Juan Carlos Argüello

Periodista, director de Economis

Buenas noticias

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Qué bueno es dar buenas noticias, decía, con una firmeza que no tenía, el fugaz Fernando De la Rúa, justo un año antes de tomar el último vuelo en helicóptero. Su mensaje, en diciembre de 2000, anunciaba el Blindaje del Fondo Monetario Internacional por 39.700 millones de dólares, con el apoyo de bancos, AFJP y otras entidades financieras.
“Festejemos, porque este año se va y viene uno nuevo, mejor, llegó el momento de cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos, es segura y previsible, ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos”, pronosticaba el líder de la alianza.

El monto del préstamo que terminaba con la incertidumbre en la Argentina, era mucho mayor a lo que los “mercados” esperaban.    
“Hemos acordado un stand by de acceso derivado por el monto de 50 mil millones de dólares que es once veces la cuota de la Argentina. Demuestra el apoyo que tenemos de la comunidad internacional y es una muy buena noticia“, dijo este jueves un fortalecido Nicolás Dujovne al anunciar el nuevo préstamo del FMI que permitirá “evitar una crisis” tras el sacudón cambiario”. “El país va a seguir creciendo”, prometió.
En 2000, el Blindaje había salido sin complicaciones porque “las autoridades argentinas decidieron encarar el problema en la etapa preliminar de la crisis“, y el organismo estuvo dispuesto a actuar también para evitar el contagio que ya se empezaba a sentir en los países vecinos y en los mercados emergentes en general.
“Estamos contentos, porque nos va a permitir seguir recorriendo el camino hacia el equilibrio fiscal y desterrar el problema que tiene la Argentina de gastar más de lo que tiene“, insistió Dujovne, investido superministro.
A los 50 mil millones del Fondo hay que sumarle 5.650 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y CAF, que “despejan cualquier incertidumbre sobre el programa económico y la situación de los mercados”.
“Es un punto de partida importantísimo para la Argentina. Va a generar más posibilidades de desarrollo. Ayuda a fortalecer el desarrollo y el crecimiento y la generación de empleo; eso es lo que sirve”, completó el presidente Mauricio Macri al brindar por el día del periodista. Fue lo único que dijo después del dramático mensaje inicial.
El Fondo, en 2000 también había sido “generoso”. Autorizó a ampliar el déficit fiscal de 2001 a US$ 6400 millones en lugar de los 4100 millones pactados originalmente, y a alcanzar el equilibrio fiscal en 2005, en vez de en 2003.
El entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, asumía “con realismo” ante el FMI que “el PBI crecerá menos del 4,5% previsto en el presupuesto de 2001”.
Dujovne ahora reconoció: “Sabemos que producto de la turbulencia financiera que tuvimos, vamos a crecer un poco menos y vamos a tener más inflación que la que pensábamos. No hay magia. El Fondo Monetario nos puede ayudar, pero nosotros tenemos que resolver nuestros problemas solos”.
Como en 2000, Argentina recibe un “respaldo” inusitado del FMI.
“Demuestra un fuerte liderazgo”, opinó el entonces titular de la entidad Horst Köhler, sobre Fernando De la Rúa. El organismo estaba entonces preocupado por la crisis política.
“El ajuste fiscal requerirá de un “fuerte compromiso político”. No solo ya de la clase política: de toda la sociedad”, dijo ahora Roberto Cardarelli, uno de los economistas del Fondo al frente de la relación con la Argentina en el primer mensaje tras el acuerdo.
El país gobernado por De la Rúa fue merecedor de una confianza excesiva. Argentina estaba sobreendeudada y el fantasma del default estaba a la vuelta de la esquina.
Hoy la Argentina es el país del mundo que más le debe al FMI, cuatro veces más que Grecia, hasta ahora el país más endeudado con 12.800 millones de dólares.
El país helénico recibió en 2010 también una ayuda extraordinaria, que alcanzó los 145 mil millones de dólares entre el FMI, la Unión Europea y otros organismos. Pero después de cumplir todas las metas impuestas, Grecia sigue hundida en una profunda depresión, con una caída de salario real que llega al 40 por ciento, un PBI 27 por ciento más bajo y una desocupación del 22 por ciento, porcentaje que se duplica entre los más jóvenes.
Peor aún, la relación deuda pública/PBI, que superaba el 80 por ciento en 2010, hoy llega al 180 por ciento. En Argentina, antes del acuerdo con el Fondo pero después de la devaluación por la corrida cambiaria, la deuda equivalía al 65 por ciento del PBI.
Argentina también tiene metas que cumplir. Varias. Aunque el FMI ofrece “cláusulas de salvaguarda social inéditas“. “Prevé eventuales relajamientos en la meta de déficit para ser aplicado una porción del gasto en programas sociales en caso de ser necesario intervenir e incrementar el gasto social”, festejó Dujovne. En realidad, no somos los únicos privilegiados: en Grecia también se prometían reformas para “combatir el despilfarro, frenar la evasión fiscal y proteger a los más pobres”. Los resultados no fueron  muy alentadores, como se puede apreciar: más del 35 por ciento de los griegos vive en riesgo de pobreza o exclusión social.
Entre las metas impuestas por el acuerdo con Christine Lagarde, Macri se comprometió a reducir el déficit en un monto cercano a los 20 mil millones de dólares, unos 500 mil millones de pesos. Los principales recortes pasarán la obra pública, con un ajuste del 81 por ciento y en transferencias a provincias, del 74% en tres años, para achicar el gasto en relación al PBI. Además, se prevé hasta 2020 una baja en salarios de los trabajadores estatales del 13 por ciento (la coincidencia es pura coincidencia) y en los subsidios a las tarifas y transporte de un 48 por ciento. El gasto “extraordinario” por jubilaciones también deberá reducirse 30 por ciento.
Las metas de inflación para este año simplemente desaparecieron y para los años próximos serán de 17%, 13% para 2020 y 9% para 2021.
Con este préstamo Macri se garantizó contar con respaldo financiero para lo que resta de su mandato, aunque esto no evite recurrir al mercado financiero para cubrir los gastos. De hecho, ya no podrá echar mano del Banco Central, que se encargará de hacer cumplir las metas de inflación y estará ocupado en intentar desactivar la bomba de tiempo -de fabricación casera, a manos del propio Federico Sturzenegger- de las Lebacs.
La contundente muestra de respaldo no es simple mérito. El FMI necesita que el sistema económico financiero argentino se sostenga. Argentina es un ejemplo de la derrota del “populismo” y un retroceso de Macri podría arrastrar a otros países de la región. La situación del hermano mayor no es la mejor: Lula preso sigue siendo el mejor candidato brasileño y los postulantes del establishment no tienen mayor imagen positiva que Michel Temer, que apenas roza el tres por ciento. 
No es la primera vez que el FMI premia a sus favoritos. Lo hizo antes con Carlos Menem, en momentos en que las señales de resquebrajamiento de la Convertibilidad eran evidentes. Pero siguió prestando y acompañando al “modelo”.
Para Macri, el respaldo del FMI es un arma con el que cual presionar para alcanzar las metas que hasta ahora fueron esquivas. La culpa del ajuste será del Fondo. Pero sigue sin haber un programa que sustente el crecimiento. El ajuste suele traer consigo un efecto negativo en la economía.
La situación política para el Gobierno no es la mejor. Los últimos meses acumularon conflictos y la vuelta al Fondo no es una buena noticia, para buena parte de la sociedad que no quiere repetir la historia. El consultor Gustavo Córdoba sostiene que los últimos días creció la sensación de que Cambiemos “es igual” que los partidos políticos tradicionales cambiados en las dos últimas elecciones. Del otro lado, el peronismo entendió con la discusión por las tarifas, que puede pensar en una unificación, aunque más no sea para recuperar poder.
El gobernador Juan Manuel Urtubey, uno de los que se pone en la largada para ser candidato a presidente, adelantó el respaldo al Gobierno. Pero advirtió: “Nosotros no cogobernamos. El presidente es Macri y la responsabilidad del destino de Argentina es suya”.  La idea es compartida por los demás gobernadores.
Las provincias ya achicaron sus presupuestos y en muchos casos no tienen los problemas que exhibe la Nación.
El “misionerismo” no va a cambiar su decisión de no poner palos en la rueda. Pero al mismo tiempo, pide que los gobernadores sean escuchados para que se ponga el acento en el desarrollo económico y no únicamente en el ajuste que paraliza.
Misiones es un ejemplo en sustentabilidad financiera y una planta estatal sumamente moderada en relación a la cantidad de población.
El ajuste ya es un problema político. Lejos de ser una mera abstracción de los discursos presidenciales, se siente en la calle, con reproches permanentes incluso en aquellos que admiten haber votado por el cambio.
Resulta hasta llamativa la defensa a ultranza que hace el radicalismo de las medidas del Gobierno ante el silencio del PRO purista. “Recurrir al FMI pidiendo ayuda es bueno. No es pedirle ayuda al diablo como mucho creen”, reprochó el diputado nacional Luis Pastori, quien insiste en el buen andar de la economía, pese a que los datos de la realidad se empeñan en desmentirlo. La economía solo muestra algunos sectores que recuperaron dinamismo, mientras que la mayoría está en baja.
Posadas es un ejemplo. La coparticipación crece por efecto inflacionario, pero la recaudación propia está bastante por debajo de la inflación desde el año pasado.
La fe ciega de Pastori en el modelo parece ser la única en sostenerse dentro del radicalismo. Son varios los jóvenes criados al cobijo de Franja Morada que empezaron a mantener reuniones con los jóvenes de Podemos, el espacio creado por militantes de espacios políticos diversos. “Y se suman más”, contó uno de los principales de Podemos.  
No son los únicos desencantados. La Renovación también comenzó a recibir a dirigentes y profesionales que buscaban una alternativa al todo o nada del kirchnerismo, pero se sienten decepcionados con el cambio.
El misionerismo que se consolida en el tiempo con un modelo distinto al nacional, sin endeudamiento, con incentivos a la economía y con permanente ampliación de derechos, es un refugio ante un escenario de más ajuste. Mientras en Buenos Aires se realizaba un “panazo” en protesta contra los tarifazos y la suba de la harina, en Misiones el gobernador Hugo Passalacqua sellaba un acuerdo con los panaderos para congelar por tres meses el precio del pan a cambio de una bonificación de la tarifa eléctrica que llega al 50 por ciento. “La sensibilidad social nace de la cercanía, de conocer qué pasa en la realidad y hacer lo que esté al alcance del Gobierno en un momento difícil para todos”, señaló Passalacqua.

