Redacción Economis

Norte Grande: gas, infraestructura y zonas cálidas, la agenda que Misiones llevó a la mesa nacional

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La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande dejó en Posadas una conclusión que excede la discusión coyuntural sobre la provisión de energía: para las provincias del norte argentino, la infraestructura sigue siendo una condición determinante para competir, industrializarse y reducir las brechas de desarrollo con el centro y el sur del país. El encuentro reunió a los mandatarios regionales con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y colocó en el centro de la agenda el transporte de gas, las obras viales, la hidrovía, el impacto climático y el futuro régimen de zonas cálidas.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, planteó que la discusión energética debe incorporar las particularidades estructurales de la región. “No tenemos un metro de caño de gas, Osvaldo yo te envidio cuando decís que tenés problemas con el gas, acá no tenemos porque no hay gas. Acá funcionamos a leña”, remarcó el misionero. “El Norte Grande necesita una estrategia energética que contemple nuestra realidad y nos permita contar con el gas necesario para seguir creciendo, fortaleciendo nuestra industria y reduciendo las asimetrías de la región”, sostuvo.

La definición tiene una particularidad para Misiones: la provincia no enfrenta simplemente un problema de abastecimiento insuficiente, sino que carece de acceso a la red de gas natural. Esa diferencia explica por qué el reclamo regional apunta a una política de infraestructura de largo plazo y no únicamente a resolver eventuales restricciones durante los meses de mayor demanda.

Santilli aseguró que el Gobierno nacional tomó nota de los planteos y vinculó la discusión con las obras destinadas a recuperar capacidad de transporte. Según explicó, la reversión del Gasoducto Norte ya fue concluida y ahora resta avanzar con obras de compresión y otros trabajos necesarios para incrementar el flujo. El funcionario también señaló que el cambio en el suministro proveniente de Bolivia obligó a modificar la arquitectura del abastecimiento y a fortalecer el transporte desde Vaca Muerta hacia el norte.

La cuestión adquiere una dimensión productiva cuando se observa cómo la falta de gas condiciona a las economías regionales. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, fue explícito al señalar que el objetivo no es solamente garantizar el consumo domiciliario, sino disponer de energía suficiente para transformar la matriz productiva. En su diagnóstico, Corrientes y Misiones comparten con sectores de Chaco una desventaja estructural frente a las zonas que sí cuentan con infraestructura gasífera.

El caso correntino permite dimensionar el costo económico de esa brecha. Valdés señaló que parte de la industria arrocera utiliza leña en sus procesos de secado y que el humo generado puede convertirse en una barrera para acceder a determinados mercados. La discusión, por lo tanto, no se reduce al precio de la energía: involucra calidad, competitividad, estándares ambientales y capacidad exportadora.

El mismo razonamiento alcanza a la yerba mate y a otras actividades industriales del Norte Grande. Cuando una provincia carece de infraestructura energética competitiva, una parte del costo de producir se traslada directamente a las empresas. En mercados internacionales donde los compradores pueden sustituir proveedores con rapidez, perder competitividad puede significar perder mercados que después requieren años para recuperarse.

Tucumán llevó a la Asamblea una advertencia similar. Osvaldo Jaldo explicó que las restricciones en el suministro de gas afectan actividades estratégicas como la industria citrícola y la producción sucroalcoholera. En conjunto, según planteó, esos sectores representan cerca de 100.000 puestos de trabajo en la provincia. El dato expone el vínculo entre infraestructura y empleo: una interrupción energética para una industria de escala regional no es solamente un problema operativo, sino un riesgo directo sobre la actividad económica y los ingresos de miles de familias.

Jaldo también marcó una transformación en el mapa energético argentino. Durante los años en que el gas proveniente de Bolivia ingresaba por el norte, las provincias de esa región ocupaban una posición privilegiada dentro del esquema de distribución. Con el desplazamiento hacia el gas producido en Vaca Muerta, el flujo se reorganizó desde el sur hacia el norte y dejó a varias provincias ante la necesidad de adaptar su infraestructura para recibir el nuevo suministro.

