La Federación Argentina de Municipios denunció una profundización del ajuste a los distritos en el Presupuesto 2026 y pidió una reunión con el Presidente.
La Federación Argentina de Municipios (FAM), que nuclea a más de500 jefes comunales de todo el país, le exigieron hoy al presidente Javier Milei que “cumpla con la Constitución, la división de Poderes y el federalismo”.
“Exhortamos al Gobierno a frenar sus crueles medidas económicas y a tomar un nuevo rumbo que detenga las consecuencias sociales de sus políticas, que atentan directamente contra la subsistencia de los jubilados, el empleo y la dignidad de la mesa de las familias”, manifestaron los jefes comunales agrupados en la FAM, que preside el matancero Fernando Espinoza.
En un comunicado, la entidad alertó que Argentina atraviesa una “catástrofe de enorme gravedad económica y social” y denunció que las consecuencias de esa crisis la está pagando el pueblo con “sacrificios insoportables”.
“Mientras el pueblo hace sacrificios insoportables, Milei sigue beneficiando a los mismos de siempre: los más ricos, las corporaciones, el poder económico, los banqueros y las multinacionales”, enumeró.
Asimismo, la federación dio cuenta de un mayor ajuste de recursos para los municipios del país en el Presupuesto 2026 que, según consideró la FAM, “no se discute colectivamente” sino que “se impone y consolida un modelo injusto que concentra privilegios y multiplica desigualdades”.
“Los recursos que se transferirán a las provincias (y, por ende, a los municipios que las componemos) son, en términos reales, un 36,7% menores que lo proyectado para este año, en el que ya nos quitaron más del 80% de los fondos educativos, entre otros, que recibíamos hasta fines de 2023”, detalló.
Además, la FAM rechazó el ajuste a las universidades y el Hospital Garrahan, al tiempo que volvió a dar cuenta del “abandono” por parte del Ejecutivo de “la obra pública nacional, que afecta directamente a las economías de cada ciudad, a la producción, al turismo y la seguridad de los municipios”.
En este escenario, los intendentes señalaron también que no puede haber democracia plena con la “proscripción” de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reiteraron el pedido de una reunión con el Presidente.
“El rumbo económico debe cambiar de manera urgente, porque el camino elegido sólo conduce a más pobreza, más exclusión y más injusticia. El pueblo argentino merece otro destino: uno de esperanza, de soberanía y de dignidad”, remarcó la FAM.
Aseguran que “no se violó ningún secreto fiscal”. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó por un “error de interfaz” información de cuentas bancarias de argentinos en Estados Unidos sobre el intercambio de información financiera con ese país.
Según una nota publicada en La Nación, ARCA admitió que se trató de un “error de interfaz” y aseguró que “no se violó ningún secreto fiscal”. La información ya fue eliminada.
Fuentes del organismo indicaron que la información que algunos contribuyentes pudieron ver sobre sus cuentas u operaciones en los Estados Unidos se publicó dentro de la solapa “Nuestra parte” a donde se accede con CUIT y clave fiscal. Se trata del espacio donde ARCA le dice al contribuyente qué conoce de sus movimientos tributarios.
Tributaristas consultados por La Nación dijeron que esto no pone en riesgo el acuerdo de intercambio automático de información con EE.UU. porque, coincidieron con ARCA, los únicos que ven datos sobre sí mismos son los propios contribuyentes en sus perfiles privados en la agencia.
El año pasado, Estados Unidos cumplió con el envío de información automática de 2023 sobre la base del acuerdo modelo IGA 1 firmado con la Argentina.
La vocera del organismo, Julie Kozack, enfatizó el apoyo hacia la administración libertaria y aseguró que continúan trabajando “en estrecha colaboración”.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al gobierno de Javier Milei acumular más reservas en el Banco Central (BCRA) y demandó la necesidad de que haya un “amplio apoyo político” en la Argentina para “asegurar la implementación de las reformas”.