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Tiempo de ajuste

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El debate por las tarifas en el Senado fue el telón de fondo de una disputa que comienza a delinear el escenario para 2019. No estaba en juego el valor de la electricidad ni el gas, sino un primer tanteo entre oficialismo y oposición en el que el usuario y las provincias tenían poco y nada que ver. Un juego del gato y el ratón entre Cambiemos y el peronismo, en todas sus variantes, en el que ninguno perdió del todo.
Las encuestas revelan que el presidente Mauricio Macri salió mejor parado de la contienda, porque más allá del descontento por las tarifas, la sociedad cree que la oposición “no le está dando gobernabilidad”. No es poco, en momentos en que la imagen del Presidente está en sus peores niveles y los modelos “espejo” hacen agua.
En Brasil, Michel Temer pasa su peor momento con políticas de ajuste similares a las aplicadas en la Argentina, que desataron la furia de los camioneros que paralizaron el país. Su socio político, Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados e impulsor del impeachment a Dilma Rousseff fue condenado a 24 años y diez meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y violación de secreto funcional en la megacausa LavaJato, que tiene salpicaduras con varias empresas constructoras en la Argentina.
Del otro lado del océano, la caída de Mariano Rajoy en medio de un escándalo por corrupción en España significó un duro golpe para Macri, que hace poco tiempo lo puso como “ejemplo” a seguir. La justicia española estableció en una sentencia la semana pasada que en el Partido Popular de Rajoy funcionó durante años una contabilidad paralela en dinero negro procedente de donaciones de empresarios, y condenó a varios de los antiguos responsables de la formación política. Se trataba de una red de empresas que conseguían contratos de todo tipo de administraciones gobernadas por el PP en diversas partes de España. Lo lograban a cambio de sobornos a los cargos públicos responsables de decidir sobre esos contratos e incluso servían para financiar actos de campaña y otras gestiones del propio PP, según la Justicia española. Un LavaJato a la europea.
En la pulseada por las tarifas, el panperonismo logró demostrar que la unidad no es tan descabellada si el objetivo es recuperar poder -o porciones-.
Nunca estuvo en disputa frenar el aumento de tarifas, ya que se sabía de antemano que el Presidente iba a vetar cualquier iniciativa en ese sentido y el proyecto opositor tenía fallas insalvables, como la falta de propuesta de financiamiento y la conculcación de derechos adquiridos por parte de las distribuidoras eléctricas.
Por eso, buena parte de los gobernadores decidió correrse de la puja. No es que, como pretendió Macri, estuvieran de acuerdo con el nivel de los aumentos, sino que, en el marco de la “gobernabilidad”, advertían que no es el Congreso el que debe fijar el valor de las tarifas, facultad del Ejecutivo. Tampoco aceptaban la propuesta “alternativa” que hizo Macri a las apuradas de reducir el IVA a las tarifas. La generosidad era con billetera ajena y redundaría en una mayor desfinanciación de las arcas provinciales, ya que se trata de un impuesto coparticipable.
¿Conclusión? Las tarifas siguen estando por las nubes, los usuarios seguirán pagando caro y el Gobierno mantiene firme su política económica. “Los argentinos no quieren volver hacia atrás”, esgrime el Presidente, con la grieta como arma. La figura de Cristina es una herramienta de contraste, pero cada día con menos efectividad.
 “Aplicar la ley significaría suspender la Asignación Universal por Hijo por el resto del año”, argumentó Macri, ofreciendo una única falsa opción.
Hay otros muchos lugares donde el Estado puede echar mano para cubrir el déficit que no sea el mínimo ingreso de chicos y adolescentes o por lo menos para recuperar ingresos que achiquen el rojo financiero.
En cualquier caso, ofrecer esa única alternativa a menoscabar la rentabilidad de las empresas eléctricas, revela qué es lo que privilegia el Gobierno.  Las tarifas eléctricas aumentaron exponencialmente desde 2015, muy por encima de los índices salariales y de la inflación. La asignación universal se licúa por la suba de precios y la devaluación.
La pérdida de poder adquisitivo va de la mano de una enorme transferencia de recursos desde los sectores bajos y medios hacia las grandes empresas eléctricas con una mejora sustancial en su rentabilidad.
Es en los resultados económicos donde más se concentra la desilusión de la sociedad. Un estudio de la consultora Gustavo Córdoba & Asociados revela que la inflación es la principal preocupación de los argentinos, con un crecimiento de seis puntos porcentuales respecto a mayo y que el 45,3 por ciento advierte que la situación económica estará peor dentro de un año.
El impacto de las políticas económicas se siente más, paradójicamente, en el sector medio, base electoral de Cambiemos. a diferencia de la clase baja, que todavía mantiene programas sociales y un bajo nivel de consumo, son familias que perdieron subsidios -servicios, transporte, combustible- y deben pagar mucho más para sostener un nivel de vida cada más caro producto de la inflación que no detiene su marcha y que volverá a tomar envión después de la última corrida contra el peso. La pérdida de poder adquisitivo, vía devaluación, llega al 56 por ciento en los últimos doce meses.  
El bolsillo y la heladera no suelen mentir. Son más sinceros que las convicciones políticas.
No existe una solución alternativa a que cada uno pague la energía que consume”, defendió el Presidente, planteando nuevamente una falsa dicotomía.
No se pone en dudas que hay que pagar lo que se consume. Lo que se pone en cuestionamiento es el elevado valor que hoy tiene lo que se consume –y que seguirá en aumento-.
