Redacción Economis

Buscaban equipos robados de un boliche y los hallaron dentro de otro comercio en Posadas

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La causa comenzó a raíz de la denuncia radicada por Diego Arturo S. P. (38), quien manifestó que en el mes de septiembre del 2025 había cedido bajo la modalidad de alquiler equipos de sonido e iluminación a un boliche ubicado sobre avenida Corrientes y Centenario. Según relató, meses después el propietario del local le informó que la totalidad de los elementos habían sido robados del establecimiento, situación que derivó en una denuncia formal ante la Policía.

Con el avance de las averiguaciones, investigadores de la Mini Brigada de la Comisaría Tercera lograron establecer que parte de los equipos denunciados podrían encontrarse dentro del local “Bowling Strike”, ubicado sobre avenida Mitre y calle España, en pleno centro posadeño.

A partir de esos datos y tras reunir distintos elementos probatorios, los efectivos solicitaron una orden de allanamiento al Juzgado de Instrucción N° 2. En una primera instancia, los investigadores habían intentado realizar una inspección judicial y tomar declaración al responsable del comercio, pero el procedimiento no pudo concretarse ya que el propietario del comercio se negó a permitir la inspección judicial.

Finalmente, cerca de las 23:00 horas del martes, los uniformados ingresaron al inmueble con la orden judicial correspondiente y realizaron una minuciosa requisa en distintos sectores del comercio, donde lograron localizar y secuestrar múltiples equipos de sonido, iluminación profesional y accesorios técnicos que guardaban relación con los denunciados como sustraídos.

Durante el procedimiento no se hizo presente el propietario del local allanado ni tampoco su asesor legal, quedando las actuaciones a cargo del encargado del comercio, quien permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las tareas judiciales y policiales.

Todos los elementos recuperados fueron documentados y trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Justicia interviniente. La causa continúa en etapa investigativa para determinar fehacientemente las circunstancias en las que los equipos llegaron al comercio allanado y establecer si efectivamente fueron sustraídos o si existió algún otro tipo de transacción entre las partes involucradas.

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La Justicia también investiga al hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

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La Justicia federal abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Jorge Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°6 y fue impulsado por el fiscal Guillermo Marijuan, quien ordenó una batería de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario desde 2020 hasta la actualidad.

La pesquisa se concentra en determinar si hubo un incremento patrimonial no justificado durante el período en que Francisco Adorni ocupó cargos dentro del Ejecutivo nacional. Primero se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, desde junio de 2025, quedó al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Según el dictamen fiscal, no registraba antecedentes públicos relevantes en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la rápida incorporación de bienes registrables de alto valor.

El punto central de la investigación está en la evolución de su declaración jurada. Al asumir funciones públicas declaró el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38,79 millones y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5 millones, además de otros bienes y dinero que totalizaban $43,79 millones, sin deudas declaradas. Sin embargo, en la declaración jurada anual de 2025 informó un patrimonio neto de $80,5 millones.

Ese salto patrimonial se explicaría principalmente por dos operaciones: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020 valuada en $8 millones y, sobre todo, por la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones otorgado por el Banco Provincia.

Allí aparece la principal sospecha del fiscal. En el dictamen, Marijuan sostuvo que “incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento del salario percibido”, el flujo de ingresos resultaría insuficiente para explicar la cancelación de ese pasivo en un plazo de apenas 12 meses. Ese punto se convirtió en el eje de la investigación judicial.

Para avanzar con la causa, el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni y pidió informes a una amplia red de organismos públicos y entidades financieras. Entre ellos figuran ARCA, el Banco Central, la UIF, la IGJ, registros de propiedad inmueble, automotor, aeronaves y buques, además de compañías aseguradoras y firmas de envío de dinero. También se pidió al Banco Provincia el detalle completo de los pagos imputados a la cancelación del crédito hipotecario durante 2024, 2025 y 2026, incluyendo fechas, montos, medios de pago y origen de los fondos.

Además, el fiscal requirió al Ministerio de Defensa el legajo completo del funcionario, las resoluciones de designación y el detalle de haberes percibidos desde 2023. A la Oficina Anticorrupción también se le solicitaron las declaraciones juradas patrimoniales públicas y sus anexos reservados.

Aunque la denuncia original también hacía menciones sobre el patrimonio de Manuel Adorni, el fiscal aclaró que esas referencias no forman parte de esta investigación específica, que por ahora se concentra exclusivamente en Francisco Adorni.

El expediente suma presión política sobre el entorno del Gobierno nacional en un contexto de creciente exposición pública del caso Adorni, que ya comenzó a generar ruido en el oficialismo y en la oposición, donde distintos sectores impulsan pedidos de explicaciones y mayores controles sobre la evolución patrimonial de funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo.

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Capital Humano homologó la primera paritaria rural bajo la reforma laboral

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El Ministerio de Capital Humano homologó este miércoles la primera paritaria del sector rural encuadrada en el régimen general de negociación colectiva establecido por la Ley N.º 14.250, tras las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802.

