Redacción Economis

Con 150 inscriptos inició el curso de entrenadores de fútbol en Posadas

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Con alrededor de 150 inscriptos, la Municipalidad de Posadas puso en marcha este miércoles 4 de marzo el primer curso de entrenadores de fútbol base del año en el Polideportivo Municipal Ernesto “Finito” Gehrmann. La propuesta, que se dictará durante cuatro meses en modalidad presencial, no solo superó expectativas de convocatoria sino que obligó a la confirmación de una nueva edición en agosto, con cierre en diciembre.

El dato excede lo deportivo. En un contexto donde los municipios buscan ampliar herramientas de inserción laboral y reforzar presencia territorial en los barrios, la formación de directores técnicos orientados a categorías infantiles y juveniles se convierte en una política pública con impacto social directo. La pregunta es si esta iniciativa consolida una línea estratégica de gestión o si responde a una demanda coyuntural de capacitación.

Formación base y salida laboral: el enfoque institucional

El curso está orientado al nivel inicial de entrenadores y focaliza en la etapa infantil y juvenil. Según se explicó en la charla informativa, el eje está puesto en la formación técnica y táctica, pero también en el desarrollo motriz del niño y en la construcción de vínculos pedagógicos.

La conducción académica incluye a los entrenadores profesionales Juan Ramón “Cepi” Núñez Silveira y Bruno Smorczewski, junto al director de Deportes Federados y Entidades Deportivas, Cristian Núñez Silveira. El cuerpo docente aborda tres dimensiones complementarias: el rol formador del director técnico, los fundamentos tácticos y técnicos del fútbol y la motricidad en edades tempranas.

El planteo institucional es claro: priorizar fundamentos antes que competencia. La capacitación apunta a profesores y entrenadores de escuelas de fútbol que buscan formalizar herramientas y ampliar posibilidades de inserción laboral. En términos políticos, la Municipalidad interviene en un espacio donde deporte, contención social y empleo se cruzan.

La duración de cuatro meses y la modalidad presencial refuerzan la idea de un trayecto formativo estructurado, no de un taller aislado. Esa decisión implica asignación de recursos, planificación y seguimiento.

Capital político y territorialidad

El récord de participación —unas 150 personas— le otorga volumen a la política deportiva municipal. En la práctica, significa que habrá más entrenadores capacitados para trabajar en clubes y barrios de la ciudad, ampliando la red de formadores en edades clave.

Esa expansión tiene efectos indirectos. El deporte base funciona como herramienta de cohesión social y como espacio de referencia para niños y adolescentes. Fortalecer la figura del entrenador como formador no es un detalle pedagógico; es una apuesta a ordenar dinámicas comunitarias en territorios donde el Estado busca presencia sostenida.

La decisión de anunciar una segunda edición en agosto también envía una señal interna: la gestión pretende institucionalizar el curso como política recurrente. No se trata solo de cubrir cupos, sino de sostener continuidad en la agenda deportiva municipal.

En términos de correlación de fuerzas locales, el área de Deportes consolida protagonismo dentro del esquema de gestión. La alta demanda legitima el programa y le otorga respaldo para futuras iniciativas.

Escenario abierto: continuidad y expansión

El desafío ahora será sostener calidad académica y traducir la capacitación en inserción real en clubes y escuelas de fútbol. También habrá que observar si el modelo se amplía a otras disciplinas o niveles de formación.

La confirmación de una segunda cohorte anticipa continuidad. Sin embargo, el impacto estructural dependerá de la articulación con entidades deportivas y del seguimiento posterior a la cursada.

En Posadas, el deporte vuelve a ocupar un lugar estratégico en la agenda municipal. La masiva inscripción en este curso no solo habla de interés formativo; también refleja una demanda social que el Gobierno local decidió capitalizar. Cómo evolucione esa apuesta en los próximos meses marcará si se consolida como política pública sostenida o si queda circunscripta a un ciclo anual de capacitación.