En ese punto aparece uno de los principales desafíos de la política energética nacional: Vaca Muerta puede ampliar de manera sustancial la disponibilidad de gas argentino, pero el recurso no genera por sí mismo desarrollo territorial si no existe una red capaz de transportarlo hacia los centros industriales y productivos. La infraestructura es el puente entre la abundancia del recurso y su transformación en inversión, empleo y competitividad.

La discusión sobre las llamadas zonas cálidas incorpora otra dimensión de la misma asimetría. Mientras el Congreso avanza con el proyecto de Zonas Frías, los gobernadores del Norte Grande buscan que el esquema de beneficios energéticos contemple también las regiones sometidas a temperaturas extremas durante el verano. El planteo consiste en evitar que el reconocimiento de las condiciones climáticas dependa de decisiones administrativas cambiantes y avanzar hacia un marco legal que otorgue previsibilidad.

Valdés sostuvo que los gobernadores quieren trabajar durante este período en una ley que deje expresamente establecido el tratamiento para las provincias cálidas y muy cálidas. El objetivo político es convertir un reclamo recurrente en una política pública permanente, con criterios objetivos y previsibles.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca y presidente pro tempore del Norte Grande, confirmó que habrá una nueva reunión de trabajo con el Gobierno nacional para abordar la cuestión energética. La expectativa es que el debate por zonas frías y cálidas pueda avanzar en paralelo con las obras de infraestructura necesarias para ampliar la disponibilidad de gas y electricidad.

La agenda energética no fue el único frente de infraestructura discutido en Posadas. Los gobernadores también plantearon la necesidad de mejorar las rutas nacionales y profundizar la capacidad navegable de la hidrovía Paraná-Paraguay. Para Corrientes, Valdés puso el foco en llevar el calado del troncal a un rango de entre 12 y 14 pies, una mejora que permitiría ampliar las alternativas de navegación, reducir costos logísticos y generar mayor competencia entre puertos.

La lógica detrás de ese reclamo es similar a la energética. Una infraestructura insuficiente aumenta el costo de colocar producción en los mercados y termina funcionando como un impuesto implícito sobre las economías regionales. En provincias alejadas de los grandes centros de consumo y exportación, cada restricción logística tiene un impacto proporcionalmente mayor.

El componente climático agregó una urgencia adicional a la agenda. Corrientes planteó la necesidad de anticiparse a las consecuencias de la transición entre los fenómenos de El Niño y La Niña, especialmente por el riesgo de sequías e incendios. La experiencia reciente de la región convirtió la prevención en una cuestión económica además de ambiental: incendios, sequías y eventos extremos afectan producción, infraestructura, empleo y finanzas provinciales.

En ese contexto, la presencia de Santilli fue leída por los gobernadores como una oportunidad para transformar reclamos dispersos en una agenda institucional común. El jefe de Gabinete evitó involucrarse en la política interna de las provincias y sostuvo que el camino debe ser el trabajo conjunto entre Nación y gobernadores, incluso cuando existan diferencias políticas.

La definición tuvo especial eco en Jaldo, quien reivindicó el diálogo institucional con un Gobierno nacional de signo político diferente al suyo. El tucumano sostuvo que los gobernadores deben representar a todos los habitantes de sus provincias y que el Presidente, elegido democráticamente, representa al conjunto de los argentinos. Para el mandatario, la discusión sobre infraestructura requiere superar la lógica de la confrontación política y concentrarse en aquellos puntos donde existe coincidencia.

Esa postura también revela el nuevo escenario de negociación entre Nación y provincias. Los gobernadores buscan recuperar capacidad de incidencia sobre políticas que impactan directamente en sus economías, mientras el Gobierno nacional necesita ordenar prioridades fiscales y de infraestructura. El desafío consiste en transformar esa tensión en acuerdos que permitan ejecutar obras con impacto productivo y no solamente atender emergencias.

Jalil resumió esa perspectiva al destacar que una parte importante de los reclamos planteados en reuniones anteriores está avanzando y que el diálogo permitió destrabar distintos temas. También anticipó avances en una nueva legislación vinculada al cabotaje y una agenda de trabajo con Cancillería para fortalecer la denominada Marca Norte Grande.