Es una forma elocuente de tomar partido. Es ideológico, un modo de pensar que excede al Presidente. “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”, se preguntó, lacónica, María Eugenia Vidal. “Todos los que estamos acá”, hace a un sentido de pertenencia: jóvenes del Rotary reunidos en el hotel Sheraton de Buenos Aires, donde pocos entran.
Una mirada de clase en la que los derechos son innecesarios si son de los otros. Una mirada de clase que encuentra muchos adeptos, especialmente entre aquellos que nunca necesitaron de una mano. Algo así como: “El pobre es pobre y nunca saldrá de esa condición”. O, ¿para qué tantas universidades si no se garantiza calidad? Van algunas respuestas. Quizás nunca llegaron porque nunca tuvieron acceso. ¿Cómo medir calidad en universidades con un par de años de funcionamiento? Los datos oficiales contradicen a Vidal, entre 2008 y 2015 la matrícula en universidades nacionales en el quintil más pobre del Conurbano bonaerense creció 47 por ciento, y el quintil siguiente, creció un 95 por ciento. El quintil de más altos ingresos creció 21%, y el que le sigue en ingresos, creció un 28 por ciento. Buenos Aires tiene 22 universidades nacionales públicas. De ese total, diez fueron creadas en los últimos 15 años durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
En tiempos de ajuste, cualquier “gasto” de “los otros” es innecesario. La necesidad de mostrar señales se hace urgente en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Las tarifas son parte de esa señal de “fortaleza” que va dirigida a los mercados. El recorte de “gasto” público es otra premisa pedida por el Fondo.
El superministro Nicolás Dujovne anunció un paquete de ajuste enfocado sobre los “privilegios” de los empleados públicos. “A todos nos va a doler un poco”, dijo, compungido. No serán todos. 
Se recortarán viáticos, horas extra y premios de los empleados públicos. Se prohibirán los choferes 24 horas y los vuelos en clase ejecutiva para los que no tengan rango de ministro y se realizarán ajustes de “funcionamiento” para ahorrar entre el 15 y 30 por ciento en todos los ministerios. Por ahora nada cercano al recordado 13 por ciento, pero con la misma finalidad. Con esto, se pretende ahorrar unos 20 mil millones de pesos. Suena a mucho. No lo es tanto. Es apenas el tres por ciento del déficit fiscal y uno por ciento del gasto total. A ese ritmo, el déficit seguirá siendo eterno.
Se apunta a cumplir con una de las demandas del FMI: congelar ingresos al Estado durante 24 meses y más despidos en empresas públicas, pese a que el empleo público es hoy más elevado que en 2015.
El decálogo anunciado por Dujovne -imitado por Federico Sturzenegger en el Banco Central, que reducirá el sueldo de los 20 choferes que trabajan para la entidad monetaria-, tiene como paradoja revelar que “el cambio” nunca pasó por recortar el gasto. “Los privilegios del sector público se tienen que terminar”, dice, ahora, al mismo tiempo que revela que pasaron más de dos años sin tocar ningún “privilegio”.
Las “medidas” de apuro contrastan con las decisiones tomadas en Misiones como modelo de gestión. La Provincia está entre las cinco con menor cantidad de empleo público por cada mil habitantes y en 2016 el gobernador Hugo Passalacqua firmó el decreto para congelar el ingreso a la planta del Estado, salvo en las áreas esenciales, como Educación, Salud y Seguridad.
El contraste se extiende si se amplía la mirada al estado de las cuentas públicas. A diferencia de la Nación que aumenta su déficit por exceso de gastos y endeudamiento, Misiones dejó de endeudarse desde 2003 y en 2017 recuperó un superávit operativo superior a los 2.500 millones de pesos. Son pocas las provincias que pueden exhibir esos resultados.
La diferencia de modelos es evidente. Lejos de la deuda y la especulación, Misiones mantiene una obsesión por generar empleo y potenciar la economía local. Ese modelo, incipiente, bautizado misionerismo, tiene la ratificación en las urnas cada vez que es momento de elegir. El viernes hubo una elección de las ligas menores, pero que fortalece una forma de ver la política: los candidatos renovadores se impusieron en las elecciones de consejeros de la Rama Pasiva del Instituto de Previsión Social por el doble de votos de la lista apadrinada por el puertismo y Cambiemos.
Passalacqua eligió una frase que distingue a la tierra colorada del mapa nacional: “Misiones, chiquita, marginal, es la única provincia que logra traer una inversión genuina, cuando la timba financiera está en la tapa de todos los diarios”, dijo el jueves al presentar el plan de luminarias Leds que se pondrá en marcha con la fábrica polaca Lug, que comenzará a producir en un mes en el Parque Industrial de Posadas.
“Lug es una firma polaca que no fue a otro lugar del país, vino acá, porque ellos observaron que el misionero tiene una estirpe especial en sus ganas de trabajar y progresar”, señaló Passalacqua.
“Esto es producto de que nuestra provincia tiene una característica especial. Siempre pensamos desde la Renovación que el Estado provincial tiene que estar presente”, dijo Passalacqua, al tiempo que pidió valorar que esto se da en días de mucha dificultad, cuando el país está en una situación complicada y por supuesto, la provincia también”.
Misiones no va a parar de crecer por más crisis que haya, no va a parar…y eso es mérito de la gente, mérito de una conducción política, mérito de nuestras ideas, de nuestras convicciones de que hay que estar cerca de la gente y trabajando a destajo, fuera de hora, 24 sobre 24…esa es nuestra actitud. Cuesta mucho juntar la plata, le cuesta al municipio y a la Provincia también le cuesta mucho; y sin embargo lo hacemos, porque la actitud es ir hacia adelante, a veces con pasos largos, a veces con pasos cortos; pero la dirección que tiene el misionero y este modestísimo espacio político es ir siempre hacia adelante; no importa el largo del paso, lo que importa es la dirección del paso. En este marco de dificultades donde algunos discuten el pasado, nosotros tratamos a veces con éxito, a veces no, tener siempre políticas proactivas, políticas públicas hacia adelante”, manifestó.
 

