley de “sinceramiento fiscal”, la friolera de 20 millones de pesos apenas unos meses antes de asumir como ministro. El Gobierno hizo silencio.
La gestión económica es hoy una preocupación para la administración de Macri. Los números son poco alentadores en materia fiscal y la inflación está lejos de ser domada. Es decir, se flaquea en las dos grandes promesas de campaña. Se festeja que baja el rojo primario, pero como contracara, se disparó el déficit financiero que ya representa el 12 por ciento de los ingresos tributarios.
El rojo primario acumuló $31.000 millones en el primer trimestre de 2018, lo que equivale a 0,3% del PBI, una meta sobrecumplida, que obedece al mayor ritmo de incremento de los ingresos genuinos (+28% i.a., motivado por la expansión de la actividad) frente a un incremento de los gastos (+18,5% i.a.) inferior a la inflación.
La contracción real del gasto primario se explica, principalmente, por la reducción nominal de las erogaciones en subsidios económicos y gastos de capital. Los subsidios económicos cayeron 20 por ciento.
Según datos de la consultora Ecolatina, aunque el Palacio de Hacienda puede mostrar mejoras en el resultado primario, no puede hacer lo mismo en el pago de intereses, que saltó de 29.290 millones en el primer trimestre de 2017 a 60.520 millones de pesos en los primeros tres meses del año (+106,6% i.a.). De hecho, en el primer cuarto de 2017 representaban sólo 0,3% del PBI, mientras que en el acumulado a marzo de este año arrojan un valor de 0,5% del PBI. Asimismo, en relación a los ingresos tributarios, la participación de los intereses pasó de 7% a 12%, respectivamente.
A pesar de las mejoras en el resultado primario, el déficit financiero aumentó 29,6%, al pasar de $70.630 millones en el primer trimestre de 2017 a $91.520 millones en los primeros tres meses de 2018. De este modo, se mantuvo estable en términos del PBI (-0,7%).
En paralelo, la inflación lejos está de ser dominada por el gradualismo. Los datos de marzo volvieron a asustar por el ímpetu de los aumentos: 2,3 por ciento, empujados básicamente por la educación -23 por ciento en el año- y los alimentos. Por regiones, las subas son dispares y en el NEA marcó 2,4. Pero en Posadas, los datos son desalentadores, lo que vuelve a disparar alarmas por las asimetrías.
La sociedad observa que hacen falta mucho más que eslóganes para derrotar a la inflación que corroe el poder adquisitivo. Pasó más de la mitad de mandato y la suba de precios sigue siendo explosiva. Las metas del 15 por ciento ya fueron pulverizadas y se habla de volver a “recalibrar” lo que ya fue mal calculado. Es ese el punto de mayor desencanto con el Gobierno. Incluso por encima de las cuestiones políticas, la desilusión se siente en el bolsillo y los dirigentes de Cambiemos admiten que si no hay un repunte inmediato, será más complejo volver a seducir al electorado.
Algunas encuestas ya comienzan a reflejarlo. Si antes la grieta estaba marcada entre Macri y Cristina, ahora los que desprecian a la ex presidenta se animan a sondear una tercera vía que todavía no es identificada.

En ese escenario, el Presidente necesita más que nunca sostener su gobernabilidad. Por eso se apoya en los gobernadores que le pueden garantizar estabilidad. La relación con Hugo Passalacqua, después de la visita a Misiones, quedó en su mejor momento.
Tanto que hasta en Cambiemos ponen mala cara. Algunos referentes de la alianza, especialmente del radicalismo, preferirían una relación más distante. Sin embargo, la relación institucional es excelente y, al menos en Misiones, la Renovación brinda más garantías que el propio partido. En el radicalismo protestan cada decisión del Gobierno y exigen más espacios de los que está dispuesto a ofrecer el PRO. Esa puja deriva en problemas territoriales que complican las perspectivas para 2019. Hay localidades en las que todavía no han hecho pie y no se conoce ni a sus figuras ni mucho menos, sus propuestas.
Por eso no sorprende que haya casi un acuerdo tácito de buenas ondas entre Macri y Passalacqua. El primero probablemente busque la reelección. El segundo es la garantía de continuidad de un proyecto político que tiene al misionerismo como bandera, pero que no pone palos en la rueda al desempeño nacional.