Para Misiones, sin embargo, el punto estructural continúa siendo el acceso a la energía. La provincia puede reclamar reducción de asimetrías, pero la discusión adquiere otra profundidad cuando se considera que el gas natural todavía no forma parte de su infraestructura básica. En ese escenario, la incorporación al sistema de transporte de gas no debería pensarse únicamente como una obra energética, sino como una plataforma para atraer inversiones, sustituir combustibles más costosos, mejorar procesos industriales y ampliar mercados.

El resultado de la Asamblea, por eso, puede medirse menos por la cantidad de compromisos anunciados que por la capacidad de convertir una agenda regional en decisiones concretas. La solución para el Norte Grande no pasa por una transferencia permanente de recursos para compensar desventajas, sino por construir las condiciones de infraestructura que permitan que las provincias produzcan en igualdad de condiciones.

La discusión sobre gas, rutas, hidrovía, electricidad y clima converge finalmente en una misma pregunta: qué infraestructura necesita la Argentina para que el crecimiento de Vaca Muerta, la producción agroindustrial y las economías regionales no queden concentrados territorialmente. La respuesta, para el Norte Grande, pasa por conectar recursos con mercados y convertir esa conexión en competitividad. En Posadas, los gobernadores volvieron a poner esa ecuación sobre la mesa; ahora el desafío es convertir el diagnóstico en obras y reglas que sobrevivan al próximo ciclo político.

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Inocencia Fiscal II: el proyecto obtuvo dictamen y quedó habilitado para llegar al recinto

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El proyecto de Inocencia Fiscal II consiguió este miércoles dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados y quedó formalmente habilitado para avanzar hacia el recinto. El despacho se produjo durante una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, luego de las exposiciones de especialistas tributarios y del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez.

El dictamen reunió 44 firmas sobre 75 diputados presentes en ambas comisiones, con una disidencia. En Presupuesto y Hacienda hubo 45 legisladores presentes y 27 firmas, mientras que en Legislación Penal se contabilizaron 30 presentes y 17 firmantes. El plazo para incorporar otros dictámenes quedó abierto hasta las 15.

La iniciativa busca perfeccionar el régimen impulsado inicialmente por el Gobierno y tiene como uno de sus principales objetivos incorporar al circuito formal una parte de los ahorros que permanecen fuera del sistema, además de ampliar el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias, elevar los pisos del Régimen Penal Tributario y reducir la presión fiscalizadora de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre determinados contribuyentes.

Uno de los cambios que trascendió durante el debate establece una restricción para que funcionarios de los tres poderes del Estado puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias. Según lo expuesto durante el plenario, esa limitación no se extendería a la exteriorización de dólares atesorados o fondos no declarados.

Un cambio de paradigma para Ganancias

El debate técnico tuvo como uno de sus principales ejes la simplificación del Impuesto a las Ganancias. José Ignacio Simonella, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, consideró que el proyecto complementa y mejora el régimen vigente y aporta mayor precisión sobre cuestiones que habían quedado abiertas en la iniciativa original.

Entre los efectos que destacó aparece la búsqueda de una mayor certeza jurídica, la incorporación de un umbral mínimo para determinar una discrepancia significativa y la universalización de la liquidación simplificada para personas humanas. También señaló como objetivo la formalización de ahorros que actualmente permanecen fuera del circuito financiero y tributario.

Simonella puso especial énfasis en una distinción conceptual: Inocencia Fiscal II no sería un blanqueo. Según explicó, el proyecto modifica la relación entre el contribuyente y el fisco al establecer que la carga de demostrar una discrepancia significativa recaiga sobre ARCA, sin eliminar la obligación de presentar las declaraciones juradas correspondientes.

Oscar Fernández, coordinador técnico de la Comisión de Asuntos Tributarios de la misma entidad profesional, profundizó esa lectura y definió la propuesta como “un cambio de paradigma” en la liquidación de Ganancias.