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Revolución siglo XXI

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El 2018 encuentra a la Argentina lejos de los ideales de 1810, cuando la revolución asomaba como idea de independencia para despegarse del yugo imperial. Hoy el imperio no tiene bandera pero su alcance es global. Impone condiciones y toma decisiones con consecuencias directas en lo local, en la mínima mesa familiar. Puede que no sea el mismo de hace 18 años, puede ser un FMI más humano, pero el sistema financiero, tal como está concebido, juega con sus propias reglas y, generalmente, gana o gana. Siempre es un partido desigual.
Depende, claro, de quien acepte entrar en el juego y sus reglas. Argentina había recuperado cierta independencia en 2006, cuando se le pagó toda la deuda junta al Fondo Monetario. Mantuvo su presencia en los mercados financieros, pero dictó propia política económica.
Volver al Fondo significa resignar esa autonomía y someterse a modelos y controles que dejan exhausta a la economía para poder cumplir las metas. Ya le pasó a la Argentina y a los países que recurrieron en busca de auxilio. Otra es la suerte de los países que mandan en el Fondo.
Nunca es buena noticia recurrir al Fondo, porque ya agotaste tus propias ideas o porque ya no hay salida al exceso de endeudamiento. En la Argentina hubo una combinación de ambos. Una acumulación de deuda de corto plazo que asfixió las posibilidades de financiación y un exceso de optimismo que se agotó rápidamente.  
El mercado, así, en abstracto, marca los tiempos. Reclama ajustes y cuestiona que haya más o menos empleo público y que se destine más o menos a las jubilaciones. Desprecia a un Estado presente y exige que los números cierren para “atraer inversiones”.
Misiones es un ejemplo para graficar el derrotero que significa “pertenecer” al club. Hubo un tiempo en que el gobernador era “el alumno más aplicado del modelo económico”. La Provincia era  asidua a los bancos y organismos financieros para tomar deuda, que fue creciendo hasta los mil millones de dólares, en paralelo a una pobreza y desempleo creciente.
Desde hace 18 años se cambió el paradigma. Misiones no tomó más deuda y refinanció sus vencimientos hasta convertirlos en una ínfima porción del presupuesto. El 95 por ciento de la deuda estaba en dólares. Hoy apenas el cinco por ciento, lo que se convirtió en una virtud: es una de las pocas provincias que no sufrió con la corrida del dólar. Otras provincias tienen hoy una deuda 40 por ciento más abultada que el año pasado.  
La consultora Moody’s, que califica las cuentas de Misiones, al igual que otras provincias y la Argentina, destaca las potencialidades locales. Son extensas, pero se pueden resumir en cuatro: gasta poco en relación con sus ingresos, no toma deudas, recuperó superávit operativo y hace obras con recursos propios. Todo lo contrario a lo que se le achaca a la Nación.
En el promedio de los últimos siete años de la ejecución presupuestaria de Misiones se observa un superávit económico equivalente al 9,4 % de los ingresos corrientes. En 2017 obtuvo un resultado económico positivo equivalente a 2.570 millones de pesos. Los ingresos corrientes alcanzaron a los 45.076 millones, superiores a los gastos corrientes que ascendieron a 42.506 millones, permitiendo destinar el remanente a inversiones reales directas.
Esa inversión real en gasto de capital es mayor que en el promedio del país: Misiones de cada 100 pesos que gastó en 2016, 16 lo destinó a gasto de capital, cinco puntos porcentuales por encima de la media de las provincias. 
Y, por último, tiene un bajo nivel de ocupación estatal con respecto a la media nacional, lo que refleja una política de austeridad a los fines de no comprometer el normal desenvolvimiento de las finanzas públicas.
Sin embargo, la economía real sufre las consecuencias de las turbulencias nacionales. La construcción se frena por la falta de financiamiento y quienes tenían créditos casi cerrados, hoy dudan de firmar por el nivel de tasas, que además están atadas a la inflación.
La yerba mate es un ejemplo bien local para graficar el estado de situación. Usted se preguntará ¿qué relación tiene un tarefero o un colono con las inversiones en Lebacs y la “bicicleta financiera” que se armó a partir de la política del Central? ¿Qué culpa tiene un molino yerbatero de las especulaciones de los fondos de inversión extranjeros que vinieron a hacer el famoso carry trade (traer dólares, cambiarlos por pesos y ponerlos a trabajar en Lebacs o bonos)?
El sector yerbatero requiere de mucho capital para levantar la cosecha. Son 50 millones de pesos semanales. Es dinero para pagarle a las cuadrillas de tareferos cada viernes, más dinero para el flete de esa hoja verde hasta el secadero. También, claro está, el dinero para el productor y luego ese capital que queda inmovilizado por 12 o 14 meses con la yerba canchada estacionándose en los galpones. El sector yerbatero necesita capital y lo necesita por un tiempo.
¿Cómo se financia? Generalmente los secaderos o las industrias adelantan pagos para la cosecha o los productores descuentan cheques propios o de terceros en los bancos, en el mejor de los casos, o en financieras o directamente en “cuevas”.
Con las tasas de referencia del Banco Central encima del 40 por ciento, el financiamiento se hace casi imposible de afrontar. Para descontar cheques algunos bancos están cobrando tasas de 50 o 60 por ciento o aún más. Y algunas entidades como el Banco Nación suspendieron algunas de esas líneas.
En tanto, las financieras cobran más que los bancos y las “cuevas” más que las financieras.
A todo esto hay que agregarle el dinero que necesitan los molinos para comprar la materia prima y ponerla a estacionar en períodos que pueden superar los 12 meses.
Juntar 10 millones de kilos de yerba para un molino de los “top” tiene un costo de 250 millones de pesos aproximados. Si una industria pusiera el dinero en Lebac tendría un rendimiento de 100 millones de pesos al año y sin hacer nada.
Hasta antes del comienzo de la crisis cambiaria, según datos del BCRA, los principales molinos tenían una deuda con el sistema financiero de 2.200 millones de pesos. Un parte importante de esta deuda es a tasa variable, con lo cual, se incrementa con la suba que dispuso el Banco Central.

La yerba está en cada uno de los hogares argentinos, pero apenas presente en la mesa de decisiones del superministro Nicolás Dujovne. Solo Luis Miguel Etchevehere exhibe un mate en la mesa de los varones economistas.
Dujovne todavía no hizo ningún anuncio sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ni sobre las medidas que tomará para frenar el déficit fiscal. Solo trascendió que les pidió a sus colegas una mayor coordinación para el ajuste que se aplicará. Sin embargo, abrió un nuevo frente de batalla con la base de sustento electoral de Cambiemos: la patria sojera.
Deslizó la posibilidad de frenar la baja mensual de las retenciones a la soja y que podrían reimplantarse retenciones al maíz y el trigo y desató un cisma con el campo, simiente del Gobierno actual en los días de lock out patronal contra Cristina.
El paro sojero había sido la respuesta a las retenciones móviles que pretendió imponer aquel Gobierno. En cambio, desde 2015 se eliminaron y bajaron retenciones y se quitaron cada uno de los obstáculos para girar dólares al exterior. ¿Resultado? Los dólares se fueron y hoy escasean para pagar los compromisos de deuda y frenar corridas contra el peso. Por eso, someterse nuevamente al FMI es una salida elegante.
El “campo” ahora reclama una reunión urgente con Macri para que desmienta a su superministro.
El campo, claro, no el mismo en todo el país. La chacra misionera no tiene tanto poder de lobby. La deuda con el sector tabacalero asciende a 1.200 millones de pesos del Fondo Especial del Tabaco, lo que pone al borde de la parálisis a las obras sociales. Los productores de distintas asociaciones se unieron para elevar el reclamo a la Nación. No hay argumentos que expliquen la demora. La burocracia y hasta el desinterés parecen ser las respuestas.
Los diputados del bloque misionerista advierten que detrás de la demora se esconde la idea de dar de baja el FET. No es descabellada ni nueva. Ricardo López Murphy ya había querido manotear los recursos durante la fugaz alianza. Ahora figuraba -para 2022- en la reforma impositiva impulsada por Dujovne.