Durante una conferencia de prensa, la vocera del organismo Julie Kozack afirmó que desde el FMI continúan trabajando “en estrecha colaboración con las autoridades” para “apoyar el camino de Argentina hacia un crecimiento más sostenible e impulsado por el sector privado”.
La directora de comunicaciones del FMI aseguró que el fortalecimiento de las reservas del Central y la reducción de la inflación “seguirán requiriendo el compromiso inquebrantable de las autoridades con el ancla fiscal, respaldada por un marco monetario y cambiario consistente destinado a reconstruir las reservas”.
“Con respecto al programa en curso, también continuamos enfatizando la necesidad de generar un amplio apoyo político para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas de la autoridad y fortalecer la confianza”, señaló Kozack.
Sobre los apoyos anunciados por Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dijo que “acogemos con beneplácito el apoyo de los socios de Argentina y aquí estamos colaborando estrechamente muy de cerca con todos, a medida que avanzamos conjuntamente el apoyo hacia Argentina”.
Más temprano, el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, reiteró su apoyo al Gobierno Nacional, insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía Argentina y confirmó que se trabaja en swap.
Sin emebargo, aclaró que la asistencia financiera al país no es una inyección directa de dinero sino que se trata de “una línea de swap”.
Los comentarios de la vocera del organismo se dieron luego de la reunión que mantuvieron la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, junto al presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en Nueva York.
Georgieva detalló que fue una reunión “excelente”, adelantó que se volverán a reunir y aseguró que la Argentina “está yendo en la dirección correcta”.
El proyecto que actualiza las partidas presupuestarias para las casas del altos estudios obtuvo 58 a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Además de La Libertad Avanza, la cordobesa Álvarez Rivero votó en contra de la ley. Losada de la UCR, y Huala, Goërling Lara y De Ángeli se abstuvieron.
Con la presencia de una masiva marcha universitaria en las afueras del Palacio Legislativo, el Senado aprobó la insistencia definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario con 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones. El Gobierno nacional queda obligado a promulgar la ley ya que el texto superó ampliamente los dos tercios que establece la Constitución Nacional.
A favor de la insistencia de la ley, estuvieron 33 de los 34 integrantes del interbloque de Unión por la Patria; 12 de los 13 radicales; los dos santacruceños; los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia; Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo de Unidad Federal; la rionegrina Mónica Silva; la neuquina Lucila Crexell; la chubutense Andrea Cristina; la tucumana Beatriz Ávila; el salteño Juan Carlos Romero; y Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez del Pro.
Dentro de los 7 votos en contra de la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario estuvieron los seis integrantes de La Libertad Avanza; la cordobesa Carmen Álvarez Rivero; y el formoseño Francisco Paoltroni de Libertad, Trabajo y Progreso. Además, se abstuvieron el misionero Martín Goërling Lara, la santafesina Carolina Losada, la pampeana Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli.
A diferencia de lo que ocurrió en 2024, la iniciativa que propone una actualización en las partidas presupuestarias de las Casas de Altos Estudios y recompone salarios docentes y no docentes se transformó en ley. Es el segundo/tercer veto que el Congreso le deroga al presidente Javier Milei: el 4 de septiembre fue la Emergencia en Discapacidad y este jueves, también, la Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan.
¿Qué establece la ley?
La norma sancionada obliga al Gobierno nacional a actualizar, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Según el texto, dicha actualización deberá realizarse conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, correspondiente al período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
La medida alcanzaría las partidas presupuestarias vinculadas a la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, fortalecimiento de la ciencia y la técnica, y actividades de extensión, todas enmarcadas en el programa de Desarrollo de la Educación Superior.
Además, se deja fijada una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas durante todo 2025. La medida, que regirá desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, se aplicará de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
También, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.
Este incremento deberá hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remunerativo y bonificable. Asimismo, se establece la incorporación total de las sumas no remunerativas al salario básico durante el año en curso.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá recomponer los montos de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustándose por la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Además, se establece un incremento progresivo en la cantidad de becas, en función del crecimiento de la matrícula en instituciones públicas de nivel secundario y superior.