El régimen simplificado estaría destinado a personas humanas y, bajo determinadas condiciones, a sucesiones indivisas residentes en el país, pero no a sociedades. El especialista sostuvo además que la simplificación no implicaría una reducción automática de la recaudación, dado que el impuesto determinado bajo el esquema simplificado debería coincidir con el que surgiría mediante el régimen general.

La modificación central, desde su perspectiva, se vincula con la presunción de exactitud de determinadas declaraciones juradas correspondientes a períodos fiscales no prescriptos. Fernández lo caracterizó como un régimen de “bloqueo fiscal”, en contraste con la figura tradicional de un blanqueo.

La UIF pone el foco en la economía informal

La exposición de Matías Álvarez introdujo una dimensión diferente al debate. Para el titular de la UIF, el problema que intenta abordar la reforma no es únicamente tributario, sino también financiero y de prevención del delito económico.

Según el funcionario, la economía argentina tiene aproximadamente un 48% de actividad informal, escenario que genera un volumen significativo de efectivo y operaciones fuera de los canales formales.

Álvarez marcó una diferencia sustancial entre el ahorro informal y el dinero proveniente de actividades ilícitas. En su interpretación, buena parte del efectivo atesorado por particulares responde a mecanismos utilizados durante años para proteger los ahorros frente a las dificultades macroeconómicas y no constituye, por sí mismo, dinero de origen delictivo.

El problema aparece, según la UIF, cuando esos fondos vuelven a vincularse con la economía formal sin mecanismos adecuados para distinguir entre operaciones legítimas y movimientos asociados a delitos precedentes. La informalidad, sostuvo, puede generar además una enorme cantidad de alertas vinculadas con operaciones pequeñas, dificultando la identificación de riesgos relevantes.

Desde esa perspectiva, la formalización de ahorros no declarados no necesariamente debilitaría el sistema antilavado. Por el contrario, la tesis expuesta ante los diputados es que un mayor volumen de operaciones dentro del circuito formal permitiría mejorar la capacidad de monitoreo y concentrar los controles en operaciones de mayor riesgo.

El desafío: formalizar sin desarmar los controles

El punto más sensible de la iniciativa pasa por compatibilizar dos objetivos que pueden entrar en tensión: facilitar la incorporación de capitales al circuito formal y preservar la capacidad del Estado para detectar operaciones sospechosas.

Álvarez sostuvo ante las comisiones que la reforma no elimina las obligaciones previstas en la Ley 25.246 para los sujetos obligados. Esto incluye monitoreo, debida diligencia, análisis de operaciones y reporte de aquellas que presenten características sospechosas.

El titular de la UIF también vinculó la discusión con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que, según explicó, planteó a la Argentina la necesidad de mejorar la comprensión de los riesgos asociados a los servicios financieros informales y desarrollar políticas permanentes para reducirlos o formalizar sus operaciones.

En ese punto aparece el principal argumento oficial a favor de la reforma: la formalización no debería ser concebida como una excepción temporal, sino como una política estructural capaz de reducir el peso de los circuitos paralelos.

El proyecto llega ahora al recinto con una discusión que excede la simplificación de Ganancias. El verdadero desafío será determinar si el nuevo esquema logra reducir costos y riesgos para los contribuyentes cumplidores, atraer ahorro hacia la economía formal y, simultáneamente, conservar una arquitectura eficaz de prevención del lavado de activos.

La discusión parlamentaria que sigue deberá precisar ese equilibrio. Porque el éxito de una reforma de estas características no se medirá únicamente por la cantidad de contribuyentes que puedan simplificar sus declaraciones o por los dólares que ingresen al sistema, sino por su capacidad para convertir ahorro informal en inversión y actividad económica sin transformar la simplificación tributaria en una zona de menor control estatal.

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Dictamen unánime al proyecto que propone la baja del IVA a la fécula de mandioca

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Parlamentario – En momentos en que el Gobierno vuelve a registrar inconvenientes en el Congreso, decidió habilitar este miércoles, en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por el diputado Benegas Lynch, el tratamiento de un proyecto opositor del misionero Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal) que propone la reducción del IVA a la fécula de mandioca del 21% al 10,5%. El despacho salió por unanimidad con 40 firmas.