Fue quitada en el recinto por presión de los misioneros de la Renovación. “El FET no corre peligro”, defiende el radical Luis Pastori y promete que se pagará lo adeudado. Por las dudas, no pone fechas. La prometida reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes dejó algunas enseñanzas.
“No estamos contentos con el atraso en la reglamentación”, justificó –nuevamente- Marcos Peña en el Congreso. Menos mal. Los misioneros tampoco, desde agosto de 2016. La mirada de la Nación siempre ha sido condescendiente con la demanda misionera y eso quedó en evidencia cuando el propio presidente Mauricio Macri admitió desconocer de qué se trataba el mentado artículo 10, que habían enarbolado en campaña los radicales Pastori y Alex Ziegler.
Ahora el argumento para estirar la demora es que las asimetrías menguaron por la brusca devaluación del peso argentino. En Paraguay, cuya economía está dolarizada, es más caro comprar lo que antes era baratija. Pero la teoría dista de la realidad. Es cierto que en los primeros días pos devaluación menguó el cruce a Encarnación, pero eso no se tradujo en un boom de compras en Posadas. Sucede que en la capital misionera los precios siguen siendo altos, acompañando la inflación y el potencial traslado a los precios de la suba del dólar. Del otro lado del Paraná, lentamente los precios tenderán a un nuevo equilibrio, explican los comerciantes. Es que estaban artificialmente altos por la fuerte demanda misionera. Tienen margen para bajar y volver a ser atractivos. La ventaja misionera, por estas horas es el precio del combustible –congelado aquí por lo menos hasta junio-.
En Paraguay está prácticamente igual que aquí, pero es en Brasil donde se revirtió la balanza. El presidente Michel Temer aplicó un tarifazo a los combustibles similar al de Macri en la Argentina y subió 14 por ciento el precio del combustible, lo que desató la furia de camioneros y transportistas. En 2015 los camioneros ya habían paralizado Brasil en una protesta contra Dilma por una suba de impuestos.
Ahora el litro de combustible está 4,98 Reales -34 pesos, tres pesos más caro que en Posadas-, por lo también se frenó el cruce para llenar el tanque en tierras brasileñas.
Sin embargo, los empresarios locales advierten que hay una inflación contenida en el congelamiento de los precios de las naftas en la Argentina, que podría dispararse en junio, cuando venza el plazo puesto por Juan José Aranguren. Algunos cálculos muestran la desmesura de los aumentos: el litro de nafta Premium podría irse a 38 pesos de acuerdo a lo que calculan los expendedores.
Un combustible caro, combinado con las altas tasas que “no volverán rápidamente al valor que tenían” antes de la corrida, según anticipó el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se convierten en un coctel amargo para la economía real. Pero hoy la prioridad está puesta en “dar certidumbre a inversores y mercados”, como explicó el ministro de Finanzas, Luis Caputo.
En ese escenario se juega la política. La oposición advierte que el Gobierno necesita respaldos para sostener el timón, pero al mismo tiempo, exhibe una debilidad que no tenía hasta hace unos meses.
El peronismo, en todas sus variantes, comienza a moverse para recuperar terreno perdido porque ve que no es una quimera ganar en 2019.
En cambio, en Cambiemos mantienen la calma. Aseguran que las turbulencias son pasajeras y consecuencias de la pesada herencia.
En ese tablero, los gobernadores cobran dimensión. Son los garantes de la gobernabilidad y actores necesarios para construir nuevos liderazgos. Ya no habrá candidatos “del partido”, sino que serán productos del consenso, principalmente de la mesa chica de los gobernadores. La nueva visita de Juan Manuel Urtubey –en otra fiesta patria- tiene que ver con eso. El salteño busca atar respaldos para una eventual candidatura presidencial que surja del interior y con apoyos locales. Lo mismo hizo antes el cordobés Juan Schiaretti, a quien muchos quieren impulsar para el sillón de Rivadavia. El misionerismo, entendido como legado de Guacurarí, tiene muchos puntos en común con la historia de Salta, custodiada por el caudillo Miguel de Güemes.  Es una identidad y sentido de pertenencia del interior profundo que puede “exportarse” al resto del país.

“La única política económica que parece haber en el país es la monetaria”, cuestionó Urtubey al plantear la necesidad de una “alternativa superadora” por encima de un partido para “pensar en una Argentina federal”.
El apoyo de la Renovación es singular. No es un partido político con marcha o boinas, sino la conjunción de ambas con el condimento independiente. Ha dado muestras de gobernabilidad por encima de egoísmos, con la suma de cuadros de distintas extracciones para sacar como resultado algo distinto. Cualquier proyecto de gobernabilidad futura debe contar necesariamente con el respaldo misionerista. Pero no es tiempo de pensar en candidaturas, sino en aportar soluciones a la salida de la crisis nacional. Passalacqua, Urtubey y el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad  pasaron la tarde del viernes hablando de eso.
Nadie de afuera nos manda, fue la semilla que nos dejó la Junta de Mayo”, señaló el gobernador Hugo Passalacqua.