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Mantener a las mujeres al margen de la economía no es simplemente injusto: es contraproducente

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Por Indermit Gill / Banco Mundial – Es un dato estadístico impactante: en todo el mundo, hoy en día, más del 95 % de las mujeres vive en una economía que no brinda plena igualdad legal, y ninguna economía del mundo ha garantizado los derechos legales necesarios para la plena participación económica de las mujeres. Incluso en las economías que han modernizado su legislación, las mujeres aún enfrentan limitaciones referidas al tipo de trabajo que pueden realizar, los negocios que pueden poner en marcha y la seguridad que necesitan para buscar oportunidades. 

La brecha se hace más grande cuanto más de cerca se observa. Según las leyes vigentes, las economías obtienen un promedio de 67 puntos sobre 100 en el índice La Mujer, la Empresa y el Derecho elaborado por el Banco Mundial, que mide las leyes que apoyan la igualdad económica de las mujeres. Esto significa que las mujeres gozan de apenas dos tercios de los derechos económicos reconocidos a los hombres. Pero si se analiza el cumplimiento efectivo de las leyes, el puntaje promedio baja a 53. Y cuando se evalúan los sistemas necesarios para ejercer esos derechos, la calificación es de solo 47.

Las consecuencias van mucho más allá de la equidad. En un momento en que el crecimiento mundial es lento y las presiones demográficas se intensifican, dejar a las mujeres al margen de la economía no es simplemente injusto: es contraproducente. Un enorme conjunto de investigaciones indica que cuando las mujeres trabajan, lideran e innovan, las economías se vuelven más productivas, las empresas funcionan mejor y las sociedades se vuelven más resilientes. La inclusión de género fortalece los mercados laborales, impulsa la productividad y promueve el dinamismo económico. En algunas partes del mundo, como Asia meridional, esta puede ser la mejor estrategia para aumentar el potencial de crecimiento de la economía.

Sin embargo, las regiones que más necesitan las contribuciones de las mujeres —Oriente Medio y Norte de África, Asia meridional y África subsahariana— siguen manteniendo los obstáculos legales más restrictivos a la plena participación económica de las mujeres. Estas son también las regiones donde las poblaciones jóvenes se expanden con mayor rapidez. Si no se implementan reformas urgentes, millones de mujeres jóvenes seguirán excluidas de la fuerza laboral justo en el momento en que sus economías más necesitan su talento. El costo de oportunidad que representa la inacción es alarmante.

Son varios los obstáculos que impiden sistemáticamente la plena participación de las mujeres en la vida económica. La seguridad es uno de ellos. Cuando las medidas de protección contra la violencia son escasas o no se aplican adecuadamente, las mujeres no pueden trabajar, viajar con libertad ni participar de manera plena en la vida pública. El cuidado infantil es otro obstáculo. En los países de ingreso bajo, se ha establecido apenas el 1 % de los marcos esenciales de apoyo al cuidado infantil. Sin servicios de cuidado infantil confiables y asequibles, las madres enfrentan dilemas imposibles: reducir las horas de trabajo, rechazar oportunidades o abandonar por completo la fuerza laboral.

Los emprendimientos deberían ser una vía hacia la independencia económica y la innovación. No obstante, las mujeres siguen encontrando barreras significativas para acceder al crédito y los mercados y para ejercer sus derechos económicos. Aunque la capacidad legal para poner en marcha un negocio es casi universal, solo alrededor de la mitad de las economías del mundo garantiza un acceso equitativo al financiamiento. Sin capital, las empresas dirigidas por mujeres no pueden crecer ni crear empleos. No pueden innovar. No pueden contribuir plenamente al desarrollo económico.

Sin lugar a dudas, se estánproduciendo avances y, en algunos lugares, incluso se están acelerando. Entre octubre de 2023 y octubre de 2025, 68 economías promulgaron 113 reformas para ampliar las oportunidades económicas de las mujeres. Los Gobiernos reforzaron la protección contra la violencia, ampliaron las licencias parentales, elevaron los estándares referidos al cuidado infantil, garantizaron la igualdad salarial y eliminaron las restricciones al empleo de las mujeres. Países como la República Árabe de Egipto, Jordania, Madagascar, Omán y Somalia lograron avances notables hacia la derogación de las leyes discriminatorias. Estas reformas muestran que el cambio es posible cuando la voluntad política coincide con la necesidad económica.