Del mismo, establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades públicas de gestión estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 bis de la ley 24.521. Los informes elaborados por la AGN deberán ser remitidos de manera inmediata al Congreso de la Nación, junto con las observaciones que pudieran surgir y el correspondiente plan de seguimiento y control con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema universitario, en un contexto de creciente demanda por eficiencia institucional.
Por último, intima al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios universitarios, tal como lo establece la ley 24.156. En ese marco, se prevé la adecuación de partidas para actualizar, al 1º de enero de 2025, el presupuesto destinado a las universidades públicas. La norma sostiene que esta actualización no deberá impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos ni sobre los aportes del Tesoro nacional, preservando así los recursos provinciales y el equilibrio fiscal.
Las intervenciones en el recinto
Miembro informante como presidente de la Comisión de Educación y Cultura, el senador Eduardo “Wado” de Pedro, señaló que este miércoles en el interbloque de Unión por la Patria recibieron a rectores de universidades “casi con vergüenza de que este presidente vuelva a vetar una ley que tiene como fin el financiamiento de algo tan noble y necesario como es la educación universitaria”.
“El 80% de esta cámara votó de manera positiva la ley”, recordó y destacó que la norma se trabajó “entre todas las fuerzas políticas” junto a “los rectores, los gremios, los estudiantes”. “Ayer nos decían los decanos que la pérdida (salarial de docentes y no docentes) es entre el 40% y 48% real respecto al presupuesto de diciembre de 2023”, apuntó.
El legislador kirchnerista cuestionó que desde el Gobierno “dicen que no hay plata” pero “cuando uno mira las noticias en los diarios ve que por una desregulación en las billeteras virtuales perdieron en los últimos meses 8 mil millones de dólares”. “Dicen que no hay plata -continuó- y en tres días, con una medida, o una estafa a los productores y la Argentina, con la baja de retenciones en pocas horas, el Estado argentino perdió 1.500 millones de dólares” que traducido a pesos argentinos son 2,17 billones.
“¿Cuánto es el costo fiscal que tiene este proyecto de ley? 7,3 billones”, precisó y advirtió que el Presupuesto 2026 se destinan solamente 4,9 billones. “Le decimos al presidente que no puede desarmar lo que está bien, tiene que garantizar lo mínimo y lo básico para que los jóvenes no pierdan la esperanza, se queden en Argentina, puedan estudiar y puedan ser los trabajadores y dirigentes del futuro”, concluyó.
El radical chaqueño Víctor Zimmermann se abocó a dar cifras sobre las universidades, concluyendo que el 86% del presupuesto destinado a las universidades públicas va para salarios; el 11,5% a gastos de funcionamiento y solo el 2,3% a transferencia e inversiones. “Esto es lo que se ejecutó durante 2024 para el conjunto de universidades públicas”, señaló, aclarando que para la Universidad del Nordeste, por ejemplo, la composición es diferente. “El gasto en salario es más alto y el de funcionamiento es menor”, aclaró.
Zimmermann aclaró que en el debate que está iniciándose en torno al Presupuesto 2026 “tenemos oportunidad de recomponer. Ahora, si miramos los datos que este presupuesto tiene asignado para el total de las universidades públicas para 2026, es un total de 4,8 billones de pesos”. Pero advirtió en ese sentido que los rectores, a los que han recibido en el bloque, les han indicado que estiman necesitar para el financiamiento 7,2 billones de pesos.
En síntesis, dijo que estaban dando “un paso muy importante, pero hay que seguir insistiendo para darles a nuestros jóvenes lo que necesitan para una mejor formación e igualdad de oportunidades”.