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El SuperMartes no se desactivó la bomba. Es tan complejo el mecanismo de relojería que hay que respirar profundo, rogar que nadie se equivoque y esperar. El Gobierno compró tiempo. A precio abultado y tasa cara. Los problemas que provocaron la corrida y el susto, siguen ahí. Latentes. A la vista.
Sortear las turbulencias significó más deuda, un dólar más caro de apuro, más inflación y menos crecimiento, con unas tasas financieras insoportables para la economía real. Eso es lo que costó el exceso de optimismo presidencial y los problemas de coordinación del equipo económico, que se hicieron evidentes a fines del año pasado. Se celebra que no haya sido peor.
La síntesis del SuperMartes puede explicarse con varios datos: la devaluación fue del 25 por ciento, se perdieron más de diez mil millones de dólares de reservas y las tasas se elevaron al 40 por ciento –el doble para empresas y hasta el cien por ciento para tarjetas de crédito-. La deuda por 617.000 millones en LEBAC fue canjeada a 30 días con una tasa del 40 por ciento nominal y se sumaron 5.000 millones adicionales con las mismas características. 
Se emitieron 73.250 millones de pesos en Botes (no hay doble sentido: los Bonos del Tesoro fueron apodados Botes por el ministerio de FInanzas) a 5 y 8 años con una tasa del 20 por ciento anual y comprada por el Fondo Buitre Franklin Templeton, que es dirigido por Michael Hasenstab, un amigo de Luis Caputo.
Se salió de la turbulencia financiera, pero en el campo de batalla queda una economía agobiada. Las tasas financieras hacen imposible tomar un crédito para la producción y quien tiene el dinero, obtiene mayor rentabilidad en el juego financiero que en una industria real. La inflación se volverá a disparar detrás del dólar y afectará a miles de familias que dependen de un ingreso fijo cada vez más devaluado.
El panorama es complejo, con ganadores y perdedores. Un dólar más alto que favorece el comercio doméstico. Este nuevo valor de 25 pesos se recupera la competitividad  para que la actividad económica muestre señales de recuperación.
Pero la macro nacional mostrará menos crecimiento y por ende menos recaudación. La inflación podría superar la pauta y disparar reclamos salariales más adelante. Las elevadas tasas de interés castigan a la economía y se suma el ajuste fiscal que hará la Nación per se o a pedido del FMI. Hasta ahora hay un esmero en aclarar que el ajuste es receta propia y no una imposición de Christine Lagarde, como si eso cambiara el resultado de la medicina.
La tensión extrema de este martes tiene sus orígenes en la propia política económica que acumuló vencimientos de corto plazo para financiar un “gradualismo” que sólo benefició a los tenedores de bonos. La falta de dólares se hizo acuciante, pero previamente el Gobierno había liberado todas las trabas que prevenían las fugas y quitó la obligación de liquidar exportaciones en el país. Los dólares viajan libremente.
La deuda externa ya roza el 60 por ciento del Producto Bruto Interno de la Argentina y podría crecer por efecto de la devaluación.  
El presidente Mauricio Macri siente que lo peor ha pasado. “Pusimos metas demasiado optimistas y mucha gente se irritó” y “hemos tenido problemas de coordinación entre el gabinete económico y el Banco Central”, fueron las únicas autocríticas.
Pero en un mes habrá otro vencimiento de Lebacs que volverá a poner a prueba la solvencia del sistema financiero. Para este entonces se espera haber conseguido el salvataje “excepcional” del Fondo Monetario Internacional, que servirá como garantía de pago a los mercados que, como reconoció el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, “nos está diciendo que no confía en nuestra política monetaria”.
El presidente del Banco Central volverá a tener a su cargo exclusivo las metas de inflación. Pero para explicar el escenario, viene a cuento una frase suya de cuando todavía no estaba en el Gobierno. “La alta tasa de interés que paga el BCRA se convierte en un proceso de generación de inflación futura: si ya colocó títulos que pagan una tasa de 30%, habrá que emitir… ¡Sólo para financiar estos intereses!”, decía Szturzenegger en febrero de 2014. Hoy las tasas están diez puntos porcentuales arriba de aquellas.
Los “errores” que llevaron a la corrida cambiaria y al pedido de auxilio del FMI fueron críticados hasta por los más ortodoxos economistas. Domingo Cavallo aseguró que “el error más grave” que cometió la actual gestión fue la eliminación del cepo sin una corrección previa de las tarifas en los servicios públicos. También consideró que otra falla fue “haber anunciado metas de inflación demasiado optimistas”, algo que fue reconocido por el Presidente.
En una nota titulada “Argentina puso el carro económico por delante del caballo”, Desmond Lachman, ex FMI, plantea que no fue una buena idea que el Presidente argentino decidiera levantar todas las restricciones a los capitales en el país, antes de haber estabilizado la economía. Para el economista,  “la caída libre del peso está proporcionando una dolorosa lección económica al Presidente”, además de introducir la posibilidad -cada vez más probable- de que Macri se vea pronto forzado a reintroducir las restricciones a los capitales, para detener la caída libre del peso.
El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, alertó sobre el peligro de “atar el día a día con parches” y recomendó desactivar la bomba de las Lebac, al mismo tiempo que criticó que se haya recurrido al FMI “sin un plan”.
Hay mucho equipo, pero escasa política. La oposición, menospreciada, es ahora un necesario respaldo para sostener el timón.
Del otro lado, el Papa Francisco a través del documento titulado Oeconomicae et pecuniariae quaestiones y redactado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y por el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral del Vaticano, envió un fuerte mensaje en el que cuestionó que “los procesos de endeudamiento son el resultado de una “gestión imprudente – cuando no dolosa – del sistema de administración pública” que llevan a “hacer ajustes estructurales” para afrontar el “pago de los intereses”.
“Numerosas economías nacionales se ven agobiadas por el pago de los intereses que provienen de esa deuda y, por lo tanto, se ven en la necesidad de hacer ajustes estructurales con ese fin”, sentencia.
En el texto, Francisco pide más reglas para que todos tengan garantías, propone un impuesto a las cuentas offshore y avala “la imposición tributaria, cuando es justa” ya que es una herramienta fundamental para la distribución de la riqueza.
La economía argentina está nuevamente a merced de los mercados que forzaron la corrida y la devaluación. Será, sin embargo, la excusa perfecta para forzar un ajuste que hasta ahora solo se hizo vía tarifas. El Presidente anunció que quiere achicar el déficit en el presupuesto 2019 y compartir el costo político con los gobernadores a través de un gran “pacto” que reparta las culpas.
Los mandatarios están dispuestos a dar gobernabilidad. Pero no a inmolarse con decisiones que tendrán un fuerte impacto económico. “Más que en recortes hay que pensar en que la economía crezca y con estas tasas no están dadas las condiciones”, argumentó Domingo Peppo, el gobernador de El Chaco, de paso por Misiones. El nacido en Corrientes insistió en que “gobiernan ellos” y las decisiones son “de ellos”. La responsabilidad es de Cambiemos y la caída de la imagen también. Del Presidente y de la gestión. Hasta la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se escondió para evitar ser arrastrada durante los días de crisis. Los sueños de reelección asegurada de Macri, la propia Vidal y Horacio Larreta, se ven de pronto en duda.
La lógica de los gobernadores es de autodefensa. El año pasado el Presidente había lanzado los “consensos básicos” que incluían responsabilidad fiscal, la baja de la inflación, menos gasto público, baja de impuestos y reforma previsional y laboral. Hasta ahora las provincias han corrido con el costo, pero la Nación no solo no achicó sus gastos, sino que los aumentó. El nombramiento de funcionarios y colaboradores particulares en cargos inverosímiles siguen siendo una constante que irrita.
El dato adicional es que muchas provincias se han endeudado por imitación a la política nacional. Quienes tomaron deuda a un dólar a 17, hoy deben a 25 pesos y eso genera una enorme presión sobre las finanzas públicas con servicios de deuda que crecieron 47%. Misiones es una de las pocas que no ha tomado deuda y que tiene una escasa exposición en dólares.
El gobernador Hugo Passalacqua sostuvo que “hay que respaldar las negociaciones con el FMI y asumir una posición patriótica” para que “sea lo más beneficioso para los argentinos”.
En línea con el Papa Francisco, el mandatario misionero marcó diferencias con Macri.  “Él sostiene que hay que bajar impuestos y eliminar otros para atraer inversiones y nosotros desde el Frente Renovador, destacamos el cobro de los impuestos como un  igualador social por excelencia”. La reducción de ingresos brutos, acordado en el pacto fiscal firmado en diciembre, “desfinancia a las provincias”, aseguró.
Misiones marca la diferencia con el modelo económico nacional. Mientras el rumbo se juega a la renovación de bonos y deuda externa en un negocio en el que interviene no más del dos por ciento de la población, la Provincia mantiene el desendeudamiento como emblema y protege la economía real. Pese a la disparada de las tasas, el Gobierno decidió que el Fondo de Crédito, que asiste a pequeños emprendedores e industriales con financiación local, sostendrá las tasas de interés y las líneas de crédito vigentes. También se conoció la decisión de bajar Ingresos Brutos a la venta de medicamentos a personas particulares y a hospitales, para bajar costos en los sectores más necesitados.
La Provincia mantiene el acuerdo de gobernabilidad, pero también requiere reciprocidad. La presencia de los ejecutivos de la Unidad de Información Financiera, el director de la ANSES, Emilio Basavilbaso y el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación debe leerse en clave de diálogo para corregir las cosas que no funcionan bien, pero también como inicio de conversaciones para el presupuesto 2019, que demandará mucha negociación política para que el impacto del recorte sea menor.
La Legislatura misionera, lejos de retroceder avanza con más derechos, como la ley de  protección integral de las personas con Trastornos del Espectro Autista. También genera herramientas para la protección del valor distintivo de Misiones: la naturaleza. La provincia contará con un Instituto Misionero de Biodiversidad. No es casual que ambas iniciativas sean de la Renovación, la primera del diputado Juan Pablo Ramírez, la segunda del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira. La oposición, encarnada básicamente por Cambiemos, hace gala de ocuparse únicamente de buscar elementos para cuestionar al Gobierno provincial. Lejos de la gobernabilidad que aporta la Provincia con la Nación, los opositores se esmeran por quien es más cuestionador. El radical Javier Mela heredó los modales del ex diputado Germán Bordón, denunciado por su propia colega de bloque, María Losada por violencia de género. Mela ahora protagonizó un escándalo filmado, a los gritos en una reunión de comisión, contra la renovadora Silvana Giménez. Lo que se dice, un caballero.