Sin embargo, en general los avances siguen siendo terriblemente lentos y dispares. Si los responsables de formular políticas realmente pretenden impulsar el crecimiento, deben completar sin demora las reformas legales inconclusas y eliminar las disposiciones discriminatorias que aún perduran en la legislación. Luego deben hacer cumplir estas leyes y regulaciones, de modo que los derechos otorgados por la ley se traduzcan en protección y oportunidades en la vida real. Y quizás lo más importante es que deben fortalecer los arreglos institucionales —sistemas judiciales, órganos reguladores y servicios de cuidado infantil— que permiten a las mujeres ejercer sus derechos plenamente y sin dificultades.

Ninguna economía puede darse el lujo de desaprovechar la mitad de su potencial. Y ninguna mujer joven que quiera trabajar o dirigir un negocio debería ver comprometido su futuro por leyes o instituciones obsoletas que no defienden sus derechos.

Indermit Gill Economista en jefe del Grupo Banco Mundial y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo

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Refuerzan la seguridad en la Triple Frontera por la escalada del conflicto en Medio Oriente

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La escalada del conflicto en Medio Oriente comenzó a generar repercusiones a nivel internacional y también activó medidas preventivas en Argentina. En ese marco, se dispuso reforzar los controles en zonas consideradas estratégicas, entre ellas la Triple Frontera, donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay.

A nivel nacional, el Gobierno decidió elevar el nivel de alerta y fortalecer los operativos de prevención, con acciones coordinadas entre fuerzas federales y organismos de control fronterizo.

En Puerto Iguazú, fuentes de fuerzas federales indicaron que se recibieron directivas para intensificar los controles en la zona de frontera, en el marco de las medidas dispuestas ante el contexto internacional.

“Tenemos orientaciones para que todas las fuerzas coordinen acciones junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) con el objetivo de profundizar e intensificar los controles”, señalaron fuentes vinculadas al operativo, según publicó La Voz de Cataratas.

Las acciones incluyen mayor presencia de efectivos en los pasos fronterizos, controles vehiculares, verificación de documentación y monitoreo permanente en áreas estratégicas vinculadas al tránsito turístico y comercial.

En paralelo, del lado paraguayo también se adoptaron medidas preventivas. En Ciudad del Este, la Policía Nacional dispuso un refuerzo de seguridad en la Mezquita del Este, ubicada en el barrio E. O’Leary.

El operativo se desarrolla en el marco del contexto internacional marcado por episodios recientes de violencia en Medio Oriente y coincide además con el inicio del mes sagrado del Ramadán.

Según informaron autoridades paraguayas, el dispositivo contempla presencia permanente de efectivos policiales, con apoyo de distintas dependencias y del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que realiza tareas tácticas y de vigilancia en el perímetro del templo durante las 24 horas.

Las medidas adoptadas en ambos lados de la frontera apuntan a reforzar la prevención y el monitoreo en una región de intenso movimiento migratorio, turístico y comercial, considerada estratégica dentro del esquema de seguridad regional.

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Pedro Sánchez: La posición del Gobierno español se resume en un “No a la guerra”

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recuperado ante el conflicto en Oriente Medio el lema del ‘No a la guerra’ popularizado con la invasión de Irak en 2003 y ha advertido de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno, en referencia a Donald Trump.

Sánchez se ha expresado de esta forma en una declaración institucional con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y después de las amenazas del presidente estadounidense a España, al que no ha citado explícitamente en ningún momento, por su posición en esta guerra.

Tras expresar la solidaridad de España con los países atacados por Irán, ha subrayado que nadie sabe con certeza qué pasará a partir de ahora y que ni siquiera están claros los objetivos de Estados Unidos e Israel, pero ha reconocido que hay que estar preparados ante la posibilidad de que sea una guerra larga, con numerosas bajas y con consecuencias económicas graves.

Ante ello ha recalcado que la posición de España es clara, rechazando que no se respete el derecho internacional y evitando caer en errores del pasado como los que asegura que hubo en la guerra de Irak, con un aumento del terrorismo yihadista, crisis migratoria en el Mediterráneo Oriental e incremento de los precios de la energía y del coste de la vida.