El autor del proyecto, Herrera Ahuad, sostuvo que se trata de un tema importante “no solo para las provincias del NEA productoras de economías regionales que tienen que ver con la mandioca, sino que es un proyecto de ley que está relacionado con la salud pública, con lo que es mejorar la calidad de vida de las personas”.

“Esta ley, sobre todo, está pensada en generar una mayor accesibilidad a los alimentos para aquellas personas que tienen intolerancia al gluten, que tributan entre un 150 y hasta 400% más caro los alimentos que tienen que consumir por su intolerancia al trigo, cebada, centeno y avena”, explicó.

En esa línea, recordó que en el 2006 a la harina de trigo se le redujo la alícuota del IVA al 10.5% considerándola como esencial porque es un alimento que forma parte de la alimentación diaria, sino la cuestión del pan. En tanto, señaló que en esa época el acceso al diagnóstico de la intolerancia al gluten “era muy difícil”.

“Por lo tanto, en esa época no se pensó en la esencialidad de un producto de estas características de libre gluten, para una población celíaca en la Argentina con diagnóstico efectivo de más de medio millón de argentinos tienen diagnosticada la enfermedad. Más de 4 millones tienen intolerancia al gluten, y hay cerca de 4 millones que no saben que lo tienen porque no se hacen el diagnóstico”, precisó.

El misionero indicó que 8 de cada 10 personas no saben que son celíacos, del 5 al 10% tienen sensibilidad al gluten, y comparó un kilo de pan con harina de trigo sale $4000, mientras que un kilo de pan con mezcla para las personas con intolerancia sale entre $15 mil y $30 mil de acuerdo a la calidad. “Es un castigo impositivo para poder tener una vida sana y normal”, resaltó.

“La intolerancia al gluten genera en las personas diferentes tipos de afecciones, y es una patología que se llama ‘la gran disimuladora’ porque primero se piensa que la persona tiene trastornos digestivos, inmunológicos. Siempre queda como último diagnóstico de descarte y por eso encaramos este proyecto de ley para millones de argentinos, donde el impacto que hace al PBI es casi nulo porque ayuda a una economía regional como la mandioquera, que es una de las principales que tiene la economía de la provincia junto con la yerba, el té y el tabaco”, explayó.

Herrera Ahuad agregó que “con esta ley también vamos a favorecer a toda una cadena productiva que tiene que ver con más de 11 industrias instaladas en el NEA que producen la fécula y harina de mandioca. Vamos a beneficiar a más de 7 mil familias que producen la mandioca en Misiones. Hacemos una apuesta fuerte a que una economía regional con estas características pueda surgir en este tiempo tan difícil que viven las economías regionales”.

“Es una ley federal, un proyecto que va a mejorar la calidad de vida de muchas personas en el en el noreste de la República Argentina”, cerró y solicitó el acompañamiento en este proyecto en beneficio de las economías regionales de la Argentina, de millones y millones de argentinos que “hoy esperan un gesto muy importante de entender que nos estamos ocupando de una enfermedad silenciosa que afecta millones de argentinos con un detalle tan sencillo como es que tengan la posibilidad de acceder a la alimentación que deben tener”.

Su coterránea Yamila Ruiz, coautora del proyecto, añadió que el espíritu del proyecto es que “cuando la hortaliza de raíz se industrializa en harina o fécula, ese tipo de productos tengan el mismo tratamiento diferencial tributario que tiene la harina de trigo”.

Ruiz sostuvo que “hoy existe una disparidad que lo sufren millones de argentinos a pagar un precio diferencial”, y comparó una galletita que está hecha a base de trigo y tributo el 10,5%, pero una galletita a base de harina de mandioca o fécula de mandioca tributa el 21% del IVA, y manifestó que el proyecto busca una “equidad fiscal”.

“También tiene un factor fundamental en la cadena de producción porque el proyecto, no solamente contempla a la fécula, a la harina, a los farináceos, sino que también se amplía y pretendemos que tributen todos los productos de la cadena alimenticia que están hechas a base de la harina y de la fécula que tributen el 10,5 para que tenga un impacto inmediato en el bolsillo de cada argentino”, explayó.

