Redacción Economis

Passalacqua solicitó al Gobierno nacional bajar el IVA a la harina de mandioca

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, formalizó el 20 de abril de 2026 un pedido al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para reducir la alícuota del IVA aplicable a la harina de mandioca del 21% al 10,5%. La solicitud, respaldada además por una comunicación pública en redes sociales, apunta a igualar el tratamiento impositivo con la harina de trigo. El movimiento no es menor: instala una demanda concreta de una economía regional en la agenda nacional y abre una tensión clásica entre recaudación y desarrollo productivo. ¿Se trata de un gesto aislado o del inicio de una negociación más amplia por beneficios fiscales sectoriales?

Un reclamo con anclaje legal y económico

El planteo se inscribe en el régimen vigente de la Ley de IVA, que establece una alícuota reducida del 10,5% para la harina de trigo. La harina de mandioca, en cambio, tributa actualmente el 21%, lo que —según el argumento presentado— la coloca en desventaja frente a productos de características similares.

El pedido no introduce una figura nueva, sino que busca la incorporación de la harina de mandioca al mismo esquema diferencial ya existente. En términos institucionales, la decisión final depende del Gobierno nacional, que deberá evaluar si habilita una modificación en el tratamiento tributario o si sostiene el esquema actual.

El argumento central combina dos planos: por un lado, la equidad tributaria entre productos comparables; por otro, el impacto económico en Misiones. La producción de mandioca es presentada como un eje estratégico, con incidencia en la agricultura familiar, la generación de empleo y el desarrollo industrial local. A eso se suma un componente de consumo: el producto es señalado como un alimento en crecimiento dentro de la dieta argentina.

Señales políticas y disputa por la agenda fiscal

La iniciativa posiciona al gobierno misionero en una lógica de presión institucional sobre el Ministerio de Economía. No hay confrontación explícita, pero sí una demanda concreta que obliga a tomar posición. En un contexto donde las decisiones fiscales están bajo estricta revisión, cada excepción o reducción impositiva implica una discusión más amplia sobre prioridades.

Para Misiones, el reclamo tiene una doble lectura. Internamente, refuerza el discurso de defensa de la producción local y de las economías regionales. Hacia afuera, busca instalar un precedente: si se reconoce la asimetría tributaria, podría abrirse la puerta a planteos similares de otros sectores.

Del lado nacional, el margen de maniobra está condicionado por el equilibrio fiscal. Una reducción de alícuota implica resignar recaudación, aunque el argumento provincial apunta a compensarlo vía mayor actividad económica y competitividad.

Impacto potencial en la cadena productiva

La diferencia entre tributar 21% y 10,5% no es menor. Afecta precios finales, márgenes de producción y capacidad de competir en el mercado interno. La equiparación podría mejorar la posición de la harina de mandioca frente a la de trigo, tanto en consumo directo como en usos industriales.

Además, la medida tendría efectos indirectos en toda la cadena: desde productores primarios hasta industrias de procesamiento. El planteo subraya que la actual carga tributaria impacta no solo en el consumo, sino también en la competitividad general del sector.

Sin embargo, el expediente no incluye estimaciones fiscales ni proyecciones cuantitativas, lo que deja abierta la discusión técnica sobre el costo-beneficio de la medida.

Un planteo que excede a Misiones

El pedido de Passalacqua se inscribe en una tensión estructural: cómo integrar a las economías regionales en un esquema tributario nacional que tiende a la homogeneidad. La mandioca no es un cultivo extendido en todo el país, lo que introduce una dimensión territorial en la discusión.

En las próximas semanas, el foco estará en la respuesta del Ministerio de Economía. Si el planteo avanza, podría requerir definiciones normativas y abrir un debate más amplio en el Congreso o en el diseño de la política fiscal. Si no prospera, quedará como un antecedente de presión política desde las provincias productoras.

Por ahora, el movimiento marca una señal clara: Misiones busca reconfigurar su lugar en la discusión tributaria nacional. El desenlace dependerá menos del argumento técnico que de la capacidad de construir volumen político alrededor de la demanda.