Medidas ante la incertidumbre

Frente a ese «regalo del trío de las Azores», ha subrayado que la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: «No a la guerra».

Ahora prevé que aumente también la incertidumbre económica, con subidas del precio del petróleo y el gas, y por ello ha vuelto a defender la posición de España frente a los dirigentes que «usan el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos».

Sánchez ha garantizado ante esa situación que el Gobierno, si es necesario, ayudará a los hogares, trabajadores y empresas que se puedan ver afectados por el impacto económico.

«España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos -ha apostillado- de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria».

Garantía de evacuación

También ha prometido asistencia a los españoles que se encuentran en la región para ayudarles a regresar, algo para lo que ha dicho que están trabajando «día y noche» el servicio exterior y el ejército.

Las operaciones de evacuación ha precisado que son muy delicadas debido a que el espacio aéreo no es seguro, pero ha insistido en que los españoles en la región pueden tener la certeza de que se les va a proteger y se les traerá de vuelta al país.

El presidente del Gobierno ha señalado asimismo que España va a colaborar con todos los países de la región que abogan por la paz y por el cumplimiento de la legalidad internacional, así como con los aliados europeos para que haya una respuesta coordinada y eficaz.

De la misma forma, seguirá exigiendo a Estados Unidos, Israel e Irán el cese de las hostilidades y una solución diplomática a la guerra, y defendiendo que una ilegalidad no puede ser respondida con otra y que no se puede jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas.

A su juicio, la pregunta no es si España está a favor o no del régimen de los ayatolás porque nadie lo está, sino que debe preguntarse si se está a favor o en contra de la legalidad internacional y de la paz.

Tras recordar que el pueblo español siempre repudió la dictadura de Sadam Hussein pero no por ello apoyó la guerra de Irak, ha explicado que ahora se repudia al régimen de Irán, «que reprime y mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres», pero se rechaza este conflicto.

Lejos de considerar que la posición del Gobierno español pueda ser ingenua, ha señalado que lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia o creer que las democracias o el respeto entre las naciones brotan de las ruinas.

Represalias de Trump

También lo es, ha precisado, practicar un «seguidismo ciego y servil».

«Yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente y, por tanto, no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses simplemente por el miedo a las represalias de alguno», ha dicho Sánchez en alusión a Trump.

Sánchez ha asegurado tener una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y moral de España y ha afirmado que el Gobierno está con quienes tiene que estar, «con los valores -ha dicho- que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución».

«España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia», ha añadido.

Y en esta línea, ha proseguido: «Estamos además con muchos otros gobiernos que piensan como nosotros y también con millones de ciudadanos y ciudadanas que en toda Europa, en Norteamérica y en Oriente Medio, que lo que piden al mañana no es más guerra o más incertidumbre, sino más paz y más prosperidad, porque lo primero solo beneficia a unos pocos y lo segundo nos beneficia a todos».

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Economía prorroga por dos años el derecho antidumping a ruedas de acero chinas y refuerza la protección industrial

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El Gobierno decidió extender por dos años la medida antidumping que grava con un 41,78% las importaciones de ruedas de acero para buses, camiones y remolques originarias de China. La decisión quedó formalizada en la Resolución 241/2026, publicada el 4 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial, y entra en vigencia desde ese mismo día.

En términos concretos, el Ministerio de Economía cerró el examen por expiración de plazo de la medida vigente desde 2019 y optó por mantener el derecho antidumping ad valorem definitivo sobre los valores FOB de exportación. El sector alcanzado es específico pero estratégico: ruedas de acero de gran porte, utilizadas en transporte de carga y pasajeros.

La señal llega en un momento de sensibilidad para la industria autopartista y metalmecánica, donde la competencia externa convive con un mercado interno aún en recuperación.

Qué establece la norma y cómo impacta en el mercado

La resolución mantiene el derecho antidumping aplicado originalmente en 2019 a las exportaciones hacia Argentina de ruedas de acero con diámetro nominal entre 17,5 y 24,5 pulgadas, utilizadas en autobuses, camiones, remolques y semirremolques, clasificadas en posiciones NCM 8708.70.90 y 8716.90.90.