El misionerismo consolida su rumbo en forma independiente a los vaivenes nacionales. Está claro que las decisiones macro tienen un impacto en el territorio local, pero es desde aquí que se pretende mejorar la propia realidad. Y plantarse cuando se hace necesario, como en la intención del propio Macri de avanzar en la desregulación del mercado yerbatero. Ni siquiera los de Cambiemos –menos los radicales- se animan a suscribir la idea confirmada por Macri y ratificada como parte de la agenda de la próxima reunión de la Mesa de Competitividad, posiblemente a fin de mes.
El Estado está presente –a diferencia de la toma de distancia de la Nación- en buena parte de los eslabones de la economía y realiza aportes cuando hay que inyectar dosis de optimismo a las áreas más complejas.
Asumió una deuda financiera para desarrollar la construcción de viviendas de madera en el Parque Industrial de Posadas. Ahora Passalacqua cerró un acuerdo con la empresa Bioars que fabricará en Misiones reactivos para diagnóstico médico.
El presidente de Bioars, Giampaolo Scarton explicó que “se seleccionó Misiones por la ubicación geográfica, por la cercanía de otros países limítrofes. Además, por las condiciones de calidad de vida y la tranquilidad a la que pueden acceder los empleados; este factor hace que se logre mayor productividad y por ende, rentabilidad”.
Passalacqua quiere sumar la pata industrial a la mesa de la economía misionera, que tiene como puntales a la forestación, la agricultura y el turismo.
La naturaleza es un activo valioso para la economía que no tiene techo. Misiones alcanzó durante el verano un promedio de cinco noches de pernocte, lo que alienta a ir por más. Aunque los turistas que llegaron gastaron menos en comparación con 2016, el mayor número de visitantes y la mayor cantidad de noches alojadas, derivó en un gasto total de 7.080.935.400 pesos, contra los 5.856.345.600 de 2016.
Se necesitan inversiones en hotelería y servicios, pero el turismo es hoy el 7,5 por ciento del PBG misionero con más de once mil puestos de trabajo registrados -10 por ciento del total provincial-. En los últimos once años, la actividad creció 560,5 por ciento y si todas las rutas aéreas solicitadas operan, se estima un total de 1.600.000 movimientos de pasajeros, que representaría un incremento del 32% y un total de 15.000 movilizaciones de aeronaves, que representaría un incremento del 16%.
La relevancia del turismo está dada por el nivel de las visitas. Este sábado estuvo en las Cataratas del Iguazú el CEO de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, quien llegó con el Ministro de Turismo de la Nación Gustavo Santos. Luego Passalacqua recibió a empresarios del grupo inversor francés Huttopia, interesados en invertir en distintos puntos del territorio provincial.
Misiones necesita potenciar las inversiones para poder competir en mejores condiciones con las fronteras de Brasil y Paraguay. Es nuevamente el Estado provincial el que toma la posta para defender al comercio y las empresas afectados por las asimetrías y nuevamente se planteará el reclamo de la reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes, esta vez con dos o tres puntos unificados. Incentivar el consumo local y conseguir una rebaja de las contribuciones patronales están entre las prioridades.
No hay en esa defensa una especulación electoral. El sector empresario es el que más apoyo le ha dado a Cambiemos en las últimas elecciones, pero es el más perjudicado por algunas de sus decisiones. Lo que se cuida, en el fondo, es el empleo local, que no admite jugadas políticas.
El conductor de la Renovación, Carlos Rovira es uno de los que gusta de evitar la especulación política. Esta semana dio una muestra: en medio del debate por la despenalización del aborto, el presidente de la Legislatura pidió declarar en Misiones un beneplácito por las manifestaciones a favor de la vida.

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Nuevos consensos

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“Tiro el tema porque los quiero dejar inquietos”. El presidente Mauricio Macri confirmó en Misiones que la idea de desregular el mercado yerbatero es suya. Propia. Que coincide con la mirada de los principales molinos de la región productora. Una idea que había cobrado forma de decreto en diciembre pasado y que fue frenada a último momento por la queja de los dirigentes locales de Cambiemos, avisados del resurgimiento de la bronca yerbatera.