De qué trata el proyecto

Así es que una hora antes comenzará una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de ley para reducir del 21% al 10,5% la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que grava a la fécula de mandioca, con el objetivo de fortalecer una de las principales economías regionales del noreste argentino.

La iniciativa propone incorporar a la fécula de mandioca, comprendida en la partida 1108.14.00 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), dentro de los productos alcanzados por la tasa reducida del IVA, equiparándola al tratamiento tributario que recibe la harina de trigo desde la sanción de la Ley 26.151.

En los fundamentos, Herrera Ahuad sostiene que la medida apunta a promover el desarrollo regional, incentivar la producción, generar empleo y reducir la presión fiscal sobre un producto considerado estratégico para provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Además, advierte que la actual carga tributaria afecta la competitividad de productores e industrias locales, encarece el producto final y favorece la importación desde países vecinos con mejores condiciones fiscales.

El legislador destacó especialmente el peso que tiene la cadena de valor de la mandioca en Misiones, donde existen alrededor de 10.000 productores y funcionan las 11 industrias elaboradoras de fécula del país, entre ellas cooperativas y empresas familiares. Según señaló, la actividad cumple un papel central en el arraigo rural, la generación de empleo y el sostenimiento económico de numerosas comunidades del interior provincial.

Asimismo, remarcó que la reducción del IVA contribuiría a mejorar los precios que reciben los productores, estimular inversiones industriales, ampliar la capacidad de procesamiento y favorecer el desarrollo de alimentos libres de gluten elaborados con fécula de mandioca.

Herrera Ahuad aseguró que el impacto fiscal a nivel nacional sería limitado, dado que la producción anual del sector ronda las 18.000 toneladas, mientras que los beneficios económicos y sociales para las economías regionales podrían ser significativos. En ese sentido, afirmó que la iniciativa busca corregir una “inequidad tributaria histórica” y potenciar la industrialización de una materia prima nacional.

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Jalil, sobre la economía argentina: “Hay sectores que están bien y sectores que están sufriendo esta transición”

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La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande tendrá este miércoles en Misiones una agenda que combina infraestructura, energía, transporte de gas y desarrollo regional. Pero el encuentro también funciona como una instancia de interlocución política con la Nación, en un momento en que los gobernadores buscan respuestas sobre el financiamiento de obras, el deterioro de las rutas y las condiciones para sostener las economías regionales.

Antes de la reunión en Posadas, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, puso el acento en una herramienta que, según planteó, debería ordenar la relación entre las provincias y el Gobierno de Javier Milei: el diálogo y el consenso.

Consultado por los planteos judiciales que evalúan los gobernadores por los fondos específicos destinados al mantenimiento de las rutas, Jalil evitó anticipar una estrategia judicial conjunta y señaló que existen conversaciones en desarrollo. “Siempre hemos pensado que a través del diálogo y el consenso es la mejor forma de llevar adelante un acuerdo con el Gobierno nacional”, sostuvo.

La definición adquiere relevancia porque el deterioro de la infraestructura vial se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre las provincias y la Nación. El reclamo excede la discusión presupuestaria: para las economías regionales, la calidad de las rutas determina costos logísticos, acceso a mercados y posibilidades concretas de expansión productiva.

En ese marco, Jalil valoró especialmente la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Asamblea. “Agradecemos al jefe de Gabinete que venga”, señaló, al considerar que el encuentro permite debatir directamente con la Nación las demandas de los mandatarios provinciales.

Una economía con ganadores y sectores en transición

Al analizar el escenario económico nacional, Jalil ofreció una lectura menos homogénea que la que surge de los indicadores macroeconómicos. “Hay sectores que están bien, sectores que están sufriendo esta transición económica”, afirmó.

El gobernador catamarqueño reconoció que la desaceleración de la inflación constituye uno de los cambios relevantes del proceso, aunque señaló como contrapartida el impacto sobre el empleo. “La inflación ha bajado, ha generado también un poco de desempleo”, sostuvo.