La decisión formalizó el acuerdo alcanzado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las principales entidades representativas del agro: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), CONINAGRO, Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Agraria Argentina (FAA).

El acuerdo establece remuneraciones mínimas para trabajadores permanentes comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario regulado por la Ley N.º 26.727, además de distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio.

Desde el Gobierno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, calificó la homologación como un “hito histórico en materia laboral” y la vinculó con un proceso de actualización del sistema de negociación colectiva.

El cambio institucional detrás de la paritaria rural

La modificación no sólo tiene impacto salarial. También redefine el mecanismo institucional mediante el cual se negocian las condiciones laborales del sector agrario.

Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, las remuneraciones mínimas rurales eran definidas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un esquema donde el Estado tenía un rol central en la fijación salarial.

Con la reforma impulsada por la Ley N.º 27.802, las condiciones salariales pasan a discutirse bajo el régimen general de negociación colectiva previsto en la Ley N.º 14.250, trasladando mayor peso a la negociación directa entre sindicatos y cámaras empresarias.

La homologación realizada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social representa así el primer antecedente concreto de implementación de ese nuevo esquema en el ámbito rural.

El agro gana un marco de negociación más flexible

La medida también expone una reconfiguración en la relación entre Estado, sindicatos y entidades rurales.

El acuerdo reúne a actores históricamente influyentes del agro argentino, como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina, junto con el sindicato UATRE.

El Gobierno interpretó la homologación como un avance en “institucionalidad laboral”, al considerar que el nuevo régimen aporta previsibilidad y seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

La decisión además se inscribe dentro del proceso de reformas laborales promovido por la administración nacional, que busca modificar mecanismos tradicionales de regulación del trabajo y reducir la centralidad estatal en ciertas negociaciones sectoriales.

Qué cambia para el sector rural

El nuevo esquema implica que las futuras discusiones salariales del trabajo agrario podrán canalizarse mediante convenios colectivos negociados entre las partes y posteriormente homologados por la autoridad laboral.

En términos prácticos, el sistema se asemeja más al funcionamiento de otras actividades privadas que negocian salarios bajo convenios colectivos generales.

La novedad adquiere relevancia porque el trabajo rural históricamente mantuvo un régimen específico y diferenciado respecto de otros sectores de la economía.

El Gobierno sostiene que el cambio aporta mayor agilidad y modernización al sistema de relaciones laborales rurales.

Impacto potencial en Misiones y el NEA

La formalización de paritarias rurales bajo el régimen general puede tener impacto directo en provincias con fuerte presencia de economías regionales y trabajo agrario, como Misiones y otras jurisdicciones del NEA.

Sectores vinculados a producción yerbatera, forestal, tealera y actividades agroindustriales podrían verse alcanzados por futuras negociaciones bajo este nuevo esquema institucional.

Aunque el comunicado oficial no detalla cifras salariales específicas ni actividades regionales concretas, la modificación del mecanismo de negociación introduce una variable relevante para empleadores y trabajadores rurales del interior productivo.

La evolución de estos acuerdos será observada especialmente en regiones donde la actividad agraria tiene fuerte incidencia sobre empleo y dinámica económica local.

Una reforma que empieza a mostrar efectos concretos

La homologación de esta primera paritaria aparece como uno de los primeros efectos operativos visibles de la Ley de Modernización Laboral sobre el sistema de negociación colectiva.

El desafío hacia adelante será observar cómo evolucionan futuras discusiones salariales bajo el nuevo esquema y si el modelo logra consolidar mayor estabilidad en un sector históricamente atravesado por tensiones entre productividad, costos laborales y regulación estatal.

También quedará bajo análisis el alcance real de la negociación colectiva en actividades rurales específicas y la capacidad del nuevo sistema para equilibrar intereses entre sindicatos y entidades empresarias.

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Morgan Stanley advierte que la desinflación será más lenta para Argentina

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El banco de inversión Morgan Stanley trazó un escenario de desaceleración inflacionaria gradual para la Argentina y advirtió que el proceso de desinflación seguirá enfrentando obstáculos vinculados al contexto internacional, la persistencia de la inercia inflacionaria y la debilidad de la actividad económica.

En su último informe a clientes, la entidad sostuvo que la inflación mensual podría converger hacia niveles cercanos al 2% recién a mediados de 2026, una trayectoria más lenta de lo que esperaba parte del mercado tras la estabilización cambiaria impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El reporte identifica como principales factores de presión a la depreciación cambiaria, los ajustes de precios regulados, el aumento del precio de la carne y el impacto internacional derivado de la suba del petróleo asociada al conflicto en Medio Oriente.

El petróleo y la inflación vuelven a cruzarse en el escenario argentino

Morgan Stanley consideró que, una vez absorbido el impacto inmediato del aumento de combustibles, el proceso de desinflación debería retomarse. Sin embargo, aclaró que la desaceleración será “moderada” debido a la persistencia de factores estructurales.