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De vuelta al fondo

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La tortuosa relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional se inició en 1956 por iniciativa del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Desde entonces, Argentina estuvo “bajo acuerdo” con el organismo durante 38 años hasta 2006, cuando Néstor Kirchner canceló casi diez mil millones de dólares de la deuda contraída en los años previos, que terminaron en estallido de 2001. Las “transitorias” asistencias financieras, fueron para el país, casi una norma, aunque las relaciones no siempre fueron carnales.
Cuando la balanza se inclinó hacia una mayor intervención del Estado en la economía, las presiones fueron asfixiantes. En 1966, la dictadura de Juan Carlos Onganía se sacó el corset, canceló la deuda y suspendió el acuerdo.
En cambio, en los períodos de preponderancia del libre mercado, hubo indulgencia, como en los últimos años del menemismo, cuando el país se encaminaba a una evidente crisis por el exceso de deuda y la inevitable caída en default.
Durante la dictadura de 1976, el Fondo apoyó el programa regresivo y se convirtió en garante del repago de 43 mil millones de dólares que se convirtieron en la herencia económica que después condicionó a los gobiernos democráticos.
Raúl Alfonsín recurrió cuatro veces al Fondo, Menem otras cinco y la fugaz alianza otras dos, incluido el Megacanje y el Blindaje. Duhalde cerró un último acuerdo hasta que Néstor Kirchner rompió relaciones para recuperar independencia económica.
Con el santacruceño hubo una guerra frontal y hasta 2018, la Argentina se había librado de la imposición de las políticas del FMI.
En ninguno de los períodos bajo el mandato del FMI hubo una real mejora económica y de los indicadores sociales.
Durante pequeños períodos pos acuerdos, se equilibran las variables que obligaron a pedir auxilio, pero a largo plazo, los efectos son contrarios. Lo mismo sucede con la pobreza, que siempre creció en igual proporción que los montos de los préstamos, hasta un insoportable 50 por ciento después del estallido de la Convertibilidad, sostenida por el placebo que inyectaban los mercados y el complaciente Fondo.
Sorpresivamente, el martes, el presidente Mauricio Macri anunció la vuelta al FMI. Fue apenas unas horas después de una cumbre con sus socios de la alianza Cambiemos para analizar la suba de tarifas y la corrida del dólar. Todos salieron a “ratificar el rumbo” y a negar cualquier problema. El senador Humberto Schiavoni aseguró que la disparada del dólar se debía al movimiento de tasas en Estados Unidos y que “gracias a la competencia del Gobierno en el manejo de las variables, el Gobierno pudo calmar a los mercados”. El radicalismo ni se enteró. El dólar, tampoco. Siguió subiendo hasta superar los 25 pesos al filo del cierre del viernes, cuando el Central gastó 25 mil millones de pesos para enfriar la fiebre.
Para contener la suba, el Gobierno gastó desde abril casi el cinco por ciento de las reservas y no hay certezas de que haya tocado el techo. En las últimas semanas se esfumó el equivalente a toda la porción de educación en el presupuesto nacional y el doble de salud, un plan de infraestructura completo para el país, o varios años del denostado Fútbol para Todos. El dólar subió 50 por ciento en un año y 25,5 solo en 2018.  
Pese a contar en su equipo con el Messi de las finanzas y varios ministros de economía sin sillón, no hubo receta que calmara la fiebre.
Macri dio un mensaje con un giro dramático y juró que pedía el préstamo “pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho”.
El tono y la estructura traen a la mente un mensaje similar, en diciembre de 2000, cuando Fernando De la Rúa también difundía un spot grabado celebrando el Blindaje que iba a salvar la economía argentina. “Es un éxito para mí como Presidente y para todo el pueblo que se beneficiará porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos”. “¡Qué lindo es dar buenas noticias!”, se despedía sin presagiar que exactamente un año después debería huir en helicóptero.
Macri no dio demasiados detalles del pedido de auxilio que sorprendió a propios y extraños. Pedir auxilio al FMI no es el mejor cartel para una campaña que se avecina y contrasta con una de las políticas que el kirchnerismo transformó en bandera.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tampoco explicó los alcances del nuevo blindaje, siquiera después del encuentro en Washington con Christine Lagarde. Hasta ahora se sabe que Argentina intentará calificar para un crédito stand by de alto acceso.  
Es un misterio lo qué sucedió entre la noche del lunes, cuando se hizo la cumbre de Cambiemos y el mediodía del martes, cuando hubo que salir a pedir auxilio al Fondo.
Todo indica que no fue la imparable corrida del dólar, sino la posibilidad certera de no poder cancelar vencimientos de deuda y de bonos Lebacs que se acumulan en forma geométrica. El modelo de financiamiento vía deuda externa llegó a su fin con la suba de tasas en Estados Unidos y ya no hay garantías de que el “mercado” confíe en la Argentina.
La suba de tasas del Banco Central pretende enfriar el furor por la moneda verde, pero el costo es demasiado elevado y ya hay quienes miran con desconfianza la táctica de ofrecer demasiado. Cuando la ganancia es tan alta, hasta el Lobo de Wall Street se pone en guardia.
El peso de los intereses es ya de dos puntos del PBI y el déficit fiscal de 6,4 por ciento.      
El martes vencen cerca de 30 mil millones de dólares en Lebacs, el instrumento favorito de Federico Sturzenegger para contener la inflación. Si hipotéticamente, los tenedores decidieran salirse y recuperar sus dólares, se llevarían el equivalente al salvataje que se busca con el FMI. El préstamo serviría para financiar la fuga de capitales. También es cierto que hoy pedirle plata al fondo es más barato que apostar a los mercados financieros, aunque el costo político sea enorme.
¿Por qué el mercado mira con desconfianza a un Gobierno que hizo casi todos los deberes? Tener al Messi de las finanzas no garantiza ganar el partido de la economía real. La acumulación de endeudamiento y la falta de recursos por la parálisis económica y un dólar cada vez más caro, obligan a replantear estrategias.
Para 2018, el monto total de vencimientos de deuda era de u$s 64.649 millones, pero el 30% ya fue cancelado y restan pagar u$s 44.842 millones. De los casi u$s 65.000 millones, casi 70% son colocaciones realizadas en 2017. El porcentaje sube al 80% si se toman las colocaciones a partir de la asunción de Macri, indica  la Fundación Abdala.
Para 2019, los vencimientos de deuda entre capital e intereses alcanzan a u$s 35.410 millones. En este caso, el 68% de ese total fue colocado por la actual administración
Si consigue los 30 o 40 mil millones de dólares que va a buscar, Macri tendría el colchón para cubrir los vencimientos por lo menos hasta el fin de su mandato y daría una señal a los mercados para conseguir más financiamiento.  
Lo curioso es que el propio Gobierno alimentó varios monstruos que ahora lo amenazan. Desactivó las trabas para la fuga de capitales y la remisión de utilidades al exterior, eliminó retenciones a la patria de la soja y el límite de tiempo para liquidar ganancias a los exportadores. Claro está, hoy no hay dólar que alcance.
Los sojeros, por los que “se jugaron la vida”, según reclamó Carrió, no devuelven generosidad. No liquidan a la espera de una mayor devaluación que maximice rentabilidad. La patria primero.
El modelo económico instaurado en 2015 consiste en asegurar el funcionamiento en base a un masivo endeudamiento externo con una preeminencia del capital por sobre el trabajo. Este nuevo endeudamiento estuvo orientado siempre a incrementar reservas y atender las obligaciones externas y no al desarrollo interno.
La política de tasas altas para seducir a los mercados se traduce en problemas en la economía real que cada día se acentúan. La construcción solo crece en el centro del país, mientras que en la mayoría de las provincias registra una caída. En Misiones la construcción privada cerró el año en una baja de 5,3 por ciento –comparada con un 2016 que ya había sido pésimo- y hoy hay constructoras que no pueden vender departamentos ya terminados, lo que desató una guerra sucia entre empresarios para poder captar algún cliente.
El Banco Nación suspendió los créditos hipotecarios a una tasa del 17 por ciento y acceder a un crédito es cada vez más complejo por el nivel de las tasas. La entidad que conduce Javier González Fraga le echa la culpa a Sturzenegger, pero tomó otra medida que causó pánico en cientos de empresas a lo largo del país: decidió parar la compra de cheques diferidos, un recurso por el que las empresas se hacen de efectivo a cambio de sus cheques a plazo, pagando una tasa de descuento. Las empresas que canjeaban sus cheques para conseguir liquidez se vieron desnudas. La ola de quejas hizo dar marcha atrás. Pero ahora canjear los cheques tendrá un costo de 36 por ciento, por lo menos hasta que pase la tormenta.