“¿Saben ustedes que las universidades públicas pagan en luz y en gas tarifas plenas, lo mismo que si fueran grandes contribuyentes?”, deslizó la senadora Alicia Kirchner, cuyo discurso muy crítico para con el Gobierno concluyó con esta advertencia: “La Libertad Avanza… ¿cómo? ¿Destruyendo el tejido social, empobreciendo a las mayorías, no considerando la salud pediátrica, la educación y nuestras universidades? Es muy duro lo que voy a decir, pero de seguir así, la timba de Caputo puede ser la tumba de los argentinos”.
Sobre la Ley de Financiamiento Universitario, la senadora rionegrina Mónica Silva cargó contra el gobierno de Javier Milei y lo acusó de invertir “cero pesos para obras de infraestructura en universidades”. También sostuvo que hay un “32% menos de recursos para salarios del personal docente y menos fondos de financiamiento”. “Me pregunto si estamos caminando hacia un arancelamiento de las universidades públicas”, deslizó.
En segunda instancia, destacó que “la sociedad argentina valora permanentemente la existencia de universidades públicas, no aranceladas y el acceso a los estudios superiores”. Explicó que en los jóvenes que salen de la educación obligatoria “hay esperanza de ascenso social y concreta de inserción en el mundo del trabajo”. Asimismo, valoró al sistema universitario argentino y recordó que “los estudiantes argentinos no deben pensar en pagar créditos universitarios”, y cerró: “En 2022 el 68% de los ingresantes fueron estudiantes de familias que por primera vez tenían integrantes en la universidad”.
A su turno, el senador radical Maximiliano Abad apuntó contra Javier Milei y recordó que en la Asamblea Legislativa del 2024 “señalamos la ausencia de la educación en el Pacto de Mayo” porque “en ese momento funcionaba con el Presupuesto sancionado en 2022 con financiamiento congelado”, consideró. Asimismo, reiteró efusivamente que “llevamos un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades y es la tercera vez que este Senado va a votar la misma ley”.
Crítico de las medidas del gobierno libertario, el bonaerense afirmó que “ninguna política pública tiene sentido si la universidad está desfinanciada”. Para terminar, le envío una sugerencia al Poder Ejecutivo Nacional: “Recuperamos gobernabilidad con educación para que puedan insertarse en un mundo laboral cada vez más competitivo”.
Por último, cuestionó que “los docentes universitarios están cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza y las becas están congeladas”. También, advirtió que “este Senado tiene una deuda porque no nombró a los auditores de la AGN”, y concluyó: “¿Quién fue el iluminado del Gobierno que dijo que hay que sostener el equilibrio fiscal desfinanciando la salud y la educación?”.
Arribando a la tercera hora del tratamiento de ambos vetos, el senador radical Martín Lousteau bosquejó que “es realmente increíble que estemos hoy acá debatiendo estos temas”. En esa línea, cargó que “es patético porque las universidades públicas son políticas reconocidas internacionalmente”. Luego, apuntó contra el Gobierno nacional: “Milei habla de Riesgo País, pero no habla nunca jamás de la salud y la educación”.
Con datos alarmantes, el legislador porteño aseveró que “el Gobierno ataca a las universidades”, y cuestionó la ausencia de políticas en materias educativa al presentar que “en tercer grado, uno de cada diez argentinos no está alfabetizado; y uno de cada tres, presenta dificultades de comprensiones”. Además, cargó que “uno de cada diez se recibe en la secundaria en tiempo y forma con los conocimientos básicos en lengua y matemática”.
Por último, Martín Lousteau afirmó que “Argentina fue grande cuando invirtió en educación”, y criticó que “la inversión en educación universitaria fue del 1,73% del PBI en 2023, pero fue 0,96% en 2024 y 0,73% en 2025”. También, alertó que “el número que viene en el próximo Presupuesto es menos de la mitad de la de este año”. “Tenemos una pésima y baja ejecución de presupuestos”, enfatizó.