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El Mercado Concentrador realizó su “Sábado Cultural” con producción local, música y comunidad

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El Mercado Concentrador de Posadas fue escenario del “Sábado Cultural”, iniciativa que reunió en un mismo espacio a la producción local, expresiones culturales y encuentro comunitario con el objetivo de seguir fortaleciendo uno de los principales puntos de comercialización de la provincia.

Durante la jornada, vecinos y visitantes más lejanos pudieron recorrer los distintos puestos de ventas, acceder a alimentos frescos y a precios accesibles, disfrutaron de música en vivo, de comidas elaboradas y artesanías, en una propuesta pensada para darle mayor vida al Mercado y ampliar su rol como espacio social y económico.

El encuentro contó con la participación del presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni; la administradora del Mercado Concentrador, Mariela Bernardy y el dirigente Martín Sereno, entre otros, quienes acompañaron esta primera edición que busca consolidarse como una alternativa permanente, para promover el consumo local y la participación comunitaria.

En ese contexto, Sereno destacó la importancia de generar este tipo de actividades. “Cuando la producción de alimentos logra amalgamar con la cultura, se genera algo mucho más profundo que una simple jornada comercial, ya que se construye comunidad, se fortalecen los lazos misioneros y se abren nuevas oportunidades para quienes trabajan todos los días en las chacras de nuestra provincia”, expresó.

Valorar el esfuerzo de familias productoras

El dirigente territorial remarcó el valor de acompañar propuestas que integren y complementen lo productivo con lo social. En esa línea desde el IMaC acompañan estas iniciativas, porque “creemos en una Misiones que produzca, que valore lo suyo y que también genere espacios en los que la población pueda encontrarse y reconocer el enorme esfuerzo que hacen nuestros productores, productoras, vendedores y vendedoras”, señaló.

En ese sentido, desde la organización indicaron que esta primera experiencia apunta a consolidarse en el tiempo, y busca sumar nuevas actividades que fortalezcan la relación entre producción, cultura y comunidad.

El resultado de la jornada fue la valoración positiva de una propuesta que aportó dinamismo, identidad y cercanía al Mercado Concentrador de la capital provincial.

Esta primera edición del “Sábado Cultural” se proyecta como una iniciativa que impulsa el consumo regional, brinda más oportunidades para los feriantes y también reafirma al Mercado como un espacio de encuentro para las familias misioneras.

La gran convocatoria que combinó identidad y cercanía comunitaria, dejó abierta la puerta para futuras ediciones que sigan fortaleciendo ese lugar de exposición y ventas, como un valioso espacio de exposición y ventas para que los misioneros y misioneras puedan disfrutar de la cultura popular y compartir un buen momento.

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Iguazú Argentina S.A. colabora con Cáritas

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Iguazú Argentina S.A. visitó la sede local de Cáritas para realizar una donación de pantalones cargo, camperas y camisas. Guadalupe Hervás Gutani, Responsable de Sostenibilidad; Soledad Pereira, Analista de RRHH, y Alberto Barbúdez, del área de Mantenimiento, fueron recibidos por Carlos Gonzáles, director de Cáritas sede Iguazú. “Estamos muy contentos y agradecidos a la empresa por la donación, la gente lo va a recibir con mucho aprecio”, destacó el director de la organización.

Esta donación brinda un insumo clave en las actividades de los talleres de costura que desarrolla Cáritas Iguazú en el marco de un programa llamado “Ecosol: Economía social y sustentable”. Allí producen pantalones y camisas, además de manteles, toallas y almohadas, para la venta dentro del circuito de ferias mensuales de Cáritas en la Parroquia San Roque.

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El Gobierno acelera la Ley Universitaria para recortar impacto fiscal y evitar un frente judicial adverso

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El Gobierno nacional reactivó su estrategia para impulsar una nueva Ley de Financiamiento Universitario y busca llevarla al Congreso en el corto plazo, con el objetivo de reducir el impacto fiscal del esquema vigente y desactivar un conflicto político y judicial en ascenso. La iniciativa se da en paralelo a un recurso presentado para suspender artículos clave de la actual normativa, cuya aplicación —según el Ejecutivo— no puede sostenerse sin presupuesto.

La ofensiva combina negociación política, presión judicial y rediseño del esquema salarial universitario, en un contexto donde el financiamiento de las casas de estudio se convirtió en un punto de tensión entre el oficialismo y la oposición.