Esta vez, la firmeza del gobernador Hugo Passalacqua frenó los argumentos del Presidente. Le explicó que el reparto de la renta yerbatera es complejo desde la época de los jesuitas y que “los gringos” pueden movilizar los tractores no sólo hacia Posadas, sino hasta la mismísima Buenos Aires, como ya ocurrió con el “yerbatazo”.
El argumento del Presidente es que “ningún mercado funciona regulado”, por lo que habría que dejar de fijar el precio de la yerba mate. Los funcionarios provinciales señalaron que aun fijando los precios, los productores sufren para cobrar un precio mínimo. Y recordaron la experiencia de los 90, cuando la yerba valía menos que una limosna. El ministro del Agro, José Luis Garay, insistió en que primero hay que garantizar la transparencia en toda la cadena productiva, que no avanza por la lentitud en aplicar las herramientas como el registro de productores y el Centro de Transacciones Electrónico.
Por ahora parece haberse frenado cualquier decisión en esa línea, pero el concepto forma parte del nuevo consenso que ofrece el Presidente para relacionarse con el sector empresario al que brinda cada vez mejores condiciones, con el corrimiento del Estado como contraparte.
Esa fue la certeza que quedó flotando de la cumbre en Iguazú.
El Presidente tuvo un enorme gesto político con Misiones. Eligió la ciudad de las Cataratas para una serie de reuniones del más alto nivel, con casi una decena de sus ministros manteniendo encuentros paralelos con funcionarios locales y empresarios. Es inusual que Macri se quede en alguna ciudad que visite. Pero él mismo admitió que tiene un vínculo especial con Misiones y también destacó la sintonía fina con Passalacqua, a quien agradeció “la visión inteligente y constructiva”.
Las Cataratas del Iguazú fueron escenario entonces de extensos diálogos individuales del Presidente con los gobernadores del NEA, a los que se sumaron después los gabinetes de cada provincia para intercambiar puntos de vista con el equipo nacional.

Macri les ratificó a todos que el rumbo no se mueve. Anticipó que en 2019, pese a ser un año electoral, será necesario un ajuste aún más duro para cumplir con las metas de reducción del déficit, ahora más complicadas por la acumulación de los intereses de la deuda. Pidió que cada gobernador realice su propio achique. Que ahorre energía y que recorte la planta del Estado para contar con fondos para obras.
Passalacqua fue un buen anfitrión de la extensa comitiva. Macri lo distinguió en varias oportunidades y en la reunión individual, les pidió a sus ministros que “se pongan a disposición” como forma de reciprocidad. El vicegobernador Oscar Herrera Ahuad también participó de todas las reuniones y aportó datos, especialmente en las discusiones de la problemática social.
En El Chaco, donde se llevó a cabo un re-relanzamiento del Plan Belgrano, Macri elogió a Misiones como ejemplo de madurez política para poner por encima la gobernabilidad a los intereses políticos.
Queda claro que Macri se siente cómodo con la Renovación y que en su reelección o la continuidad de Cambiemos, no encontrará mejores interlocutores. Dentro de la alianza, los socios radicales no garantizan la misma gobernabilidad.
En Iguazú no tuvieron un rol importante en las discusiones y dentro de las proyecciones del Gobierno. Insistieron en conseguir una foto caminando por algún barrio de la ciudad de las Cataratas, pero debieron contentarse con aparecer en una imagen grupal en el momento reservado para Cambiemos.
Macri desarmó cualquier apuro electoral: “La rosca queda para el año que viene”. En todo caso, el vínculo con los Gobernadores sirve para aceitar el funcionamiento del Congreso en la discusión de las leyes clave que impulsará el Ejecutivo.
“No entienden que el Presidente viene en plan institucional y que hay que respetar a la Provincia”, señaló un dirigente macrista que tuvo un fluido contacto con los periodistas durante los dos días en los que estuvo el jefe de Estado. Fue prácticamente el único que tuvo diálogo con los trabajadores de prensa, literalmente aislados de todo lo que sucedía y sin poder ver a los ministros nacionales. Innecesario desdén con el trabajo periodístico.