Su diagnóstico incorpora una cuestión central para las provincias del Norte Grande: la recuperación no se distribuye de manera uniforme entre actividades ni territorios. Mientras algunas cadenas vinculadas a recursos naturales muestran expansión, otras actividades enfrentan mayores dificultades para atravesar el proceso de transformación económica.

Jalil mencionó entre los sectores que actualmente presentan mayor dinamismo a la minería en Catamarca, además del gas y el petróleo en otras provincias. También incluyó a la ganadería entre las actividades que muestran crecimiento.

El dato es significativo para Catamarca, donde la minería ocupa un lugar creciente en la estrategia productiva provincial, pero el propio gobernador evitó presentar esa dinámica como una solución general para toda la economía. Su planteo fue que la transición debe gestionarse mediante acuerdos que contemplen las distintas realidades sectoriales.

“Es importante que esta transición económica, esta materia económica, la hagamos a través del diálogo y el consenso”, sostuvo.

Norte Grande: infraestructura, energía y economías regionales

La Asamblea de Posadas se desarrolla así sobre una tensión doble. Por un lado, los gobernadores reconocen que determinadas variables macroeconómicas muestran una evolución favorable respecto del escenario previo. Por otro, advierten que ese proceso todavía no alcanza de manera homogénea a las actividades productivas y al empleo en las provincias.

Esa diferencia explica buena parte de la agenda regional. El financiamiento de infraestructura, la energía, las rutas y las economías regionales no aparecen como demandas aisladas, sino como condiciones necesarias para que los sectores que hoy tienen capacidad de crecimiento puedan ampliar su impacto sobre el resto de las cadenas productivas.

En paralelo, la discusión nacional por el proyecto de Zonas Frías y la posibilidad de establecer posteriormente un régimen específico para las provincias con temperaturas extremas agrega una dimensión energética a la negociación entre la Nación y los gobernadores.

El desafío para el Norte Grande consiste, entonces, en transformar la Asamblea en una instancia de coordinación que permita convertir reclamos provinciales dispersos en una agenda común. La presencia del jefe de Gabinete ofrece una oportunidad para avanzar en ese sentido, aunque la eficacia del encuentro dependerá de que las conversaciones puedan traducirse posteriormente en obras, financiamiento y políticas concretas.

Jalil también destacó el carácter institucional de la reunión y su presencia en Misiones como una señal de acompañamiento a Hugo Passalacqua. “Venimos a acompañar a un gran gobernador, Hugo Passalacqua”, expresó.

La definición sintetiza el tono con el que Catamarca llega a Posadas: respaldo institucional al anfitrión, disposición al diálogo con la Nación y una advertencia sobre la heterogeneidad de la transición económica. Para los gobernadores del Norte Grande, el punto central ya no parece ser solamente discutir si la economía mejora o empeora, sino determinar qué sectores están capturando esa mejora, cuáles están quedando rezagados y qué políticas pueden acelerar la transmisión del crecimiento hacia el territorio.

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El gasto primario se contrajo 8,9% real en julio, pero el ajuste efectivo sobre lo pagado fue menor

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El análisis de la consultora IARAF, encabezado por Nadin Argañaraz muestra que el gasto primario consolidado pasó de 37,8% del PBI en 2023 a 31,2% en 2025. En julio, la diferencia entre el gasto devengado y el efectivamente pagado volvió a poner el foco sobre la velocidad real del ajuste fiscal.

El ajuste fiscal argentino mantiene una característica que resulta central para interpretar la evolución de las cuentas públicas: la diferencia entre lo que el Estado reconoce como obligación y aquello que efectivamente desembolsa. En julio de 2026, el gasto primario devengado registró una caída real interanual del 8,9%, mientras que el gasto efectivamente pagado se contrajo 2,5%, de acuerdo con el análisis difundido por el economista Nadin Argañaraz.

La brecha entre ambos indicadores no es un detalle contable. El gasto devengado refleja las obligaciones reconocidas durante un período, mientras que el pagado registra la salida efectiva de fondos. Por eso, observar ambas variables permite dimensionar con mayor precisión tanto la intensidad del ajuste como su impacto sobre la ejecución presupuestaria y las necesidades de financiamiento.