Pretender que la vuelta al Fondo será esta vez inocua para la Argentina es pecar de ingenuo. “Es un Fondo Internacional muy distinto al de hace 20 años”, argumentó Dujovne, más en defensa propia que en ayuda del organismo.
Vale mirar a Grecia que está bajo el auxilio del FMI desde hace varios años y todavía sigue en respirador artificial. A cambio de la asistencia financiera, el país helénico tuvo que hacer una reforma laboral, achicar el Estado y privatizar casi todos sus activos. Los otros países con créditos stand by como los que pidió Argentina, son Irak, Jamaica y Kenia.
En diciembre pasado, un reporte del FMI sobre Argentina advertía que “es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado rápidamente en los últimos años, en particular salarios, pensiones y transferencias sociales” y recomendaba “considerar la adopción de un ancla fiscal a mediano plazo y de un mecanismo más riguroso para exigir el cumplimiento”. En paralelo plantearon “acelerar la reducción de los aranceles de importación, eliminar la mayoría de los permisos de importación, retirar los obstáculos a la inversión y la entrada de empresas al mercado y adoptar medidas para promover la competencia interna”.     
En un nuevo reporte, publicado en las últimas horas, el FMI reclama que “en los casos en que la sostenibilidad o credibilidad fiscal pudieran correr riesgo, las autoridades deben abordar esas inquietudes aplicando un ajuste con una fase inicial más intensa e impulsando la reforma fiscal”.
Entre las demandas del organismo para prestar plata a la Argentina, figurarían un congelamiento de las jubilaciones y pensiones y un achique en la planta del Estado, además de la reforma laboral demorada por la presión de los sindicatos. “Ahora nos van a exigir más”, admitió el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Hasta ahora el Presidente no dio detalles de lo que está dispuesto a aceptar como condiciones. Solo explicó la urgencia a un grupo de gobernadores y una decena de empresarios de primera línea, entre los que se encontraba el misionero Gerardo Díaz Beltrán, como flamante presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

Lejos de las especulaciones políticas, los gobernadores apelaron a la responsabilidad. Un grupo estuvo en la Casa Rosada a pedido del Presidente.
El misionero Hugo Passalacqua fue recibido en la Residencia de Olivos.
La apelación a los gobernadores es una señal clara que la política es la única instancia para sostener el timón cuando la turbulencia financiera pone en peligro al barco.
“Las dificultades del momento imponen racionalidad, sensatez y unidad”, expresó Passalacqua tras reunión con Macri. Fue el mismo tono diplomático de los demás gobernadores. No comparten la decisión, pero no es momento para pasar facturas. 
“Sin pertenecer al color político del Gobierno nacional creemos que el paso de la toma de crédito por parte de la Nación colabora en despejar incertidumbres en el universo de las finanzas y el crédito internacional.  Aunque ellos (por el Gobierno nacional) sean quienes tengan la responsabilidad de gobernar al país no vamos a ser los misioneros, a quienes cuidaremos siempre, quienes dificultemos la acciones de gobierno”, insistió el gobernador misionero.
La responsabilidad institucional contrasta con el socio de la alianza Cambiemos. La UCR emitió un duro comunicado firmado por el presidente de la Convención Nacional, Jorge Sappia. “Sostenemos que antes de esa determinación deberían haberse intentado otras medidas menos gravosas para el pueblo, sus trabajadores, sus empresarios, sus jubilados. Ahora, existe un riesgo cierto de recesión, y con ella, la caída del consumo, la parálisis económica y la pérdida de fuentes de trabajo y de empleo”, critica. No es la primera vez que el radicalismo hace públicas sus desavenencias, aunque su actitud adolescente se interpreta como la necesidad de forzar internas para ganar espacios de cara a 2019.
Lejos del poder central, las críticas corrieron desde todos los espectros políticos. Hasta la Iglesia, en la voz del obispo Jorge Lugones, titular de la Pastoral Social, acudir al FMI “no es una salida inteligente”. Además cuestionó al Gobierno: “Acá de gradualidad no hay nada”.
Misiones ha sostenido en todo este tiempo la palabra gobernabilidad. Desde la vereda opuesta al Gobierno nacional diferencia los matices ideológicos de la necesidad de sostener un timón institucional. En la última semana dio una nueva muestra. Se opuso a los tarifazos, pero también a la idea de que el Congreso imponga otra política. Es una decisión que corresponde al Presidente.
Como nunca, en esta nueva turbulencia, resalta la tranquilidad de haber asumido una política económica opuesta al modelo actual. Desde 2003, cuando el hoy presidente de la Legislatura, Carlos Rovira asume su segundo mandato como gobernador, se dejó de tomar deuda y se limitó la exposición en dólares de los pasivos.  Por estas horas, el conductor de la Renovación transmitió un mensaje claro: “Hay que estar más que nunca al lado del pueblo. En los peores momentos hay que proteger y socorrer a los que necesitan”.
 

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