El nuevo consenso modifica la balanza política y las expectativas económicas. Los ganadores del nuevo escenario son las principales empresas del sector forestal. Después de conseguir rebaja de impuestos, ahora Macri autorizó la circulación de los bitrenes hasta la puerta misma de la pastera de Arauco –ex Alto Paraná-, con lo que, según los cálculos oficiales del ministerio de Transporte, ahorrarán 430 dólares por container puesto en el puerto de Buenos Aires.
A ese ahorro se suman los 500 millones de pesos que dejarán de tributar en Misiones por el nuevo pacto fiscal. Pero, insaciables, en la Mesa Forestal que sesionó en la empresa Pindó, pidieron más. Nuevamente la Provincia tuvo que aclarar que ya era mucho el esfuerzo realizado para darles “competitividad” y que más no se podía ceder. Pese a las concesiones recibidas, todavía no se perciben nuevas inversiones ni la creación de puestos de trabajo en el sector. Macri insistió en que no hay forma de obligar al empresario a invertir, sino generando “confianza”. Por eso, les prometió “cuadruplicar” el presupuesto asignado a la ley de incentivo de Bosques Implantados -25080-. Este año en lugar de los cien millones asignados, aseguró, se otorgarán 400 millones, con lo que casi se cubrirá la deuda de 550 millones (270 en Misiones). Los empresarios celebraron el anuncio, que, en rigor, se trata de volver al promedio de los últimos años, cuando se asignaban U$S 15 millones. Hoy están presupuestados U$S 5 millones (el más bajo de estos tiempos).Cuadrupicar el presupuesto más bajo significa llevarlo a U$S 20 millones, que es apenas un poco más que los valores histórico.
El otro gran ganador de la visita presidencial fue el turismo. Macri se mostró entusiasmado con la actividad y puso a Iguazú como la “puerta de entrada” al país a partir de la remodelación del aeropuerto internacional de las Cataratas. Pero pidió un plan de “modernización” de la ciudad, a trabajar en conjunto con empresarios y el sector público. Horas después de dejar Misiones, en El Chaco, puso como ejemplo a un trabajador del turismo: “Es un joven, de 28 años, que se llama Pica, y la verdad que me emocionó y tuve que hacer un aparte, sino iba a hacer el papelón de que el Pica vea de que en vez de llorar él de la emoción lloraba yo. Lo que pasó, – me dijo él – es que la buena actitud que he puesto para trabajar y para aprender me ha consolidado en el trabajo, en el cual soy chofer y soy guía, según la necesidad de cada momento. Y la verdad es que estoy feliz, por más que me pasó seis a nueve días trabajando y después tengo franco tres días”.
“Y de golpe Pica me dice que le preocupa es que hay cientos de miles de brasileros que vienen a visitar Foz Iguazú y como no tienen la vista privilegiada, que tenemos nosotros, quieren cruzar y el mal funcionamiento de la Aduana, por su convenio laboral, la hace que crucen al año menos de 150.000 de los 700.000, porque son horas de colas y de demoras y la verdad es que muchos misioneros se pierden muchas oportunidades de poder prestarles servicios y eso es lo que no puede suceder. Porque Pica está dispuesto a trabajar en todo lo que pueda, de forma dedicada, y no tiene derecho, un empleado nacional, con sede en Misiones, de complicarles su trabajo y complicar el trabajo a tantos misioneros, que lo pudieran tener. Y Pica tampoco piensa en jubilarse a los 50 años, ni a los 55, él quiere trabajar porque siente que es algo valioso trabajar”.
En Resistencia también puso otro ejemplo.  “Nos hicieron creer que la energía era un regalo, pero los que tenemos algunas canas sabemos que en casa de abuela, se cuidaba al mango la energía y se apagaban las luces y se apagaba la calefacción, a las once de la noche, y todos cuidábamos eso, porque te decían que la energía es cara, es valiosa, la necesita el país para crecer, y además destruye el medioambiente, el exceso de consumo de energía. No corresponde que pidamos cosas que no son realidad, no corresponde que digamos que para ser productivos y eficiente en lo que hacemos nos regalen la energía. No, hay que tratar de consumir la menor cantidad de energía y hay que transformarse”.