El arancel adicional del 41,78% seguirá vigente durante dos años más. Esto implica que cada importación de esos productos desde China deberá tributar ese recargo sobre el valor FOB declarado.

Además, las operaciones quedan sujetas al régimen de control de origen no preferencial. En la práctica, esto refuerza la trazabilidad y evita triangulaciones que intenten eludir la medida.

La decisión se apoya en dos pilares técnicos: por un lado, la Subsecretaría de Comercio Exterior concluyó que existe probabilidad de recurrencia de dumping si se levanta la medida; por otro, la Comisión Nacional de Comercio Exterior determinó que el ingreso de importaciones en esas condiciones podría repetir el daño a la producción nacional.

El trasfondo: revisión técnica y continuidad regulatoria

La medida original había sido establecida en 2019 mediante la Resolución 1444/2019 del entonces Ministerio de Producción y Trabajo. Como toda medida antidumping, tenía un plazo de vigencia de cinco años.

En 2024 se abrió el examen por expiración, a pedido de una empresa local. Durante el proceso no se detectó margen de dumping en exportaciones directas a Argentina en el período analizado. Sin embargo, el análisis sobre ventas a terceros mercados —en particular a Perú— arrojó un margen de recurrencia del 29,83%, lo que sustentó la hipótesis de que, de levantarse la protección, podría reactivarse la práctica.

El organismo técnico también destacó que la medida permitió cierta recuperación del sector y recomendó mantenerla por un período adicional acotado de dos años, con el argumento de consolidar esa mejora sin generar distorsiones significativas.

La resolución se dictó bajo el régimen del Decreto 1393/2008, que sigue aplicándose excepcionalmente en este caso, pese a haber sido derogado por normativa posterior.

Protección selectiva y costos para importadores

Desde el punto de vista industrial, la prórroga sostiene un esquema de protección para fabricantes locales de ruedas de acero, un segmento vinculado a la cadena automotriz pesada y al transporte de cargas.

El efecto inmediato es doble. Por un lado, mantiene un piso de precios para el producto importado, reduciendo presión competitiva directa desde China. Por otro, encarece el costo para importadores y eventualmente para empresas que utilizan ruedas importadas como insumo.

En términos de inversión y empleo, la medida apunta a dar previsibilidad a la industria nacional durante dos años adicionales. No crea incentivos nuevos, pero evita un cambio abrupto en las condiciones de competencia.

En materia de recaudación, el derecho antidumping no tiene naturaleza tributaria tradicional sino correctiva. Sin embargo, genera ingresos aduaneros mientras esté vigente.

El equilibrio que busca la autoridad económica es claro: proteger la producción local sin cerrar el mercado, dado que la medida no implica prohibición sino un sobrecosto específico.

Continuidad en defensa comercial

La resolución confirma que la política de defensa comercial se mantiene activa. No hay un giro hacia una liberalización plena en este segmento sensible, sino una continuidad técnica basada en informes de daño y probabilidad de recurrencia.

El hecho de que la prórroga sea por dos años —y no por cinco— sugiere un enfoque intermedio: sostener la protección mientras se consolida la recuperación del sector, pero con horizonte de revisión relativamente cercano.

También envía un mensaje a la industria local: el Estado mantiene herramientas antidumping cuando los organismos técnicos detectan riesgo de daño. Al mismo tiempo, preserva el marco del Acuerdo Antidumping de la OMC, incorporado a la legislación argentina por la Ley 24.425.

Lo que habrá que seguir de cerca

El verdadero impacto se medirá en la dinámica del mercado en los próximos meses. Será clave observar si la industria local mejora su competitividad estructural o si la protección solo funciona como contención transitoria.

También habrá que monitorear la evolución de los precios internos y la disponibilidad de oferta para el transporte de cargas y pasajeros, un sector estratégico para la actividad económica.

En dos años, el debate volverá a abrirse. La pregunta será si el sector logró fortalecerse lo suficiente como para competir sin la red antidumping o si la discusión sobre protección seguirá vigente.

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