En sintonía con lo expuesto por los representantes de su bancada, el titular del bloque radical, Eduardo Vischi, auguró que “estamos para seguir apoyando estas leyes y seguir rechazando los veto si es que hace falta”. Acusó al gobierno de tener “el récord de la insensibilidad “, y señaló que “evidentemente prioriza las matemáticas y no entiende como equilibrar las cuentas publicas incluyendo a los sectores vulnerables”.
Sobre el rechazo al veto de la ley, el senador correntino Eduardo Vischi manifestó que “en el caso de las universidades, es un dato importante que si no damos el financiamiento su situación será cada vez peor con falta de estructura y de docentes y en detrimento del desarrollo tecnológico del país”.
En representación de Unidad Ciudadana, la senadora nacional Juliana di Tullio también responsabilizó al Poder Ejecutivo por el contexto que atraviesan las Casas de Altos Estudios: “Estamos votando por tercera vez porque el presidente Milei tiene un proyecto político y económico, y asume de espaldas a este Congreso y lo primero que hace es desconocerlo”. Volvió a cuestionar la delegación de facultades delegades y cargó que el presidente gobierna “a puro decreto y veto limpio”.
Al referirse al financiamiento universitario, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, apuntó contra el kirchnerismo por las “universidades truchas que hicieron para financiar campañas políticas. Nosotros no queremos que las universidades sean usinas políticas. Todo el mundo financiando el curro real de universidades truchas”.
El jujeño recordó que en 2022 el entonces ministro Sergio Massa aplicó un ajuste de 70 mil millones de pesos y no hubo “ninguna marcha”, y brindó como dato que “el 60% de los estudiantes no aprueba más de 1 materia por año; el tiempo promedio de egresar es de 12 años”.
Por más de dos tercios de los votos, la Cámara alta ratificó la norma que prevé una asignación presupuestaria “prioritaria” para los hospitales que atienden niños. Los senadores misioneros de la Renovación Carlos arce y Sonia Rojas Decut, acompañaron el proyecto de Ley, en tanto el senador por el PRO, Martín Goerling se abstuvo.
Nuevo veto en caerse en el Congreso para Javier Milei: el Senado insistió por una amplísima mayoría con la Ley de Emergencia Pediátrica, que establece la asignación presupuestaria “prioritaria” para los hospitales que atienden niños e indica específicamente que debe garantizarse “el funcionamiento pleno y sostenido” del Garrahan.
Tal como se esperaba, la norma superó los dos tercios de los votos que requería. El tablero marcó 59 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Tras este resultado, el artículo 83 de la Constitución Nacional señala que el Poder Ejecutivo debe directamente promulgarla.
El pasado 17 de septiembre, la Cámara de Diputados también insistió con la ley por 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención. Pocos días después de eso, se anunció un complemento salarial para los trabajadores del Garrahan, de 450 mil pesos para los médicos y de 350 mil para el resto del personal.
Los trabajadores destacaron que esa suma adicional fue fruto de la lucha que llevan adelante hace más de un año, pero aseguraron que no era suficiente para solucionar de fondo el reclamo laboral. De hecho, las medidas de fuerza continuaron y este jueves el prestigioso nosocomio se encuentra de paro por más de 24 horas. Además, la comunidad del Garrahan se movilizó a la Plaza del Congreso en el marco del debate en el Senado.
En lo que va del conflicto, los representantes del Garrahan afirman que ya se fueron del hospital más de 200 profesionales.
El debate en el recinto
Lucía Corpacci sostuvo en el inicio del debate que las provincias, a través de sus representantes, necesitan del Hospital Garrahan. Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara alta, la catamarqueña detalló de qué se trata la emergencia en cuestión y definió al hospital como “de excelencia, reconocido por todos, federal como ningún otro en nuestro país”.
La senadora de Unión por la Patria criticó al presidente de “gobernar por vetos o decretos”, lo acusó de negar la división de poderes y advirtió que “mientras tanto gana tiempo, como hizo con el DNU inicial (el 70/23) y la Ley Bases”.