El mensaje es claro. Ahorro de energía y reforma laboral para mejorar “competitividad”. Transformarse. Rara parábola. Para garantizar esa “transformación”, el Estado se corre a su mínima expresión.
Más allá del concepto político, ese mensaje alcanza también a los empresarios posadeños, que fueron los grandes perdedores de la visita presidencial. No habrá rebaja de impuestos ni vuelta atrás con rebaja de aportes patronales.
“No sé”, admitió Macri cuando le preguntaron por la reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes. El Presidente no tiene por qué saber los detalles de cada norma. Pero es raro que desconozca ésta en particular, porque fue una ley propia, promocionada hasta el hartazgo y que los candidatos de Cambiemos usaron para hacer campaña en Misiones. El desconocimiento del Presidente deja claro que los dirigentes locales de Cambiemos tienen escaso poder de persuasión y que todas las veces que prometieron avanzar, no tenían ningún tipo de certeza de poder lograr algún beneficio concreto. ¿Se podrá seguir reclamando? ¿O pesará el nuevo consenso de “transformarse” para ganar competitividad?
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio,  más político que sus pares, admitió la necesidad de una “salida política” al menos para recuperar el ITC diferenciado para los combustibles para “devolver algo” a Passalacqua a cambio de la gobernabilidad recibida. Pero poco más. Apenas un esbozo a trazo grueso de estudiar la posibilidad de crear zonas francas en Misiones para competir con las 23 que pretende crear Brasil en la frontera y Paraguay, que es, en toda su extensión, una enorme zona franca. Y, en cuanto a los costos, la promesa de que los futuros tarifazos energéticos, tendrán una rebaja del 50 por ciento para el NEA, con lo que en Misiones, la tarifa plena que imagina el ministro de Energía, Juan José Aranguren, se alcanzará en 2021 y no en 2019 como en el resto del país.
Es llamativo que Cambiemos haya clausurado la atención a las demandas de los empresarios posadeños, donde mejor le fue políticamente en las elecciones presidenciales y legislativas. Son varios los que admiten por lo bajo estar peor que con el Gobierno anterior. Por lo visto, nada cambiará. Para Macri, las asimetrías se “morigeraron”.
En cambio, se fortalecerán las acciones para promover el consumo argentino, como el Ahora Misiones o el Ahora 12, con tasas bajas y en cuotas. Con estas ofertas se pretende desalentar el consumo del otro lado del río Paraná, donde se compra más barato, pero en general, al contado.
El Ahora Misiones ha sido un éxito para inyectarle consumo a la deprimida economía posadeña. Una muestra de que los deberes en casa están más que cumplidos. El ministro de Energía, Sergio Lanziani, sorprendió a todo el gabinete nacional y al propio Presidente, que se había ocupado en campaña de criticar a la empresa eléctrica provincial, que Emsa está a punto de alcanzar un equilibrio entre ingresos y egresos. Para mejorar “competitividad” y bajar más los costos, el secretario de Energía misionero insistió en la necesidad de extender las líneas de distribución, con el plan a 20 años pergeñado por el Gobierno provincial con el aporte de técnicos incluso de Cambiemos. Se necesitan 600 millones de dólares de financiamiento y la Nación quedó en estudiar alternativas. Parte se podría cubrir con las regalías mal liquidadas que reclama Misiones de Yacyretá.
No fue el único dato saliente sobre el buen desempeño de la Provincia. Según los datos de la Dirección General de Rentas, Misiones se mantiene como octava economía del país, pero está 18 en el reparto de recursos coparticipables. Ese desempeño económico viene acompañado por una fuerte caída en la pobreza multicausal -medida no solo por ingresos- de 6,8 puntos porcentuales y de 12,9 en la indigencia. Es el segundo valor más bajo de los últimos catorce años, siendo la más baja la correspondiente al cuarto trimestre de 2014, del 27,5%. Respecto a la indigencia, este valor del 13,9%, representa el valor más bajo de los últimos catorce años (superando la anterior marca del 16,2% en el cuarto trimestre de 2014).
 

 

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