Disputa entre Congreso, Ejecutivo y Justicia

El proyecto de ley impulsado por el oficialismo surge tras la sanción de la norma 27.795, promovida por la oposición durante 2025, que el Gobierno considera inviable desde el punto de vista fiscal.

En ese escenario, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley vigente. La decisión revela una estrategia dual: mientras se busca modificar el marco legal en el Congreso, se intenta ganar tiempo en el frente judicial.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano había iniciado en febrero conversaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y con gremios docentes y no docentes, con el objetivo de consensuar un nuevo texto que pudiera avanzar en marzo. Sin embargo, el proyecto perdió prioridad parlamentaria en su momento, lo que derivó en tensiones internas dentro de La Libertad Avanza.

Ajuste salarial y límites presupuestarios

El nuevo proyecto propone recomponer el salario real de docentes y no docentes universitarios durante 2025, pero sin revertir la caída registrada en 2024. En términos concretos, implica una actualización más limitada que la prevista en la ley vigente impulsada por la oposición.

El argumento central del Ejecutivo es la necesidad de “armonizar” el financiamiento universitario con las “reales posibilidades” del Estado. En la práctica, esto se traduce en un esquema de gasto más contenido, alineado con la política de ajuste fiscal que sostiene el Gobierno.

Equilibrio fiscal vs. conflicto político

El avance de la ley expone una tensión estructural: el intento del Gobierno de sostener el equilibrio fiscal frente a demandas sectoriales que presionan por mayores recursos.

Dentro del oficialismo, las diferencias sobre la estrategia —entre priorizar la vía judicial o avanzar con acuerdos legislativos— generaron fricciones. Ahora, la apuesta es ordenar el frente político mediante negociaciones con sectores de la oposición dialoguista para garantizar la aprobación del proyecto.

Al mismo tiempo, el respaldo o rechazo de los rectores y gremios universitarios será un factor clave para la viabilidad política de la iniciativa.

La discusión sobre el financiamiento universitario tiene implicancias directas en las cuentas públicas. La ley vigente, según el Gobierno, implicaría un nivel de gasto que no puede sostenerse sin comprometer el equilibrio fiscal.

El nuevo esquema busca reducir esa presión, aunque a costa de una recomposición salarial más limitada. En términos macroeconómicos, se alinea con la estrategia oficial de contención del gasto como ancla del programa económico.

Efecto en universidades del NEA

Las universidades nacionales del NEA, incluidas las de Misiones, dependen en gran medida del financiamiento público. Cualquier modificación en el esquema impacta de forma directa en su funcionamiento, salarios y capacidad operativa.

Sin datos específicos por región, el cambio normativo podría traducirse en restricciones presupuestarias o en una menor capacidad de recomposición salarial, dependiendo de cómo se implemente la nueva ley.

El futuro del proyecto dependerá de dos variables centrales: la capacidad del oficialismo para construir mayoría en el Congreso y el desenlace judicial sobre la ley vigente.

También será clave la reacción del sistema universitario, que ya forma parte de la negociación política. En un contexto de ajuste fiscal, la discusión por el financiamiento universitario seguirá siendo un punto de tensión entre sostenibilidad económica y demanda social.

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El Gobierno habilitó a Emirates a operar vuelos internos de carga en Argentina

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El Gobierno nacional dio un paso significativo en la profundización de su política aerocomercial de apertura al autorizar a la aerolínea Emirates a ampliar de manera sustantiva sus operaciones de carga aérea en la Argentina, incluyendo la posibilidad de realizar vuelos dentro del territorio nacional.

La medida quedó formalizada mediante la Disposición 3/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre la Argentina y los Emiratos Árabes Unidos, así como del Memorándum de Entendimiento de Cielos Abiertos firmado por ambos países en febrero de 2025 en Abu Dhabi.

La norma autoriza a Emirates Sucursal Argentina a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de carga exclusiva con derechos de tráfico que van desde la tercera hasta la novena libertad del aire, incluyendo expresamente el cabotaje.