En su discurso, consideró “vergonzosos” los fundamentos del veto y recordó que con la eliminación parcial de las retenciones el país perdió 1.500 millones de dólares. “¿Me va a decir el presidente que lo desequilibran los 113 millones que perderían las provincias y no los 1.500 por las retenciones?”, se preguntó, recordando ante las críticas presidenciales que la Constitución autoriza a los legisladores a rechazar vetos y decretos.
Tuvo un párrafo especial para el ministro de Salud, Mario Lugones, de quien dijo que “no pisó nunca el Hospital Garrahan”, y subrayó que al personal del mismo “los han tratado de ladrones, de ñoquis, de irresponsables, de querer voltear al Gobierno… Todos sabemos lo que es el Garrahan, menos el presidente y su equipo”, aunque rescató la “coherencia” del presidente en cumplir lo que anunció en la campaña. “Es coherente para negar derechos; es coherente para negar la salud pública; la educación pública, la existencia y necesidades de las personas con discapacidad; negar los derechos de los jubilados; es coherente para pelearse con un niño con discapacidad; para agraviar e insultar a gobernadores, legisladores y cualquiera que piense distinto”, enumeró y cerró: “Me avergüenza tener un presidente que nos niega a los argentinos tener derechos que hemos conservado durante años”.
Durante el debate conjunto de este veto y el de Financiamiento Universitario, la santacruceña Natalia Gadano resaltó que “es la cuarta vez que este Congreso trata los mismos temas. La cuarta vez que nuestros médicos, nuestros niños con las patologías más complejas, que nuestros docentes y nuestros estudiantes universitarios están ahí afuera. Horas y horas esperando”.
“Me parece una falta de respeto, no solo a ellos sino al resto de los argentinos que están esperando que tomemos decisiones urgentes y responsables”, expresó la senadora y enfatizó que “la salud pública no es un privilegio, es un niño que está esperando un trasplante, es un médico que está trabajando en situaciones adversas”. “Una Nación que abandona a los sectores más débiles no puede llamarse ni justa ni libre. Defender la salud y educación pública no es un gesto político, es una obligación moral”, aseveró en el cierre.
A su turno, el radical Pablo Blanco destacó al Garrahan como “un ejemplo en Sudamérica” y, al hacer referencia al calificativo de “degenerados fiscales” que el presidente tiene para con los legisladores, manifestó: “Le quiero decir al degenerado social que hay necesidades, debe entender que hay que tener empatía con la gente más allá del Excel. Si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, la obligación del Gobierno es que haya equilibrio social”.
“Él tiene problemas siempre para conseguir recursos para las necesidades de la gente de a pie”, criticó a Milei, sin embargo consideró que no tiene las mismas dificultades para “pagar intereses de la deuda, vivir bicicleteando en la timba financiera o hacer negocios con sus amigos cerealeros”.
Muy ofuscada con el Gobierno, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri recordó que la frase “no hay plata” fue la que más dijeron desde La Libertad Avanza y también “hasta el cansancio nos han repetido que el superávit fiscal no se financia”. A continuación, expresó que si hubieran tenido “el mismo nivel de obsesión y creatividad para buscar consensos, acuerdos y sobre todo soluciones, no estaríamos nuevamente frente a esta situación”.
“Se encargaron de romper todos los puentes habidos y por haber”, le reprochó la larretista al oficialismo, y opinó que solo terminaron en “tener los mismos problemas que heredaron pero agravados”. Asimismo, analizó que el mantra de “no hay plata” ya es “claramente un relato insostenible” y “una excusa para no hacerse cargo de lo que no era prioridad”.
En esa línea, la porteña señaló que “la plata apareció por algo bien típico de la casta: una elección”. “Había posibilidad dentro del equilibrio fiscal de erogar dinero”, se quejó al mencionar la baja exprés de las retenciones. “Este Congreso le dijo dos veces que sí es prioridad para nosotros resolver las urgencias de los argentinos”, afirmó y le pidió al Gobierno que “dejen de ser necios y empiecen a registrar que en la micro vive la gente”.