El informe plantea además un riesgo central para la estrategia económica oficial: que un escenario internacional de petróleo elevado termine debilitando crecimiento, consumo y acceso al financiamiento externo.

Según el banco, una recesión global impulsada por precios energéticos altos podría afectar uno de los pilares sobre los que hoy descansa el programa económico argentino: la disponibilidad de divisas y el financiamiento internacional.

La advertencia adquiere relevancia porque el Gobierno sostiene buena parte de su estrategia de estabilización en la recomposición de reservas, el ingreso de capitales y el mantenimiento de la calma cambiaria.

El equilibrio fiscal sigue siendo el principal ancla

El informe también puso el foco sobre la política económica doméstica. Morgan Stanley señaló que existe “poco apetito” por utilizar el gasto público como herramienta de impulso económico y remarcó que el equilibrio fiscal continúa siendo el principal ancla del programa oficial.

La entidad interpretó que un crecimiento más sólido podría ayudar al cumplimiento de metas fiscales, aunque advirtió que las reformas y reducciones impositivas generan desafíos de corto plazo por la pérdida de ingresos tributarios.

La lectura coincide parcialmente con la narrativa oficial del Ministerio de Economía, que prioriza superávit fiscal, restricción monetaria y estabilidad cambiaria como ejes centrales de la política económica.

No obstante, el banco marcó una limitación relevante: la ausencia de un “ancla monetaria fuerte” y la persistencia de la inercia inflacionaria dificultan la fase final de la desaceleración de precios.

Crédito débil y consumo contenido

Morgan Stanley describió además un escenario de recuperación todavía heterogénea.

Entre los riesgos internos mencionó el bajo crecimiento del crédito, la persistencia inflacionaria, el desempeño desigual entre sectores y la incertidumbre política.

La entidad sostuvo que la política monetaria sigue siendo “algo restrictiva” y proyectó que la remonetización de la economía será gradual, probablemente acompañando una eventual recuperación del crédito y de la actividad.

También anticipó que las autoridades monetarias mantendrán una política cautelosa respecto de la expansión de la oferta monetaria, incluso en un contexto de mejora económica.

Esa combinación implica un escenario donde la desaceleración inflacionaria podría convivir con niveles moderados de crecimiento y consumo todavía condicionados.

Fitch y FocusEconomics también corrigen expectativas

La visión de Morgan Stanley se suma a otras señales recientes provenientes del mercado internacional.

Fitch Ratings recordó que la inflación mensual había caído hasta 1,5% en mayo de 2025, aunque luego volvió a subir hasta 3,4% en marzo de 2026 por efecto del traslado devaluatorio, ajustes tarifarios, aumentos de la carne y suba internacional de la energía.

La calificadora sostuvo que la inercia inflacionaria está dificultando la etapa final del proceso de estabilización y estimó que el índice de precios podría volver a ubicarse por debajo del 2% mensual hacia fin de año.

Por su parte, FocusEconomics informó que bancos y consultoras internacionales corrigieron al alza sus proyecciones para la inflación argentina.

Según ese relevamiento, la inflación promedio de 2026 cerraría en 30,4%, por encima del 29% previsto un mes atrás. Las estimaciones punta a punta para diciembre también subieron hasta 28,2%.

La estabilidad cambiaria gana tiempo, pero no resuelve todas las tensiones

El informe deja entrever una lectura compartida entre distintos actores financieros: la estabilidad cambiaria lograda por el Gobierno ayudó a moderar presiones inmediatas, aunque todavía no alcanza para garantizar una desaceleración rápida y sostenida de la inflación.

La fortaleza cambiaria aparece como uno de los principales factores positivos identificados por Morgan Stanley. Pero el propio banco advierte que la apreciación del peso, combinada con tasas reales negativas y menor dinamismo económico, puede generar nuevas tensiones más adelante.

El Gobierno consiguió estabilizar parcialmente variables financieras y contener expectativas cambiarias, pero los informes internacionales empiezan a marcar que la etapa más compleja podría ser consolidar desinflación sin afectar actividad y consumo.

La evolución del petróleo, la capacidad de sostener el equilibrio fiscal, la recuperación del crédito y la llegada de financiamiento externo serán algunos de los factores que el mercado seguirá monitoreando en los próximos meses.

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Más de 80.000 adhesiones al régimen simplificado de Ganancias

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lleva registradas más de 80.000 adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. La cifra se duplicó en los últimos 20 días, fecha en que ARCA puso a disposición el aplicativo para presentar las declaraciones juradas. 

En febrero, cuando ARCA dictó la Resolución General 5820 para simplificar el cumplimiento fiscal de personas humanas y sucesiones indivisas, el nuevo régimen exhibió una evolución creciente. Tras un inicio con 5.800 adhesiones, la tendencia se aceleró significativamente en abril, cuando registró más de 36.000 nuevos inscriptos interesados en utilizar la declaración jurada con datos precargados por el organismo. 

Debe tenerse en cuenta que el vencimiento para el período fiscal 2025 opera, según la terminación de CUIT de cada contribuyente en junio. 

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