Se trata de una habilitación de alcance inusual en el mercado aerocomercial local, ya que le permite a una aerolínea extranjera no solo transportar carga entre Argentina y terceros países, sino también operar tramos internos como parte de sus rutas internacionales de carga.

Un marco normativo alineado con la política de Cielos Abiertos

Según detalla el texto oficial, la decisión se apoya en el Acuerdo sobre Servicios Aéreos firmado en 2013 entre ambos países y aprobado por ley, además del Memorándum de Entendimiento rubricado en 2025, que amplió y flexibilizó los derechos de tráfico.

A ello se suma el Decreto 599/2024, que estableció la política de desregulación y cielos abiertos impulsada por el Gobierno nacional, con el objetivo de ampliar la conectividad, fomentar la competencia y atraer nuevas compañías al mercado aerocomercial argentino.

La Disposición 3/2026 destaca que la operatoria solicitada por Emirates “se encuentra contemplada en el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países” y que la compañía cumplió con todos los recaudos legales, técnicos y administrativos exigidos por la normativa vigente. Tanto la Dirección Nacional de Transporte Aéreo como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitieron dictámenes favorables previos a la autorización.

Novena libertad del aire: un cambio relevante para el mercado

Uno de los puntos más relevantes de la habilitación es la concesión de derechos de novena libertad del aire, que permiten a Emirates operar vuelos de cabotaje dentro del país. Aunque esta facultad queda enmarcada en rutas internacionales de carga, su utilización representa un cambio estructural respecto del esquema tradicional, históricamente más restrictivo con la participación de aerolíneas extranjeras en el transporte interno.

Especialistas del sector señalan que esta flexibilización refleja un viraje profundo en la política aerocomercial argentina, alineado con modelos de apertura utilizados en otros mercados, pero también abre interrogantes sobre su impacto en los operadores locales, especialmente en el segmento de carga aérea, que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

Impacto logístico y oportunidades para las pymes

Desde el Gobierno subrayan que la autorización a Emirates tendrá un impacto directo en la logística y el comercio exterior, en particular para las pequeñas y medianas empresas. La flota de carga de la aerolínea emiratí, una de las más grandes y modernas del mundo, permitirá incorporar aeronaves de carga pura de gran porte, con capacidad para transportar altos volúmenes y cargas especiales de manera eficiente y con altos estándares operativos.

El prestigio internacional de Emirates SkyCargo, división logística del grupo, es señalado como un factor clave para facilitar que productores argentinos puedan colocar sus bienes en mercados internacionales de forma más competitiva, con mayor frecuencia de vuelos y mejores tiempos de tránsito.

El potencial beneficio alcanza especialmente a sectores como alimentos frescos, productos farmacéuticos, manufacturas de alto valor y cargas con requerimientos especiales de conservación o seguridad.

Consolidación de la conectividad aérea

La Secretaría de Transporte destacó que la decisión se inscribe en una estrategia más amplia orientada a fortalecer la conectividad aérea del país, tanto en el transporte de pasajeros como de cargas. En ese sentido, resaltó que Argentina viene registrando récords mensuales en ambos segmentos, impulsados por la apertura de nuevas rutas, la incorporación de aerolíneas extranjeras y la ampliación de servicios existentes. 

Si bien el foco de la Disposición 3/2026 está puesto en la carga aérea, el precedente que sienta en materia de derechos de tráfico refuerza el mensaje del Gobierno sobre su voluntad de reducir barreras de entrada y promover un mercado más integrado con las principales redes logísticas globales.

Perspectivas

A corto plazo, la atención del sector estará puesta en cómo Emirates implementa efectivamente esta nueva autorización, qué rutas elige operar y de qué manera articula sus vuelos internacionales con posibles tramos internos. A mediano plazo, la medida podría servir como antecedente para futuras negociaciones con otras aerolíneas y para una redefinición más amplia del marco aerocomercial argentino.

En definitiva, la Disposición 3/2026 marca un punto de inflexión en la política de carga aérea del país. La combinación de apertura regulatoria, acuerdos bilaterales y apuesta por grandes operadores globales refleja la orientación del Gobierno hacia un modelo más desregulado y competitivo, cuyos resultados dependerán de su capacidad para equilibrar crecimiento, inversión y desarrollo del entramado productivo local.

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