Con relación a la Ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría, el senador neuquino Oscar Parrilli refirió un comentario pesimista a los dichos de Javier Milei: “El presidente dijo que ‘lo peor ya pasó’, pero yo le digo que lo peor está por venir”. Luego, se refirió sobre el jefe de Estado como “cobarde y vendepatria”. También, advirtió que “la única manera de parar esto es con el voto popular porque si no esto va a empeorar”.
En defensa del nosocomio pediátrico, el legislador kirchnerista aseveró: “Están anunciando entre los trabajadores del Hospital Garrahan una privatización por áreas y van a vaciarlo del personal profesional con la baja de los salarios”. Por último, señaló que “lo van a hacer porque es el mandato que tienen y es por el mandato que llegaron al gobierno”.
Llegada la hora de los cierres de bloque, el senador correntino de Unidad Federal, Carlos “Camau” Espínola, cuestionó: “¿Alguien le avisó al presidente de la Nación que está en juego la vida de nuestros niños?”. “Solo de mi provincia, atendieron en el Garrahan a más de 5.000 niños con la esperanza de ser curados”, remarcó y aseveró: “Tenemos que discutir cuáles son las prioridades porque además del equilibrio fiscal, creemos en el equilibrio social”.
Antes de pasar a la votación, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, recordó que “la Cámara de Diputados con amplio margen votó en contra de los dos vetos y fue festejado por miles de personas acá en la Plaza de los dos Congresos”. Optimista de lo que terminaría pasando en las pantallas del recinto del Senado, el formoseño afirmó que “como decía (Juan Domingo) Perón ‘a larga la verdad y la razón siempre triunfan’”.
En relación a las dos iniciativas en cuestión, Mayans destacó la labor de los gobiernos provinciales y ejemplificó con lo que ocurre en su provincia: “Tenemos 50.000 empleados públicos y 25.000 son docentes porque el núcleo educativo en las provincias es mucho más grande”. Después, también lanzó críticas contra el líder libertario: “Milei quiere un Estado sin responsabilidades y es todo lo contrario a lo que el pueblo necesita”.
Al cierre del debate, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, señaló que “es la cuarta vez que estamos hablando de este tema”. Primero habló del Hospital Garrahan al remarcar que “es importantísimo para la salud argentina de todos los niños. Es una consigna que, sin duda, tenemos desde este Gobierno de respetar la salud y no utilizarla políticamente con intenciones electorales”.
Atauche comparó que el kirchnerismo le otorgó al Garrahan $50 mil millones de pesos y el gobierno de Milei le asignó $228 mil millones y planteó: “Con eso le sacamos un poco la máscara al tema que es usado como bandera con efectos electorales. Utilizaron a los niños para hacer política y atacar al Gobierno, les debería dar vergüenza”.
Al respecto, el jujeño indicó que el problema surgió de recortar personal administrativo que “duplicaban las necesidades y no mejoraban las prestaciones”. En esa línea, afirmó que el Hospital Garrahan tuvo un aumento del 274% y acusó que la provincia de Buenos Aires le debe 5 mil millones de pesos al nosocomio.
Lo que prevé la ley
La norma declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año, “debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud”.
Además, declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como “hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad” y establece que debe garantizarse “su funcionamiento pleno y sostenido”.
Asimismo, prevé la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, a través de la cual se modificó el régimen de residencias médicas.
El texto contempla “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
También, “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”. Allí, se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades. “La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, indica.
Finalmente, se estipula la exención a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias.
Otro de los artículos establece que el Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, “y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias”.
Por otra parte, se establece la creación de “una comisión de seguimiento y evaluación” integrada por las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados y de la Comisión de Salud del Senado, representantes del Ministerio de Salud, representantes del COFESA y representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.
“Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardiacas, oncología pediátrica”, añade.