La película de mayor plazo muestra una transformación todavía más profunda. Según la estimación de Argañaraz, el gasto público primario consolidado argentino habría pasado de representar el 37,8% del Producto Bruto Interno en 2023 al 31,2% en 2025. En apenas dos años, la reducción habría alcanzado 6,6 puntos porcentuales del PBI.

La magnitud del descenso permite ubicar el proceso dentro de una perspectiva histórica. El gasto primario consolidado de 2025 se encontraba 7,2 puntos porcentuales del PBI por encima del mínimo de la serie, registrado en 2004, cuando representó el 24%. En el extremo opuesto, el máximo se produjo en 2015, con un gasto equivalente al 41,6% del producto.

El dato de 2025 también quedó por debajo del promedio registrado entre 1993 y 2025, que se ubicó en 32,3% del PBI. Es decir, el Estado consolidado cerró ese año con un nivel de gasto primario inferior al promedio de las últimas tres décadas, aunque todavía significativamente por encima del piso observado en 2004.

Nación concentró la mayor parte de la reducción

La composición del ajuste permite observar dónde se produjo el mayor cambio. Entre 2023 y 2025, el gasto primario del Gobierno nacional cayó 5,2 puntos porcentuales del PBI. En las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reducción fue de 1,1 puntos, mientras que en los municipios alcanzó 0,3 puntos.

La distribución del gasto en 2025 también muestra una estructura relativamente equilibrada entre Nación y gobiernos subnacionales. El Estado nacional habría ejecutado un gasto primario equivalente al 14,3% del PBI, mientras que las provincias más CABA representaron el 13,8% y los municipios, el 3,1%.

La comparación con los extremos históricos permite dimensionar cuánto cambió la arquitectura fiscal. En 2004, cuando el gasto consolidado tocó su mínimo, Nación representaba el 11% del PBI, provincias más CABA el 10,6% y municipios el 2,4%. En 2015, en cambio, el gasto nacional llegó al 22,3% del producto, mientras que provincias más CABA alcanzaron el 15,8% y los municipios el 3,6%.

El contraste muestra que la reducción del gasto no fue homogénea entre niveles de gobierno. La Nación concentró la mayor parte del descenso registrado desde 2023, mientras que provincias y municipios exhibieron una disminución más acotada en términos del producto.

El desafío: cuánto del ajuste se transforma en capacidad fiscal sostenible

La discusión sobre el gasto público adquiere una dimensión adicional cuando se incorpora la diferencia entre devengado y pagado. Una caída real del 8,9% en el gasto devengado no necesariamente se traduce en una contracción equivalente de los desembolsos en el mismo período. En julio, la distancia entre ambos registros fue de 6,4 puntos porcentuales.

Para las cuentas públicas, la cuestión de fondo no pasa únicamente por reducir el gasto nominal o real, sino por determinar qué parte del ajuste puede sostenerse en el tiempo sin trasladar obligaciones hacia períodos posteriores. La consistencia fiscal requiere que la reducción de los compromisos reconocidos tenga correspondencia con una trayectoria sostenible de pagos, ingresos y financiamiento.

La evolución desde 2023 muestra que el cambio en la dimensión del Estado consolidado es significativo. El gasto primario habría retrocedido 6,6 puntos del PBI en dos años y se ubicó en 2025 por debajo de su promedio histórico. El dato de julio, sin embargo, agrega una advertencia metodológica: para medir la intensidad efectiva del ajuste no alcanza con observar una sola variable.

La lectura simultánea del gasto devengado, el pagado y su distribución entre Nación, provincias y municipios permite entender mejor dónde se está produciendo la consolidación fiscal y cuáles son sus efectos sobre cada nivel del Estado. En un país con una estructura federal como la Argentina, esa distinción resulta clave para evaluar no sólo cuánto se ajusta, sino también quién absorbe el costo y qué capacidad queda disponible para sostener servicios, infraestructura y políticas públicas.

Gasto Público de Administración Nacional de Julio 2026 by CristianMilciades

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